El órgano estatal que investiga para desmantelar grupos ilícitos y detectar el cohecho en Australia

A la hora de evaluar las competencias de ACLEI, no solo figura su capacidad reactiva frente a casos de cohecho, sino también la implementación de medidas preventivas con el fin de combatir la corrupción y proporcionar información valiosa sobre lo que se consideran conductas corruptas, al personal que trabaja en entidades públicas. Esta capacidad se ve facilitada gracias a que en Australia no hay restricciones para acceder a la información bancaria de personas investigadas. A pesar de ello, el país enfrenta grandes desafíos para evitar el lavado de dinero. Más detalles de esta realidad, en la siguiente nota.

Caso de cohecho en la autoridad australiana de fronteras

En Australia, en 2016, se produjo un grave caso de corrupción. Un grupo ilícito que contrabandeaba tabaco desde el sudeste asiático para su venta en el mercado negro fue capturado y desmantelado gracias a una operación conjunta de la policía, llamada “Zeus”. Este operativo no solo logró detener el contrabando de cigarrillos, sino también recopilar datos relevantes sobre las operaciones de este grupo a lo largo del tiempo. Lo más preocupante fue el descubrimiento de la participación de un colaborador dentro de la institución encargada de hacer cumplir la ley.

Un funcionario de la Fuerza Fronteriza Australiana (ABF de Australian Border Force) fue descubierto como facilitador de la importación de tabaco no declarado. La evidencia recabada permitió que se le acusara de haber recibido un soborno, además de ayudar e instigar para que se concretara la internación irregular de tabaco. La facilitación se logró gracias a que el funcionario en cuestión realizó búsquedas no autorizadas en los sistemas de información de ABF con el propósito de entregarla a los grupos criminales.

La investigación de este hecho se desarrolló en una operación conjunta entre la Policía Federal Australiana (AFP) y la Comisión Australiana para la Integridad del Cumplimiento de la Ley (ACLEI por sus siglas en inglés). Un informe sobre el tabaco ilícito elaborado por el Comité Parlamentario Conjunto sobre la aplicación de la ley, reveló que el funcionario de la ABF recibió un soborno de 100 mil dólares australianos por información y asesoría.

Información entregada por la propia ACLEI sobre la operación Zeus, aclara que mientras se centraron en recopilar información sobre las acciones de corrupción, específicamente del soborno, la policía federal se ocupó de los aspectos más amplios de la investigación.

Entrega de información en casos de corrupción

Este caso de corrupción aduanera en la ABF se logró desentrañar gracias a la labor y las atribuciones de la Comisión Australiana para la Integridad del Cumplimiento de la Ley (ACLEI). Establecida como una oficina independiente, lo que le permite llevar adelante su función principal de investigar denuncias de corrupción y dar cuenta de problemas sistémicos que afecten la ley, ya sea en ámbitos públicos o privados, teniendo las competencias para citar a personas para declarar bajo juramento.

El respaldo legal de esta oficina se materializa gracias a la ley que lleva el mismo nombre de la Comisión (Ley LEIC) que además de establecer las prioridades, expresa entre sus funciones la investigación de las acusaciones de corrupción y hace que se cumplan las leyes en aquellos organismos encargados de este cometido.

Entre las actividades clave de la Comisión se encuentran:

1. Evaluaciones de informes sobre presuntas conductas de corrupción con el fin de tratarlas de una manera adecuada
2. Investigaciones a fondo y en colaboración con otros organismos relacionados sobre actos de corrupción
3. Apoyar las investigaciones de las agencias asociadas
4. Prevención de la corrupción a través de la difusión de información sobre vulnerabilidades y riesgos, pero también asistencia personalizada a los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Estas acciones no solo demuestran la capacidad reactiva de ACLEI frente a casos de cohecho, sino que también implementan medidas preventivas con el fin de combatir la corrupción y proporcionar información valiosa sobre lo que se considera conducta corrupta al personal que trabaja en entidades públicas.

El secreto bancario y las facilidades para investigar el cohecho en Australia

Por lo general, uno de los principales obstáculos a la hora de investigar casos de cohecho y corrupción es el acceso a las cuentas bancarias. Hay países que por ley protegen el secreto bancario en sus cuerpos legales, mientras que otros no ponen tales cerrojos y permiten que, a través de un mandato legal, se pueda acceder fácilmente a información relacionada con los movimientos financieros.

Australia ha sido reconocida por la Oficina de Naciones Unidas sobre Crimen y Drogas (UNODC) como un país donde no hay -al menos legalmente- cerrojos o razones para rechazar asistencia con base al secreto bancario. De igual manera, una publicación de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile destaca al país oceánico como un país sin secreto bancario, al igual que Canadá.

