El esfuerzo de Australia y países del Sudeste Asiático por proteger a las mujeres de la trata

A propósito del Día Internacional de la Mujer, buscamos en el Asia algunos avances en el ODS 5. En esta indagación y frente a las dificultades que supone la falta de datos oficiales sobre igualdad de género, encontramos el acuerdo para contrarrestar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, firmado entre Australia y los países del Sudeste Asiático en el contexto de Asean. Este acuerdo tiene entre sus objetivos, frenar la trata de mujeres y niñas hacia China, con el fin de que sean comercializadas como esposas. Más detalles de esta iniciativa, a continuación.

Avances y desafíos en la Región Asia Pacífico

Al igual que sucede en el resto del mundo, la región asiática y el Pacífico presentan grandes desafíos en el cumplimiento de la Agenda 2030 y particularmente en el ODS 5 sobre igualdad de género. A esto se agrega la falta de datos públicos y oficiales que permitan una profundización en las metas e indicadores de este objetivo.

Según el reporte 2019 de la Comisión Económica Social para Asia Pacífico (Unescap por sus siglas en inglés) sobre el cumplimiento de dicha región con los ODS, la discriminación en contra de niñas y mujeres, y el liderazgo femenino son los únicos indicadores donde se evidencian avances, mientras que las otras metas como violencia, matrimonios prematuros, o derechos económicos igualitarios, se encuentran sin información disponible.

Dicho informe declara que en algunas subregiones las dos metas registradas no tienen garantizado su avance a futuro, es decir que tanto en la discriminación como en liderazgo la situación incluso podrían empeorar. Una perspectiva general muestra el informe sobre el ODS en la región, elaborado por ONU Mujeres, que con datos propios señala que una de cada dos mujeres ha experimentado alguna forma de violencia física o sexual en los últimos 12 meses.

La trata de mujeres con fines de esclavitud y explotación en el Asia

Uno de principales problemas que deben enfrentar las mujeres, principalmente las mujeres pobres de los países pobres, es la trata con fines de esclavitud y trabajo sexual. Esta realidad también afecta a niños y niñas.

Aunque la trata de personas es una actividad ilícita sobre la que hay escasez de datos a nivel mundial, es una preocupación constante de organismos internacionales y grupos de activistas. De hecho, la realidad que viven millones de mujeres al ser traficadas es uno de los ejes de la Agenda 2030 que en su meta 5.2 plantea “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”.

En el caso del Sudeste Asiático esta realidad cobra especial relevancia, ya que existen prácticas con fines comerciales que, en ocasiones, se llevan a cabo bajo la indiferencia de instituciones y autoridades, incluso son culturalmente aceptadas. Un caso notorio de esto ha sido la trata de mujeres y niñas desde países como Tailandia, Vietnam o Myanmar hacia China, con el propósito de ser vendidas como esposas.

Tal realidad fue visibilizada por agrupaciones anti tráfico humano en un encuentro realizado en Kuala Lumpur en junio de 2019. En un comunicado, expresaron que los países del Sudeste Asiático deben aplicar las leyes en sus fronteras y poner fin al creciente número de novias vendidas al gigante asiático, que con su antigua política de un solo hijo creó un desequilibrio de género.

En una operación realizada por la policía china durante seis meses durante 2018, se rescataron más de 1.100 mujeres provenientes de Cambodia y Vietnam. Frente a este escenario, las agrupaciones exigieron más políticas de prevención y mayores esfuerzos para combatir el problema al interior de los propios países emisores, ya sea a través de políticas que ataquen la pobreza, pero también que ataquen las prácticas ilícitas.

La trata de mujeres y niñas en el Sudeste Asiático ha sido relevada también por Human Right Watch, quienes en un informe dan cuenta de la realidad que viven mujeres del norte de Myanmar, donde habita una minoría étnica que las hace más vulnerables debido a la pobreza y la ocurrencia permanente de conflictos. Por lo general, son engañadas por reclutadores intermediarios, quienes les ofrecen empleos bien pagados en la costa de China. Una vez en el país de destino, quedan a merced de estos intermediarios quienes las venden entre tres mil y 12 mil dólares a familias chinas.

Luego de ser compradas, son presionadas para tener hijos lo más pronto posible.

Australia y Asean se unen para combatir la trata de mujeres y niños

Como una manera de poner fin a este ilícito que perjudica a mujeres y niñas, la Reunión Ministerial Asean-Australia llevada a cabo en agosto de 2019, logró un importante acuerdo de colaboración para contrarrestar el tráfico de personas en el Sudeste Asiático. Este tratado se fundamenta en el hecho que hay más de 40 millones de personas en el mundo que son víctimas del trabajo forzado y explotación sexual, según cifras de 2016 de la Organización Internacional del Trabajo, la gran mayoría son mujeres y el 70 por ciento del total se encuentra en esta región asiática.

