El avance de Nueva Zelandia hacia un modelo de pesca sostenible

A través del uso de sistemas tecnológicos que permitan el monitoreo de la recolección y el empleo de formas más eficientes de arrastre, el gobierno pretende el control de los límites de captura establecidos y hacer efectivos los derechos anuales que adquieren grandes, medianos y pequeños pescadores.

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El avance de Nueva Zelandia hacia un modelo de pesca sostenible

El 2015 el Ministerio de Industrias Primarias impulsó un proceso de consulta ciudadana con el fin de modernizar el sistema de administración pesquera con el objetivo de asegurar que el manejo de los recursos fuera justo y sustentable. Si bien este proceso llamado El futuro de nuestras pesqueras no ha visto totalmente la luz, se espera que logre avances concretos en regulación ambiental y en el uso responsable de los recursos. Una revisión de esta experiencia, en la siguiente nota.

Necesidad de actualizar la política pesquera

Nueva Zelandia se reconoce como un país dependiente del entorno natural para que sus habitantes se ganen la vida, principalmente del mar, pues es gracias a este recurso que llegan millones de turistas al año, estudiantes e inversores. También es una fuente de recursos importante de donde se producen alimentos, energía, transporte, además de ser el lugar donde se realizan prácticas recreativas y culturales. Es por ellos que el océanos es el lugar de donde pescadores de todos los tamaños extraen distintos tipos de especies.

Sin embargo, la importancia de este recurso no ha estado dentro de las prioridades legislativas en las últimas décadas, pues las leyes encargadas de regular los recursos naturales y la actividad pesquera tienen 30 años de vigencia. Según un informe de la Ocde publicado en marzo de 2017 sobre desempeño ambiental se señala que “el crecimiento económico del país asiático ha comenzado a mostrar sus límites ambientales, principalmente por la contaminación del agua y la amenaza a la biodiversidad”. Por esta razón es que el organismo instó al gobierno neozelandés a crear nuevas oportunidades económicas que generen usos más sostenibles y desarrollar una visión a largo plazo de una economía más verde y baja en carbono.

Las conclusiones del informe tuvieron eco en la sociedad civil neozelandesa, cuando la Environmental Defence Society (EDS) publicó un informe documental Voces desde el Océano: Manejando las pesqueras de Nueva Zelandia, donde se muestra a través de imágenes y testimonios los éxitos ambientales y los fracasos del sistema actual, pero también hace un llamado para que se realice una reforma de la gestión pesquera, que no solamente tenga una planificación más completa sobre la industria, sino que la política de pesca sea regulada por una nueva agencia de océanos.

Estas consideraciones coinciden con la idea de revisar el sistema de manejo de los océanos, llevada a cabo el año 2015 por el Ministerio de Industrias Primarias. Entre las razones más importantes para tomar tal decisión estaba el hecho que habían 15 mil especies presentes en los 4,4 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. De esto, cerca de 420 mil toneladas de pescados se explotarían mensualmente durante 2016, lo que generaría más de ocho mil empleos, principalmente para el procesamiento de los productos. Según cifras del propio ministerio, más de un 90 por ciento de los productos son exportados, lo que genera ganancias que superan el 1,3 millones de dólares.

Fortalecer el sistema de gestión para asegurar la sostenibilidad

El replanteamiento de la política que regula la pesca ha tenido como objetivo principal que tanto las actividades recreativas y comerciales de Nueva Zelandia se gestionen de manera sostenible. Para ello plantea el fortalecimiento del sistema de gestión pesquera para garantizar la sostenibilidad a traves de dos programas, uno de seguimiento digital, que precise y actualice la información sobre el monitoreo de la actividad comercial y otro para ajustar las técnicas de explotación del recurso.

El primero, consiste en desarrollar un nuevo sistema digital cuyo fin es rastrear la actividad pesquera comercial. Esto permitirá la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de verificación para que los informes de explotación sean más precisos. Esto supone que los barcos de pesca comercial emitan informes electrónicos de sus capturas para conformar libros de registro electrónico. Asimismo, la digitalización supone la necesidad de contar con informes electrónicos de posición, para verificar dónde y cuándo ocurrió la pesca. Por si fuera poco, se platea la posibilidad de realizar un monitoreo electrónico con cámaras a bordo.

Otro de los aspecto a reformar por el MPI es un cambio en las regulaciones para que la pesca comercial utilice nuevas tecnologías para el arrastre. Estas nuevas tecnologías no solo permiten un mayor control por parte de la autoridad en relación a las recolecciones, sino que logrará un impacto positivo en la biodiversidad marina, ya que reducirán la captura accidental de especies como aves o peces en peligro de extinción.

