Ley Chile - Resolución 792 Exenta (09-abr-2026) M. de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; Subsecretaría de las Culturas y las Artes - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

APRUEBA POLÍTICA NACIONAL AUDIOVISUAL 2025-2030 DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

Núm. 792 exenta.- Valparaíso, 10 de marzo de 2026.

Visto:

Lo dispuesto en la ley N° 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la ley N° 19.981, sobre Fomento Audiovisual; en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; en la resolución exenta N° 2.548, de 2025, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, que aprueba la Estrategia Quinquenal Nacional para el Desarrollo Cultural período 2024-2029; y en la resolución N° 36, de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

Considerando:

Que conforme al artículo 2 de la ley N° 21.045, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (en adelante "el Ministerio") es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del país en toda su diversidad, reconociendo y valorando las culturas de los pueblos indígenas, la diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en dicha ley.

Que el Ministerio, actuando como órgano rector, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia cultural y patrimonial, y propenderá a su incorporación en forma transversal en la actuación del Estado. Así está establecido en el segundo inciso del precitado artículo 2 del mismo cuerpo legal.

Que según lo previsto en el artículo 7 de la citada ley, la Subsecretaría de las Culturas y las Artes tendrá a su cargo la administración y servicio interno del Ministerio. La misma disposición agrega que el Subsecretario de las Culturas y las Artes será el jefe superior del Servicio y le corresponderá desempeñar las demás funciones que le asigna la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Que asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del citado cuerpo normativo, el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual (en adelante "el Consejo") forma parte de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (en adelante "la Subsecretaría de las Culturas").

Que a su vez, conforme a los artículos 1° y 2° de la ley N° 19.981, el Estado de Chile apoya, promueve y fomenta la creación y producción audiovisual, así como la difusión y la conservación de las obras audiovisuales como patrimonio de la Nación, para la preservación de la identidad nacional y el desarrollo de la cultura y la educación, con el objetivo de desarrollar, fomentar, difundir, proteger y preservar las obras audiovisuales nacionales y de la industria audiovisual, así como investigar y desarrollar nuevos lenguajes audiovisuales.

Que además, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1) del artículo 7° de la ley N° 19.981, el Consejo tiene por función –entre otras– asesorar al Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la formulación y elaboración de la política de desarrollo estratégico nacional del audiovisual.

Que al amparo de lo previsto en la normativa precitada y en ejercicio de sus atribuciones, el Ministerio implementó un proceso de actualización de la política audiovisual, alineada con los objetivos de la Estrategia Quinquenal Nacional para el Desarrollo Cultural, con un enfoque colaborativo y participativo, articulando instituciones públicas, artistas, gestores culturales, organizaciones privadas y ciudadanía, mediante consultas ciudadanas y mesas regionales online y presenciales, entre otros mecanismos.

Que luego de su revisión sectorial, análisis de transversalidad y validación institucional, es necesario aprobar administrativamente la Política Nacional Audiovisual correspondiente al periodo comprendido entre las anualidades 2025 y 2030, para lo cual viene en dictarse la presente resolución exenta. Por tanto,

Resuelvo:

Artículo primero: Apruébase la Política Nacional Audiovisual 2025-2030, que es del siguiente tenor:

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Subsecretaría de las Culturas y las Artes.

www.cultura.gob.cl

Se autoriza la reproducción parcial citando la fuente correspondiente.

Prohibida su venta.

Ministra

Carolina Arredondo Marzán

Subsecretaria de las Culturas y las Artes

Jimena Jara Quilodrán

Coordinación Departamento de Fomento de las Culturas y las Artes

Claudia Gutiérrez Carrosa

Camila Gallardo Valenzuela

Karen Lawrence Ramos

Secretaría Ejecutiva del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual

Camila Caro Poblete

Antonio Zagal Pizarro

Francisca Dossetti López

Felipe Pastén Cisterna

Nicole Plaza Guerrero

Departamento de Estudios

Enrique Riobó Pezoa

Florencia García Oyanedel

Alejandra Aspillaga Fariña

Camila Galaz Vega

Claudia Guzmán Mattos

Consultoría técnica

ONG POLOC

Consejo del Arte y la Industria Audiovisual

Raúl Vilches Méndez

Marcelo Padilla Sánchez

Lucía Castillo Prado

Magdalena Tocornal Montt

Pablo Leiva Mercado

José Alfonso Fonseca Alonso de Souza

Alejandra Cillero Rojas

Beatriz Rosselot Iriarte

Pablo Perelman Ide

Paulina Obando Martínez

Carlos Araya Paredes

Carolina Ojalvo Pressac

Fernando Venegas Domínguez

Taufick Masso Salah

Daniela Sabrovsky Baytelman

Manuel Rivera Careaga

Agradecimientos:

A los equipos de trabajo de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural e instituciones vinculadas que colaboraron comprometidamente en este proceso, a los equipos profesionales de cada una de las SEREMI, al Consejo del Arte y la Industria Audiovisual y a integrantes, agentes y representantes del sector audiovisual que participaron de las instancias convocadas durante el proceso de elaboración de esta Política con generosidad y compromiso.

Índice.

Presentación

1. Marco teórico: La cultura como bien público para el desarrollo humano sostenible

1.1 La dimensión social de la cultura

1.2 El aporte de la cultura al desarrollo humano sostenible

1.3 Rol de los Estados con la cultura desde el enfoque como bien público

1.4 Dimensiones del enfoque de cultura como bien público y bien común

1.5 Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

2. Contexto histórico

2.1 Las artes y la cultura en tiempos de crisis

2.2 La irrupción del entorno digital en las prácticas culturales y su impacto en la creación y en la producción artística

2.3 El auge de la inteligencia artificial

2.4 Desarrollo Humano en Chile

2.5 Los últimos años en materia de cultura

3. Ámbitos de desarrollo de las políticas sectoriales

3.1 Participación y acceso a la vida cultural

3.2 Formación cultural, artística y patrimonial para el desarrollo de las personas

3.3 Ecosistemas creativos y fomento de las culturas, las artes y los patrimonios

3.4 Memorias, identidades y gestión sostenible del patrimonio

3.5 Habitabilidad y gestión de espacios de uso artístico, cultural y patrimonial

3.6 Institucionalidad, gobernanza y participación de la ciudadanía en la gestión pública

4. Marco Normativo

4.1 Marco jurídico a nivel nacional

4.2 Marco jurídico a nivel sectorial

4.3 Referentes históricos

5. Metodología de actualización de la Política Sectorial 2025-2030

5.1 Revisión documental y análisis de contexto

5.2 Formulación de los Objetivos Estratégicos y Específicos

5.2.1 Nivel de alineamiento con Estrategias Quinquenales

5.2.2 Nivel Técnico-Ministerial

5.2.3 Nivel de Validación Interna

5.2.4 Nivel Participativo

5.3 Construcción y redacción de la política

5.4 Validación, publicación y difusión

6. Objetivos de la Política Nacional Audiovisual 2025-2030

6.1 Presentación de los objetivos según ámbito de desarrollo

6.1.1 Participación y acceso a la vida cultural

6.1.2 Formación cultural, artística y patrimonial para el desarrollo de las personas

6.1.3 Ecosistemas creativos y fomento de las culturas, las artes y los patrimonios

6.1.4 Memorias, identidades y gestión sostenible del patrimonio

6.1.5 Habitabilidad y gestión de espacios de uso artístico, cultural y patrimonial

6.1.6 Institucionalidad, gobernanza y participación de la ciudadanía en la gestión pública

6.2 Levantamiento de acciones para el cumplimiento de los objetivos

6.3 Actores para el cumplimiento de los objetivos

7. Plan de seguimiento y gobernanza

8. Diagrama Sectorial

9. Bibliografía

Presentación.

