Labor Parlamentaria

El señor SEPÚLVEDA (don Francisco).-

Señor Presidente, mientras la Reforma Agraria se vocea en las cadena radiales, mientras sigue su fatigosa tramitación legislativa y es objeto de claudicantes transacciones por parte del Gobierno, hay en la zona sur y austral del país un vasto sector de campesinos que cifran todas sus esperanzas en la promulgación de esta ley...

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

¿Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Comunista.

Su Señoría puede continuar en el tiempo del Comité Socialista.

El señor SEPUULVEDA (don Francisco).-

Estos campesinos son los ocupantes de tierras fiscales que, llevados por su coraje y la necesidad de subsistir, se han afincado en las regiones más agrestes, inhóspitas y apartadas de la zona austral. Muchos de ellos tienen radicación autorizada, otros están allí en espera de ella. Algunos han recibido sus títulos y de éstos sólo un reducido número ha logrado inscribirlos en el Conservador de Bienes Raíces, porque las publicaciones, los derechos notariales y los impuestos que deben pagar no están al alcance de sus modestos bolsillos. Ocupan una precaria extensión de suelo que en la mayoría de los casos no pasan de 30 hectáreas; viven entregados a faenas madereras, porque esas tierras no tienen calidad para cultivos de ninguna espacie y llevan en esas condiciones una vida misérrima y subhumana.

Han vivido desde años la trágica odisea del trajín burocrático para legalizar su situación y obtener el dominio sobre la tierra que ocupan y en la cual han dejado sangre, sudor y lágrimas.

Por otra parte, han debido luchar no sólo contra la inercia burocrática, contra la indolencia gubernativa, sino también contra la rapacidad de los terratenientes de la zona y de poderosas firmas madereras que allí se han instalado y que utilizan toda clase de maniobras y recursos abogadiles para desalojarlos de sus posesiones.

Deseo denunciar aquí una de estas trapacerías, tal vez la más inicua e indignante que en estos momentos se está cometiendo en la provincia de Llanquihue, que represento en la Honorable Cámara.

Se trata, de la firma "Bosques e Industrias Madereras Sociedad Anónima", más conocida por la sigla "BIMA", cuyo Directorio está compuesto por personajes de este jaez: Presidente, Furman Moseley; Vicepresidente, Danilo Poklepovic, y directores Benjamín Claro Velasco, Sergio Larraín García Moreno, Luis Eyzaguirre Infante, Samuel González Fortes, Fernando Léniz Cerda, Ernesto Illanes y Guillermo Garez.

Esta sociedad maderera es una de las más grandes del país, con explotaciones que se extienden desde la provincia de Bío-Bío a Chiloé.

Por compra de falsos derechos sobre un fundo denominado Colimahuida, "BIMA" se instaló, hace algunos años, en la península de Reloncaví de la provincia de Lianquihue, en el distrito de Río Negro, que comprende las localidades de Píchicolo y Hornopirén.

Allí vivían hasta entonces pacíficamente y sin ser molestados muchísimos ocupantes. La paz y la tranquilidad de estos modestos labradores desapareció desde el día mismo de la llegada de "BIMA".

Esta firma pretendió desalojar de sus tierras a todos estos campesinos. Como no lo consiguiera, inició un juicio contra el Fisco que perdió en primera y segunda instancia y, por último, el recurso de casación ante la Excelentísima Corte Suprema.

Haciendo caso omiso de estos fallos adversos, "BIMA" inició la explotación y el saqueo de los bosques fiscales y retiró, evadiendo impuestos, cientos de miles de pulgadas de maderas. A la fecha del fallo de la Corte Suprema, tenía alrededor de cien mil pulgadas de maderas de alerce en bruto y semielaboradas listas para su embarque y exportación.

Los colonos organizados para defenderse de los atropellos de "BIMA", interpusieron, entonces, al término inmediato del juicio, una medida precautoria por intermedio del Consejo de Defensa Fiscal y en esta forma se logró que el Departamento de Bienes Nacionales se incautara de treinta y dos mil pulgadas de madera de alerce aserradas de primera clase y de sesenta mil pulgadas de madera en bruto.

Esta retención se hizo por la vía administrativa el año 1959, y, no obstante esto, hasta hoy permanece ahí esa madera, y la sociedad mantiene todavía sus instalaciones y su cuartel general dentro del fundo Colimahuida, de propiedad fiscal, sin que autoridad alguna haya dado un solo paso para sacar de allí a BIMA, que continúa molestando y persiguiendo a los colonos.

