Australia propone prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años

La propuesta fue anunciada en la Cámara Baja del Parlamento el 21 de noviembre de 2024, generando una amplia discusión en la sociedad y entre expertos sobre sus implicaciones. Expertos en bienestar infantil han expresado preocupaciones sobre los posibles efectos adversos de la prohibición, además de la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección y la libertad de acceso a información. La iniciativa se encuentra en proceso de revisión por el Senado australiano, donde se debatirán sus detalles y posibles repercusiones. Más detalles, en la siguiente nota.

Una propuesta inédita y controversial

El gobierno australiano anunció su iniciativa para prohibir a niños menores de 16 años el acceso a las redes sociales. Esta propuesta -descrita como necesaria- fue presentada en la Cámara Baja del Parlamento el jueves 21 de noviembre de 2024 por el primer ministro Anthony Albanese, quien además agregó que se trata de un proyecto pionero a nivel mundial.

Una nota de la BBC plantea que aunque muchos padres han acogido con satisfacción esta medida, hay también cuestionamientos por parte de algunos expertos respecto de la conveniencia de prohibir a los niños el acceso a las redes como X, TikTok, Facebook e Instagram, así como los posibles efectos adversos de tal decisión. Sin embargo, Albanese afirmó que la prohibición tiene como objetivo proteger a los jóvenes de los daños asociados. "Este es un problema global y queremos que los jóvenes australianos disfruten de una infancia plena. Queremos que los padres tengan tranquilidad", señaló en la publicación.

Este documento que para el cierre de esta edición estaba ad portas de ser revisado por el Senado australiano establece que es responsabilidad del regulador de Internet del país, el Comisionado de eSafety determinar cómo implementar y hacer cumplir las reglas que entrarán en vigor 12 meses después de la aprobación de la legislación. La más llamativa de ellas es que la prohibición se aplicará a todos los menores de 16 años, sin excepciones para los usuarios existentes o aquellos que cuenten con el consentimiento parental.

Aumentar la protección del ecosistema en línea: detalles de la iniciativa

Lo primero a tener en cuenta es que el Proyecto de Ley de Enmienda de Seguridad en Línea (Edad Mínima en Redes Sociales) 2024 modifica la existente Ley de Seguridad en Línea 2021, al establecer una edad mínima para el uso de redes sociales.

Pero también innova en que responsabiliza a las plataformas por la seguridad de sus usuarios. En la argumentación de la ley se sostiene que hasta ahora las empresas de redes sociales han estado incentivadas a maximizar la participación del usuario y el tiempo que estos pasan en las plataformas, algo que “resulta perjudicial para niños y jóvenes que son los más vulnerables a los riesgos”. Más aún, la iniciativa cita al director ejecutivo de un importante servicio de streaming quien señaló que: "competimos incluso con el sueño".

En consecuencia, se sostiene que los nativos digitales crecen en un ecosistema en línea donde la protección entregada por las redes sociales no ha evolucionado al mismo ritmo que los peligros, de manera tal que el proyecto es un paso significativo hacia un cambio de paradigma al establecer una obligación clara para las plataformas, esto es, tomar medidas razonables para prevenir que usuarios menores de edad abran cuentas.

El proyecto de ley señala que esta medida va en sintonía con una creciente expectativa de que estas plataformas deberían operar bajo una licencia y asuman una responsabilidad social por la seguridad de sus usuarios, especialmente niños y jóvenes. De tal forma, proteger la salud y el bienestar de los usuarios más jóvenes requiere una respuesta regulatoria robusta por parte del gobierno y “Australia ha demostrado un liderazgo constante en el ámbito global de la seguridad en línea”, ya que con la introducción de esta iniciativa el país oceánico continúa siendo un referente para otros gobiernos con intereses similares.

¿Por qué establecer una edad mínima para el uso de las redes sociales?

Con el establecimiento de una edad mínima, el proyecto de Albanese intenta proteger y no aislar a los jóvenes australianos, en consideración de que no existe consenso sobre cuál es la edad adecuada para su uso seguro, pero también que las experiencias de los niños con las redes sociales varían, por lo tanto, los servicios difieren en su propósito estableciendo distintos niveles de riesgo para sus usuarios.

Entre las fuentes reseñadas por el proyecto están los Términos de Servicio de todas las principales plataformas es de 13 años. Esta normativa proviene de una decisión del Congreso estadounidense en 1998 que prohíbe a los sitios web recopilar información sobre niños menores de 13 años sin consentimiento. Sin embargo, esta legislación fue establecida antes del surgimiento real de las redes sociales ni se basa en evidencia.

Otra de las fuentes aludidas en un estudio de opinión pública aplicado en Nueva Gales del Sur (NSW) bajo el título “Have Your Say" con más de 21 mil respuestas sobre el uso y el impacto de las redes sociales, entre agosto y septiembre de 2024. Los resultados fueron claros: el 87 por ciento de los encuestados apoyó la idea de establecer una edad mínima. Entre quienes tenían 16 años o más, la edad más comúnmente sugerida fue 16 años, con un 40 por ciento. La segunda opción más popular -con un 25 por ciento- fue de 18 años. Por lo tanto, la edad promedio sugerida de 16.2 años.

