El modelo australiano para enfrentar la discapacidad

El incremento en la expectativa de vida en los países emergentes y desarrollados, trae consigo una serie de desafíos. En esta tendencia mundial a la sobrevida, Australia ha identificado la mayor cantidad de años que en promedio vive un discapacitado y, por ende, las condiciones con que deben contar para vivir en igualdad de derechos. Revisemos algunos detalles de la política de integración de discapacitados en Australia y la propuesta del diputado Hugo Gutierrez para el caso chileno.

La búsqueda de igualdad de derechos de los discapacitados en el caso australiano, también ha generado el mejoramiento en el diagnóstico y el hallazgo de nuevas enfermedades o condiciones crónicas que deshabilitan a un ser humano, temporal o permanentemente. Esto genera el incremento porcentual de la población considerada con alguna discapacidad. Sólo entre 1981 y el 2003, por ejemplo, el número de personas discapacitadas en ese país subió de 1.9 millones a 3.9 millones de habitantes. En esto se incluye un aumento de las personas con discapacidad severa de 453 mil a 1.2 millones, en gran medida gracias al envejecimiento y la sobrevida de la población. Hacia el 2010, el número de personas en esta condición era cercana a 1.5 millones.

Otras de las razones en el incremento de la población con discapacidad en ese país de 22 millones de habitantes, es el diagnóstico cada vez más común de niños con déficit atencional o hiperactividad, los que requieren, por ley e igualdad de oportunidades, de un apoyo extra del Estado para asegurarles un buen nivel en el acceso al sistema educacional.

Si bien en Chile la Ley 20.422 recoge los principales fundamentos presentes en las leyes pro integración de la población de discapacitados, la diferencia sustancial con el sistema Australiano es el compromiso monetario del Estado con la realidad que vive esta parte importante del país. Se trata de las asignaciones monetarias que reciben los discapacitados y las personas que cuidan de ellos y que ven afectados sus ingresos y capacidad de desarrollo profesional o laboral. Si bien las asignaciones en Australia bordean los 700 dólares mensuales, una cifra modesta para el estándar de vida local, y aún menor para aquellos que tienen algún tipo de ingreso o mejores condiciones de vida, este beneficio se ajusta año a año con el índice de inflación.

En Chile, por ejemplo, la reciente moción que modifica la Ley 20.422, ingresada l 12 de abril del 2012, habla de 2.5 millones de connacionales bajo esta nomenclatura. A ellos hay que sumar al menos otra cantidad similar de familias afectadas por los cuidados y atenciones que muchos de los discapacitados enfrentan, sobre todo en un país en el que recién se están implementando las ayudas técnicas para que estas personas puedan compartir espacios públicos adecuadamente y sin la ayuda de terceras personas. Para el diputado Hugo Gutierrez, uno de los firmantes de la reciente modificación a la Ley 20.422, la solución en Chile no pasa por la subvención de la discapacidad a través de asignaciones monetarias como es el caso Australiano. Una respuesta ideal “en una sociedad que respeta la igualdad de derechos de las personas con discapacidades, es un Estado que se preocupa de generar las condiciones para que estas personas puedan vivir sin tener que sufrir la fragilidad de asignaciones monetarias”.

Si bien existen iniciativas locales que buscan integrar a los discapacitados al mundo laboral, los esfuerzos no parecen ser remotamente suficientes. Frente a las tendencias de contratación que tienen las empresas privadas, en Australia se ha propuesto un sistema de compensación laboral que promueve la contratación de personas con discapacidad. Para el diputado Gutierrez, este objetivo debería ser logrado desde “las mismas empresas del Estado, que se preocupen de tener condiciones que hagan viable la contratación de personas con alguna discapacidad, para que puedan ganarse la vida en igualdad de derechos”.