Mientras tanto, alegando derecho de posesión, la sociedad pretende que le sea reconocido el dominio sobre las hectáreas que ocupa indebidamente con sus instalaciones en Caleta Hornopirén y ha iniciado, además, un nuevo juicio en los Tribunales de Puerto Montt para que le sea alzada la retención de la madera.

No contenta con eso, BIMA está gestionando en el Ministerio de Tierras, que le sea mensurado y reconocido un supuesto fundo denominado Cascajal, que, según los antecedentes que me han proporcionado los colonos, corresponde al mismo paño de terreno del fundo Colimahuida. Le me ha informado también que existe otro juicio iniciado por el Fisco contra BIMA, por robo de madera y en que el Juzgado de Puerto Montt, reiteradamente, ha tratado de sobreseer temporalmente por falta de interés para mover la causa, resoluciones que la Corte de Apelaciones de Valdivia porfiadamente revoca para ordenar seguir la investigación que nunca haga a su fin.

Según comunicaciones que obran en mi poder, últimamente, algunos campesinos fueron violentamente desalojados de su posesión por una cuadrilla de matones y de caporales contratados por BIMA. Esos campesinos, una vez más, han recurrido a los Poderes Públicos, y desde el mes de enero último aguardan infructuosamente se les haga justicia.

Tengo:a mano los reclamos enviados por los dirigentes del Comité de Colonos, señores Juan Antonio y Daniel Paillán, Honorio Barrientos, Isidoro Ulloa, Marcelino Avalos y otros. Cuentan en forma dramática cómo han sido desalojados de sus hijuelas, cómo se les arrebató la madera, fruto de su trabajo, cómo se les intimida con armas de fuego, cómo se les priva de la libertad para transitar por la zona, cómo les han destruido sus casas y sus enseres, etcétera.

Aquí es donde debe actuar la mano dura del Gobierno, para que se haga justicia a estos campesinos, se establezcan sus derechos y se resguarden los cuantiosos bienes forestales del Fisco.

Volveremos en una próxima intervención sobre estos mismos asuntos y estamos resueltos a Seguir insistiendo sobre los abusos y atropellos de BIMA hasta que se daga plena luz y se castigue condignamente a los que, con impunidad tradicional, usan y abusan de los bienes del Estado, corrompen la Administración Pública, atropellan Tas leyes y, lo que para nosotros, los socialistas, es todavía peor, se roba a los campesinos y se despoja a los colonos.

Por eso, mientras tanto, pido se envíen, en nombre de la Cámara, los siguientes oficios:

1º.- Al señor Ministro de Tierras y Colonización, para que informe a la Cámara sobre todos los asuntos, litigios y cuestiones que ha tenido BIMA en dicho Ministerio, desde hace 15 años, con indicación de la tramitación y resoluciones finales que hayan recaído en ellos.

2º.- Al señor Ministro de Agricultura, para que el Departamento de Bosques nos informe sobre las tramitaciones en que BIMA haya intervenido como peticionaria, o en que aparezca denunciada por robo, o por usurpación de bosques fiscales y acerca de la tramitación que hayan tenido estas reclamaciones, denuncias o sumarios y las resoluciones correspondientes.

3º.- Al señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado, para que informe sobre el juicio seguido por el Fisco contra BIMA, en Puerto Montt, por robo de maderas, con indicación de las diligencias practicadas para establecer el cuerpo del delito de las medidas precautorias adoptadas y del estado de tramitación de dicho litigio, mencionándose las fechas de cada una de las diligencias practicadas.

4º.- Al señor Ministro del Interior para que se sirva poner estos hechos en conocimiento del Gobernador respectivo y del Subdelegado correspondiente, a fin de que se adopten, de inmediato, medidas de protección y amparo en favor de los colonos y campesinos amagados por la firma BIMA,

5º.- A la Asesoría Nacional de Promoción Popular, para que acuda en auxilio de aquellos campesinos y colonos.

6º.- Al señor Ministro de Agricultura, para que el Instituto de Desarrollo Agropecuario se interese por la suerte de esos colonos y campesinos, que pueden desarrollar una agricultura progresista, no sólo en lo relativo a la explotación de los bosques, sino también en cuanto al fomento de la ganadería, combinada con las actividades de pesca, que abunda en la zona.

Oportunamente se pedirá la intervención de la Contraloría General de la República.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Se enviarán los oficios solicitados en nombre de Su Señoría, pues no hay número en la Sala para hacerlo en nombre de la Honorable Cámara.