La mirada integral sobre la inclusión en la Estrategia de Discapacidad de Nueva Zelandia

Aunque reconoce que aún queda mucho camino por recorrer, Nueva Zelandia cuenta con una estrategia nacional orientada a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad. Con base en el acuerdo Te Tiriti o Waitangi, en la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de la ONU; y el principio básico de garantizar la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que los y las afecta, dicha estrategia se presenta como un instrumento integral de inclusión. Más detalles de esta estrategia, en la siguiente nota.

Instrumento para una mejor toma de decisiones

La preocupación por las personas con discapacidad en el país oceánico va más allá de una política o un programa en específico. La Estrategia de Discapacidad de Nueva Zelandia es una muestra de ello pues trasciende la misión de una institución en particular para ser una guía de trabajo de todas las agencias gubernamentales que se relacionan con temas de discapacidad, pero también es un marco de acción que puede ser utilizado por cualquier individuo, organización, compañía, etc. que quiera aprender a tomar mejores decisiones sobre inclusión.

La visión de esta estrategia se construye en base a una definición muy simple: “que Nueva Zelandia sea un lugar donde las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades de lograr objetivos y aspiraciones, y que todo el país trabaje en conjunto para que esto suceda”. Para ello, la estrategia establece ocho resultados esperables, relacionados con la educación, empleo, salud, justicia, accesibilidad, actitudes, elección y control; y liderazgo.

Para el logro de todos los resultados, se estableció un período de 10 años -entre 2016 y 2026- para su ejecución. Si bien hubo una primera estrategia que comenzó en 2001, en esta versión se incorporan elementos importantes, entregados por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. Todo esto ha llevado a un contexto distinto donde personas con discapacidad anhelan una vida similar a la de aquellas personas sin esta condición.

Sin embargo, los desafíos por delante son muchos en consideración del reconocimiento hecho por el gobierno de que aún es necesario avanzar. Sobre esto, la Oficina de Asuntos de Discapacidad, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de Nueva Zelandia, puntualiza en la descripción de la estrategia que, a pesar de los avances producidos desde 2001, la nueva versión revisada es necesaria porque aún existen problemas de inclusión social y económica, es decir, que aún siguen viviendo en peores condiciones que las personas que no tienen discapacidad, por lo que el país se está perdiendo su participación en la sociedad.

Una visión fundamentada en el aprovechamiento de capacidades

En pro de lograr que todas las personas -con discapacidad o no- tengan las mismas oportunidades para lograr sus objetivos y aspiraciones, la visión de la estrategia se fundamenta en tres conjuntos de principios: el acuerdo Te Tiriti o Waitangi, que orienta al sistema de salud y discapacidad al cumplimiento de las obligaciones con el pueblo maorí; la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de la ONU; y el principio básico de garantizar la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que los y las afecta.

De tal manera, la estrategia cuenta con un marco que se compone de cuatro instancias:

Además de la estructuración en cuatro fases distintas, este instrumento está escrito desde la perspectiva de las personas con discapacidad, pues fue desarrollado en conjunto con el Grupo de Revisión y Referencia de la Estrategia de Discapacidad de Nueva Zelandia, conformado por activistas y representantes de organizaciones vinculadas con la inclusión, como discapacidades mental, visual, auditiva.

Bienestar y beneficios para las personas con discapacidad

Un reporte sobre el estado de bienestar de personas con problemas de salud y discapacid fue publicado por un grupo asesor del gobierno neozelandés en febrero de 2019. Entre los datos que arrojó está la comprobación de que existe una brecha entre personas con discapacidad y las que no. Por ejemplo, en la encuesta general llevada adelante por Stats NZ -y es reseñada por el informe- en cuanto a la satisfacción general con la vida, un 37,6 por ciento de personas con discapacidad calificó su vida con una puntuación entre 0 y 6, es decir, el extremo inferior. A diferencia de las personas sin discapacidad donde solo se ubicó en ese tramo un 15,1 por ciento.

A esto se suma otra cifra relevante relacionada con las oportunidades laborales, pues -según el reporte- durante el segundo trimestre de 2018, sólo un 22,3 por ciento de las personas con discapacidad se encontraba trabajando, mientras que quienes no cuentan con esta condición, se insertaron en el mercado laboral en un 70 por ciento. Esto también se vio reflejado en el ingreso, pues el ingreso semanal medio de quienes tienen discapacidades alcanzó los 358 dólares neozelandeses, estimado en la mitad de personas sin discapacidades.

Sin embargo, el informe señala que el número de personas con discapacidad o problemas de salud que recibe beneficios del gobierno neozelandés es alta, a pesar de que la cantidad de personas en edad laboral con beneficios ha disminuido. De hecho, un 49 por ciento de personas con discapacidad -incluidas aquellas en edad laboral- reciben prestaciones por parte del Estado. Más aún, para septiembre de 2018, más de 580 mil personas recibían un subsidio de vida, mientras que 58 mil tenían un apoyo especial para solicitantes de empleo.

