Las medidas adoptadas en Australia para controlar el libre uso de armas de fuego

La ley para restringir armas en Australia ha sido considerada incluso como un modelo a imitar por países con altas tasas de violencia, como es el caso de Estados Unidos. Pese a que cada territorio australiano tiene distintos niveles de restricciones para las armas deportivas, en todo el país se prohíbe la importación, compra, fabricación y utilización de armas automáticas y semiautomáticas. Más de esta experiencia, en la siguiente nota.

Medidas adoptadas luego de una dura experiencia

El 28 de abril de 1996 fue un día triste para los australianos, 35 personas vieron la muerte y otras 20 resultaron heridas. Un hombre de 28 años llamado Martin Bryant, con un rifle semiautomático en la localidad histórica de Port Arthur, en Tasmania, abrió fuego sin mediar provocación en contra de las personas ahí presentes. Minutos antes realizó la misma acción en el café donde almorzó tranquilamente, dando muerte a 18 personas.

Esta tragedia no solo causó conmoción entre los australianos sino en todo el mundo. Por eso, los líderes políticos del país oceánico comenzaron un proceso de reflexión donde el centro de la discusión fue el extendido uso de las armas y la facilidad para adquirirlas en el mercado local. En consecuencia, a pocas semanas de este hecho las autoridades regionales presionadas por los jefes de policía local, instaron al Primer Ministro a que prohibiera el uso de armas, principalmente las semiautomáticas y aquellas fabricadas para la guerra.

La primera medida adoptada por el entonces primer ministro, John Howard, fue suspender la importación de armas, a esto se sumó que el Parlamento acordó un generoso programa para la devolución de las armas, así también revisar la legislación existente en la materia. Sin embargo, con el correr de los meses, la medida adoptada por el gobierno liberal fue la creación del Acuerdo Nacional de Armas de Fuego orientada a regular el porte y uso de armamento en todo el territorio y brindar un marco legal adecuado para prohibir cualquier tipo de importación de armas semiautomáticas.

La ley y sus definiciones para prevenir tiroteos

Esta ley aprobada en 1996 por el Parlamento, a pocos meses de la tragedia de Port Arthur, estableció como primera medida una categorización clara de todos los tipos de armas de fuego y la prohibición a nivel federal de la importación de todo tipo de pistolas o rifles automáticos o semiautomáticos, incluidos folletos instructivos o publicaciones asociadas a ese tipo de armamento. Asimismo, se prohíbe cualquier tipo de venta, reventa, transferencia, porte o manufactura, salvo que se realice por y para efectos militares.

Asimismo, otra de las medidas presentes en la ley es que cualquier adquisición de armas de fuego que no sean automáticas o semiautomáticas tendrá que pasar por un proceso de formalización de la tenencia donde las autoridades policiales tendrán que emitir una respuesta dentro de 28 días. De igual manera, en caso de ser aprobada la tenencia, las personas tienen autorización para adquirir un mínimo de municiones dentro de un período determinado.

De igual manera, este marco legal asegura que bajo ninguna circunstancia, la razón de protección personal se convierta en una razón genuina para adquirir, portar o usar armas, en ninguno de los territorios. Más aún, son causal de cancelación el encarcelamiento por actos criminales, actos violentos realizados en el pasado, declaración de datos falsos, o no tener una condición mental adecuada.

Ley para evitar el tráfico

No obstante la legislación de 1996, la necesidad de controlar de manera más efectiva las armas que ingresan al país de forma ilícita llevaron al Parlamento el 2002 a aprobar el Acuerdo sobre Tráfico de Armas de Fuego. La alta cantidad de armamento ingresado por vías área y marítima, llevó a que las autoridades se alarmen frente al aumento de hechos delictivos realizados con armas no inscritas. Esta realidad supuso que entre las medidas principales de la ley, se encontrara un fortalecimiento de los controles en fronteras.

Asimismo,se introdujeron algunas modificaciones en la ley de 1996 relacionadas con el establecimiento de nuevos delitos como la desfiguración de los números de serie y penas mayores a actos relacionados con las armas, por ejemplo la fabricación clandestina. Asimismo, se establecieron disposiciones más estrictas para el registro y presentación de informes para realizar transferencias de propiedad.

De igual manera, se estableció un marco de acción para la compra de cientos de pistolas legales para declararlas ilegales. Esto después de que un estudiante de la Universidad de Monash, con licencia para el porte de armas, abriera fuego en contra de un grupo de estudiantes. Luego de perpetrado el hecho y tras una serie de exámenes, se concluyó que el atacante no estaba apto mentalmente para portar armas, pese a que contaba con la autorización legal.

Tal suceso llevó a que entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2003 se compensara a los propietarios que devuelvan sus armas de fuego y accesorios a las autoridades estatales o territoriales. En esta iniciativa se consideraron pistolas legales, principalmente las que se importaron con fines deportivos o recreativos.

Control de armas en la realidad chilena

A comienzos de septiembre de 2018 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que modifica la ley 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, con el fin de prohibir la celebración de convenios que promuevan el uso de armas de fuego. Una de sus autoras fue la diputada Catalina del Real, quien se refirió a la necesidad de tomar medidas para resguardar a los ciudadanos.

En su opinión, hay acciones por parte de autoridades locales que desconocen el trabajo realizado para erradicar las armas de fuego de los barrios. “Este proyecto de ley, junto a la diputada Paulina Núñez, surge a raíz de un convenio que hace la municipalidad de La Reina con una institución privada que enseña a disparar. Para nosotros no existe nada de malo con que existan privados que tengan este tipo de emprendimientos, lo que no nos parece es que estas actividades se fomenten a través de las municipalidades.

Asimismo, la parlamentaria se refirió a la conveniencia de que los ciudadanos se alejen de las armas de fuego. “Como gobierno no respaldamos que cada persona tome la justicia por sus propias manos. En primer lugar porque no corresponde por ley y en segundo, porque es peligroso. El hecho de que se cuenten con armas en las casas y que además ingresen ladrones también armados, las probabilidades de que se armen tiroteos son altas, lo que genera fallecidos. Algo similar sucede en las posibilidades de que se produzcan tiroteos como en Estados Unidos, donde participan personas que no están en sus plenas facultades mentales. Hemos visto como se producen balaceras en las escuelas y en lugares con mucha gente como en discotecas, y es justamente eso lo que no queremos. Por eso es que buscamos prohibir cualquier tipo de convenios de parte de cualquier institución del Estado que no sean las encargadas de seguridad”, sentenció.