Labor Parlamentaria

Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.

Hacia dónde van encaminadas nuestras observaciones.

Señor Presidente, los Senadores socialistas y los de la Unidad Popular hemos querido contestar hoy día algunas de las observaciones formuladas por la Oposición al Mensaje presidencial y hacer otras atingentes al momento que estamos viviendo.

Pero nuestras observaciones no las queremos hacer revestidas del clásico tartufismo de que dan fe los detractores de la Unidad Popular. No es otro el calificativo que pueden merecernos quienes disfrazan sus reales intenciones expresando que recogen el llamado del Presidente de la República a un debate elevado y, luego, no hacen sino denigrar su acción, considerarla totalitaria y extorsionista, para, en seguida, junto con las fuerzas más reaccionarias de nuestra patria, amparar los privilegios seculares de una clase minoritaria. Menos aún con el sentido de quienes hoy claman por convertir a los hombres de nuestra tierra en propietarios del suelo que trabajan con tanto cariño y que, en cambio, durante decenas de años solo dieron a esos mismos hombres y sus familias, hambre, miseria y explotación.

Nuestras palabras van encaminadas a establecer un diálogo franco, rudo si es necesario, con todos los trabajadores de nuestra patria. Son un llamado a la unidad en la acción con los que se esfuerzan por construir el progreso de Chile, donde quiera que ellos estén, con la sola condición de ser profundamente honestos en la búsqueda de una verdadera democracia e independencia para nuestro país.

El problema del diálogo.

El problema del diálogo, que tanto parece importar al señor Presidente de la Democracia Cristiana, exige, como él mismo lo ha dicho, que ambos interlocutores den pruebas de estar dispuestos a concretar en los hechos lo que dicen en las palabras. Y yo agregaría: que los intereses básicos que mueven sus conductas sean similares.

Hasta el 4 de septiembre de 1970 el Programa de la Unidad Popular, enarbolado por Salvador Allende, y el programa electoral de la Democracia Cristiana, enarbolado por Radomiro Tomic, tenían notables coincidencias. Ambos partían de una base esencial: la sustitución del sistema capitalista de explotación por un sistema socialista. Para hacerlo posible se planteaban el término de la dependencia extranjera de nuestras materias primas y de nuestras relaciones comerciales y culturales; el fin de la explotación monopólica que ahogaba la economía del país y sumía en la miseria a nuestro pueblo; la profundización y extensión de la reforma agraria para dar salida al angustioso problema de cientos de miles de campesinos chilenos y, al mismo tiempo, elevar la producción agropecuaria; la participación real de los trabajadores en los niveles de dirección de la economía, como consecuencia natural de su condición de clase mayoritaria; el término de una oligarquía financiera que, a través de la banca privada, ejercía rígido control sobre la economía chilena, impedía el desarrollo de los pequeños y medianos industriales y comerciantes y sólo fortalecía la concentración de capitales en manos de unos pocos clanes económicos.

Entonces, para ambos programas, la Derecha y el imperialismo eran los enemigos declarados del progreso y del pueblo.

Ni una sola línea del mensaje presidencial, ni tampoco de los anteriores a nuestro Gobierno, se ha apartado de la conducta señalada en el programa de la Unidad Popular, que tantas coincidencias tuvo con el de la Democracia Cristiana. Durante este Gobierno podemos sentirnos orgullosos de decir que ha existido consecuencia entre lo programado y lo hecho, en todas sus líneas estructurales.

¿Ha practicado la Democracia Cristiana esta misma consecuencia que tanto reclama el Honorable señor Aylwin? Y no nos referimos al período de su Administración, sino al de ésta, durante la cual ha tenido verdaderas oportunidades de hacerlo.

El problema del antimperialismo o independencia de Chile.