Así, con el establecimiento de una edad mínima se busca cumplir con las expectativas de minimizar la exposición entre los jóvenes. Al mismo tiempo, se prevé la elaboración de normas legislativas que excluyan servicios específicos, como aplicaciones de mensajería y aquellos que apoyen principalmente la salud y educación, asegurando que los jóvenes continúen teniendo acceso a actividades beneficiosas en línea, como por ejemplo, conectar con amigos y acceder a servicios comunitarios.

¿Pero cómo este proyecto pretende que la ley obligue a las plataformas a cumplir con las restricción de edad? La responsabilidad recae sobre las plataformas para implementar sistemas y procesos que demuestren que personas menores de la edad mínima no pueden abrir ni mantener cuentas. Si bien no se pretende aplicar algún tipo de sanción a las plataformas por casos aislados donde jóvenes logran eludir medidas adecuadas, sí podría darse ante una falla sistemática para limitar tales elusiones, por lo que ante este escenario se podría caer en incumplimientos.

Por lo tanto, en virtud de que la responsabilidad recae en las plataformas, no se consideran sanciones para aquellos usuarios que siendo menores logren acceder a las redes sociales restringidas Esto se extiende también a sus padres o cuidadores. De esta manera, el proyecto reconoce que es imposible para los gobiernos eliminar por completo el acceso de los jóvenes a productos o contenidos perjudiciales, por lo que se debe estar preparado para que algunos individuos quebranten las reglas o escapar del control.

El proyecto señala que creará nuevas disposiciones sobre sanciones civiles y las multas por incumplimiento podrían ascender a 9.9 millones de dólares australianos. Para entidades corporativas, esta cifra podría aumentar al equivalente de 49.5 millones. Además, se considera el aumento de las sanciones por incumplimiento en la Ley de Seguridad en Línea respecto a los códigos y los estándares establecidos por la industria.

Una opinión sobre esta medida tuvo Luis Felipe Rojas, docente y coordinador académico del Liceo María Luisa Bombal, para quien es innegable que las redes sociales tienen una gran influencia en los adolescentes y también en los adultos. “Afectando nuestra identidad, comportamiento, forma de pensar y actuar. En el ámbito educativo, hay opiniones que sugieren que el acceso a las redes sociales puede provocar un bajo rendimiento académico, falta de sueño, disminución de la capacidad de atención e incluso problemas de autoestima. Sin embargo, no creo que la solución sea prohibir el acceso a las redes sociales, ya que esto podría generar frustración y agravar problemas socioemocionales. Es fundamental motivar a los estudiantes y hacer que el proceso educativo sea interesante, integrando la tecnología en lugar de imponer restricciones”, explicó.

Además, señaló que es importante considerar que los niños y adolescentes, hasta los 18 años, pueden no comprender plenamente las consecuencias de sus acciones. “Pueden participar en desafíos virales sin medir el riesgo involucrado. Por ello, en lugar de prohibir el uso de redes sociales, es esencial que los padres desempeñen un papel activo en la educación sobre el uso responsable de la tecnología”, agregó.

En la misma línea, planteó que las familias tienen que conversar y guiar a sus hijos en este aspecto. “Es necesario ayudarles a evitar errores que puedan causarles problemas graves tanto en el presente como en el futuro. La educación sobre el uso de redes sociales debe ser una responsabilidad compartida entre la familia y la escuela. Prohibir su uso podría tener el efecto contrario del deseado”, sostuvo.

Una visión desde los Derechos Humanos

La decisión del gobierno australiano de legislar sobre esta materia no solo provocó discusiones en los medios de comunicación australianos, sino que también la Comisión Australiana de Derechos Humanos públicó un análisis sobre el tema donde valoró que la prohibición propuesta tenga como objetivo proteger a niños y jóvenes contra daños en línea y mitigar el impacto negativo que puede tener el uso descontrolado de redes sociales sobre su bienestar. Este propósito “es coherente con lo estipulado en el Artículo 17 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que promueve directrices adecuadas para proteger a los niños contra información perjudicial, así como el Artículo 19, que exige medidas gubernamentales contra violencia y abuso infantil”, expresó.

Asimismo, plantearon que esta prohibición también podría tener repercusiones negativas sobre derechos humanos fundamentales y que las limitaciones impuestas deben ser legales, necesarias y proporcionales, es decir, utilizar siempre la opción menos restrictiva para alcanzar el objetivo previsto. En otras palabras, si existen métodos menos restrictivos para proteger a los niños contra daños potenciales, estos deberían ser preferidos frente a una prohibición general.

Por otra parte, el Comité sobre los Derechos del Niño ha indicado que los controles no deben restringir el acceso infantil a información digital, ya que su función debe ser evitar el flujo de contenido dañino hacia ellos. Más aún, la prohibición podría afectar derechos consagrados en Tratados Internacionales cuyas temáticas se centran en la libertad de expresión y de asociación, derecho a la educación, la cultura, a la salud y a la privacidad.

