Las directrices que India publicó para prevenir y responsabilizar actos de contaminación

”Directrices y sanciones sobre la implementación de responsabilidades por daños ambientales debido al manejo y eliminación de residuos peligrosos” es el nombre del documento de India que entre otras especificaciones, muestra claramente como la ley define que si la parte responsable no actúa para remediar el daño ambiental que causó, las autoridades ambientales pueden intervenir y luego multar a quienes se considere culpables por no haber actuado de manera inmediata. Más detalles de esta experiencia, a continuación.

Directrices para la implementación de responsabilidades en el manejo de residuos peligrosos

Desde 2016 que India cuenta con un instrumento que establece medidas de precaución, responsabilidades y sanciones para quienes manejen o eliminen residuos peligrosos. Se trata de un conjunto de directrices, publicadas por el Ministerio de Medioambiente en conjunto con la Junta Central de Control de la Contaminación. En este documento además, se entregan herramientas para identificar riesgos, pero también objetivos y la promoción de usos de tecnologías para la descontaminación.

Esto se complementa además con una explicación clara del principio de responsabilidad, establecido en la Política Nacional de Medio Ambiente, publicada por el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático en 2006. Esta responsabilidad aplica tanto a las compañías como a organizaciones técnicas y científicas, con el fin de que implementen acciones de reparación que vayan en estrecha vinculación con los avances científicos.

De tal manera, los principios de responsabilidad -expresados claramente en dicha política- definen que la responsabilidad legal es uno de los principios rectores, pues tiene la capacidad de disuadir acciones perjudiciales para el medioambiente.

Pero ¿cómo se lograría esta disuasión a través de la noción de responsabilidad legal y/o civil? Esto a través del principio de “el que contamina paga”, precepto que no es nuevo y que está ampliamente desarrollado en la legislación ambiental internacional. Con ello, quienes contaminen o causen daños ambientales tienen que asumir los costos asociados con la limpieza y restauración del medioambiente.

En consecuencia, los costos deben ser asumidos por los responsables en la prevención, control, pero también en la reparación de los daños cuando hay negligencia. Así, la responsabilidad implica tomar “medidas inmediatas” para dar respuesta a las emergencias, pues con la celeridad se minimizan los daños ambientales y, en mayor medida, a la salud humana.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando los responsables legales no se hacen cargo del problema y no toman medidas inmediatas a la ocurrencia de las emergencias?. El documento es claro en que si la parte responsable no toma medidas para remediar el daño ambiental que causó, las autoridades ambientales pueden tomar medidas para hacerlo y luego multar a los responsables por no haber actuado inmediatamente para remediar el daño. Asimismo, las autoridades tienen la facultad de denunciar penalmente en tribunales a las partes responsables para recuperar los costos de limpieza y daños causados.

Otra de las directrices que apunta a la responsabilidad en el tratamiento y conservación de residuos peligrosos es la definición de procedimientos de control, es decir, que cuando se produce una emergencia, se deben contener para evitar la propagación. En consecuencia, el documento instruye sobre el uso de diques temporales, bolsas de arena seca o barreras absorbentes, además de especificar detalladamente instrucciones para la evacuación y ubicación de lugares seguros.

En resumen, se trata de una guía detallada para determinar deberes y obligaciones en relación con la protección ambiental y la gestión de residuos peligrosos. La responsabilidad como principio, es presentada en términos de compensación e implementación de medidas para la remediación como la limpieza y restauración. De igual manera, se especifican medidas de prevención y contención de emergencias.

Fuga de gas estireno en Vizag

En mayo de 2020 en plena pandemia, un grave accidente ocurrió en una zona industrial de la India. Una fuga de gas estireno en Visakhapatnam -conocida también como Vizag- dejó una decena de personas fallecidas y centenares de hospitalizados por dificultades respiratorias. El incidente se habría producido por una negligencia de la empresa LG Polymers.

Una nube de vapor se liberó y se extendió tres kilómetros a la redonda. Luego de esta catástrofe, producto de la gravedad de este hecho el gobierno de Andhra Pradesh donó el equivalente de 130 mil dólares para cada familia de los fallecidos y se asignó un presupuesto de más de tres millones para indemnizar a los afectados.

La magnitud de esta catástrofe puede apreciarse en un reportaje publicado en el sitio indio Down To Earth, donde se detalla “cómo la empresa eludió las reglas de seguridad”. En la descripción se muestra como la red de estaciones de monitoreo de ambiente detectó niveles de estireno 500 veces superiores al límite prescrito.

Asimismo, la publicación señala que las industrias que procesan este tipo de productos petroquímicos requieren de dos tipos de autorizaciones: una entregada por el Ministerio de Medio Ambiente y otro por el State Pollution Control Board (SPCB).

¿Pero qué fue lo que sucedió en este caso? ¿Por qué a pesar de la existencia de protocolos, leyes y directrices se llegó a esta circunstancia? ¿Por qué la exigencia de obtener ambos permisos no se habría cumplido?.

Serían tres las razones. La primera es que los protocolos rigen desde 2006 y la empresa opera desde 1960, por lo que no estaba obligada por la ley a obtener los permisos en cuestión a menos que haya ampliado su producción. A pesar de que sí aumentó su producción y la autoridad advirtió con anticipación sobre la necesidad de una autorización, la empresa presentó una petición de no requerimiento.