Dirán los democratacristianos que estuvieron junto a nosotros para nacionalizar el cobre. Es cierto, jamás lo hemos negado. Pero habrían sido realmente más consecuentes si se hubieran empeñado en combatir junto a nosotros las maquinaciones escandalosas de la International Telephone and Telegraph o de la Kennecott Copper en contra de Chile, en lugar de presentarlas como excusas que el Gobierno inventa para ocultar la crisis que vive el país. ¿Acaso no se trata, para la Democracia Cristiana, de hechos reales que atentan contra la economía e independencia de la nación? ¿Y por qué el Honorable señor Zaldívar, en vez de calificar sólo como hábil presentación el bloqueo financiero norteamericano una de las causas del déficit de divisas a que se refiere el Presidente en su mensaje, no ha levantado su voz, con la representación que suponemos que inviste, para denunciar las maniobras del imperialismo en contra nuestra? La consecuencia antimperialista tiene que hacer suponer, por lo menos, que detrás de todas las dificultades que nos impone el poderoso vecino del Norte, y que muchas veces se han irradiado fuera de sus fronteras, está la circunstancia de haber expropiado Chile los grandes minerales de cobre sin el pago de una indemnización injusta, que el pueblo habría rechazado. Y eso lo votó la Democracia Cristiana, la que tenía que saber, como nosotros, que era un golpe al imperialismo a escala mundial, pues también significaba un ejemplo para otros países explotados. Pero el Senador señor Zaldívar, en lugar de atacar al verdadero enemigo, al imperialismo americano; en vez de alinear las fuerzas de la Democracia Cristiana junto a las nuestras en este gran combate y explicar al pueblo que la independencia de un país pequeño sólo se gana con sacrificios y privaciones, prefiere ponerse al lado del poderoso y, por la vía de la crítica de los hechos marginales, ocultar el logro alcanzado. Falta, pues, para dialogar que los dirigentes de la Democracia Cristiana sean auténticamente antimperialistas, como alguna vez lo sostuvieron.

El problema de los monopolios.

Que el Partido Nacional no considere logros el haber integrado al área social de la economía una serie importante de industrias monopólicas, a las que se refiere el mensaje, o que estime ilegítimo el procedimiento utilizado, no puede extrañar a nadie. Está defendiendo sus intereses de clase.

Pero para el democratacristiano de corazón, para aquel que creyó en la consecuencia de las afirmaciones del programa de Radomiro Tomic, no puede ser lo mismo.

Se critica, a raíz del mensaje, que la Unidad Popular está sobrepasando la legalidad; que expropia sin tener facultades; que genera el caos por no establecer las reglas legales a que todos los chilenos se van a someter en materia de áreas de la economía.

Veamos quién es consecuente y quién no lo es.

La Corporación de Fomento, que desde su creación ha tenido facultades para comprar y vender, abre poder comprador en la banca privada como una manera rápida de terminar con la oligarquía financiera, antes tan duramente criticada por la Democracia Cristiana, y traspasa a la propiedad de todos los chilenos los más grandes consorcios banqueros que sólo favorecían el enriquecimiento de unos pocos. Con ello se empieza a abrir el crédito a la producción y tienen acceso a él los trabajadores, las dueñas de casa, los artesanos, los pequeños y medianos industriales, los campesinos. Las cifras sobre ampliación y extensión del crédito bancario son públicas y demuestran claramente este aserto.

Sin embargo, al usar una facultad de la cual siempre antes se dispuso pero no se utilizó, la Democracia Cristiana, en lugar de aplaudir y apoyar esa medida, la trata de bloquear por todos los medios posibles. Es el momento, entonces, de preguntarle si está o no está en contra del clan Edwards, de las pirañas del Banco Sudamericano y otros, del clan Yarur, del clan Said, de los que controlaban la inmensa mayoría de nuestra banca; es decir, de los pocos privilegiados que hicieron de la banca chilena fuente de control de nuestra economía en beneficio de sus intereses de clase. Y esto-mismo sucede con empresas estratégicas o monopólicas que hoy están en manos de los trabajadores: así pasa con la mayoría de las textiles, con el cemento, etcétera.

Cuando el Gobierno requisa o interviene empresas, ya sea porque éstas han paralizado la producción o hay conflictos laborales cuya gravedad urge resolver y que han sido generados por el deseo y la intransigencia patronal, y esto se hace utilizando las mismas facultades que todos los Gobiernos anteriores tuvieron, resulta que, para la Democracia Cristiana, nuevamente estamos sobrepasando la ley. En consecuencia, la legalidad es sobrepasada cuando se usa para atacar a los monopolios, para destruir la concentración de capitales, para traspasar el poder de una clase capitalista, minoritaria y privilegiada, a los trabajadores; pero cuando se utilizaba para mantener esos privilegios y oprimir a los trabajadores, la ley se estaba usando en sus justos términos.

Con el tartufismo político a que aludíamos al comienzo, se nos dirá que nadie se opone, y menos la Democracia Cristiana, a terminar con los monopolios, pero que es necesario fijar las reglas primero y que ello debe pasar por el Congreso.