A tal efecto, el plan considera un monto de 54 millones de dólares para que al 2030 se optimice el funcionamiento de los tribunales de justicia de los Estados miembros, además de implementar planes de cooperación entre los países, a modo que puedan dar respuesta a este flagelo que persiste en la región. De los 10 países que conforman Asean, solo Filipinas ha hecho esfuerzos significativos para cumplir con los estándares, mientras que Myanmar y Laos son los que tienen peores resultados en esta materia.

Esto es comentado por Grant Wyeth en un artículo publicado en The Diplomat, donde señala que la trata de personas es una práctica más que normal en el Sudeste Asiático. Más aún, la explotación sexual de mujeres y niñas es compleja, ya que muchas consienten inicialmente su proceso de migración a través de un intermediario, incluso por su propia voluntad, y es cuando llegan a su lugar de destino que han sido engañadas y pueden ser explotadas. Estas prácticas proliferan en Estados que tienen leyes laborales débiles y amplios espacios para la economía informal.

Es por ello que la iniciativa de Asean-Australia promueve un enfoque centrado en la justicia penal, cuyas instituciones pueden ser reforzadas a través de mecanismos de cooperación internacional, que también influyan en la protección y prevención de estos actos. En síntesis, el fortalecimiento de los marcos judiciales son esenciales para comprender y rastrear el problema. Además de cumplir con la Convención de Asean en contra de la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Actip por sus siglas en inglés) firmada en 2004.

La trata de personas en la realidad chilena

Aunque nuestro país cuenta con la ley 20.507 de 2011 y es considerado como un país que cumple con los estándares internacionales en la materia, existen aún aspectos que mejorar. Según el Reporte 2011-2018 de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas del Ministerio del Interior, entre dichos años se han registrado 228 víctimas, de las cuales 106 son mujeres. De estas, un 65 por ciento de ellas se corresponde con trata sexual.

Para Francisca Barros Sánchez, cientista política, investigadora de la ANEPE y la Fundación Libera Contra la Trata de Personas, la realidad en nuestro país no es peor a la de otros países, por el contrario, la ley ha permitido que se lleve adelante un Plan de Acción Nacional que ha tenido buenos resultados. “Trabaja en cuatro ámbitos: prevención, persecución del delito, protección a víctimas y cooperación entre sectores. Esto avanzó bastante rápido en pocos años. Pero de todos los ámbitos, en prevención es donde tenemos más desafíos, pues es necesario entregar más información y en diversos idiomas. Lo mismo en la educación, pues hay muchas personas que no saben lo que es la trata, aún piensan que es trata de blancas, pero se trata de un fenómeno más complejo”, señaló.

Otro de los aspectos que cree necesario mejorar son las consecuencias jurídicas del delito. “Si se compara con otros países, la ley aquí condena entre 10 o 15 años, mientras que en otros, frente a una situación agravada donde además de trata hay abuso sexual, se considera la pena máxima. En Chile lo máximo son 15 años. Incluso muchos victimarios no reciben pena de cárcel sino que quedan en libertad condicional. Por lo tanto, pienso que es necesario fortalecer la ley, hay proyectos para hacerlo, pero están parados”, agregó Barros Sánchez, quien también es autora de un libro sobre la materia.

En relación a la posibilidad de lograr una coordinación regional con otros países de la región, comentó que hay una parte del plan que habla de cooperación. “Sin embargo, como la gran mayoría de las víctimas son extranjeras y han llegado por tráfico ilícito, esto es necesario. Yo sé que Chile tiene buena comunicación con los países vecinos, policía con policía y se ha avanzado en eso. Ahora bien, una iniciativa regional mejor coordinada sería una buena idea y una buena manera de afrontar este tipo de delitos que no tienen fronteras y donde las principales víctimas son extranjeras. Por eso la coordinación es importante, no solo para prevenir sino para darle protección a las víctimas”, comentó.

ODS 5 en el Asia Pacífico: una cuesta empinada

A una década de culminar su horizonte, la Agenda 2030 se vislumbra aún como un terreno colmado de grandes desafíos. Uno de ellos es el de lograr mayor igualdad de género, pues a pesar de grandes avances, mujeres y niñas aún viven en contextos adversos, donde encuentran diversos tipos de discriminación y violencia. Cabe destacar que dicha realidad no se corresponde a una región geográfica específica, sino que es patrimonio vergonzoso de todo el planeta.

El informe sobre el cumplimiento los ODS a nivel global durante 2019, muestra que las mujeres siguen enfrentándose a desventajas estructurales, a pesar de que se evidencian avances en algunas metas. Por ejemplo, la violencia de pareja, que afecta a mujeres de todos los países, es decir, no diferencia entre etnias, pero tampoco edades ni situación socioeconómica. Esto se expresa en que el 18 por ciento de niñas y mujeres, entre 15 y 49 años ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su compañero íntimo.

Parte de esta realidad se explica por otro hecho que es señalado por el informe: en demasiados países existen vacíos en los marcos jurídicos. La vida pública sigue dominada por hombres y la falta de leyes aún repercute en que existen formas de discriminación directas e indirectas, incluso formas de violencia y sometimiento en contra de la mujer que no son sancionadas por los cuerpos legales