Labor Parlamentaria

El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-

Pido la palabra.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-

Señor Presidente, si tuviéramos que hacer una lista con las libertades fundamentales, por su orden de importancia o primacía, tendríamos que convenir en que la libertad de pensamiento es la primera entre todas, porque es la que le permite al hombre hacerse digno de su existencia.

En el curso de la historia, los tiranos y todos los teóricos de la tiranía, han pretendido aherrojar o, por lo menos, dirigir el pensamiento de la humanidad.

Si en el pasado fue la impresión de libros y la lucha por impedir a los tiranos el control sobre las imprentas, en los días que vivimos el combate entre la libertad y la opresión está entablado en torno de la libertad de información.

Y esta lucha habrá de ser sin tregua ni cuartel. La prensa hablada, la radiodifusión, está siendo acerbamente combatida por el Gobierno y sus secuaces mediante el estrangulamiento económico, producto en parte de la acción activa de las autoridades de Gobierno, y, en parte, como consecuencia del progresivo decaimiento económico del país, directamente proporcional al incremento de lo que el marxismo criollo ha dado en llamar el área social de la economía, y que no es sino el despojo brutal que de sus industrias están siendo víctimas sus legítimos dueños.

Para qué hablar de la prensa escrita. En estos mismos días hemos visto las tropelías cometidas por el Ministro del Interior en contra del diario La Segunda, en la persona de su Director, el prestigioso profesional señor Mario Carneyro, a quien, desde esta tribuna expreso, en nombre de mi Partido y en el mío propio, nuestra palabra de solidaridad, de aliento y desagravio.

Pero este arranque cesarista del Ministro Del Canto no constituye un acto ni aislado ni esporádico del Gobierno. Forma parte de toda una oscura maquinación urdida, orquestada y dirigida desde el Comité Central del Partido Comunista chileno, que, a su vez, está aplicando escrupulosamente, con estricta sujeción a un plan, la vieja receta ya aplicada en las demás naciones del mundo que han caído bajo el yugo marxista.

¡Hay que acallar a la prensa! Pero, ¿cómo hacerlo si se ha hecho pública manifestación de apego a la ley? Para otros menesteres se ha torcido la nariz a la ley, se ha incurrido en fraude a ella; leyes dictadas con un propósito han sido aplicadas para otro; leyes que permitían ir hacia arriba han sido aplicadas para ir hacia abajo. Así se ha logrado intimidar y acorralar a industriales y comerciantes, e ir ensanchando el área de la estatización hasta límites que jamás habría tolerado un Parlamento con sentido de responsabilidad. Así fueron asaltadas las industrias textiles, hoy incapaces de abastecer, como antes, el consumo popular y colocadas al borde del colapso económico por interventores ineptos y corrompidos; así se pretende liquidar, también, la industria llamada de la línea blanca.

Con la prensa han debido ir más despacio, con más parsimonia, porque temen a la opinión pública y, más que nada, al deterioro de su imagen en el exterior, pues han reiterado que el socialismo a la chilena se hará en libertad. En el extranjero pueden ignorar los pasos del marxismo en el orden económico, que han ido erosionando tan gravemente las libertades en este país; pero una agresión a la libertad de prensa sería instantáneamente conocida y, lo que sería mucho más grave para ellos, repudiada de inmediato en el ámbito universal. En consecuencia, necesitan ir más despacio. Como dice el adagio popular, deberán desplumar la gallina de manera que no grite.

Y está claro el camino que se han trazado. ¿Cuáles son los elementos materiales indispensables para la confección diaria de un periódico? Principalmente tres: el papel, la tinta y... el gas. De este último, muy pocos chilenos conocen su incidencia periodística, pero él es tan importante como los otros dos, porque constituye el insustituible combustible de las linotipias.

De los desesperados esfuerzos por apoderarse de las fuentes de papel de diarios no necesito hablar hoy aquí, porque es un hecho de público conocimiento que, precisamente en estos últimos días, han recrudecido a tal punto que la campaña de rumores, las calumnias y las noticias falsas sincronizadamente lanzadas desde las esferas oficiales han demostrado la rabiosa impotencia del Gobierno frente a la serenidad y firmeza con que a estos embates han respondido los accionistas particulares de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones.

