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Asia Pacífico | Observatorio Parlamentario

El anuncio de Japón de acelerar la instalación de fibra óptica en todo el país

02 julio 2020

A raíz del coronavirus y la necesidad de llevar las clases a plataformas en línea, el gobierno nipón preocupado por niños, niñas y jóvenes sin posibilidad de conectarse a Internet producto del aislamiento geográfico, comprometió un presupuesto de casi 500 millones de dólares para asegurar la conectividad de todo su territorio.

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Tanto la OCDE como Unesco han hecho llamados para que los gobiernos prioricen el desarrollo de infraestructura para incrementar la conectividad, principalmente en áreas rurales. Ante esta necesidad, Japón comenzó a expandir su red de fibra óptica en zonas aisladas como montañas y territorios insulares. Más detalles, en la siguiente nota.

Fondo para costear el 90 por ciento de la infraestructura

El gobierno japonés anunció que para marzo de 2022 pretende completar la instalación de fibra óptica en todo el país. Esto, motivado principalmente por las necesidades de la educación, pues debido a las medidas de confinamiento la demanda por clases en línea ha aumentado considerablemente. Esto ha revelado que a pesar de la alta tasa de penetración, aún siguen regiones geográficamente aisladas que no cuentan con las mejores condiciones para conectarse a Internet.

En una nota del Japan Times se señala que el Ministerio de Comunicaciones nipón adelantará su plan para implementar la banda ancha en todo el país a dos años. Para ello, dispone de un presupuesto de casi 500 millones de dólares que apoyarán financieramente a los gobiernos locales, pero también a empresas locales que suministran telecomunicaciones. Se espera que con estos subsidios se cubra hasta en un 90 por ciento los costos de construcción de las redes que son necesarias para llevar a cabo servicios en línea.

Esta medida tiene como objetivo aumentar el acceso a la conectividad a alrededor de un uno por ciento de los hogares japoneses que se encuentran en áreas rurales o en territorios insulares. Aunque se trate de un uno por ciento, son en total más de 660 mil hogares que no cuentan con acceso a las redes. De igual forma, el medio japonés da cuenta que el ministerio inicialmente había proyectado la reducción en la cantidad de hogares sin conexión a 180 mil para marzo de 2024.

Según datos de la OCDE para junio de 2019, Japón con un 75 por ciento es el segundo país con mayor acceso a conexión vía fibra óptica detrás de Corea del Sur. Tanto el promedio de la OCDE como Chile se mantienen debajo del 30 por ciento. Más aún, esta alta cobertura en Japón se da incluso a pesar de las dificultades geográficas, como por ejemplo las grandes extensiones de zonas montañosas.

Necesidad de infraestructura que garantice el acceso a Internet para la educación

Si bien la educación y principalmente las plataformas no presenciales requieren de varios tipos de recursos como computadores y personal capacitado, no hay estrategias de educación digital que sean exitosas sin una buena infraestructura. Así lo estima un reporte de 2017 de la Internet Society, que señala la importancia de invertir en infraestructura, a la vez que se avanza en buenas prácticas de gobernanza que apoyen el ecosistema de Internet.

Aunque el acceso a la banda ancha es desigual, tanto entre países como entre zonas urbanas y rurales, el reporte plantea que es necesario que los gobiernos establezcan marcos legales que alienten la inversión, incluso la innovación en modelos de infraestructura digital y acceso local. Dentro de tales planes o estrategias -señala – es necesario incorporar las necesidades de las escuelas y las universidades, a modo de garantizar el acceso universal, pero también estar al día con la variedad de nuevos recursos para el aprendizaje.

En la misma línea, la OCDE en otra publicación da cuenta de la necesidad de mejorar la conectividad en áreas rurales en tiempos de pandemia. “Las medidas de confinamiento orientadas a aplanar la curva en las tasas de infección mediante la reducción de la movilidad, ha detenido la entrega de algunos servicios, esto se ve notablemente en la educación. Trabajadores, niños, niñas y adolescentes pertenecientes a todos los países de la OCDE tuvieron que comenzar a trabajar y estudiar de forma remota utilizando medios digitales. Sin embargo, su capacidad para hacerlo ha sido variable”, señala el informe.

Las razones por las cuales la migración de actividades desde medios convencionales a digitales no ha sido una buena experiencia para todos los países, radica en que grupos de estudiantes no pueden participar en las plataformas de enseñanza a distancia debido a la falta de infraestructura digital y servicios digitales deficientes. “Mientras que el 85 por ciento de los hogares urbanos tiene acceso a 30 Mbps de banda ancha, en las regiones rurales solo el 56 por ciento de los hogares rurales tenían acceso”, agrega el informe.

Proyecto de ley para garantizar equidad digital para el acceso a la educación en nuestro país

Un proyecto de ley para incorporar el principio de equidad digital entre los estudiantes en la Ley General de la Educación, fue presentado en la Cámara de Diputadas y Diputados. Su propósito es que en tiempos de pandemia se garantice el acceso a Internet con el fin de que niños y niñas de escuelas rurales y de zonas aisladas, lleven adelante sus clases y no queden rezagados en comparación con quienes estudian en el centro del país.

Su autora, la diputada Sandra Amar, comentó sobre la necesidad de establecer el principio de equidad digital en el acceso a la educación como un derecho para todos los y las estudiantes. “Tiene también como objetivo generar en nuestros gobiernos políticas públicas que promuevan medidas tendientes a asegurar el acceso de los niños al material educativo en sus establecimientos educacionales vía remota, más aún en momentos de crisis como los que estamos viviendo con el Covid-19”, señaló.

Asimismo, comentó sobre el sentido de este proyecto que buscaría incorporar a estudiantes que hoy se encuentran con serias dificultades para acceder a clases y recursos de aprendizaje. “Esta ley además se fundamenta en la necesidad de terminar con el aislamiento geográfico en materia de educación, asegurando la equidad para niños y jóvenes de establecimientos educacionales, sobre todo en zonas rurales o aisladas geográficamente de los puntos más cercanos a las ciudades”, agregó.

Por último, se refirió a la forma como este proyecto, en caso de aprobarse, beneficiaría a la región que representa. “En el caso de la región de Magallanes este proyecto es muy significativo considerando que presenta una conformación geográfica con varios puntos donde la educación presenta características de zona aislada y eso lo vemos en establecimientos educacionales de pequeñas y apartadas localidades en todas nuestras provincias como Última Esperanza, Tierra del Fuego y la Antártica. Con la creación además de un estatuto protector para estudiantes se asegura más allá de lo que consagra nuestra Constitución que la educación es un derecho, con equidad y un proceso que no se ve interrumpido por situaciones que afecten el desarrollo y la sana convivencia en nuestra sociedad”, sentenció.


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