Sin embargo, la práctica demuestra lo contrario, y aquí es bueno recordar eso de la consecuencia entre las palabras y los hechos. El Gobierno de la Unidad Popular envió al Congreso un proyecto de ley que fijaba, las áreas de la economía y expropiaba las empresas cuyo capital fuera superior a 14 millones de escudos al 31 de diciembre de 1969. En él se fijaban las reglas esenciales que tanto reclama la Oposición. Con cinismo increíble, se aprobó la idea de legislar; pero al día siguiente se presentó una reforma constitucional tendiente a impedir el proceso de expropiación de los grandes intereses y, por supuesto, para esa iniciativa hubo plena unidad de acción entre todos los partidos opositores, como si alguien pudiera creer que hay comunidad de intereses entre un obrero democratacristiano de Yarur y el Partido Nacional, que está representando a este último, a los Edwards o a los dueños de la banca y los grandes monopolios.

El significado de la reforma constitucional de la Democracia Cristiana.

Que no se nos venga a decir ahora que la reforma constitucional sobre las áreas de la economía, patrocinada por la Democracia Cristiana, de ser admitida la ilegal e ilegítima tesis de la Oposición, no atenta contra los asalariados ni tiene por objeto defender y reafirmar el estado capitalista.

Sólo algunos ejemplos bastan para comprender su profundo significado reaccionario. Uno de ellos es la disposición vigésimoprimera, transitoria, de la Constitución, en virtud de la cual se declaran nulos y sin valor alguno los actos o convenios ejecutados o celebrados por el Estado, los organismos o entidades que lo integran, que están bajo su control o que de él dependen, a contar del 14 de octubre de 1971, para adquirir acciones o derechos de o en personas jurídicas de derecho privado con el fin de nacionalizar o estatificar empresas productoras de bienes o servicios, que no hubieren sido expresamente autorizados por ley dictada en conformidad a lo prescrito en el Nº 16 del artículo 44 de la Constitución Política del Estado.

Esto significa, lisa y llanamente, la devolución a sus antiguos patrones de más de doscientas empresas actualmente en manos de los trabajadores. Yo desafío a los Senadores de Oposición a que vayamos a esas empresas a preguntar a sus obreros y empleados si quieren volver al pasado; los desafío a que vayan a comprobar cuántos son los obreros democratacristianos dispuestos a retroceder en esas industrias. Ya en el paro patronal de octubre demostraron cuán lejos estaban los dirigentes de la Democracia Cristiana del auténtico sentir de sus bases obreras.

De acuerdo con el Nº 16 del artículo 44 que se pretendía consignar, sólo en virtud de una ley se podría traspasar una empresa del área privada al área social o mixta. Esto es igual que si para que operara la reforma agraria se tuviera que dictar una ley para cada latifundio que se quisiera expropiar. Con la lentitud de la tramitación y los intereses en juego, era más claro y más derecho decir que se quería garantizar abiertamente la propiedad privada de todos los grandes monopolios, sobre todo si se considera que la disposición decimonovena, transitoria, que se agregaba, otorgaba competencia a la Corte Suprema para conocer de los reclamos de los interesados en determinados casos. ¿Quién no sabe que nuestra Corte Suprema es el supremo asilo de la oligarquía de nuestro país?

En esa misma reforma se derogaba el decreto 338, de 1945, del Ministerio de Economía y Comercio, sobre requisición de establecimientos industriales o comerciales, y se impedía el ejercicio de facultades que siempre tuvieron la CORFO y otros organismos del Estado para comprar empresas productoras de bienes o servicios.

¡Si hasta los campesinos habrían visto afectados sus derechos, de acuerdo con la disposición vigésima transitoria!

Si la Democracia Cristiana pretendió establecer reglas claras en materia de áreas de la economía, es una lástima que tales reglas hayan estado tan reñidas con lo que sostuvo en su último programa electoral y que sólo hayan tenido por objeto defender los intereses de los patrones.

Falta, Times, para dialogar en materia de monopolios, que los dirigentes de la Democracia Cristiana estén verdaderamente en contra de ellos y que no los defiendan.

La reforma agraria.

Los logros destacados en el Mensaje Presidencial, así como las serias contrariedades tenidas el año pasado en la producción agraria, son, una vez más, tergiversados por la Oposición. Para ella no existen condiciones climáticas adversas; para ella no existió el paro de los transportes de octubre; para ella todo el proceso de la reforma agraria pareciera ser algo tan simple que no tiene por qué producir ni tensiones en el campo ni problemas en la producción. Nosotros estamos plenamente conscientes de las graves deficiencias que existen en el sector agrario; sin embargo, el hecho de que ya se hayan expropiado 3.570 latifundios y que más de 5 millones de hectáreas estén en manos de los campesinos, acrecienta también nuestra fe en que el problema de la producción agraria está en las mejores vías de solución, máxime si consideramos que la organización de los Consejos Campesinos se ha transformado en una realidad.