Hace algún tiempo, el país se sintió intrigado por el inusitado interés que el tristemente célebre MinistroVuskovic ponía en requisar una modesta fábrica de pinturas, la firma CERESITA. Resultó que esta fábrica era de propiedad de inversionistas alemanes, que el socio principal era Walter Schell, Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania Federal, y que la Embajada de ese país reclamó del atropello. Posteriormente, esa fábrica ha pasado a poder del marxismo, pero después que el Gobierno pagó un buen precio en dólares a sus propietarios extranjeros, lo que contrasta con el trato que reciben los nacionales en idénticas circunstancias.

Pero, ¿por qué este interés y esta decisión de hacerse de CERESITA a cualquier precio? Pues por una razón poderosísima para los planes del Gobierno: CERESITA es la principal fábrica nacional de tinta de imprenta. El Gobierno lucha por obtener el control del papel de diarios; hace esfuerzos desesperados y paga, finalmente, en dólares para controlar CERESITA.

Y, ¿qué hay del gas?

También aquí hay una dramática lucha que deseamos hacer resaltar. Los denodados esfuerzos del marxismo y su Gobierno por apoderarse de la Compañía de Gas de Santiago se han estrellado -al igual que en el caso de Papeles y Cartones- con la entereza, el patriotismo y el coraje de empleados y obreros de la Compañía, así como de muchos de sus más de 22 mil accionistas, que han comprendido que escuchar los cantos de sirena del Gobierno habría sido facilitar a éste el buen éxito en su conspiración contra la libertad de trabajo, porque ya conoce la opinión pública de este país la suerte que corren los asalariados en las empresas estatizadas: o se inclinan humillados ante los prepotentes interventores o pierden su fuente de trabajo, como en los casos de Sumar, Rayón Said y Helvetia.

Aun a riesgo de fatigar a la Cámara, haré una completa relación de las vicisitudes acaecidas hasta hoy en esta lucha del Gobierno marxista por apoderarse de la Compañía de Consumidores de Gas de Santiago, más conocida por GASCO.

GASCO es una empresa ciento por ciento chilena, al revés de CERESITA, de modo que este Gobierno no querrá jamás comprarla, sino que, simplemente, hacerla víctima de una rapiña. Es, históricamente hablando, seguramente la empresa chilena más antigua del país, pues se constituyó el año 1865, esto es, hace exactamente 107 años.

A mediados de 1971, el Jefe de Combustibles del Ministerio de Minería, señor Mario Delgado, en reunión ampliada de todos los trabajadores, celebrada en el gimnasio de GASCO, anunció la intención del Gobierno de estatizar la empresa; pero dijo que esto se haría ciertamente por ley. Más tarde, en nuevas reuniones manifestó que no, que ahora se llegaría a un trato directo con la compañía. En estas condiciones, entonces, los empleados llamaron a un plebiscito y se votó sobre dos mociones: la moción A, estatización, y la moción B, negociación Gobierno-empresa; estatización por ley o negociación Gobierno-empresa. Triunfó por más de un 70% la moción A, que obtuvo 274 votos contra 116 de la moción B.

Por su parte, en Junta celebrada el 7 de diciembre pasado, los accionistas de la Compañía rechazaron las negociaciones con el Gobierno y exigieron que se esperara la legislación que, sobre las áreas de la economía, habría de despachar el Congreso.

Por la misma época, se organizó el Movimiento Gremialista de los Trabajadores de GASCO, con el propósito de dar expresión a quienes no estaban de acuerdo con la politización de los sindicatos, orquestada por los marxistas. Esta colusión entre las autoridades y los CUP dentro de la compañía quedó en evidencia cuando los trabajadores censuraron a su directiva gremial. El día en que debía votarse la censura, el Inspector del Trabajo de Santiago no envió al funcionario que debía controlar la elección y actuar como Ministro de Fe del proceso. Solamente después que los empleados en forma indignada reclamaron e hicieron valientes publicaciones en la prensa, recién entonces apareció el funcionario y pudo hacerse la votación que derribó a la directiva de la Unidad Popular dentro del sindicato de GASCO.

Como hemos dicho, antes de ser censurada, la directiva del sindicato, el 11 de enero de este año, había organizado un paro ilegal y tomas que pretendía justificar con acusaciones contra la empresa sin fundamento alguno. Dos días después, esto es, el 13 de enero, el Gobierno designa un interventor para la Planta Maipú, envasadora de gas licuado, quien no es aceptado por el personal de dicha planta, porque exigen que sea intervenida toda la compañía. Como era de esperarlo, el Gobierno oye estas buenas palabras y dicta un nuevo decreto, extendiendo la intervención al resto de la compañía.

