La estrategia de Japón para prevenir delitos mediante el uso de teléfonos celulares

Con el propósito de ayudar a prevenir el uso ilegal de los teléfonos celulares en Japón, en el año 2006 se promulgó el Act for the Prevention of Illegal Mobile Phone Use, que obliga a los operadores a verificar la identidad de los usuarios de celulares previamente a la venta de un equipo, aunque sea de prepago, mediante la presentación de una cédula de identidad, pasaporte o licencia de conducir, entre otras medidas que revisamos a continuación.

Registro de teléfonos celulares: prevenir para no lamentar

Así como en Chile las denuncias por estafas telefónicas se cuentan por miles año tras año, en Japón este tipo de prácticas se hicieron habituales durante los primeros años del presente siglo aunque con una connotación más sexual que económica, con prácticas que incluían -entre otras- la fotografía de menores de edad en la vía pública con el posterior envío masivo por Internet.

A raíz de la masificación de estos delitos, Japón legisló para regular las suscripciones y evitar el uso de teléfonos con fines delictivos o fraudulentos. Actualmente, cada persona que desee adquirir un equipo o contratar un plan debe llenar una solicitud -que no siempre es aprobada- e identificarse con algún documento oficial. Además, por ley las operadoras puede compartir la información de los clientes con las distintas agencias de policía y tribunales.

Además, se realiza un monitoreo online constante a los equipos para verificar que han sido adquiridos de forma legal y cuando se detecta alguno adquirido por medio de un contratos fraudulentos -o robado- de inmediato queda restringido para hacer llamadas y para utilizar la red edge, 3G o 4G. Las compañías también están obligadas por ley a entregar informes periódicos de estas revisiones a las autoridades policiales.

La ley también destaca por una serie de medidas, como:

• La prohibición de entregar chips y contratos de servicios -de voz y datos- a teléfonos adquiridos por medio de sitios de subastas en Internet.

• Si un cliente "legal" falsifica documentos o entrega un chip a otra persona, que ha sido adjudicado mediante la firma de un contrato a su nombre, comete el crimen falsificación de documentos (artículo 155 del Código Penal nipón).

• El uso de información personal falsificada (nombre, dirección o fecha de nacimiento) al momento de la solicitud de un teléfono móvil y la transferencia de teléfono móvil propio, sin el consentimiento previo de la compañía, también constituye delito.

Aunque no hay cifras oficiales, las autoridades japonesas estiman que el registro personal de teléfonos celulares de contrato y prepago ha estado relacionado directamente con la disminución de denuncias de delitos sexuales y económicos, en los que estos aparatos eran principales aliados.

En Chile se encuentra en tramitación -sin urgencia- el proyecto de ley que regula la "tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil, con el objeto de prevenir su uso en hechos delictivos", presentado por el diputado Felipe Harboe.

La iniciativa contempla un trato prácticamente idéntico al estipulado en la norma japonesa respecto al registro de identidad de los usuarios y sus datos, con el fin de prevenir y esclarecer delitos. El texto central es el siguiente: "Las empresas concesionarias de servicio público telefónico deberán mantener un registro actualizado de las personas a las que presten sus servicios, independientemente de la modalidad en que éstos se provean.

Para tal efecto, dicho registro al menos contendrá:

• Nombre completo, domicilio, número de cédula de identidad u otro documento de identificación.

• Número de identificación de la o las tarjetas SIM o módulo de identificación del suscriptor o su equivalente.

De la misma forma, las referidas compañías deberán mantener un registro actualizado de los datos de localización y tráfico de las comunicaciones que hayan operado y este registro deberá contener, a lo menos:

• Fecha y hora de la realización de la comunicación.

• Duración.

• Números de origen y destino de la misma.

• Ubicación de los equipos empleados en la comunicación.

La información contenida en este último registro tendrá el carácter de reservada aunque disponible para ser requerida judicialmente, y deberá ser conservada con esta finalidad por el plazo de un año, contado desde la fecha de la prestación del servicio telefónico o desde la fecha de entrega del equipo, según sea el caso.

Además, con el fin de perseguir a delincuentes, la norma legal estipula un texto especial sobre activación, desbloqueo o habilitación de los equipos de telefonía. "Cuando para el éxito de las diligencias de investigación criminal fuese necesario activar equipos de telefonía cuyo suministro de servicio ha sido suspendido por pérdida, robo o hurto, o desbloquear los mismos aparatos, el fiscal, debidamente autorizado por el juez de garantía competente, podrá requerir directamente a las empresas concesionarias señaladas en el artículo anterior, la activación del servicio".

"Me parece excelente que en Japón exista una normativa que obliga a los proveedores de telefonía celular a mantener a disposición de las investigaciones criminales, por un lapso adecuado, la información sobre el tráfico de llamadas telefónicas, no en lo referido a su contenido - lo que se regula en la interceptación - sino a los datos de localización y tráfico de las mismas, tales como números de origen y destino y duración. Y también muy destacable me parece que ellos registren los datos de los dueños de prepago y existan reglas bastantes más completas respecto a la entrega de los equipos. Son todas medidas que Chile debe imitar, y algunas están contempladas en este proyecto, que también busca perseguir a los delincuentes que ya utilizan el celular como herramienta de trabajo", aseguró el diputado Felipe Harboe.

Este proyecto reviste de gran importancia si se consideran las cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que advierten del enorme riesgo existente: hoy hay en Chile cerca de cuatro millones de líneas de telefonía fija y más de 10 millones de equipos de telefonía celular, de los cuales sobre 8 millones son de prepago, existiendo actualmente escasa o nula posibilidad de obtener la identificación de sus propietarios.