Presentación de la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El sector audiovisual es más que una expresión artística o una industria creativa; es un espacio de encuentro, identidad y memoria. Sus relatos nos permiten reconocernos como sociedad y proyectarnos al mundo, conectando generaciones y territorios a través de la creación artística. En Chile, el cine y el audiovisual han sido un reflejo de nuestra cultura, siendo un vehículo para la transmisión de nuestra historia, valores y tradiciones.

En los últimos años, el país ha seguido cosechando importantes logros en este ámbito, consolidando a Chile como un territorio atractivo para la producción y la coproducción internacional. A pesar de estos avances, persisten importantes desafíos en cuanto a la participación y acceso a la vida cultural sigue siendo un desafío para muchas comunidades.

Frente a estos desafíos, la Política Nacional Audiovisual 2025-2030 busca redefinir los lineamientos estratégicos del sector con una mirada local, inclusiva y sostenible. Su formulación ha sido fruto de un proceso participativo que ha convocado a creadoras y creadores, gremios, a la academia y comunidades para construir una hoja de ruta compartida.

Esta política pone énfasis en el fortalecimiento de la participación y acceso a la vida cultural, y pone énfasis en la descentralización, para que el audiovisual llegue a todos los rincones del país y que su producción no se concentre solo en la capital. Impulsa el desarrollo de nuevos públicos mediante estrategias de mediaci ón cultural y promoción de la participación ciudadana en la vida audiovisual. Establece, además, un marco de acción para mejorar las condiciones laborales del sector, con iniciativas dirigidas a la capacitación, la protección social y la formalización del empleo.

Otro eje central de esta política es la consolidación de estrategias de difusión, fidelización y comercialización que permitan ampliar el alcance de las producciones nacionales en Chile y el extranjero. Así se fortalece la exhibición de obras en espacios culturales, festivales y plataformas accesibles para las audiencias nacionales, al mismo tiempo que potenciamos la presencia de Chile en mercados internacionales. En este sentido, la consolidación de la Comisión Fílmica de Chile debe jugar un rol clave en la atracción de producciones extranjeras y en la constitución de comisiones fílmicas regionales, facilitando que los territorios sean parte activa de su desarrollo.

El patrimonio audiovisual también ocupa un lugar central en esta nueva política, impulsando la preservación, clasificación y puesta en valor del archivo audiovisual del país, con énfasis en la memoria histórica, la diversidad cultural y los derechos humanos. Las creaciones de pueblos originarios y la integración de sus narrativas en el ecosistema audiovisual nacional debe ser una tarea prioritaria, promoviendo la interculturalidad y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.

Para que estos objetivos se concreten, es imprescindible el compromiso de todos los actores del sector. Creadores y creadoras, instituciones públicas y privadas, gremios, educadoras y educadores, y comunidades debemos trabajar juntos para fortalecer el audiovisual chileno como un derecho cultural, garantizando que todas las personas, en cualquier rincón, tengan la posibilidad de acceder, participar y crear.

Solo con una acción coordinada podremos construir un sector audiovisual sólido, diverso y sostenible, capaz de reflejar nuestra identidad y de proyectar al mundo la riqueza de la cultura de Chile.

Carolina Arredondo Marzán

Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

1. Marco teórico: La cultura como bien público para el desarrollo humano sostenible.

1.1 La dimensión social de la cultura.

En los últimos años las culturas, las artes y los patrimonios se han posicionado y develado como dimensiones transversales y constitutivas de lo humano. Esta valoración de la cultura ha permitido la proliferación de esfuerzos por incorporarla en temáticas estructurales como la economía, la salud, la educación y el medio ambiente, entre otros. Como plantea la Unesco (2017) son los propios Estados los que tienen que servir como entidad que facilita y fomenta la incorporación del vector cultural en la comprensión del desarrollo sostenible, fortaleciendo el carácter público de la producción, circulación y la participación cultural. Esto significa incorporar de manera sistemática y explícita consideraciones culturales en todas las decisiones de políticas públicas y buscar sinergias entre la cultura y otros objetivos centrales del Estado.

Como señala Alan Patten (2014), la cultura no se produce de forma aislada, sino que está integrada en redes, significados, símbolos y narrativas compartidas, que se construyen y mantienen colectivamente dentro de una comunidad. Las actividades, tradiciones y costumbres surgen de las interacciones sociales entre individuos(as) y grupos.

Así pues, el saber y los valores culturales se transmiten y preservan a través de procesos como la educación, la narración de historias, el aprendizaje y el intercambio intergeneracional. En ese sentido, el aporte de la cultura está profundamente ligado al contexto social y requiere de un entendimiento común y apreciación colectiva para ser valorada (Kaszynska, 2020).

1.2 El aporte de la cultura al desarrollo humano sostenible.

Desde la segunda mitad del siglo XX el concepto de desarrollo ha sido reformulado década tras década. En su publicación "La dimensión cultural base para el desarrollo de América Latina y el Caribe", Alejandra Radl examina la evolución del concepto a lo largo del tiempo. A fines de la Segunda Guerra Mundial el desarrollo fue concebido como sinónimo de crecimiento económico; durante los años sesenta y setenta con ideas sobre empleo, equidad y protección del medio ambiente, lo que derivó en el término Desarrollo Humano Sostenible, el cual fue acuñado como mandato para las actividades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1965. En los años ochenta y noventa, se incorporó la cooperación multilateral –asociada con los nuevos fenómenos de globalización y mundialización– como dimensión relevante para lograr un desarrollo equilibrado a nivel planetario. En el presente siglo, los temas de estabilidad macroeconómica y necesidades humanas básicas han sido complementados desde nuevos intentos para lograr un enfoque integral del desarrollo, que considere aspectos institucionales, así como culturales e identitarios (Radl, 2000).