Paralelamente a esta acción de fuerza, el Gobierno pretende adquirir las accciones de la compañía, para lo cual abre un poder comprador por intermedio de CORFO, en la forma y con las características que el país conoce. Y es aquí, como en el caso de otras empresas, donde puede observarse la corrupción y los peculados de los vendedores de acciones a CORFO. Según documento que tengo a la vista y que entregaré a la Secretaría de la Cámara, el Banco Español-Chile, mandatario de CORFO, el día 0 de marzo pasado, compró a Emilio Cabona Lagomarsino, 134. 577 acciones GASCO y las pagó íntegramente al contado, a razón de Eº 1 por acción, en circunstancias que, de acuerdo con la publicidad dada al poder

comprador, solamente de una a cincuenta mil acciones debían ser pagadas a Eº 1.

No sólo la intervención y la apertura de un poder comprador de acciones han sido las herramientas utilizadas por el Gobierno para apoderarse de GASCO; se ha seguido en su contra también el mismo procedimiento ideado para abatir la resistencia de las industrias textiles y las metalúrgicas de la línea blanca: se ha denegado la actualización de las tarifas a la compañía, de modo de asfixiarla financieramente.

Este solapado y repugnante procedimiento ya ha sido analizado en otras oportunidades aquí en el seno de la Cámara. En un documento interno del Ministerio de Economía, publicado por el diario El Mercurio el 8 de abril de este año, se hacían críticas al Ministerio de Minería por haber permitido a COPEC actualizar los precios de los combustibles y lubricantes con lo que se postergaba, según ellos, la quiebra de esta empresa y su consiguiente apoderamiento por el Estado. En igual forma se expresaba de la Compañía de Gas.

Pues bien, el gas de cañería no tiene precio desde el año 1969, y para el gas licuado se ha seguido un procedimiento por lo demás arbitrario, no obstante lo que ordenan los artículos 15 y 16 de la ley 15. 386 y la llamada Ley de Gas.

Dice el artículo 15. El Ministerio de Minería determinará en el mes de enero de cada año, por oficio dirigido a los distribuidores de combustibles derivados del petróleo, los precios máximos de venta al público de estos combustibles. Agrega el artículo 16: Los precios máximos de venta se fijarán en base a: a) el costo del producto; b) los costos generales del distribuidor, las depreciaciones de su activo y su margen de utilidad; c) los costos del transporte del producto; d) los gastos de reventa, y e) los impuestos que afecten la enajenación del producto.

La violación por parte del Ministerio de Minería de estas normas legales ha sido flagrante y abusiva y solamente se entienden como parte integrante de una conspiración económico-financiera contra GASCO.

Se ha mantenido el precio de venta al público fijado para 1970; se aumentó, sin financiar, el precio del producto ENAP para Santiago en Eº 95 la tonelada; se reajustaron, sin financiar, los fletes en un 10%; quedaron sin cubrir compensatoriamente los mayores gastos generales por concepto de reajustes de remuneraciones del personal de la Compañía y de mayores impuestos y, expresamente, se dejó de considerar la depreciación de los cilindros.

Como resultado, la Compañía de Gas de Santiago no sólo no obtuvo el justo y legal margen de utilidad, connatural al desempeño en concesión de un servicio público, sino que incurrió en considerables pérdidas.

¿Es esto lo que ha buscado el Gobierno marxista del país? Eso es, precisamente. Pero que el país lo sepa; que no lo ignore la opinión pública. Como quedó en evidencia con la publicación dada a papeles internos del Ministerio de Economía; al parecer, el Ministerio de Minería no incurrirá esta vez en el error en que incurrió antes cuando dio precio a los productos del petróleo. Ahora se hará reventar a GASCO. De esta manera este combustible caerá en manos del Estado y se habrá cerrado, entonces, el círculo de hierro en torno a los elementos básicos para la impresión de los diarios independientes de Chile. Por lo tanto, no sólo es necesario defender la Papelera, sino también el gas, combustible de las linotipias, pues en otra forma se habrá terminado en Chile la libertad de prensa.

He concedido una interrupción al colega Lorca.