Mataderos y contaminación olfativa: el caso australiano

A raíz del reciente cierre de la planta de distribución de carne de cerdo de Freirina, revisamos la completa legislación que Australia ha instaurado respecto a la contaminación olfativa, considerada en dicho país como un grave problema para la población por las perturbaciones psíquicas y sociales que produce.

Vómitos reiterados, dolores de cabeza, náuseas y stress son algunos de los síntomas que acusaron durante meses los habitantes de la localidad nortina de Freirina, a raíz de la contaminación proveniente de la planta faenadora de la comuna, de propiedad de Agrosuper. Y mientras en el caso chileno la autoridad competente demoró meses en implementar medidas definitivas, en Australia un caso reciente de similares características registró sanciones inmediatas.

Se trata de la procesadora de carne Hawkesbury Valley de New South Wales –el estado más antiguo y poblado del país-, que fue clausurada por el gobierno local tras constatarse la existencia de malos olores que emanaban de la planta hacia áreas residenciales y de graves casos de crueldad animal.

Mientras en Chile se presentó en 2009 un proyecto de ley que busca tipificar la contaminación atmosférica por malos olores o contaminación olfativa (Boletín N° 6577 12), en Australia se legisló al respecto entre 1993 y 2001, contando hoy con una completa normativa legal.

Tras la denuncia realizada por vecinos de la faenadora australiana, una comitiva fiscalizadora integrada por inspectores del Ministerio de Salud, la policía y miembros de agrupaciones de protección animal acudieron a la planta, constatando las transgresiones a la normativa vigente en diversos aspectos.

Junto con la clausura de la planta -por contaminación olfativa, acústica (proveniente de los gritos de los animales) y abuso animal- los dueños de la misma quedaron detenidos, y una serie de antecedentes fueron remitidos a la Sociedad Protectora de Animales, que tiene competencia para enjuiciar, pero también puede emitir advertencias y multas.

A raíz del escándalo, las autoridades competentes indicaron que se está evaluando exigir la instalación de cámaras en todos los mataderos como una forma de preveer focos de posible contaminación olfativa y de maltrato animal.

Según el "Marco técnico para la evaluación y gestión de olores provenientes de fuentes estacionarias" de New South Wales, preparado por la Sección de Política de Aire del Departamento de Medio Ambiente y Conservación -actualizado en noviembre del 2006- “el olor no tiende a atraer el nivel de atención que se presta a los problemas ambientales de más alto perfil, como la contaminación del agua, sin para aquellas comunidades que sufren problemas de malos olores, los impactos son significativos y puede tener un marcado efecto en la calidad de vida”.

El mismo documento indica que el reto de dicho estado en torno a esta problemática es “proteger a las comunidades de olores ofensivos, especialmente si se tiene en cuenta que las industrias que cometen estas faltas dependen de las comunidades para su prosperidad económica”.

La normativa detalla una gama de estrategias de gestión de olores, destinada a minimizar al máximo el impacto de este tipo de contaminación. El documento está estrechamente integrado con el actual marco legislativo establecido por la Ley de Protección del Medio Ambiente de 1997.

Respecto al tratamiento de olores, algunas de las tecnologías utilizadas son la incineración, la depuración, la biofiltración y el uso de carbono activo.

Finalmente, la "Guide for slaughterhouse and processing" obliga a las empresas a:

El caso chileno

El proyecto de ley presentado en Chile el año 2009 que tipifica la contaminación atmosférica por malos olores o contaminación olfativa, aún se encuentra en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente para su estudio. Dicha propuesta busca dar respuesta a un gran número de quejas ciudadanas que ha habido sobre esta materia y sentar un precedente para el tratamiento legal que debe darse a los malos olores emitidos por algunas empresas.

Uno de los autores de la moción fue el senador Guido Girardi, quien al ser consultado por la normativa australiana valoró varias de sus medidas como "la instalación de cámaras y el estudio de impacto olfativo. "Creo además que es un ejemplo de cómo se debe actuar tras recibir una denuncia, de forma rápida y clausurando a la empresa que infrinja las normas, así de simple", declaró.

El congresista señaló también que este tipo de contaminación ha sido objeto de debate en la comunidad científica respecto a qué tipo de efectos fisiológicos tiene, sin embargo, está demostrado que además de producir vómitos y mareos, es tremendamente perjudicial para la calidad de vida de las personas. "Por lo que considero que las medidas que se toman en países como Australia, son serias, y hay que replicarlas", añadió.

Finalmente, Girardi declaró que "he solicitado formalmente el revoque del permiso sanitario de la empresa, ya que además del tema del olor, se constató en sus dependencias abuso animal, ya que los porcinos consumieron agua contaminada con mercurio, en una proporción 18 veces mayor a lo que se permite en la norma, por lo que no solo tenemos un peligro para la salud de las personas, sino también para el bienestar de los animales y del modelo exportador", concluyó.