La definición de Desarrollo Humano Sostenible, establecida por la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo, sigue vigente hoy en día. Este concepto plantea que el desarrollo debe cubrir las necesidades actuales sin comprometer las de las futuras generaciones. Además, destaca la importancia de integrar aspectos medioambientales, económicos y sociales, sin olvidar el componente cultural (Unesco, 2009).

Por su parte, el Premio Nobel de Economía (1998) Amartya Sen ha realizado algunas de las mayores contribuciones al concepto de desarrollo humano, al concebirlo como un proceso de expansión de las libertades reales, de las que disfrutan los individuos. De esta forma, para Sen (2001) el desarrollo sin participación ciudadana puede ser "contraproducente y, por lo general, insuficiente para elevar el nivel de bienestar de los individuos, porque atenta contra la salud democrática de las sociedades (...). Así, es posible entender una serie de conflictos y malestares contemporáneos a partir del desbalance entre ambos". En ese sentido, el eje cultural para pensar el desarrollo debe estar al servicio de una búsqueda permanente por incrementar las libertades y derechos de los sujetos que forman parte de la sociedad, y a través de ello, construir avances sustantivos para el bienestar.

Por lo anterior, el desarrollo humano sostenible es posible solo si sus estrategias tienen en cuenta las características del contexto cultural. De lo contrario, se corren dos riesgos: imponer criterios ajenos a la realidad de la sociedad y aumentar las brechas de desigualdad. La cultura provee las características históricas y reconocibles para el desarrollo, y no atenderlas podría excluir a grupos y comunidades que difícilmente podrían reconocerse según las definiciones previas (CNCA/IFACCA, 2013).

Sen (2001) identifica tres dimensiones donde la cultura y las artes son un aspecto irremplazable del desarrollo humano sostenible. Estas son: su rol constituyente, al dotar a las personas para cultivar su creatividad; su rol evaluativo, la cultura es el fundamento del valor asignado a las cosas, y su rol instrumental, si bien no es un rol central, la cultura está en directa relación en el logro de objetivos de carácter social (Pérez Bustamante, 2010). En la medida que la cultura es comprendida como un motor del desarrollo, no solo dota de sentido a la existencia, sino que también sostiene el crecimiento económico y entrega herramientas para abordar los desafíos del presente y del futuro (Unesco, 2009).

1.3 Rol de los Estados con la cultura desde el enfoque como bien público.

La última Conferencia Mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Mondiacult, se desarrolló en 2022 en Ciudad de México, con la participación de 150 países. En el encuentro se elaboró una declaratoria, que acuerda una hoja de ruta común y define un conjunto de derechos culturales que deben ser considerados en las políticas públicas. Entre ellos, los derechos sociales y económicos de los y las artistas; el derecho a la libertad artística; el de las comunidades indígenas a salvaguardar y transmitir sus conocimientos ancestrales; y el de la protección y promoción del patrimonio cultural y natural.

A su vez, los Estados acordaron adoptar el enfoque de la cultura como un bien público mundial. Es decir, bienes y servicios que se prestan y benefician a toda la sociedad, [...] que ningún Estado puede suministrar adecuadamente por sí solo y que afectan al bienestar de la humanidad en su conjunto: como la salud, la información, la economía, la ciencia, el desarrollo digital o la paz (ONU, 2021). También se ha planteado la necesidad de una regulación sustancial del sector digital, en particular de las grandes plataformas, en beneficio de la diversidad cultural en línea; de la propiedad intelectual de los artistas y del acceso equitativo a los contenidos (IFACCA, 2024).

Avanzar en el paradigma de la cultura como bien público requiere generar marcos regulatorios y compromisos nacionales e internacionales que consideren la cultura como una herramienta privilegiada para la construcción de la paz, la cohesión social y el desarrollo sostenible. Esto supone transformar las formas en que se le valora y se le mide socialmente, para utilizar eficazmente su potencial y satisfacer necesidades públicas y demandas colectivas.

1.4 Dimensiones del enfoque de cultura como bien público y bien común.

Considerar la cultura como un "bien" implica una noción normativa que contempla la obligación de poner ese bien a disposición de todos(as) aquellos(as) que lo reclaman. Un bien es público cuando tiene valor público y, por lo tanto, se le debe al público. Es decir, aquellas personas dentro de una comunidad, sociedad o país (Ifacca, 2024).

Normalmente, un bien público es entregado por un Estado y se financia mediante impuestos. Ejemplos de esto incluyen una carretera, un parque o una escuela en una ciudad, así como también la defensa nacional. Otro ejemplo claro de bien público son las necesidades básicas de una población, como el acceso al aire limpio y al agua potable (Fernando, 2024).

De igual forma, el paradigma de la cultura como bien público está directamente vinculado a la noción de bien común. De hecho, el bien común alude a la construcción de sociedades justas y equitativas, capaces de garantizar un equilibrio entre los intereses individuales y colectivos.

Asimismo, el bien común refiere a la construcción de sociedades justas y equitativas, capaces de garantizar el equilibrio entre los intereses individuales y colectivos. Este concepto es central en los debates sobre gobernanza, políticas públicas y el papel del gobierno en la promoción del bienestar social. La cultura es un bien público y un bien común de manera simultánea (Mormina, 2024).

Por otra parte, según la definición económica de bien público, reconocer la cultura como tal, requiere hacerlo como un recurso no excluible y no rival. Es decir, un bien o servicio que los(as) miembros de una sociedad pueden usar, sin limitar su disponibilidad para los(as) demás (Ifacca, 2024). Desde este enfoque, la relación de la cultura con el mercado podría ser entendida como un caso de "falla del mercado", lo que implica que, para superarla, los gobiernos no sólo deberían asumir la responsabilidad de la provisión de cultura, sino también la de fortalecer un sector que oscila entre la formalidad y la informalidad, y así brindar un apoyo adecuado a los(as) trabajadores(as) culturales.

Según Sonia Montecino (2024), incorporar la noción de trabajador(a) cultural en las políticas públicas, "supone reconocer la identidad laboral de personas cuyos oficios son diversos y en los cuales el cuerpo es una herramienta indispensable de trabajo (artistas escénicos/as, artesanos/as, escultores/as, textileros/as, escenógrafos/as, músicos/as, entre otros) que crean y recrean conectados/as desde sus disciplinas, con otros/as y con un ecosistema significativo".

En este mismo sentido, Montecino plantea que la dimensión económica de la cultura como bien público no sólo debe considerar la oferta: como el apoyo a creadores(as), a la industria y el desarrollo de infraestructura cultural, sino también, a la demanda cultural, es decir, todo aquello que tenga que ver con el desarrollo de públicos; fomento de comunidades de lectores y la creación de garantías que proporcionen el libre acceso a la cultura, sin que esta se vea limitada por la capacidad de ingreso de cualquier persona. De lo contrario la cultura continuará siendo un bien exclusivo y no común (Montecino, 2024).

