Labor Parlamentaria

Participaciones

  • Alto contraste

Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha

Antecedentes
  • Senado
  • Sesión Especial N° 3
  • Celebrada el
  • Legislatura Extraordinaria periodo 1972 -1973
Índice

Cargando mapa del documento

cargando árbol del navegación del documento

Intervención
SITUACION DE LA INDUSTRIA PAPELERA Y LIBERTAD DE PRENSA E INFORMACION.

Autores

El señor AYLWIN.-

No voy a hablar veinte minutos más.

Régimen de ilegalidad.

Como vía de conclusión, yo quiero señalar claramente tres cosas, que creo que interpretan la gran preocupación del Partido Demócrata Cristiano, de todas las fuerzas de Oposición y de la gran mayoría de Chile, frente a la situación que estamos analizando.

Primero: estamos en presencia de un caso manifiesto de inconstitucionalidad e ilegalidad, de lo que en derecho se llama desviación de poder. Las atribuciones que las leyes otorgan a las autoridades, conforme al principio de que ninguna autoridad puede hacer otra cosa que la que expresamente se le faculta por la ley para hacer, consagrada en el artículo 4º de la Constitución, se conceden en función de determinados fines tenidos en vista por el legislador. Toda la legislación económica relativa a la fijación de precios y al abastecimiento de artículos de primera necesidad tiene por objeto proveer las más convenientes condiciones económicas de vida de la población, según lo dice expresamente la ley, en lo referente al abastecimiento de artículos de consumo o de bienes para satisfacer sus necesidades.

Pues bien, cuando atribuciones que se han concedido para un fin son usadas para otro fin, se desvía la ley, se abusa del Poder. Y esto, en el Estado de derecho, está sancionado con la nulidad del acto. Por eso la Contraloría General de la República ha declarado ilegales dichos actos y, por lo mismo, si en Chile hubiera tribunales administrativos, como los hay en la mayor parte de los países democráticos del mundo, tales actos serían anulados, por desviación de poder.

El señor LUENGO.-

Su Señoría podría referirse al Tribunal Constitucional.

El señor AYLWIN.-

El Tribunal Constitucional no tiene competencia en la materia, y muy bien lo sabe Su Señoría.

No voy a entrar a discutir ese tema adjetivo.

En segundo término, esas inconstitucionalidades e ilegalidades, junto con las que se están cometiendo con los medios de comunicación de masas, con el abuso de la Televisión Nacional, con las clausuras ilegales de radios y con las limitaciones al derecho de reunión, están colmando la medida de la paciencia cívica de este país, porque constituyen la más grave amenaza a la libertad de información, a la libre expresión democrática y a la posibilidad de realizar en marzo próximo un proceso eleccionario que se desenvuelva dentro de cauces efectivos de libertad.

Nada sacamos con que el Gobierno nos hable de libertad y de que el día de los comicios va a permitir que todos vayamos a sufragar libremente, si no se garantiza y ésta es una responsabilidad fundamental del Gobierno en la hora presente la libertad efectiva del proceso electoral mediante el libre acceso de todas las fuerzas políticas a los medios de comunicación.

El señor MONTES.-

¿Me concedería una interrupción, señor Senador?

El señor AYLWIN.-

No, señor Senador.,

En tercer lugar y con esto termino, eso coloca al actual régimen, el que preside el señor Allende, en un plano de franca ilegitimidad.

Un Gobierno puede nacer legítimo, y el actual nació legítimo, por la sanción que le dio el Congreso Pleno, reunido solemnemente aquí, en el palacio donde nos encontramos. Porque aquí lo elegimos la mayoría de los congresales, el señor Allende es Presidente de Chile, y su legitimidad deriva precisamente de la legítima expresión del Congreso Pleno. Pero un Gobierno que nace legítimo puede devenir en ilegítimo si cae en la pendiente de la inconstitucionalidad y la ilegalidad permanentes, del atropello sistemático a la ley. Y lo que se pretende hoy día es acostumbrar a los chilenos a soportar pacientemente o amedrentarlos, para que se acobarden este régimen de inconstitucionalidad, de ilegalidad y de arbitrariedad.

Nosotros tenemos el deber de denunciar estos hechos públicamente ante el país y de pedir que se transcriban estas observaciones al señor Presidente de la República, lo que termino solicitando.

Top