Labor Parlamentaria

El señor ALLENDE.-

Deseo referirme en forma extensa a la situación de la mina Disputada de Las Condes, tanto en su aspecto social, del trabajo e higiene ambiental, como a su situación económica y financiera.

Como en estos momentos no hay quorum en la Sala, solicito que en la próxima sesión se vote la petición para publicar "in extenso" mi discurso y la inserción de algunos documentos que tengo en mi poder.

Parecerá un poco extraño que un Senador que puede recurrir a cualesquiera de sus colegas, formule personalmente indicación en tal sentido; pero estimo útil que sea así, pues los documentos que poseo, emanados de organismos oficiales, demuestran de manera clara la irresponsabilidad de esta empresa. El país tiene el deber de conocer en detalle todo lo que esa compañía no hace en lo referente a protección de los trabajadores, higiene del trabajo y condiciones de alimentación y viviendas. Debe conocer lo que son real-mente sus utilidades, las remuneraciones que paga y el incumplimiento de decretos y disposiciones legales en que ha incurrido permanentemente.

Puedo afirmar, sin caer en exageración, que la Disputada de Las Condes es una empresa minera tipo -hay muchas otras que tienen características similares, aunque no peores-, y es indispensable que el país tenga conciencia de lo que ocurre en muchas minas frente a los problemas del trabajo de sus empleados y obreros; de lo que está sucediendo con estas compañías cuya particularidad es estrujar la economía de nuestro pueblo y despreciar lo que más vale; el capital humano, los obreros.

Por eso, lo que expongo es casi un complemento, desde otro ángulo, de lo planteado por el Honorable señor Contreras Labarca, y que dice relación a la actitud y actuación de las grandes compañías cupreras.

En reiteradas oportunidades, en forma casi majadera, con insistencia increíble, hemos reclamado una política nacional respecto del cobre; hemos señalado, incluso, la ingenuidad en que cayeron gobernantes de la experiencia del señor Jorge Alessandri, cuando supuso, "bona fide", que esas compañías se desprenderían de algunos de los millones con que se beneficiaron -así, porque sí- en forma extraordinaria. Ello en apariencia. La verdad es que tal beneficio fue consecuencia de una mala política económica, que devaluó la moneda y permitió a esos empresarios obtener ingresos que no habían previsto.

Como ya dije en este mismo recinto, la única respuesta que el señor Alessandri obtuvo de las compañías fue: "No se oye, padre". A pesar de los requerimientos hechos ante el país por el entonces Presidente de la República, tales empresas no contribuyeron ni siquiera con un centavo a aliviar la situación de las diez provincias de Chile que fueron devastadas por el sismo. Una ley obligó a todos los chilenos, desde el más modesto campesino, trabajador u obrero, hasta el industrial poderoso o de mediana situación económica, a contribuir a la tarea de la reconstrucción. Los únicos exentos fueron, como siempre, los grandes y poderosos intereses del cobre, el hierro y el salitre.

Por eso, también, pido incluir .mi nombre en el oficio solicitado por el Honorable señor Contreras Labarca.

El señor TORRES CERECEDA (Presidente).-

Así se hará, señor Senador.

Miseria de sus trabajadores.

El señor ALLENDE.-

Señor Presidente, ayer, parte de Santiago presenció --porque el Gobierno tomó medidas para que los obreros no desfilaran por el centro de la ciudad- una marcha de traba j ores mineros con sus familias: los obreros de la Disputada de Las Condes, compañía que posee la mina Los Bronces y la planta de concentración de San Francisco, en la localidad mencionada.

Después de veintiocho días de huelga, los trabajadores de esa empresa minera -compañía francesa, uno de los últimos vestigios de la penetración imperialista francesa en Chile- se vieron obligados a descender hasta Santiago urbano para mostrar su tragedia, su dolor, sus condiciones de existencia y reclamar una justa remuneración de parte de una empresa que posee los recursos necesarios para pagar en forma adecuada a sus trabajadores, sobre todo si se consideran las circunstancias subhumanas en que éstos viven.

A tal extremo ha llegado esta situación, que una compañía cinematográfica francesa tomó como ambiente, para "filmar" una película llamada "La rata de América", las condiciones de vida y de trabajo de los obreros y empleados en la mina Disputada de Las Condes, arriba, en el sector denominado Los Bronces, es de-cir, fue una propia empresa cinematográfica francesa la que captó escenas escalofriantes en una mina cuyos propietarios son, precisamente, franceses, y donde se explota, en la forma más inhumana, a cientos de compatriotas.

En verdad, ya estábamos acostumbrados a que los trabajadores utilizaran el derecho a huelga, durante días y días, y que muchas veces, se vieran obligados a realizar manifestaciones públicas o desfiles. Así procedieron, en su oportunidad, los obreros del carbón; así lo hicieron, también, en Coquimbo, durante el Gobierno pasado, los trabajadores de Corral Quemado.