Ambas medidas, más que una decisión unilateral tomada por el Ministerio, fue sometida a una consulta ciudadana con el fin de que todos los involucrados, principalmente pequeños, medianos y grandes pescadores, además de otros stakeholders, decidan si son convenientes para la generación de empleo, contribuyen al manejo sostenible del mar neozelandés y aseguran que los recursos pesqueros perduren en el tiempo. Ambas medidas fueron aprobadas en marzo y abril de 2017

Cuotas para la pesca sostenible

A pesar de todo el replanteamiento que realizó el el gobierno neozelandés para modificar las condiciones de pesca y avanzar a una mayor sostenibilidad, desde 1986 es uno de los países en el mundo con mayor conciencia en el cuidado de las especies marinas. Dicho año se estableció el llamado cuota sistema de gestión (QMS por sus siglas en inglés) donde se establecen 100 especies permitidas comercialmente, las que se dividen en 638 poblaciones.

Este orden en la disponibilidad de las especies permite el establecimiento de límites para la captura anual. Según un documento del Ministerio de Industrias Primarias, al controlar la cantidad de peces extraídas por las pesqueras, se garantiza la sostenibilidad, ya que aseguran que siempre se mantenga un stock permanente de especies. Si los límites de captura establecidos por el QMS no son respetados por las pesqueras, se establecen sanciones financieras o la prohibición de pescar.

La idea que respalda el QMS es que los pescadores tienen a través de una suerte de arriendo, los derechos para la captura de determinadas porciones de la Captura Total Permitida (TAC por sus siglas en inglés) de una determinada especie. Aunque las cuotas de una especie se pueden intercambiar por otras, el TAC supone un proceso de evaluación de la actividad que incorpora datos de la biología marina en contraposición con la información entregada por las pesqueras. Hasta el 2017 existían TAC para 640 poblaciones de peces, que representaron alrededor de 620 mil toneladas.

El establecimiento de esta captura permitida ha permitido la concesión de subsidios a las comunidades maoríes para que desarrollen técnicas de pesca tradicional, como también que se desarrolle la pesca recreativa. Sin embargo, todos los actores involucrados en la pesca, ya sean pequeños pescadores como grandes comerciales, deben adquirir derechos anuales de captura, los que al momento de hacerse insuficientes pueden ser comprados a otros pescadores que no hayan completado su cuota, pues los derechos anuales de captura se pueden comprar, vender y arrendar.

Posibles avances en la pesca sostenible en la realidad chilena

En nuestro país la realidad de la pesca es distinta a la neozelandesa, aunque existen puntos en común respecto de la necesidad de mejorar las capacidades de información y monitoreo de la actividad. Al menos así lo cree el ex diputado y presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Juan Morano, quien cree que los derechos de pesca tienen que ser controlados totalmente por el Estado. “No puede ser patrimonio de empresas porque eso perjudica la actividad. Es preferible administrar recursos pesqueros de una forma distinta a como se hace hoy, donde las licitaciones se hacen por plazos mucho más acotados sin ninguna posibilidad de renovar, guardando una proporción importante que permita sustentar la pesca artesanal y la de sustento, que hoy no está debidamente resguardada. Hay especies que no se pueden capturar, por ejemplo en Magallanes, porque no tienen cuota. Entonces las modificaciones esenciales son tener el control del recurso pesquero por parte del Estado y este administrarlo de forma más acotada, sin renovación automática, ni plazos largos sino más acotados”, señaló.

En relación a la posibilidad de incorporar y actualizar los sistemas tecnológicos en el control de la actividad pesquera, afirmó la necesidad que esto se haga de mejor manera. “En este sentido se está presentando una modificación importante que desgraciadamente de la Cámara de Diputados salió hace más de un año y ahora está de vuelta con algunas modificaciones, que espero sean menores. Esta modificación equipara las responsabilidades entre quien ejecuta el robo de especies como de quienes se benefician a través de la compra del producto, porque hasta ahora solo se responsabiliza a quien pesque ilegalmente pero toda la cadena superior queda sin sanciones y eso debe fiscalizarse con sanciones que hoy no existen. Entonces quienes transportan, frigorizan y exportan tienen que ser sancionados. La pesca ilegal constituye el tercer ingreso irregular en la economía mundial después de las drogas y las armas, por lo tanto tenemos que tener conciencia que este es un problema grave, mayor y que hoy la legislación está atrasadísima en la materia”, agregó.

Por último, Morano coincidió con el modelo neozelandés de consultar a la ciudadanía y actores involucrados a la hora de realizar cambios en el sistema nacional de pesca, principalmente a los pescadores artesanales. “Hay que escucharlos, el Ejecutivo antes de mandar un proyecto debería conversar con los consejos artesanales y el Comité de Consejo Pesquero, y de ahí hacer sus propuestas. Luego, en el trabajo parlamentario invitarlos a exponer a las comisiones, como hicimos muchas veces cuando me tocó presidir, para tener su opinión. Ese es un requisito para los legisladores que tienen que considerar todos esos criterios al momento de decidir, no solo en función de un solo sector determinado”, sentenció.



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