Revisando el caso de las empresas conjuntas y centros I+D de China

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual reporta que en 2019 la nación asiática se convirtió en el principal solicitador de patentes internacionales con más de 58.990 aplicaciones, una cifra 200 veces mayor a la de 20 años atrás. En esta misma línea, según el informe “Indicadores de Ciencia y Tecnología” el 2020 la nación asiática encabeza la lista a nivel mundial en la publicación de artículos científicos. Estos indicadores están considerados como un signo de conocimientos técnicos industriales y de desarrollo científico.

Existen múltiples factores que se relacionan con este salto sustantivo como son: 1) la financiación de Investigación y Desarrollo (dedicación del 2.5% del PIB en I+D para 2020); 2) la apertura de instituciones de investigación a nivel central y regional (bajo la coordinación de la comisión estatal de ciencia); 3) la creación de programas de desarrollo de largo plazo por tipo de industrias (programa Zhicheng, plan 973, programa de tecnología rural, etc.); 4) parques de desarrollo tecnológico (en los 90 habían 4 parques y en la actualidad hay más de 50) y 5) cooperación internacional (convenios de cooperación científica y la mayor participación de científicos chinos en comités de expertos de organizaciones internacionales).

Sin duda estos elementos son relevantes y explican en gran parte el salto de China como potencia tecnológica. Sin embargo, reflejan etapas más avanzadas de sus políticas de desarrollo. En este sentido, es pertinente revisar cuáles programas o acciones fueron implementados en sus primeras etapas para entender de manera más integral esta transformación.

Cuando China disponía de menos recursos económicos para apostar por el desarrollo tecnológico, implementaron la Política de Fomento de Transferencia de Conocimientos Tecnológicos a través de joint ventures o empresas conjuntas. Esta política comenzó a ser implementada en la década de los 80 y buscaba que las empresas transnacionales que deseaban producir y acceder al mercado chino transfirieran gradualmente métodos, diseños y otros conocimientos técnicos a las empresas locales. Las autoridades chinas de la época entendían que su economía ofrecía una serie de ventajas para el capital internacional como contar con una extensiva fuerza de trabajo, constante inversión estatal en infraestructura logística y un gran mercado para introducir nuevos productos.

En consecuencia, los tomadores de decisión se plantearon ir más allá de la recaudación de impuestos y ponderar la importancia de acceder a la transferencia del conocimiento como línea de base para incentivar el desarrollo industrial y tecnológico local. Estudios como el de Young & Lan (1997), Buckely et al (2004) y Bishop (2007) sugieren que el resultado de esta política fue vital para adquirir conocimiento que pudiese haber tardado décadas en ser generado de manera autónoma. Adicionalmente esta política permitió atraer inversión extranjera menos propensa a la especulación de capitales.

Sin embargo, los estudios destacan que esta política es útil para ponerse al día, pero no crea tecnologías nuevas y de vanguardia. Por ende, es vital que este conocimiento no se quede anclado sólo en las empresas conjuntas. Debe articularse con las universidades locales, incorporando pasantías e investigaciones aplicadas. Esto se puede canalizar mediante incentivos específicos para que las corporaciones extranjeras abran centros de I+D impulsando comunidades cualificadas y favorecer la creación de industrias eficientes. Según el reporte “China’s Program for Science and Technology Modernization” publicado el 2011, China ocupa el primer lugar para que una multinacional ubique un centro I+D.

Sin duda existen múltiples canales para acceder o generar conocimiento, la evidencia demuestra que en la gran parte de las naciones con un alto desarrollo tecnológico, el estado ha jugado un rol preponderante en la acumulación de conocimiento y levantar nuevos sectores. El caso de la política de joint venture y su articulación con centros de I+D pueden ser alternativas para incentivar el desarrollo de las naciones menos avanzadas. Es relevante ajustar este tipo de políticas a cada realidad local para evitar disuadir la inversión extranjera, conducir al desarrollo de industrias ineficientes y contradecir los principios de la Organización Mundial de Comercio. Chile puede establecer regulaciones sofisticadas para incentivar una inversión extranjera compleja en sectores específicos y con apuestas de largo plazo. El acceso a los recursos mineros y tener una ubicación clave hacia la Cuenca del Pacífico pueden ser ventajas para atraer este tipo de dinámicas. Para esto es vital que las industrias locales dispongan de la capacidad y voluntad de aprender de las empresas conjuntas. En esta misma línea, es clave que las autoridades desplieguen la suficiente capacidad burocrática y aislamiento político para evitar que los buscadores de rentas manipulen la política de empresas conjuntas.

*Andrés Bórquez es coordinador del Programa de Estudios Chinos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Doctor en Políticas Internacionales de la Universidad de Fudan, China.

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