El país sabe que, en épocas anteriores, dos o tres meses de huelga han demostrado la decisión de empleados y obreros, ante la negativa patronal y la inoperancia gubernativa, de luchar implacablemente para conseguir siquiera un mendrugo más de pan. En esta oportunidad, son los trabajadores de la mina Disputada de Las Condes quienes vienen, con su paso duro, a golpear la conciencia de los gobernantes, a fin de que se adopte una política que efectivamente signifique, por lo menos en lo que a sus remuneraciones se refiere, la posibilidad de lograr una existencia propia de seres humanos y para que se cumplan y respeten las leyes y los dictámenes de las autoridades sanitarias y del trabajo.

Reajuste insuficiente.

Por desgracia, el Gobierno, por intermedio del Ministerio del Trabajo, con una decisión que bien pudiera tener para enfrentar otros problemas en defensa de la economía nacional, ha notificado al país que es partidario de otorgar un reajuste de tan sólo 38,4%, lo que implica seguir castigando a quienes perciben ingresos fijos y viven de un sueldo o salario. Indiscutiblemente, estos reajustes se hacen sobre la base de estudios elaborados por la Dirección General de Estadísticas, que no reflejan, ni siquiera aproximadamente, lo que es el alza del costo de la vida, y sólo se hacen efectivos con doce meses de atraso. Por cierto, aunque esos estudios correspondieran a la realidad -en mi concepto, carecen en absoluto de base sólida-, los reajustes ni siquiera compensan en parte el poder de compra perdido desde hace tiempo por la clase obrera.

Una gran falsedad: el índice oficial de la vivienda.

Para que mis palabras tengan fundamento, deseo señalar, por ejemplo, que en el cálculo que se realiza para fijar el alza del costo de la vida, el rubro correspondiente a vivienda representa un 10% de los ingresos provenientes de sueldos y salarios.

Nadie, en Chile, puede imaginar que empleados y obreros gasten sólo tal porcentaje en habitación. Puedo aseverar que en un país con el déficit de viviendas que tiene el nuestro, donde la demanda de techo es extraordinaria, y ésta, por el aumento vegetativo de la población se acentúa cada año, ese 10% es irrisorio. Nuestro pueblo gasta el 25%, el 30% o más sólo en arriendo.

En los países de Europa, en muchos de los regímenes capitalistas de las naciones industrializadas, en los cuales este problema ha sido abordado en forma racional desde hace años, los gastos de vivienda son superiores a lo que la Dirección General de Estadística, al hacer el cálculo del costo de la vida, sostiene que se gasta en Chile. Es decir, son muy superiores al 10%. Si así ocurre en países que han enfocado realmente el problema habitacional, el gasto por concepto de vivienda tiene que ser muy superior en países como el nuestro, en los cuales los déficit son muy grandes.

Nadie puede creer que en nuestro país ese 10% constituye el ítem que empleados y obreros destinan al mes con dicho objeto. Si sobre esa base se hacen los cálculos para determinar cuál debe ser el reajuste, se comprende perfectamente cómo son de lesivos dichos cálculos para la realidad efectiva que soportan quienes tienen ingresos fijos y viven de un sueldo o salario.

Por eso, desde estas bancas, expreso mi palabra de aliento, en nombre del Partido Socialista y del Frente de Acción Popular, a los obreros del cobre de la Disputada de Las Condes. A ellos y a sus familias. A toda ese gente -lo sé, pues he visitado dos veces el lugar- que vive en condiciones inenarrables.

Historia de La Disputada.

¿Cuál es la historia de esta compañía? Está constituida por dos grupos: primero, El Soldado, con la planta de concentración El Cobre, en la provincia de Valparaíso, y, segundo, la mina Los Bronces, con la planta de concentración de San Francisco, en la provincia de Santiago. Estos dos sectores tienen un denominador común: ambas faenas se denominan "Compañía Minera Disputada Las Condes", la cual es propietaria, además, de la fundición de Chagres, en la provincia de Aconcagua. La empresa tiene más de cuarenta años de existencia como compañía minera. Fue empresa nacional, pero dejó de pertenecer a chilenos en 1959, cuando fue adquirida por la Compañía Minera Du M'Zaita, subsidiaria de la poderosa Compagnie Miniére Metallurgique Peñarroya, cuya sede está en París, en la Plaza Vendóme 12. Esta compañía ha concedido préstamos a su subsidiaria "La Disputada" por 25 millones de dólares desde 1959 hasta la fecha. El 70% de esa suma ha sido invertido en Francia, en compra de andariveles, maquinarias, camiones, etcétera. Su ejercicio financiero 1963-1964 arrojó una utilidad de Eº 1.418.542,57, o sea, $ 1.418.542.570. Ello significa, a mi juicio, que la compañía minera Disputada, según el balance, con el trabajo de todo un año obtiene una utilidad equivalente al bruto de 4 ó 5 días de labor. Resulta extraño, entonces, el crédito otorgado a una empresa que, en apariencia, obtiene esas utilidades. Sin embargo, es lo que consagra el balance del año 1964, que tengo en mi poder y que me plantea serias interrogantes.