Desde una dimensión social, el enfoque de la cultura como bien público está entrelazado con las interacciones, las prácticas colectivas, los entendimientos comunes, e implica que los Estados sean garantes de derechos. En ese sentido, el desafío de las políticas culturales radica en subrayar el valor de la diversidad de las expresiones artísticas; asegurar a cada ciudadano(a) la identidad grupal y el disfrute de bienes culturales que poseen capital simbólico y satisfacen necesidades humanas (Ifacca, 2024). Asimismo, se requiere de una mirada transversal que promueva el apoyo a toda la red o sistema de instituciones (estructuras políticas, jurídicas, sociales y económicas, la sociedad civil, la familia, etc.) que existen.

Adoptar este enfoque supone cambios relevantes en la acción pública en cultura, en términos de financiamiento y de regulación para los sectores creativos, así como el compromiso de los Estados para situar los derechos culturales como un objetivo clave de las políticas públicas.

1.5 Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En su declaración final, la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Unesco (2022a) solicitó que la cultura fuera integrada como un objetivo específico en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En ese contexto, la Unesco desempeña un papel vital en la promoción de la Agenda, con líneas temáticas que abarcan la reducción de la pobreza y el crecimiento; el aprendizaje y el conocimiento; la igualdad de género; el medio ambiente y la biodiversidad; la inclusión social; el empoderamiento de los jóvenes y la consolidación de la paz y el diálogo. Estas líneas de trabajo ponen de relieve su enfoque integrado, al mostrar iniciativas que generan beneficios sociales y económicos directa e indirectamente.(1)

Por otro lado, frente al reconocimiento de la cultura como un elemento transversal a los ODS, se genera el desafío de construir puntos de conexión entre el sector cultural, y los diversos ámbitos de la vida social con que se relacionan los ODS. En ese sentido, la capacidad de construir nuevos vínculos, así como diversificar y consolidar lo que ya existe, es una tarea clave. Para ello, el anclaje con el ODS 17: "Alianzas para cumplir los objetivos", aparece como fundamental por dos razones.

La primera es porque la transversalidad de la cultura requiere la confluencia y articulación de actores muy diversos, y que se desenvuelven en escalas diferentes. Así, lo que permite una acción institucional sostenible y amplia, que además sea sostenible en el tiempo, es la capacidad de vincularse con agentes culturales comunitarios y profesionales, con organizaciones culturales, con universidades, con instituciones públicas, con municipios, con actores del mundo privado, entre otros, y generar acciones conjuntas que aborden necesidades y desafíos concretos.

La segunda razón, es porque las relaciones que se construyen están determinadas por las prioridades que se asignan dentro del universo total de ámbitos del desarrollo sostenible. En ese sentido, lograr una transversalidad de la cultura supone un ejercicio analítico y político contextual, que debe adaptarse a la realidad concreta de nuestro país y su institucionalidad. Esto implica, en sí mismo, un vínculo directo y muy fértil con el ejercicio de construir, implementar y evaluar instrumentos de planificación estratégica, como son estas Políticas Sectoriales.

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(1) La Agenda 2030 que fue adoptada en 2015 provee un marco para la sostenibilidad mundial en torno a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 Metas, sobre los pilares que constituyen las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.

2. Contexto histórico.

2.1 Las artes y la cultura en tiempos de crisis.

Desde la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap) en 2018, el sector ha experimentado transformaciones significativas. A partir de entonces, se inició la implementación de diversos instrumentos de planificación estratégica, los cuales culminan su proceso de renovación con la publicación de las políticas sectoriales. Este nuevo marco nos ofrece un horizonte claro para el próximo ciclo de trabajo, sustentado en la experiencia acumulada, así como en los avances y aprendizajes que hemos desarrollado como institución y como sector.

En octubre del 2019 se produjo el denominado estallido social, un acontecimiento cuyas causas, efectos y consecuencias han sido ampliamente debatidos en la esfera pública durante los últimos años. Este hito es relevante para comprender el contexto que estas políticas buscan abordar: un escenario marcado por demandas y necesidades que desbordan los cauces institucionales, donde la proliferación de la participación y la creatividad se ven tensionadas por expresiones inaceptables de violencia o exclusión que afectan gravemente la vida cotidiana y, en sus formas más extremas, ocasionan un profundo daño en la sociedad.

Según lo planteado por Kathya Araujo en el Seminario "La cultura como bien público" (octubre de 2024), una de las funciones esenciales de la cultura es la de posibilitar elaboración simbólica de las experiencias sociales. Esto se manifiesta tanto en la construcción de nuevas narrativas como en la elaboración del pasado junto con sus traumas y dolores, con el fin de producir el sentido que permite la continuidad social. En este marco, resulta evidente que las artes tienen un rol fundamental en las maneras de reflexionar sobre el estallido social, y más en general, sobre la situación actual de la sociedad chilena.

A inicios del 2020, la pandemia de Covid-19 -la primera del siglo XXI y la de mayor alcance global en la historia- provocó una crisis sin precedentes en el sector cultural. En todo el mundo museos, cines, teatros y salas de conciertos tuvieron que cerrar sus puertas. Al mismo tiempo, la crisis sanitaria dejó en evidencia la precariedad laboral de los trabajadores de la cultura, la vulnerabilidad del estatus del artista, así como la inestabilidad de los modelos económicos de las instituciones culturales. La situación de muchas y muchos creadores, ya precaria, se tornó insostenible, poniendo en peligro la diversidad de la creación.

Al mismo tiempo y alrededor del mundo, sociedades y gobiernos reconocieron la importancia de las culturas, las artes y los patrimonios para el bienestar de las personas, así como su capacidad para generar cohesión social y proyectar futuros posibles. Sin embargo, durante la crisis esto no se tradujo en fuentes sostenibles de ingresos. Tal como señaló la entonces Relatora Especial de las Naciones Unidas en la esfera de los Derechos Culturales, Karima Bennoune, surgió una "paradoja básica": mientras crecía la valoración de las expresiones culturales, el trabajo de quienes las hacen posibles se volvió cada vez más difícil (Unesco, 2022b).

De esta forma, la Unesco ha advertido que la pandemia demostró que "ningún país puede, por sí solo, proteger y promover la diversidad dentro de su territorio y fuera de él". Por ello, es urgente apreciar y preservar la cultura como bien público global, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. En tiempos de crisis, la cultura es un recurso imprescindible para la resiliencia, la conexión y la recuperación -incluso cuando las vías de participación de quienes crean, quienes se dedican a la producción y el público van cambiando (ONU, 2021). En ese marco, la cultura cumple un papel central para la promoción de la diversidad cultural, la protección del patrimonio cultural y el fortalecimiento de las industrias culturales sostenibles, elementos clave para construir un futuro más justo e inclusivo (Unesco, 2022c).