Por si esto fuera poco, la Comisión afirmó que la función esencial desempeñada por medios masivos -donde se incluyen las redes sociales- obliga a los gobiernos a asegurar acceso infantil a información diversa e internacionalmente relevante, especialmente aquella destinada al bienestar social y moral del niño.

A esta posición se suma una nota de AP News que destaca la opinión de expertos en bienestar infantil e internet, que alertaron que esto podría aislar a jóvenes de 14 y 15 años de sus redes sociales existentes. Entre ellos Sunita Bose, directora de la Digital Industry Group (DIGI) quien expresó que la medida podría empujar a los jóvenes hacia plataformas menos seguras, además de señalar que un enfoque de prohibición no fomenta mejoras continuas en la seguridad de las empresas.

De tal manera, la discusión sobre la prohibición de redes sociales para menores de 16 años en Australia refleja el delicado equilibrio que existe entre la protección de su bienestar y la salvaguarda de sus libertades fundamentales. Si bien el objetivo es proteger a los jóvenes de contenidos dañinos, es crucial que las soluciones adoptadas no comprometan otros derechos esenciales, como la libertad de expresión y el acceso a información variada.

Aprovechar las oportunidades de la tecnología

Una opinión similar a la planteada por algunas posiciones en Australia tuvo Blanca Bórquez, investigadora BCN en bioética, quien señaló que la prohibición podría tener efectos contrarios. “Negar el acceso, antes que producir un efecto persuasivo, puede fomentar la búsqueda de mecanismos alternativos en condiciones de opacidad difíciles de controlar, dejando a los niños, niñas y adolescentes (NNA) expuestos a mayores riesgos”, comentó.

De igual manera, afirmó que la preocupación por la relación de NNA con el entorno digital no es un tema nuevo. “Ya desde la pandemia por Covid-19, con las consiguientes medidas de lockdown y de masificación del uso de las TICs digitales para el desarrollo de actividades habituales como el trabajo o la educación, se vienen levantando las alertas en el marco internacional acerca de los efectos nocivos que estas tecnologías pueden tener sobre las personas, en particular, los NNA, en especial, cuando el uso de estas herramientas ocurre sin la posibilidad de efectuar una real supervisión por parte de los padres o adultos responsables”, explicó.

En este sentido, coincidió con la posición desarrollada en materia de DDHH en Australia, ya que, se ha observado que el espacio digital es capaz de ofrecer a NNA importantes oportunidades. “El acceso a la información, desarrollo de habilidades digitales, posibilidades de comunicación, etc, pero también, tiene la potencialidad de generar significativos impactos sobre su bienestar físico, mental, emocional y social, pudiendo incluso dejar expuesto al NNA a ser objeto de violencia y/o conductas delictivas. Así, al mismo tiempo que la tecnología puede ofrecer a NNA la posibilidad de ejercer efectivamente sus derechos, puede al limitarlos y hasta conculcarlos”, añadió.

Por otro lado, comentó que el avance exponencial de las TICs ha implicado que los marcos de resguardo y protección se adopten muy tardía o reactivamente. “En cierto modo, la reflexión ética sobre los alcances que las nuevas tecnologías digitales pueden tener sobre la población, ha estado ausente durante el proceso de desarrollo de la tecnología o innovación y solo llega a consolidarse -e incluso, en ocasiones, a considerarse como necesaria- solo cuando su uso se ha extendido y las dificultades surgen”, sostuvo.

De qué otra manera se puede proteger a NNA de los efectos negativos de las redes sociales

Respecto de la posibilidad de proteger a niñas, niños y adolescentes respecto de los daños que puedan ocasionar las redes sociales, Blanca Bórquez manifestó que la educación en todos los niveles y a lo largo de todo el ciclo vital, es fundamental. “Educar sobre lo que significa interactuar en el entorno digital, sobre cómo hacerlo en condiciones seguras, tener claridad sobre qué límites no se pueden traspasar, relevar la importancia del uso y manejo responsable de los datos”, dijo.

Ahora bien, resaltó la idea de que la educación es un proceso permanente y de largo aliento. “Tarda en mostrar resultados. Es necesario acompañarlo entonces de otras acciones, por ejemplo, muchos colegios ante los efectos negativos que han observado entre sus alumnos por el uso de herramientas digitales han definido que toda o una parte determinada de su infraestructura constituye un espacio libre de redes sociales o móviles para promover entre sus alumnos el desarrollo de otras habilidades cognitivas, relacionales o comunicacionales”, señaló.

En cuanto al rol de las autoridades planteó que los Estados podrían exigir mayores niveles de transparencia a las empresas que proveen estos servicios. “El respeto del uso de los datos a los que acceden o poner en conocimiento de sus usuarios cuando estos están interactuando con un bot o IA. También es posible exigir que se limite la disponibilidad de ciertas herramientas cuando se prevea su uso por NNA, como sucede hoy con los filtros de belleza por ejemplo. También podrían exigir la trazabilidad en el uso de la tecnología, el control sobre los contenidos que ponen a disposición. En muchas de estas medidas, contar con lineamientos claros a través de marcos normativos ad hoc resulta fundamental”, sentenció.

Por equipo Asia Pacífico: asiapacifico@bcn.cl