Lo decimos porque tenemos fe en la clase campesina y sabemos que, tras tantos años de explotación, hoy libres en su mayoría, serán capaces de demostrar todo su empuje creador. Ese empuje jamás lo supieron demostrar los viejos latifundistas que, con todo el Estado a su favor, con el crédito y la educación a su alcance, fueron incapaces de, hacer producir el campo para alimentar a todos los chilenos. Les bastaba con hacerlo para unos pocos; los que tenían el privilegio de estar incorporados al consumo.

Comprendemos que es necesario pasar a métodos diferentes de reforma de la agricultura; que la extensión de 40 hectáreas básicas o más constituye latifundio; que la expropiación de la tierra en los términos actuales es una injusticia para los campesinos, a quienes limita y, a veces, impide su despegue; que es necesario expropiar a puerta cerrada los predios para que no siga sucediendo que los campesinos se encuentren carentes de recursos técnicos para iniciar la explotación; que es indispensable apresurar la toma de posesión de los predios.

Nunca una reforma agraria ha dejado de causar problemas en sus inicios. Ella implica un cambio no sólo en las estructuras de tenencia de la tierra, sino que también en la conciencia de quienes lo acometen.

Sabemos que el Partido Nacional, nacido del viejo tronco de los latifundistas conservadores, por encima de las palabras dedicadas a los hombres que con tanto cariño trabajan el suelo, siempre estará por defender el retorno a la explotación latifundista. Si no fuera así, poco les habría costado a ellos, que fueron dueños de la tierra, repartirla y crear condiciones de bienestar entre los miles de peones, inquilinos y afuerinos que tanto explotaron.

¿Me permite unas palabras, señor Senador?

El problema del diálogo surge con aquellos que patrocinaron la actual ley de Reforma Agraria...

¿Me permite una interrupción Honorable colega?

Prefiero terminar mis observaciones, señor Senador.

Sólo quiero recordarle que...

Señor Senador, el Honorable señor Schnake no desea ser interrumpido.

Puede continuar Su Señoría.

Pero es que el Honorable colega está diciendo algo absolutamente falso.

En su oportunidad podrá formular las observaciones que estime del caso, señor Senador.

Estas interrupciones son muy propias del Senador señor García Garcena, y con ellas se luce para las galerías. Pero lo cierto es que jamás dice la verdad, porque es uno de los explotadores, que ha defendido siempre, cómo abogado, a los clanes y a las empresas de este país, los que, a su vez, han explotado a los trabajadores. No tiene derecho, entonces, a usar de la palabra, ni menos a tomarse la representación de los trabajadores. No puedo concederle interrupciones en un debate en que están en juego la suerte del país y de los trabajadores.

Continúo, señor Presidente.

¿Y de quién cree el señor Senador que son los votos que uno saca?

Ruego al, Honorable señor García no interrumpir. Está con la palabra el Honorable señor Schnake.

El señor Presidente sólo llama la atención al Honorable señor Schnake y no al señor García.

No es así, señor Senador. Parece que Su Señoría está mal de la vista.

Parece que quien está medio sordo es el señor Presidente.

Continúo, señor Presidente.

Para nosotros, el problema del diálogo surge con aquellos que patrocinaron la actual ley de Reforma Agraria; con aquellos que lucharon en contra del latifundio y que, como producto de su lucha, lograron crear una fuerza campesina que no desconocemos, pero que hoy se unen, a través de sus directivas, con quienes fueron antes sus enemigos declarados. Queremos dialogar con el campesino que no milita junto a nosotros, pero cuyos intereses de clase son los mismos que los de nuestros campesinos. Falta, pues para dialogar, que los dirigentes de la Democracia Cristiana dejan de transformarse en aliados de los latifundistas y comprendan que los intereses de un campesino democratacristiano no son los mismos que los de su antiguo patrón.

La participación de los trabajadores.