Por otra parte, en los últimos años han surgido nuevas fuentes de crisis y tensiones, tanto a nivel nacional como internacional. En este último ámbito, se han intensificado los conflictos armados de diversa naturaleza, han proliferado escenarios de incertidumbre vinculados a fenómenos como la llamada "guerra comercial" o a los efectos de la crisis climática, y han cobrado fuerza expresiones políticas que se sitúan fuera de consensos fundamentales, como los valores democráticos y los derechos humanos. Estos procesos han provocado impactos significativos en el desarrollo de las culturas y las artes, afectando tanto sus contenidos y temáticas como sus condiciones de producción y los marcos institucionales que la sostienen.

A nivel nacional, la crisis de seguridad resulta ser un factor que se vincula con el desarrollo cultural desde múltiples dimensiones. Por una parte, la cultura, las artes y el patrimonio actúan como vehículos de cohesión social y recuperación de espacios públicos, tal como se expresa en la política "Somos Barrio", una colaboración entre la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por otro lado, la sensación de miedo puede afectar la disposición de las personas a disfrutar del espacio público o participar de actividades culturales fuera del hogar. Esta situación se ve amplificada por las transformaciones en los modos de vida derivados de la creciente digitalización. Un desafío clave para el sector, en ese sentido, consiste en identificar las oportunidades que ofrecen las nuevas realidades, y adaptarse a ellas sin perder de vista aquello que constituye el núcleo esencial del quehacer cultural.

2.2 La irrupción del entorno digital en las prácticas culturales y su impacto en la creación y en la producción artística.

La pandemia aceleró la imparable transformación digital, generando un escenario inédito para la participación y las prácticas culturales. Uno de los ejemplos más nítidos fue el tránsito de un modelo centrado en los eventos masivos hacia formas de consumo individual y privado, mediadas por pantallas. En la actualidad, el entorno digital abarca a todas las personas que interactúan diariamente con herramientas y dispositivos tecnológicos. Lo digital atraviesa las rutinas cotidianas, modifica las formas de relación interpersonal, transforma la comprensión del trabajo y el ocio, e incluso redefine los límites del cuerpo biológico (Mincap, 2021e).

De este modo, "al hacer referencia a la cultura digital se hace hincapié tanto en las posibilidades como en las profundas reflexiones que se generan en los tres ejes de la cadena de valor: la puesta en duda de la autoría y la originalidad de parte de obras creadas, por ejemplo, producto de la Inteligencia Artificial; los complejos días que viven los espacios culturales como museos, cines y teatros producto de la circulación incontrolable de bienes en redes globales como Netflix o YouTube; hasta la divergente manera en que las audiencias se apropian de la cultura para resignificarla en nuevos usos como los memes" (Mincap, 2021e).

En la publicación Agenda de Cultura Digital se entiende por cultura digital a un conjunto de prácticas, hábitos y comportamientos sociales que han surgido a partir de acelerados cambios tecnológicos como internet, las redes sociales, la masificación de la fotografía digital, la robótica, la cibernética y la inteligencia artificial, entre otros. Al igual que lo que ocurrió con la invención de la imprenta, esta transformación ha implicado una profunda reconceptualización de los formatos de expresión, las prácticas culturales, los ritos y las nociones asociadas a la comunicación, la expresión y la vida en comunidad (Mincap, 2021e).(2)

La irrupción digital ha tenido efectos decisivos en las modalidades de creación. La mayoría de las manifestaciones artísticas están vinculadas, de una u otra forma, a los nuevos medios. En ciertos casos, la tecnología no solo actúa como un recurso o plataforma, sino que es parte intrínseca del contenido de la obra. En consecuencia, surgen nuevos conceptos asociados a la creatividad, como multimedia, crossmedia, transmedia, realidad aumentada y realidad virtual.

Otro fenómeno vinculado al entorno digital es la descarga y la visualización de contenidos audiovisuales, literarios o musicales. Como señala Murolo (2016), las personas consumen películas, series televisivas, sagas de libros, videojuegos, música, softwares y otras producciones de manera muy distinta a las que eran comunes en el siglo pasado. Este cambio, de carácter progresivo y cultural, ha dado origen a un nuevo sujeto comunicacional, que transformó las antiguas audiencias de radio, cine y televisión, en prosumidores, fans y piratas.(3)

Estas nuevas lógicas han transformado las antiguas concepciones tanto de la creación como del rol del creador. La proliferación de medios digitales ha redefinido la programación como proceso creativo basado en la manipulación de materiales e interfaces preexistentes, que se adaptan y transforman a lo largo de la circulación de los productos culturales.

Esta dinámica reconfigura los límites y los roles tradicionales de los actores que participan en la cadena o ciclo cultural: creadores, intermediarios y públicos.

Como señala Octavio Kulesz, en "La cultura en el entorno digital" (Unesco, 2017), "las ventajas de las nuevas tecnologías para las industrias creativas son innegables (...) lo digital permite reducir los costos de distribución –lo cual implica enormes ahorros para las empresas–, así como incorporar métodos de financiamiento innovadores como el crowdfunding o micromecenazgo, desarrollar nuevos modelos de negocio y llegar a un mercado potencialmente global".

Efectivamente, las industrias creativas son las que han experimentado transformaciones más profundas, particularmente la musical y la audiovisual, cuyos modelos de gestión han cambiado radicalmente en los últimos años. La proliferación de plataformas web para la promoción de obras artísticas ha significado el fin de formas pretéritas de comercialización: los videoclubes y las tiendas dedicadas a la venta de música en soportes físicos han desaparecido casi por completo y las pocas que subsisten se orientan a públicos muy específicos. Estas plataformas, accesibles desde dispositivos prácticamente ubicuos como los teléfonos inteligentes, permiten a los usuarios acceder a canciones, series, libros y películas desde cualquier lugar con conexión a internet.

No solo las industrias creativas han sufrido modificaciones; también otras manifestaciones artísticas como las artes escénicas y las artes de la visualidad. Por ejemplo, en los nuevos modos de comercialización y distribución en el entorno digital han facilitado el acceso de públicos más amplios y diversos a las obras. Estos cambios también generan oportunidades significativas, en áreas como el resguardo, la circulación y la puesta en valor de los patrimonios culturales del país. En esa línea, la Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales, y el sitio web , constituyen ejemplos de acciones orientadas hacia un uso activo de las nuevas tecnologías con fines institucionales. www.chilepatrimonios.gob.cl

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(2) https://www.cultura.gob.cl/culturadigital/wp-content/uploads/sites/59/2021/05/agendaculturaldigital.pdf

(3) El término "prosumidor" es una combinación de las palabras "productor" y "consumidor". Un prosumidor es un individuo que no solo consume productos o servicios, sino que también participa activamente en su creación, promoción y mejora. Además, es un actor clave en la economía digital, donde la colaboración y la co-creación son fundamentales.

