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Asia Pacífico | Observatorio Parlamentario

Diputada Catalina del Real: “Aún estamos al debe en la inserción laboral de personas con discapacidad”

13 enero 2022

Representante del distrito 11 de la Región Metropolitana, comentó algunos elementos del proyecto "Ley Matías", que establece criterios para facilitar el acceso a los beneficios sociales a personas con discapacidad. En su opinión, además de la rehabilitación el Estado debe hacerse cargo de una inserción real y garantizar igualdad de oportunidades.

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La diputada Catalina del Real se refirió a la iniciativa de su autoría que responde a un caso de discapacidad que es comúnmente replicado, se trata de un joven con parálisis cerebral que al cumplir 18 dejó de recibir beneficios a pesar de no haberse rehabilitado. La iniciativa propone crear herramientas que garanticen el acceso expedito a los beneficios que entrega el Estado. Más detalles en la siguiente entrevista.

Idea de la iniciativa

”La idea nace en 2019 -primero como un proyecto de resolución y luego transformado en 2021 en proyecto de ley- producto de las innumerables trabas que tuvo que sortear un joven llamado Matías que nació con parálisis cerebral y que, además, tenía daño pulmonar crónico, por lo que era oxígeno dependiente.

Su enfermedad era severa e irreversible, pero el problema se agravó aún más tras cumplir 18 años, pues debió comprobar ante las instituciones que seguía con su discapacidad para recibir beneficios del Estado. Matías falleció en 2021 y el proyecto de ley es un compromiso con su madre Edith, pero sobre todo con el propio Matías porque como él hay miles de Matías a lo largo del país”.

Necesidad de establecer en el corto plazo normas sobre igualdad de oportunidades en personas con discapacidad

”Si bien como país hemos avanzado en materia de inclusión, aún resta mucho por hacer. No podemos quedarnos solo en buenas intenciones y debemos como sociedad, pero sobre todo como Gobierno y Poder Legislativo, aunar esfuerzos para propender a entregar las herramientas legales que permitan a las personas con discapacidad sentirse verdaderamente incluidas en el desarrollo del país.

Lamentablemente las trabas, la burocracia, está provocando serios perjuicios y para ello, ya sea mediante resoluciones administrativas o nuevas leyes debemos salvar situaciones como las que debió vivir Matías”.

Necesidad de una “inserción real”

”Más que recibir beneficios para su rehabilitación -que por cierto es deber del Estado hacerlo- lo que se requiere es apoyo para una inserción real en los ámbitos educacional y laboral. Por ello, creo que debemos evaluar el funcionamiento y la aplicación de la ley que establece la inclusión de personas con discapacidad en las empresas, pero también en los organismos del Estado. ¡Aún estamos al debe en la inserción laboral de personas con discapacidad!”.

Facilitar el acceso a los beneficios que entrega el Estado

”Administrativamente SENADIS puede avanzar. Se que han trabajado en ello, pero no podemos realizar estudios eternos para ver cuál o cuáles son las falencias. Existen instituciones que con datos duros nos han demostrado que la burocracia, el papeleo, la ida de oficina en oficina retrasa todo. Por ejemplo, una persona con discapacidad severa, irreversible, no requiere que se actualice su condición al cumplir 18 años, esto debería ser automático”.

Desafíos para reducir las desigualdades

”Lograr que las personas con discapacidad alcancen el máximo de desarrollo, pero no solo eso, sino que se les reconozca en sus capacidades, en sus potencialidades. Esto es algo en lo que debemos trabajar. Hoy nos enfocamos más en sus falencias y se requiere, por tanto, un cambio de mirada.

Quiero insistir en que si bien existen logros, aún falta mucho para obtener la plena integración de las personas con discapacidad. Estoy segura de que con un trabajo mancomunado podemos dar grandes pasos en este difícil camino hacia la plena inclusión”.

 

Este proyecto coincide con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 10 de la Agenda 2030 sobre reducción de desigualdades, específicamente la meta 10.2 que plantea de aquí a 2030 “potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica y otra condición.


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