Es necesario comprender que un proceso revolucionario como el nuestro va dejando atrás viejas formas de organización, propias de la sociedad que busca sustituir. Nada más creador que el pueblo cuando marcha construyendo su historia. Cómo desconocer que las JAP nacen al impulso de la necesidad del pueblo de organizarse para defender su abastecimiento, su distribución racional. Porque hay un fenómeno nuevo: millones de chilenos se incorporan al consumo. Sólo los miles de cesantes que hoy tienen trabajo, ya significan una presión mayor sobre los bienes disponibles. Y cómo negar que vastos sectores de trabajadores han aumentado considerablemente su capacidad adquisitiva. Se suman a ello los problemas derivados de un acaparamiento desenfrenado, producido con claras finalidades políticas, y una especulación de extraordinarios alcances, manejada fundamentalmente por los grupos de mayores recursos. También hay por qué negarlo una falta de eficacia de las autoridades administrativas para controlar el mercado y, muchas veces, para evitar las causas que generan escasez de productos.

Las JAP no son creaciones fantásticas o afiebradas del Gobierno, sino formas que surgen del seno mismo de la masa y que significan poder en sus manos.

Igualmente surgen los comandos comunales, porque el pueblo quiere entrar de lleno a resolver sus propios problemas, y nosotros creemos que es bueno que el pueblo tenga poder. Sólo así se pueden destruir los vicios inherentes a la sociedad capitalista. Siempre será más eficaz, en la lucha contra la especulación,- contra el burocratismo, contra el propio sectarismo, la organización de la masa, antes que el funcionario que aún no logra desligarse de los vicios de la sociedad en que ha participado.

Cómo desconocer la realidad de los cordones industriales, y cómo no impulsarlos, cuando en ellos se encuentra el sentido revolucionario de defensa de la clase obrera; Ellos deben ser el mejor apoyo de la propia Central Única de Trabajadores.

¿Acaso habríamos tenido que desconocer la existencia de la CUT durante los largos años que la institucionalidad burguesa no le prestó su reconocimiento? ¿Es que por ello no era cierto que los trabajadores luchaban y se organizaban, generando una institución que se incorporaría al campo del derecho?

Es cierto que hay en germen una nueva institucionalidad, y a ella irán tarde o temprano acordándose las normas.

También forma parte de ese germen la participación de los trabajadores en las industrias pasadas al área social de la economía, y estamos de acuerdo con quienes critican que ella es insuficiente. Nosotros también hacemos la crítica. Igualmente es efectivo que hay ciertos rasgos de sectarismo que se dan en el seno de la propia clase, y llamamos honestamente a nuestros camaradas a abrirse con generosidad en todos los frentes de la participación hacia los trabajadores de todos los sectores y a discutir allí, derechamente, las ideas que puedan surgir. Como dirigentes del movimiento popular, no nos cabe duda de que una actitud recíproca de generosidad en el seno de la clase le traerá a ella más beneficios en su conjunto y la hará avanzar más rápidamente.

Por eso, estimamos que es profundamente honesto y consecuente el Presidente cuando destaca en su mensaje el valor de las instituciones nacientes y pide mayor flexibilidad a las normas para adaptarse a los nuevos tiempos.

Pensar que hay una suerte de totalitarismo porque se pide facilitar la adaptación institucional y otorgar al Ejecutivo las herramientas para evitar una crisis, es desconocer el curso de la historia de todas las grandes revoluciones que han conmovido al mundo,

¿Cree la Democracia Cristiana que sería posible al propio Presidente de la República y a toda la Unidad Popular en su conjunto deshacer lo andado o impedir que nuevas formas de participación del pueblo surjan al calor de un proceso profundo de cambios? ¿Cuántos podrán ser impulsados por los propios trabajadores independientes o democratacristianos?

La sola circunstancia de elevar al rango constitucional la participación de los trabajadores nos parece un hecho tremendamente positivo, y nos alegramos de que ello haya marcado una coincidencia de criterios entre el Ejecutivo y la mayoría del Congreso. Pero si esa participación hubiera tenido que ir unida a la filosofía reaccionaria del proyecto de reforma constitucional, a la devolución de las empresas a los antiguos patrones, habría sido un precio que los trabajadores no tendrían por qué haber pagado, porque la participación, el derecho a decidir, bien se lo pueden ganar, como lo están haciendo, con su propio esfuerzo, con su propia lucha, como siempre ha conquistado todo lo que tiene la clase trabajadora. Falta, pues, para dialogar, que los dirigentes de la Democracia Cristiana comprendan que la participación de los trabajadores es para decidir y no para seguir siendo comparsa de los capitalistas.

Un diálogo con sentido. Un diálogo en el seno de la masa.

Dijimos al comenzar que queríamos un diálogo franco, rudo si era necesario. Se trata, pues, de discutir no sobre los ápices, sino sobre el fondo. Sin emplear trucos o malas artes.