2.3 El auge de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial también está transformando el panorama cultural. Con el auge de lo digital, surgen temas cruciales que requieren atención y debate, tales como la implementación de modelos de gestión basados en big data para optimizar el consumo, los derechos de propiedad intelectual y los desafíos vinculados a la piratería. Estas materias resultan especialmente sensibles tanto para productores de contenidos como para quienes los distribuyen.

En el ámbito musical los experimentos con inteligencia artificial son de larga data. Ya en 1958 Hiller e Isaacson lograron que un computador compusiera una pieza La Suite Illiac, un cuarteto de cuerdas mediante una metodología de ‘generación y prueba' (López de Mántaras, 2017). Probablemente quienes condujeron esos ensayos pioneros, no visualizaron la velocidad con que la "creatividad computacional" avanzaría esta última década.

En su texto, Cultura, máquinas y plataformas, Octavio Kulesz reflexiona sobre el presente y futuro de la inteligencia artificial aplicada a la creación artística, poniendo en el centro de la discusión sus posibles impactos en la cadena creativa. Entre ellos se encuentra la remuneración de los artistas, la cuestión de la autoría, la diversidad cultural y el rol de los gobiernos en su regulación. Asimismo, plantea la pregunta por quiénes pueden –o podrán– acceder y controlar estas tecnologías. El sentido y uso de estas herramientas sigue en construcción, y es deber del Estado asegurar que estén al servicio de las personas y no al revés.

Para América Latina, el uso de la inteligencia artificial representa tanto una oportunidad como un desafío, que requiere información, dispositivos y conectividad. Estudios recientes establecen dichas condiciones y sitúan a Chile en un lugar relevante dentro del continente en estas materias (ILIA, 2024). Sin embargo, más allá de las condiciones técnicas, resulta fundamental promover la capacidad creativa de las personas y un uso ético y consciente de la tecnología. En este sentido, es clave generar conciencia sobre los impactos actuales y potenciales de la inteligencia artificial, así como impulsar acciones concretas que aseguren que su uso fomente la diversidad y la especificidad cultural.

Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (2023) la integración de la IA en las artes en América Latina refleja una interacción dinámica entre tradición e innovación. "Las aplicaciones actuales de la IA en las artes visuales, la música, la literatura y otras formas de arte podrían ayudar a destacar el potencial creativo de la región, amplificado por los avances tecnológicos. Aunque la IA ofrece numerosas ventajas a la hora de preservar el patrimonio cultural, potenciar la creatividad y democratizar el arte, sigue siendo imperativo abordar las consideraciones éticas, los prejuicios, los problemas de propiedad intelectual y la dependencia del apoyo externo para fomentar una integración más responsable e integradora de la IA en las artes".

Desde la institucionalidad cultural, este desafío se está abordando desde distintas perspectivas. Junto con los compromisos adquiridos en la Política Nacional de Inteligencia Artificial, destacan iniciativas que promueven el diálogo regional en la materia, como el reciente IX Congreso Iberoamericano de Cultura, realizado en Santiago de Chile entre el 9 y el 12 de abril, cuyo tema central fue "Inteligencia Artificial: Desafíos y Oportunidades".

2.4 Desarrollo Humano en Chile.

"¿Por qué nos cuesta cambiar?" se titula el Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024 del PNUD, que busca contribuir al debate público sobre los sentidos del desarrollo y los desafíos que enfrenta la sociedad chilena. Desde la última medición, realizada hace una década, el país ha atravesado una serie de hechos políticos, sociales y culturales de gran envergadura como el estallido social, la pandemia del Covid-19 y dos procesos constituyentes fallidos.

El foco de este Informe son los cambios sociales que favorecen el Desarrollo Humano Sostenible, es decir, transformaciones impulsadas por actores sociales a partir de objetivos compartidos y orientados al futuro. En el caso de Chile, se destacan algunos indicadores de logro, como la reducción de la pobreza, el aumento en la esperanza de vida y la innovación en la infraestructura de transporte. Sin embargo, el principal problema identificado son las dificultades para traducir las demandas ciudadanas en cambios efectivos: solo el 11% de la población cree que en Chile la situación-país ha mejorado, un 27% piensa que sigue igual y un 56% que ha empeorado.

En ese marco, el Informe identifica dinámicas inhibidoras del cambio social, entre ellas: las limitadas capacidades de la sociedad chilena para conducir transformaciones, –con un 67% de las personas que atribuye los mayores obstáculos a los liderazgos políticos–; la prevalencia de relaciones disfuncionales entre actores institucionales, ciudadanía, élites y movimientos sociales; el deterioro del tejido social, que reduce la capacidad de organización y acción colectiva; y la baja disposición a participar en instancias colectivas: la confianza interpersonal alcanza solo un 15%, y la participación en organizaciones, un 22%. Esta situación refleja una débil cohesión social, marcada por la desconfianza y el aislamiento, que dificulta la cooperación y la circulación de ideas.

No obstante, el Informe también revela condiciones favorables para las transformaciones sociales. La gran mayoría de las personas desea cambios (88%), y un 67% aspira a que sean distintos tanto del presente como del pasado. Además, un 75% prefiere que los cambios sean profundos.

La ciudadanía conserva una importante adhesión a la democracia y sus mecanismos: un 58% considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, y un 75% declara estar bastante o muy dispuesta a ir a votar todas las veces que sea necesario. A esto se suma la disposición a esperar por los cambios dentro de los marcos democráticos: un 73% prefiere que las decisiones incluyan la consulta a las personas afectadas, incluso si eso implica más tiempo.

Frente a este panorama, el lugar de la cultura, las artes y los patrimonios resulta fundamental por varias razones. En primer lugar, porque contribuyen a la construcción de diálogos y horizontes comunes que otorgan sentido colectivo y permiten transformar dinámicas sociales. Asimismo, constituyen un espacio clave para fortalecer la cohesión social, ya que promueven vínculos y procesos identitarios que facilitan la vida en común. Además, en el caso chileno, los valores democráticos y los derechos humanos han estado históricamente ligados al campo cultural, tanto en sus expresiones artísticas como patrimoniales. Finalmente, la implementación efectiva de políticas culturales, y el cumplimiento de las funciones institucionales en general, requieren una articulación constante entre el Estado y la sociedad, así como entre los distintos actores culturales. Este trabajo compartido permite generar espacios de coconstrucción y corresponsabilidad que, además de entregar una percepción real de cambio, contribuyen a superar los desafíos identificados en el informe: fortalecer la confianza, fomentar la colaboración y construir comunidades más cohesionadas.