La segunda razón se explica debido a la cuarentena por el Covid-19, ya que no había suficientes operarios en la fábrica ni las personas encargadas de la seguridad. Esto se expresó en la imposibilidad de cumplir con todos los protocolos de seguridad para el almacenamiento y evacuación segura.

A ello se agrega una tercera razón, que es la falta de fiscalización preventiva por parte de la autoridad. Si bien existen discrepancias entre expertos ambientalistas indios respecto de la necesidad de autorizaciones, antes de la fuga las autoridades locales y ambientales no marcaron su presencia con el fin de que la fuerza dela ley prevalezca.

Es por ello que a partir de este y otros episodios posteriores -donde las industrias se niegan a cumplir con las exigencias amparándose en resquicios burocráticos- que en India se comenzaron a promulgar una gran cantidad de leyes para prevenir este tipo de accidentes.

Sin embargo, y gracias al principio de responsabilidad de la Política Nacional de Medio Ambiente, la empresa LG Chemicals tuvo que invertir en acciones para inhibir los gases liberados. Además, envió un equipo técnico coreano para investigar el incidente y rehabilitar a las víctimas.

A la luz de este hecho y los errores cometidos a pesar de la existencia de las directrices publicadas por la autoridad india, podríamos preguntarnos ¿qué iniciativas se están discutiendo en nuestro país en el Poder Legislativo que apunten en la dirección de establecer responsabilidades y medidas de reparación?.

Proyecto para establecer normas de responsabilidad ambiental

Un proyecto de ley que apunta en una dirección similar a la iniciativa desarrollada en India, fue presentado por la diputada Viviana Delgado. Esta moción, modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente sobre sus normas de responsabilidad ambiental y fue presentada en abril de 2023. Su propia autora comentó que la idea surgió con el fin de hacer más rápida la reparación.

Asimismo, señaló que nuestro país sufrió un importante retroceso tras la entrada en vigencia de la Ley 20.600, que crea los Tribunales Ambientales. “Esta ley establece que, ante episodios de contaminación ocasionados por una persona o entidad, se debe determinar si en la acción existió dolo o culpa antes de iniciar el proceso de limpieza y reparación”, sostuvo.

De tal manera, su propuesta busca acciones concretas. “Esta iniciativa nació para acelerar los procesos de reparación ante casos de contaminación para que se realicen de inmediato, dado que cuando ocurren el tiempo es clave y se debe actuar a contrarreloj para contrarrestar los efectos nocivos y evitar que se expanda y afecte a más comunidades o ecosistemas”, explicó.

Y añadió además que esto es lo que ocurre en zonas saturadas y de sacrificio. “En los sectores de Quintero y Puchuncaví las industrias han sido negligentes y contaminantes -hablando en buen chileno- “se pasan la pelota” y se desligan de cualquier responsabilidad, mientras los vecinos y vecinas, niños y niñas, copan los hospitales por presentar síntomas de intoxicaciones”, expuso.

Reparo de daños causados

La diputada Delgado, explicó que el proyecto apunta a respetar el principio universal de responsabilidad estricta. “Es tan sencillo como decir “quien rompe, paga”; pero en este caso “quien contamina, repara”. Es así de simple. La sola responsabilidad del hecho obliga a una reparación inmediata, independientemente de si se actuó con dolo o culpabilidad. Estas dos últimas serán requeridas solo para efecto de indemnizaciones, pero lo que aquí nos compete es actuar lo más rápido posible para reparar los daños medioambientales causados”, aclaró.

Además, en el caso de aprobarse este proyecto, dio luces de cómo igualaría la cancha a la hora de hacer valer los derechos ambientales. “Sería un paso más de todos los que tenemos que dar. Aún nos queda mucho por avanzar y para eso necesitamos el apoyo del Gobierno, para que haga valer su compromiso de “ecologistas”. Debemos abrirnos a un nuevo camino en el que el desarrollo y los avances del país no sean a costa de la destrucción de nuestro ecosistema. También, buscar alternativas al extractivismo, que opera bajo una lógica de depredación y destrucción, como si los recursos fueran ilimitados. Por eso debemos seguir avanzando en una transición socioecológica, porque nuestro planeta es solo uno y debemos cuidarlo antes de que sea muy tarde”, añadió.

Llamado al Ejecutivo para que esta iniciativa avance

Por último, la parlamentaria envió un mensaje para que este proyecto de ley tenga la celeridad necesaria. “Este y todos los proyectos de carácter ambiental, sobre todo los que tienen que ver con la fiscalización, el cuidado y la reparación, son de alto impacto social y deben tener un sentido de urgencia. Siento que como sociedad aún no tomamos dimensión del delicado escenario en el que estamos y que nos encontramos en un punto de no retorno. Si queremos un futuro habitable para nuestros hijos y nietos, el momento de actuar es ahora, y eso lo debe tener en cuenta el gobierno, la clase política y también la ciudadanía”, afirmó.

Para culminar, entregó la siguiente frase: “El planeta es nuestro hogar y es uno solo. Su cuidado debe ser prioridad. No podemos dejarlo en segundo plano. Es hora de intervenir con firmeza antes de que sea demasiado tarde”.

Por equipo Asia Pacífico: asiapacifico@bcn.cl