Inclusión de personas con discapacidad en la realidad chilena

En nuestro país, si bien no existe una estrategia como la de Nueva Zelandia, sí se ha abordado la discapacidad desde distintos instrumentos. Si bien hay coincidencia en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el caso chileno existe una Política Nacional para la Inclusión Social, que si bien tuvo como horizonte el período 2013-2020, se sustenta en la Ley 20.422.

Uno de los principios que destacaba dicho plan nacional fue su paradigma sobre discapacidad. Más que centrarse únicamente en una condición de salud, menciona la necesidad de incorporar elementos de contexto social, como también la existencia de barreras de entorno y restricciones a la participación. Con ello, se plantea que la sociedad es un actor importante a la hora de llevar adelante la inclusión de personas con discapacidad.

Precisamente en función de eliminar barreras, un proyecto para extender vigencia de la credencial de inscripción en el registro nacional de la discapacidad fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados. La moción que modifica la Ley 20.422, tiene como propósito facilitar la inclusión de personas con discapacidades para que no hagan trámites burocráticos innecesarios.

La autora de este proyecto, la diputada Marcela Hernando, comentó que la idea de esta moción surge por petición de personas con discapacidad en su distrito. “En la Región de Antofagasta hemos tenido varios problemas. Últimamente hemos conversado con agrupaciones y asociaciones. Uno de los reclamos es que muchos de ellos, con discapacidades permanentes, como por ejemplo personas parapléjicas, siempre han tenido problemas para renovar su credencial. Esto significaba que tenían que ir a renovarla presencialmente, algo que nos parece que es innecesario, por eso fue una de las ideas matrices para que ellos no tengan que hacerlo de esa manera”, explicó.

Asimismo, comentó que es necesario avanzar en otra iniciativa que modernice el Registro Nacional de Discapacidad. “La única forma para aparecer en el registro nacional es tener la credencial y esa es la única forma que se tiene para fiscalizar que se cumplan las leyes que benefician a las personas, por ejemplo, que el 1 por ciento de las empresas con más de 100 trabajadores tiene que ser personal con discapacidad, entonces la única forma de controlarlo es a través de la credencial y tenemos que cambiar eso”, agregó.

Sobre la necesidad de que más personas se registren, la parlamentaria agregó que ha presentado otras iniciativas legales para modificar algunas condiciones que interfieren con la funcionalidad de las personas. “Hay quienes tienen alguna discapacidad mental pero son tremendamente hábiles para trabajar. Pueden graduarse de la universidad y seguir adelante una carrera o una profesión. Lamentablemente para ellos la credencial se transforma en una desventaja porque los expone -porque así está catalogado- como una enfermedad de salud mental. Entonces, cuando van a pedir trabajo, pueden tener todas las habilidades profesionales y ser muy funcional, pero sí aparece en la credencial que tiene problemas de salud mental, obviamente que va a ser discriminado. Entonces la idea es definir la forma en la que aparece expresada la forma de discapacidad de la persona”, comentó.

Mirada desde la discapacidad

Una opinión sobre el registro nacional de discapacidad y los efectos negativos de la credencial tuvo Irma Iglesias, presidenta y fundadora de Down 21. "La credencial de discapacidad se supone que otorga beneficios, no sé cuáles porque por lo menos a la población con discapacidad intelectual no se le otorga ningún beneficio al tener más o menos porcentaje. Lo que está asociado a la pensión por discapacidad intelectual tiene que ver con el nivel socioeconómico. Esta credencial es prerrequisito para la ley 18.600 y eso facilita que las personas queden inhabilitadas. También hemos visto casos de personas que quedan inhabilitadas para firmar en una notaría cuando muestran la credencial de discapacidad, porque se le estigmatiza. Son datos sensibles que no deberían ser públicos y es por eso que la gente no se inscribe, no quieren ese estigma, para una persona que no entiende esos porcentajes se imagina que esas personas por suerte respiran. Si se entiende la discapacidad como algo que no está en la persona, y que puede variar dependiendo de los apoyos y la eliminación de barreras que le pone la sociedad", afirmó.

En relación a la necesidad de modernizar la institucionalidad orientada a la discapacidad y puntualmente al registro, señaló que es necesario trabajar con base conceptual. "Tendría que existir en Chile una ley de dependencia y que esa credencial, esa evaluación, se centrará en la necesidad de apoyo que necesita la persona y tendría que estar asociada a la pensión que recibe una persona, independientemente de si es pobre o no porque acá está asociado a pobreza y no se da el apoyo por necesidad. La persona con discapacidad, generalmente, tienen acceso a una educación deficiente, la mayoría no son profesionales, no tienen reconocimiento de estudios, tienen empleos precarios, entonces por qué lo toman por el grupo familiar, si ellos viven con la familia porque no pueden ser independientes, siempre van a quedar sujetos a su familia y ahí no se rompe el círculo. La pensión por discapacidad debería ser universal, la persona tiene discapacidad y tiene la pensión, independiente de su grupo familiar, como lo hacen los países desarrollados. A mayor dependencia la pensión se incrementa, a menor dependencia la pensión es mucho más pequeña por lógica, creo que eso sería modernizar el sistema", sentenció.

Por equipo Asia Pacífico: asiapacifico@bcn.cl