2.5 Los últimos años en materia de cultura.

La noción de cultura como bien público para el desarrollo sostenible ha sido el eje central de las Convenciones Nacionales de Culturas, Artes y Patrimonio de los años 2023 y 2024. Estas instancias permitieron proyectar una institucionalidad cultural centrada en la sociedad, y orientada a su servicio. Para ello, se requiere un horizonte claro y la capacidad de canalizar y articular la diversidad inherente al fenómeno cultural, profundamente vinculado con la realidad social y expresado de múltiples formas. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio posee una trayectoria institucional que es motivo de orgullo y que, al mismo tiempo, constituye el punto de partida para avanzar en los próximos años. De ahí la importancia de concluir el actual proceso de actualización de los instrumentos de planificación estratégica.

En estas discusiones se identificaron diversos desafíos que, en su mayoría, pudieron ser abordados y dieron lugar a avances concretos. En torno a la relación entre sostenibilidad y cultura, el Ministerio se centró en robustecer la sostenibilidad de los ecosistemas culturales mediante acciones que hoy se evidencian en un mayor reconocimiento, tanto a las trayectorias como al rol sostenido de la sociedad civil en el desarrollo de proyectos culturales a lo largo del tiempo.

Este reconocimiento se refleja, por ejemplo, en el fortalecimiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), creado en 2020 y que ha sido un hito fundamental para avanzar hacia un modelo de financiamiento sostenido, está orientado a organizaciones que promueven la creación artística, las expresiones culturales territoriales y la generación de empleo en el sector. A través del PAOCC se ha fortalecido el rol de las organizaciones como agentes clave de programación, formación y participación cultural a nivel nacional, regional y local. Uno de los avances más relevantes ha sido la formulación, en 2024, de un componente específico para organizaciones de Larga Trayectoria. Este componente otorga financiamiento directo a organizaciones con más de 10 años de existencia, previa verificación del cumplimiento de requisitos establecidos en la glosa presupuestaria. En una línea similar, los fondos sectoriales también han priorizado el financiamiento de festivales o ferias de larga trayectoria, lo que contribuye a la sostenibilidad y proyección del sector en el tiempo. Asimismo, se han desarrollado esfuerzos para fortalecer la asociatividad de agentes culturales. En esta línea destacan la organización del Mercado de Industrias Culturales del Sur, que tuvo sede en Chile en 2024, y la creación del Mercado de Industrias Creativas de Chile, que se desarrolló por primera vez en 2025. A esto se suma la implementación del programa Ecosistemas Creativos, orientado a consolidar redes y circuitos culturales sostenibles a nivel territorial. También, se ha promovido un uso más estratégico de herramientas ya disponibles, con iniciativas como el Match Cultural, que contribuye a diversificar el financiamiento a través de las donaciones culturales. De este modo, se amplían las alternativas para una sostenibilidad del sector, compartida con el mundo privado.

Por otro lado, se ha fortalecido la visibilidad de los múltiples vínculos entre la cultura y otros ámbitos de la vida social y el desarrollo sostenible. Además de las dimensiones previamente mencionadas, –como la transformación tecnológica, la convivencia y la seguridad–, destaca de manera especial el trabajo sostenido en torno a la igualdad de género. En este ámbito, se ha impulsado un conjunto de acciones sistemáticas orientadas a mejorar las condiciones para que las mujeres y las diversidades sexogenéricas se desempeñen en el ámbito cultural. Como resultado, las últimas mediciones oficiales, incluidas en el Informe Anual de Estadísticas Culturales del 2023, evidencian un aumento de la participación laboral de mujeres en cultura, superando los niveles registrados antes de la pandemia. A su vez, se han asumido compromisos relevantes en el marco de la Política de Apoyos y Cuidados, reconociendo el papel del sector cultural en la respuesta a uno de los desafíos más urgentes de la sociedad contemporánea. Este enfoque refuerza la dimensión social de la cultura y su capacidad de aportar a políticas públicas integrales.

En torno a la relación entre la cultura, el crecimiento económico y el trabajo decente, se destaca especialmente la creación del Programa de Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Cultural. Este programa aborda de forma estructural aspectos clave como la formalidad del trabajo, la estabilidad laboral y los ingresos o remuneraciones que emanan del trabajo, la asociatividad, las competencias laborales de los trabajadores(as) culturales, las brechas de género y la valorización del trabajo cultural. Además, entre otras actividades, promueve prácticas y pasantías, de manera de contribuir a la inserción laboral de trabajadoras y trabajadores culturales y promover sus oportunidades de empleabilidad; desde la lógica del fomento de la asociatividad, el programa aborda una línea de financiamiento para la creación y fortalecimiento de Cooperativas Culturales, así como entrega asistencias técnicas personalizadas en materias específicas de esta forma de economía social. Complementariamente, la Cuenta Satélite de Cultura se consolida como un instrumento clave para medir y visibilizar la contribución del sector al desarrollo económico nacional.

En lo referido al vínculo entre las culturas, las artes y los patrimonios con la educación, se destaca especialmente las publicaciones de las Políticas de Educación Artística y de Educación Patrimonial, las cuales están en proceso de implementación. Por cierto, los objetivos específicos de estas Políticas Sectoriales han sido formulados en coherencia con dichos instrumentos de planificación estratégica, en línea con el compromiso ministerial de articular sus instrumentos de planificación. A esto se suma la consolidación de una relación de colaboración con las universidades, expresada tanto en el fortalecimiento de sus elencos artísticos como en el desarrollo conjunto de investigaciones, programas sociales y otras iniciativas que promueven el vínculo entre cultura, la educación y la generación de conocimiento.

Otro vínculo significativo es el de las culturas, las artes y los patrimonios con ciudades más amables y sostenibles. En esa línea, se han implementado diversas acciones como el fortalecimiento de las Bibliotecas y los Museos públicos, el avance en la construcción de Archivos regionales, la habilitación de guaguatecas en todo el país, la ampliación de horarios y programación en infraestructuras patrimoniales, así como la generación y fortalecimiento de hitos culturales en el espacio público. Todas estas acciones buscan mejorar la habitabilidad y la apropiación del espacio público por parte de la ciudadanía, promoviendo así una vida cultural más activa, equitativa y cercana.

Lo anterior se construye sobre bases sólidas, tanto a nivel institucional como presupuestario. Sobre esto último, los incrementos históricos del presupuesto para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios han permitido fortalecer todas sus líneas de trabajo. En materia de fomento a las artes, el incremento presupuestario ha permitido una inyección significativa de recursos para los Fondos Cultura, previa aprobación de los consejos sectoriales respectivos.