Es un truco que el pueblo no puede entender, que de repente le quieran cambiar la Constitución no para avanzar, sino para retroceder. Y es una mala arte, que tampoco puede entender el pueblo, que le traten de arrebatar las facultades que el Gobierno tiene, para amarrarle las manos, y que para ello no se vacile en violar las leyes más fundamentales; de manera que lo que ayer se dijo que era blanco, hoy se sostenga que es negro.

El 29 de diciembre de 1969, al aprobar la reforma constitucional enviada por el señor Frei, el Senadordon Francisco Bulnes se refería a su filosofía y expresaba: El Parlamento cada día con mayor intensidad invade las facultades administrativas del Presidente de la República. Ya no dictamos leyes sino Reglamentos. Y a veces ni siquiera Reglamentos, sino verdaderas Ordenanzas. Aprobamos disposiciones de carácter económico y financiero que impiden desarrollar una política económica planificada o siquiera ordenada. Hay consenso público en el sentido de que el Congreso Nacional se ha salido de la órbita de atribuciones que le corresponde, es decir de legislador y fiscalizador y se ha convertido de facto, entrando por la ventana, en un permanente partícipe de las facultades administrativas del Primer Mandatario.

Ahora, sin embargo, en una clara escalada de poder, se pretende trasladar al Parlamento todas y cada una de las facultades de administración del Gobierno. Razón: que hoy el Poder Ejecutivo no lo detenta la Derecha.

Se cercenan los presupuestos de las principales corporaciones de desarrollo, se desfinancian el presupuesto general de la nación y las leyes de reajuste; se trata por todos los medios de interpretar la ley constitucional en forma torcida, llegándose al contrasentido de afirmar que es posible modificar la Constitución por la simple mayoría del Parlamento, y sosteniéndose con ello, en consecuencia, que se podría, por ejemplo, modificar la Carta Fundamental en el sentido de que basta la mayoría parlamentaria para destituir al propio Presidente de la República, en circunstancias de que nadie desconoce el texto expreso que obliga a los dos tercios de los parlamentarios en ejercicio para poder hacerlo. Y se contradicen ellos mismos, porque durante las elecciones parlamentarias recién pasadas buscaron afanosamente obtener esos dos tercios. ¿Y para qué, me pregunto yo, si ahora sostienen que con la simple mayoría es suficiente? Se ponen en el contrasentido de que es más difícil tramitar una ley ordinaria que la Ley Fundamental, es decir, la madre de las leyes, la Constitución Política del Estado.

Afirman, cuando son Gobierno, que la promulgación parcial de una reforma constitucional es válida si el criterio acerca de su tramitación por el Parlamento está reñido con el criterio del Poder colegislador; pero cuando están en la Oposición, con la firma de los mismos que antes sostuvieron que era blanco, ahora dicen que es negro. Dirán que hay de por medio una reforma constitucional, pero, al tenor del propio fallo del Tribunal Constitucional que tanto alborozo les ha causado, nadie puede declarar que haya causas legítimas para el cambio de criterio.

Simultáneamente, impulsan paros por doquier. Exaltan los ánimos de todos los sectores: en un lado, sosteniendo que no es posible soportar el alza del costo de la vida, con salarios tan bajos, y en el opuesto, que hay que alzar los precios para no asfixiar al comercio y a la producción. Lo pueden hacer, porque nuestros opositores tienen ese raro don de la ubicuidad. Pueden apoyar a moros y cristianos, a explotadores y explotados.

Por eso, decimos que el contexto de estas actitudes conforman una conducta claramente sediciosa. Se trata de detener este proceso. Bueno, regular o malo, pero revolucionario al fin, porque no tiene el don de la ubicuidad y se orienta definida y definitivamente hacia los trabajadores.

En el terreno de la defensa de los intereses de la clase trabajadora, siempre nos encontrarán abiertos al diálogo, y el que no lo está es porque no ha comprendido el profundo sentido de nuestro proceso: liberador y humanista; destinado a exaltar los valores del ser humano y a hacer posible la manifestación de todas sus posibilidades.

Defenderemos nuestra revolución por encima de cualquiera consideración, y serán muchos los millones de hombres, mujeres y jóvenes dispuestos al sacrificio para entregar a las nuevas generaciones una cuota mayor de bienestar y dignidad.

Al aspecto económico del mensaje presidencial, analizado en las sesiones pasadas, se referirá nuestro colega el Senador Valente.

Muchas gracias.