Desde una perspectiva comparada, el Índice de Secreto Financiero (FSI 2022), llevado adelante por la organización Tax Justice Network ubica a Australia en el lugar 37 a nivel mundial en cuanto a su opacidad. Esta medición analiza el margen de opacidad financiera de los sistemas jurídicos y financieros de los países, donde 0 es ningún margen y 100 es margen ilimitado. Este puntaje se cruza con el peso del país y sus servicios financieros prestados a residentes de otros países.

De tal forma, Estados Unidos ocupa el primer puesto con un puntaje de opacidad de 67, seguido de Suiza con un puntaje de 70. El país latinoamericano con mayor puntaje es Panamá, con 73 puntos. Australia ocupa el lugar 37 con 56 puntos; y Chile el lugar 73, con 60 puntos. Más aún, el peso de Australia es de un 0,58 por ciento, esto es, el porcentaje de todos los servicios financieros que proporciona a nivel mundial. Asimismo, Australia es responsable del 0,94 por ciento de los riesgos de secreto financiero de todo el mundo.

Un artículo de Tim Falk en Finder, explica que el impacto económico del lavado de dinero en Australia es alto, pues se estima que le cuesta al Estado entre 10 mil y 15 mil millones de dólares australianos. Además, solo en 2020 se blanquearon más de mil millones de la moneda local a través del mercado inmobiliario. Entre los métodos comunes para el lavado de dinero se describen los casinos, las máquinas tragamonedas y los bienes raíces, entre otros.

Estos datos no solamente demuestran que a pesar de no haber leyes que pongan un cerrojo a las cuentas bancarias en Australia para la entrega de información sobre casos de corrupción, o cohecho, aún hay desafíos para obstaculizar más aún las actividades financieras ilícitas. Sin embargo, la labor de ACLEI se podría considerar valiosa, ya que se asegura de proteger a las instituciones públicas y alertar sobre posibles actos ilícitos de sus funcionarios.

En consideración de esta experiencia podríamos preguntarnos acerca de los desafíos de nuestro país para enfrentar la corrupción, no solamente en el sistema financiero, sino también en las comunas y los territorios.

Desafíos para evitar el cohecho y la corrupción en el caso chileno

Para Cristóbal Hahn, miembro del directorio de Fundación América Transparente, enfrentar el cohecho en Chile va más allá de una cuestión ética, se trata también de un desafío en cuanto al conocimiento y aplicación de la normativa. "Frecuentemente, escuchamos a autoridades o funcionarios justificar errores por su desconocimiento de normas básicas, como la prohibición de contratar familiares directos. Esto resalta la urgencia de mejorar la capacitación y establecer sistemas de prevención del cohecho que no recaigan únicamente en el conocimiento individual de las regulaciones", señaló.

Hahn también destacó la necesidad de examinar detenidamente las municipalidades. "Consideramos valioso el desarrollo de herramientas que identifiquen rápidamente a entidades como consultoras, surgidas sospechosamente cerca de períodos electorales, posiblemente vinculadas a amigos o familiares de políticos. Esta estrategia nos ayudaría a descubrir posibles irregularidades, especialmente en contextos electorales", agregó.

La eficacia de los canales de denuncia es otro aspecto crucial. "Es vital contar con sistemas que faciliten las denuncias anónimas y aseguren su tratamiento serio. Aunque estos canales existen, a menudo funcionan como simples buzones, donde las denuncias se reenvían al ente implicado para que reciba una respuesta meramente formal, sin garantizar un seguimiento o investigación adecuada. Es imperativo que las respuestas municipales insatisfactorias desencadenen acciones concretas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas. De lo contrario, la desconfianza ciudadana inicial puede extenderse también a las entidades que actúan como intermediarias", sostuvo.

Finalmente, Hahn se refirió a la cuestión del secreto bancario y su relación con el narcotráfico y el lavado de dinero. "El avanzado sistema bancario chileno, por su desarrollo y apertura internacional, puede que esté resultando atractivo para el lavado de activos del narcotráfico. Sugerimos que el registro de beneficiarios finales se amplíe más allá del sector público, facilitando la identificación de vínculos comerciales riesgosos también para el sector privado. La transparencia es crucial tanto para el sector público como para el privado, como lo demuestran con sus características propias, los registros utilizados en países como Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo o EE.UU., entre otros", sentenció.

Estas reflexiones de parte del representante de la Fundación América Transparente subrayan que superar el cohecho demanda una combinación de educación, herramientas eficaces, canales de denuncia robustos y mayor transparencia financiera.

Por equipo Asia Pacífico: asiapacifico@bcn.cl