Los ejecutivos de la empresa.

Deseo dar a conocer los nombres de los eminentes ciudadanos que forman el consejo directivo de la empresa: presidente, Arturo Griffin; vicepresidente. Jorge Aldunate E.; directores. Noel Quilici B., Jean de Beaumont, León Dujour, Gabriel González Videla, Rolland Ritter y Julio Subercaseaux; directores suplentes, Enrique Morandé T. y Roberto Bourdel, y gerente. Noel Quilici B.

Las utilidades de un ejercicio financiero son falsas.

Tenemos razones muy serias para estimar que las cifras señaladas son muy ajenas a las utilidades efectivas de la empresa. Tengo a mano un estudio realizado por mi secretaría, sobre la base de los antecedentes contenidos en la respuesta entregada por el Ministro del Trabajo. Puede adolecer de algún error, pues faltan algunos datos. No obstante, dicho estudio revela utilidades muy superiores a los 1.4000 millones de escudos señalados en el balance de 1964, pero muy inferior a las cifras publicadas por "Ultima Hora" y "El Siglo" sobre esta materia, y que, hasta ahora no han sido controvertidas o negadas. Por cierto, el documento en referencia señala también las alternativas derivadas de si la producción se vende en el mercado de Londres o en el de Nueva York y de la forma como se liquidan las divisas obtenidas por la compañía, sea al precio del dólar bancario o del dólar de corredores.

No me referiré, aunque podría hacerlo en forma responsable, a un dato que tiene carácter de confidencial, emanado de la respuesta del señor Ministro, relativo a dónde son o fueron hechas las ventas de la Compañía Disputada en los años 1963y 1964, y a qué valor se liquidaron las divisas obtenidas por ellas. Usaré esa información en el momento oportuno, cuando el Ministro señor Simián asista a reunión de la Comisión de Minería.

Dejo constancia de que el señor Ministro ha entregado en tiempo prudencial y bajo su firma este informe, en respuesta a mis preguntas, lo que estimo satisfactorio.

El resumen que se ha hecho, tomando en cuenta los datos oficiales mencionados, señala una notoria discrepancia con el balance de la compañía, pues son muy superiores a las utilidades que confiesa la empresa en su ejercicio financiero. Por ello es tanto más incomprensible su política de remuneraciones, de seguridad e higiene industrial.

Este estudio discrepa de otro que tengo en mi poder, emanado de cifras proporcionadas por obreros y empleados de la propia empresa. Este último, y el que expondré en seguida, presentan dos alternativas en lo relativo a la liquidación de los dólares de retorno, ya que por no estar esta empresa bajo la tuición directa del Departamento del Cobre, puede vender sus dólares indistintamente al cambio libre bancario o en el mercado de corredores, como, asimismo, vender su producción en cualquier mercado al precio de Nueva York (31 centavos por libra), o al de Londres (58 centavos por libra).

Espero que la sección de investigaciones de la empresa no ubique a mis informantes, pues les costaría el puesto.

Es interesante destacar que los obreros y empleados no están ausentes de lo que ocurre en estas industrias, sino que conocen el rodaje financiero de ellas mucho más de lo que creen o suponen sus dirigentes y directores.

Necesidad de una política diferente para el cobre.

A propósito de esto, quiero hacer una observación de carácter general. Las fuerzas populares hemos reclamado, en forma reiterada, contra la política de precios del cobre, defendida y patrocinada por el Departamento del Cobre y por los propios Gobiernos, que mansamente se someten a las presiones de las compañías propietarias de los minerales en nuestro país, las cuales están liquidando sus producciones básicas al precio del mercado de Nueva York. Tengo la seguridad de que una política firme, de contenido nacional, permitiría, elevar el precio de la libra de cobre. Debemos considerar que la variación de un centavo en el precio de ella implica un mayor o menor ingreso, según sea el caso, de 8 millones de dólares para el erario.

Es curioso que los sectores de Oposición, el FRAP, que están en posición antagónica con el Gobierno del señor Frei en política cuprera, estemos señalando la posibilidad de obtener mayores ingresos. Es el caso de lo expresado esta tarde por el Honorable señor Contreras Labarca, con relación a la carta sin sobre que el Diputado señor Teitelboim envió al Presidente de la República. Y digo que es una carta sin sobre, porque fue publicada en la prensa. Pues bien, de ella no se ha tenido respuesta, ni dentro de un sobre ni por intermedio de la prensa.

Insensibilidad para encarar el problema de los accidentes.

A propósito de lo que estoy diciendo, dejo constancia de que, desde este recinto, en cinco oportunidades, he podido oficiar al ciudadano Presidente de la República para que remita en la actual legislatura extraordinaria -lo pedí por primera vez hace meses-, un proyecto que patrociné y que se encuentra desde hace 25 años en el Congreso, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.