Paralelamente, en los últimos años se ha expandido la presencia territorial del Ministerio. En lo relativo a la participación cultural y al fortalecimiento de las culturas comunitarias, destaca especialmente el Programa Puntos de Cultura Comunitaria, que cerrará el año 2025 con más de 500 puntos activos en el país, muchos de los cuales son vectores para el desarrollo y arraigo de diversas disciplinas artísticas.

Este crecimiento se ha expresado en un trabajo cada vez más estrecho con públicos y comunidades, orientado a construir colectivamente nuevas formas de vivir y disfrutar de las culturas, las artes y los patrimonios; en un mayor alcance de los servicios del Servicio Nacional del Patrimonio; en una mayor presencia internacional de la creación chilena en ferias y festivales, lo que fortalece su proyección y posicionamiento; en iniciativas como el Pase Cultural, dirigido a jóvenes y adultos mayores de niveles socioeconómicos más vulnerables, que busca democratizar el acceso a la oferta cultural; en la relevancia de contar a la fecha con tres ciudades creativas formalizadas por Unesco que promueven el desarrollo sostenible en torno a la cultura , entre otras iniciativas y programas. La cultura es un pilar esencial para el desarrollo de un país, y dentro de ella, el audiovisual ocupa un lugar destacado como vehículo de identidad, memoria y creación colectiva. Conscientes de su importancia, el 10 de noviembre de 2004 se promulgó la ley N° 19.981 sobre Fomento Audiovisual. Esta ley, junto con la creación del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, marcó un hito en la historia de las políticas culturales del país, abriendo el camino a una serie de programas que, desde entonces, han brindado apoyo constante al sector audiovisual en todas sus etapas: creación, producción, difusión, formación y preservación.

Gracias a esta política pública, durante más de dos décadas se ha tejido una red de colaboración entre realizadores, productores, organizaciones, empresas e instituciones que, con talento y compromiso, han hecho crecer una industria cultural diversa, viva y profundamente conectada con los territorios. Las herramientas de fomento han permitido no solo que cientos de obras lleguen a la pantalla, sino que nuestras historias sean contadas, reconocidas y valoradas dentro y fuera de Chile.

En este marco, la Política Nacional Audiovisual 2025-2030 nace del deseo de proyectar hacia el futuro esta labor colectiva. Su construcción comenzó en 2024, mediante un proceso participativo que reunió a profesionales del sector, agentes culturales y creativos de diversas regiones y trayectorias. Juntos identificaron desafíos, propusieron ideas y colaboraron en la actualización de una política que busca seguir acompañando el crecimiento del audiovisual chileno con sentido, pertinencia y visión de futuro.

Hoy, más que nunca, reconocemos el valor del audiovisual no solo como expresión artística, sino también como herramienta de desarrollo social, cultural y económico. El cine y las artes audiovisuales generan empleo, fortalecen las economías locales, atraen inversión y proyectan nuestra identidad al mundo. Al mismo tiempo, contribuyen a la construcción de ciudadanía, rescatando memorias, dando voz a nuevas generaciones y conectando emociones a través de la pantalla.

El compromiso sostenido del Estado, a través del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, ha hecho posible el surgimiento de una industria más profesional, diversa y reconocida internacionalmente. Programas de apoyo, instancias de formación, circuitos de exhibición y espacios de celebración como el Día del Cine Chileno –en honor a Carmen Bueno y Jorge Müller– o los Premios Pedro Sienna, que en 2025 cumplen 20 años, son parte fundamental de este camino recorrido.

A cien años del estreno de El Húsar de la Muerte, la obra pionera de Pedro Sienna, el cine chileno sigue vivo, en evolución, fortalecido por nuevas tecnologías, nuevas historias y nuevas voces. Esta política pública es una invitación a seguir construyendo juntos un audiovisual que refleje lo que somos, lo que fuimos y lo que soñamos ser.

En síntesis, en los últimos años, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha experimentado una evolución significativa en su capacidad de alcance y gestión territorial. Ha sabido aprender de las experiencias acumuladas y proyectar su acción futura con un enfoque que busca abordar sus debilidades y potencia sus fortalezas. Esta Política se ha elaborado precisamente con ese espíritu: coordinar a la institucionalidad cultural y a los diversos actores relevantes para concentrar esfuerzos en el fomento y desarrollo del campo Audiovisual. Se trata de una tarea amplia y compleja, que ha logrado estructurarse a partir del conocimiento sectorial acumulado, de los avances alcanzados en los últimos años, y de una convicción compartida respecto a la necesidad de seguir creciendo como institucionalidad cultural. Esta Política propone una visión de futuro en la cual el Campo Audiovisual se posiciona como un eje estratégico para el desarrollo de las culturas, las artes y los patrimonios de Chile.

3. Ámbitos de desarrollo de las políticas sectoriales.

Los ámbitos de desarrollo que estructuran las políticas sectoriales corresponden a las áreas o campos prioritarios en los que se enfoca el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para lograr sus objetivos. Estos han sido alineados con los principios, con las funciones y con las definiciones estratégicas institucionales, y representan las áreas clave en las que se concentran los esfuerzos y recursos para alcanzar sus objetivos a través de resultados significativos.

Los ámbitos de desarrollo que rigen las políticas sectoriales son los mismos que se consideran en la Estrategia Quinquenal Nacional y en las Estrategias Quinquenales Regionales de culturas, artes y patrimonio, para el período comprendido entre 2024 y 2029. Estos se identificaron a partir de la consideración de fuentes documentales que constituyen la base del quehacer institucional. A las 31 funciones del ministerio, consignadas en la ley 21.045, se integraron los objetivos 2023-2026 que forman parte de las fichas de definiciones estratégicas informadas a la DIPRES por parte del ministerio, correspondientes a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Dentro de cada ámbito, se han definido categorías, que corresponden a unidades analíticas más específicas que permiten organizar y sistematizar las acciones de política pública. Estas categorías funcionan como referencias operacionales que facilitan la formulación de iniciativas, programas y proyectos, otorgando un marco técnico que puede ser utilizado tanto por instituciones públicas como por gestoras y gestores culturales, creadoras y creadores, investigadoras e investigadores, y otros agentes del sector.

El propósito de esta clasificación no es solo ordenar conceptualmente las líneas de trabajo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, sino también ofrecer un referente claro para quienes desarrollan iniciativas en el campo audiovisual. A partir de esta estructura, las y los actores del ecosistema pueden situar sus proyectos dentro de los ámbitos y categorías definidas, fortaleciendo la coherencia entre las acciones sectoriales y los lineamientos de política cultural.

De este modo, se identificaron 6 ámbitos de desarrollo para la definición de los objetivos estratégicos y específicos de esta hoja de ruta:

3.1 Participación y acceso a la vida cultural.

Se define como el conjunto de acciones que aseguran la participación equitativa de todos los individuos en el desarrollo cultural de la nación y un acceso justo y sin barreras a los bienes, servicios y manifestaciones culturales.