Conozca la forma cómo Nueva Zelandia concilia seguridad y cuidado del medioambiente

Un cuerpo medioambiental de la policía y los oficiales del medioambiente pertenecientes al Ministerio de la Salud neozelandés, son las instituciones encargadas de prevenir la contaminación e investigar hechos que hayan alterado negativamente el ecosistema. Ambos cuerpos se encargan de brindar evidencias al trabajo que realiza la Corte Medioambiental. Una revisión de esta experiencia, en la siguiente nota.

Fuerza policial con vocación medioambiental

La institución policial de Nueva Zelandia no solo tiene entre sus objetivos principales la persecución del vandalismo o mantener el orden en las ciudades y campos del país, también demuestra en sus principios con la protección de la sociedad desde una perspectiva más amplia, que no solo comprenda y actúe oportunamente ante las nuevas formas del crimen organizado, también que proyecte su margen de acción en un contexto global donde la movilidad de las personas es cada vez más rápido y las sociedades están en permanente transformación.

Asimismo, la protección de la ciudadanía supone un proceso que va más allá de los actos vandálicos como se conocen convencionalmente, pues se reconocen acciones complejas que afectan a las personas en su entorno y recursos, esto es la contaminación y la destrucción del ecosistema. Es en este ámbito que la policía neozelandesa cuenta con un cuerpo medioambiental que además de proteger los asentamientos humanos de prácticas nocivas, resguarda preventivamente los bosques y asegura el buen uso del agua.

La protección policial del medioambiente va más allá, en un documento prospectivo publicado en 2011 por la Policía de Nueva Zelandia, se reconoce que el cambio climático es una de las amenazas más importantes para la humanidad y donde el trabajo policial puede de manera significativa contribuir en reducir prácticas contaminantes tanto de personas como de empresas. De esta forma, la contaminación es tratada como una alteración a la ley y al orden, incluso según el caso, como un crimen.

El documento alude al informe de PWC sobre el mundo y sus cambios en la estructura del poder para el año 2050, donde se señala que los desastres producidos por el calentamiento global producirán más emergencias, pero también más por la mayor cantidad de desplazados. Debido a que los niveles de gases efecto invernadero seguirán en aumento –sostiene el informe- lo que repercutirá en eventos climáticos de escasez de agua y por ende de alimentos.

Tal vocación de la policía por la protección del medioambiente ha llevado a que trabaje en conjunto con los Oficiales del Medioambiente y la Salud. Aunque forman parte del Ministerio de Salud, trabajan en conjunto con la policía en investigar y monitorear actos que resulten una amenaza al medioambiente, tales como la polución, contaminación del agua, o ingreso de vectores infecciosos que pongan en peligro la inocuidad de los alimentos y la salud de las personas.

Cuerpo de investigación para la protección del medioambiente y las personas

Los Oficiales del Medioambiente y la Salud pese a trabajar en coordinación con la policía son un cuerpo investigativo no policial, cuyo trabajo más que perseguir criminales ambientales es investigar las causas de actos contaminantes y determinar responsables para que en consecuencia actúe la justicia. Conocido también como Āpiha Hauora Taiao por su nombre en maorí, emplea a profesionales de las ciencias que además de sus cualidades investigativas, puedan educar a la población sobre las amenazas para la salud que producen las acciones contaminantes.

Un ejemplo de esto se da cuando se realizan investigaciones para determinar las causas sobre la contaminación de ríos, terrenos, o la emanación de gases que generan polución. Asimismo, este cuerpo de seguridad ambiental tiene las capacidades para encontrar mosquitos vectores de enfermedades en cargas portuarias, salmonella en alimentos, entre otras acciones. Es por ello que se les exige conocimiento científico sobre el medioambiente, conocimientos prácticos sobre microbiología, procesos biológicos industriales, y uso eficiente del agua.

De esta manera, el conocimiento científico se mezcla con el conocimiento legal de la policía sobre la legislación vigente sobre salud pública, manejo de los recursos naturales, salud y alimentos. Este trabajo en conjunto permite que la Corte Medioambiental cuente con evidencias ante actos criminales de contaminación y permita la disposición de un debido proceso judicial.

Valoración de los cuerpos de protección medioambiental

La posibilidad de impulsar una institucionalidad que proteja el ambiente en una política de largo plazo forma parte del Objetivo de desarrollo Sostenible (ODS) 13, particularmente el 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

La idea de contar en nuestro país con una policía más comprometida con el medioambiente que trabaje activamente y en conjunto con profesionales de las ciencias en la investigación de acciones contaminantes, fue bien recibida por la diputada Catalina Pérez, quien es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. “Todo espacio institucional que vaya en la línea de fortalecer la fiscalización que el Estado hace respecto de impactos ambientales de iniciativa privada o pública, son deseables. Ahora, ese fortalecimiento de la institucionalidad tiene que ser más completo, por eso es que me gustaría que aumentáramos las facultades de las policías y avanzar en una defensoría medioambiental que diagnostique problemas y denuncie donde el Estado no llega para impedir los daños, pero también que ayude a potenciar el rol de las comunidades”, señaló.

Asimismo, la parlamentaria agregó que es necesaria una protección profesionalizada en materia medioambiental. “Siempre que involucremos a la ciencia y a la tecnología en el desarrollo de políticas públicas y fortalecimiento de nuestras instituciones es bienvenido. Sin ir más lejos, hace poco hubo un encuentro de los tribunales ambientales con grupos de científicos para acordar determinados criterios en su gestión jurisdiccional, lo que me parece muy positivo. Mientras tendamos a la especialización de nuestras instituciones, siempre va a contribuir en que hagan mejor su labor”, sostuvo.

Por último, valoró la posibilidad de que las instituciones de fiscalización en nuestro país potencien sus capacidades de prevención y educación de la población. “Esto es muy positivo porque como Estado no hemos podido prevenir los daños, siempre reaccionamos frente a la ocurrencia de determinadas consecuencias ambientales. Sería importante que nos nutriéramos de los avances científicos, tanto para nuestras policías como otras instituciones públicas para que pudiesen hacer su tarea, poniendo más el foco en la prevención que en la mitigación de las consecuencias”, sentenció.