Diputado Boric y la Comisión Independiente Anti Corrupción de Australia: "Es un avance para combatir el compadrazgo en política y el lobby desregulado"

La Comisión Independiente Anti Corrupción (ICAC) es una agencia independiente del Gobierno de Nueva Gales del Sur -Estado de Australia- responsable de minimizar las actividades corruptas y mejorar la integridad de la administración pública mediante la investigación de denuncias y audiencia públicas, que pueden terminar con cargos en el sistema de justicia penal. Conversamos al respecto con el diputado Gabriel Boric, quien ha mostrado su interés por este tipo de iniciativas.

Combatiendo la corrupción

La ICAC fue establecida en 1989 en conformidad con la Ley de la Comisión Independiente Anti Corrupción de Nueva Gales del Sur de 1988 y desde sus inicios ha sido dirigida por un Comisionado que se nombra cada cinco años sin posibilidad de volver al cargo. Esta entidad se encarga principalmente de educar a los políticos y funcionarios públicos acerca de la corrupción y de investigar las denuncias, presentando informes públicos y funcionando de manera absolutamente independiente del Parlamento y el Primer Ministro, incluso en términos presupuestarios.

"Me parece muy interesante, especialmente por las facultades que tiene la ICAC para investigar.  Creo que el avance de las tecnologías de la información y de la comunicación tiene que implicar una modernización del Estado chileno y que la corrupción hoy ha tomado diversas formas, quizá no las mismas de antaño. Por cierto que el parlamento está expuesto a ella, por lo que se requiere una actualización. En este sentido, al igual que ocurre en Australia, creo que hay que dar más facilidades para investigar, siguiendo el debido proceso, este tipo de actos", sostuvo sobre la Comisión el diputado Gabriel Boric.

En cuanto a estructura y funcionamiento, la ICAC tiene jurisdicción sobre los gobiernos estatales y locales de Nueva Gales del Sur, lo que se extiende a todos los parlamentarios, concejales locales, el gobernador, los funcionarios públicos y el personal de las universidades y las empresas de propiedad estatal.

¿Quién puede realizar alguna denuncia? Cualquier persona mediante un formulario web (aunque menos del uno por ciento de las aproximadamente 3.000 denuncias anuales provienen de la audiencia pública). La Comisión tiene el poder coercitivo de un tribunal y puede obligar a los testigos a declarar en audiencias públicas que se han diseñado para actuar como una medida preventiva contra la corrupción. Además, cuando la ICAC estima que un funcionario ha actuado de manera corrupta, los cargos se envían al sistema de justicia penal y se presentan cargos criminales.

Sobre pruebas y derivación a tribunales de justicia

Uno de los aspectos más destacables es que la ICAC también admite pruebas que no serían aceptadas por los tribunales ordinarios -como grabaciones telefónicas- y que en sus audiencias no existe el derecho al silencio de los testigos llamados a dar su testimonio. De hecho, quien se niega a hacerlo se expone a penas de hasta cinco años de prisión.

Además, el  ICAC -que no puede imponer penas privativas de libertad pero sí pedir a la autoridad en cuestión que deje el cargo- puede recomendar que  cargos penales sean considerados por el Ministerio Público, excepto en casos en los que se utilizan las antes mencionadas pruebas telefónicas o correos electrónicos “filtrados”.

Condenas logradas

Desde la década de los 80’ -en la que se destaparon un gran número de escándalos de corrupción en Australia- la UCAC ha logrado varias condenas  entre las que se cuentan la destitución de un ministro por cohecho, de un magistrado por obstrucción a la justicia, la de un jefe de policía por infracciones penales, la de un subcomisario de la Policía acusado de soborno y se han realizado una serie de investigaciones y casos judiciales que involucran a figuras del Poder Judicial y de la policía. Además, en todos estos años se ha desvinculado de sus funciones a decenas de  mandos policiales por delitos relacionados con conductas corruptas.

En marzo de 2014 el ICAC investigó supuestas actividades corruptas en relación con una empresa privada de agua. Se llamó a declarar al Premier Barry O'Farrell como testigo y se le preguntó si recordaba que dicha empresa le había enviado como regalo de una botella de vino de U$ 2978, firmada por el CEO de la compañía. O'Farrell respondió que no recordaba aquel regalo, pero el ICAC presentó como prueba una nota de agradecimiento por el vino escrita a mano por el mismo Premier para el CEO de la empresa. ¿Resultado? O'Farrell de inmediato anunció que renunciaría como líder del partido y como primer ministro, ya que las pruebas demostraron que violó el código de conducta parlamentaria y no declaró correctamente dicho presente.

"Me parece súper bien lo que finalmente ocurrió en este caso, que Australia quiera evitar el compadrazgo en política y el lobby desregulado que muchas entidades realizan y que finalmente terminan mercantilizando la actividad política es sin duda un gran avance", comentó al respecto el diputado Boric.

Actualmente se discute en Australia sobre la labor de la ICAC, que ha recibido el apoyo de algunos sectores de los medios de comunicación y de diversos políticos, aunque también ha recibido críticas por “destrozar la reputación de la gente”. Uno de sus principales apoyos es la nueva Premier, Mike Baird, dijo que "ICAC está haciendo exactamente lo que debe hacer y es algo que voy a apoyar en un 100%". Además, se está evaluando replicar la experiencia de ICAC en todos los estados australianos.