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Asia Pacífico | Observatorio Parlamentario

Informe: El financiamiento de la Educación Superior australiana

31 agosto 2008

Cuando en 1989 el Gobierno de Australia introdujo al sistema de educación superior el crédito universitario HECS (Higher Education Contribution Scheme) dio un paso significativo e inédito mundialmente en cuanto al financiamiento de pregrado. Este hecho, junto al contexto del desarrollo de la educación superior australiana fueron analizados por el consejo asesor presidencial Trabajo y Equidad en el informe “Sistemas de Financiamiento Estudiantil Comparados”, cuyas conclusiones presentaremos a continuación.

Cuando en 1989 el Gobierno de Australia introdujo al sistema de educación superior el crédito universitario HECS (Higher Education Contribution Scheme) dio un paso significativo e inédito mundialmente en cuanto al financiamiento de pregrado. Este hecho, junto al contexto del desarrollo de la educación superior australiana fueron analizados por el consejo asesor presidencial Trabajo y Equidad en el informe “Sistemas de Financiamiento Estudiantil Comparados”, cuyas conclusiones presentaremos a continuación.

 

 La educación australiana: un sistema innovador

 

Si hablamos de educación superior, es inevitable mencionar el caso australiano. No sólo porque, junto con Estados Unidos, es uno de los países que más gasto público destinado a la educación superior tiene, sino también porque, en 1998, el gobierno de Australia realizó una completa reforma del sistema, logrando entre otras cosas el unificar todo el aparato de educación superior, haciendo desaparecer la división entre Universidades y “Colleges” de educación avanzada (CAE).

 

A partir de ahí, se consolidaron alrededor de 70 instituciones, compuestas básicamente por Universidades y los llamados “colleges” de educación superior técnica y vocacional. De ellos sólo hay cinco universidades privadas, de un total de 44, seleccionadas para recibir fondos fiscales. 

 

La política australiana ha buscado lograr un balance entre aporte fiscal y el privado para la educación superior, que se ha realizado como un proceso a lo largo del siglo XX. Y buscando el beneficio social, el Estado asegura el financiamiento de las Universidades, pero en vista de los beneficios que la educación superior entrega, solicita asimismo un aporte a los profesionales. 

 

De esta manera, es el Estado Australiano y la  Commonwealth, los que aseguran la mayor parte de los recursos. De hecho, en 1974 la Commonwealth asumió la responsabilidad completa del financiamiento de la educación superior y abolió todos los aranceles y cobros a los estudiantes. Pero desde 1987 se produjo un movimiento inverso, hacia el cobro de una parte de los costos de la educación superior, con la implantación de un sistema llamado Higher Education Administrative Charge (HEAC) que cargaba pequeños costos a los estudiantes. En 1989 se introduce el sistema que funciona en la actualidad, el Higher Education Contribution Scheme (HECS), creado para acrecentar la equidad al diferir los pagos de estos cargos hasta el momento en que tengan los ingresos suficientes para pagarlos.

 

Actualmente, el 45% de los ingresos de las Universidades australianas provienen de la Commonwealth y el movimiento que se ha ido experimentando en las universidades es hacia una mayor vinculación con la comunidad y con las necesidades del sector productivo, generando ingresos por esa vía, mejorando además su gestión interna y logrando un acercamiento a las necesidades de los estudiantes por medio de la flexibilidad curricular.

 

En resumen, la gran mayoría de las Instituciones de Educación Superior son públicas y se han integrado con “colleges” e institutos de formación vocacional para hacer un sistema homogéneo. Todavía una parte muy sustantiva es de financiamiento estatal, a pesar que ha crecido el aporte de los estudiantes y de fuentes no tradicionales, como el sector privado y la comunidad.

 

 El “Higher Education Contribution Schemes” (HECS)

 

El actual sistema de financiamiento tiene sus fundamentos legales en “The Higher Education Funding Act” de 1988 y es administrado a través del Ministerio de Educación y el Servicio de Impuestos Internos australiano.

 

En Australia no se habla del arancel de una carrera, sino de una cuota de contribución al sistema de educación superior. Es un sistema que asegura que todos contribuyan al financiamiento de su educación. El sistema le presta al estudiante el aporte que se le solicita, indexado al aumento general de precios, pero sin interés, el que deberá ser pagado de forma paulatina cuando el estudiante tengan ingresos. Se trata de asegurar que todos puedan acceder a estudios universitarios y el dinero recolectado se

gasta sólo en la educación superior.

 

Con respecto a la selección, todos los estudiantes son elegibles en la medida que estén matriculados en una Institución de Educación Superior. Pueden con ello financiar estudios de pregrado, una segunda carrera e incluso estudios cortos. Recientemente se abrió una línea de crédito especial para postgrados: la Postgraduate Education Loan Scheme que extiende los beneficios de la contingencia al ingreso y ausencia de intereses. Sin embargo, para los postgrados, el Estado no subsidia como lo hace en los cursos de pregrado. Los estudiantes de postgrado deben pagar el costo total de sus cursos.

 

Existen tres niveles de contribución al sistema según tipos de estudios y en la fijación de los valores de cada tipo de estudios intervinieron tanto el costo de producción como los salarios futuros esperados por las diversas áreas del conocimiento. 

 

La contribución anual de cada estudiante se calcula en función del tipo de estudios que se cursen y de la carga académica que toma en cada semestre. Si toma cursos correspondientes a diferentes tipos de nivel, se pondera y se obtiene así la contribución exacta que debe hacer cada semestre.

 

El informe señala que, si se considera que existen altos subsidios para las vacantes de pregrado, los valores que se cobran no son bajos y compara (aunque aclara que la comparación no es realmente válida por la diferencia de los niveles de vida) el caso del primer nivel que equivale a un arancel anual de 3.9 millones de pesos chilenos. Si se pagara en 10 cuotas anuales equivaldría a un arancel mensual de 389 mil pesos. En el caso de los estudios de derecho o medicina, estos valores suben a 6.5 millones de pesos al año o en 10 cuotas, 649 mil pesos mensuales.

 

Un elemento de gestión importante del sistema es que gran parte de los procesos se estructuran en torno a una fecha precisa, llamada “Census Date”. Existen dos al año, una para cada semestre, y los jóvenes deben tener toda su documentación tanto de matrícula como de los medios de pago que usarán para financiar sus estudios tramitada a esa fecha. Pasado ese periodo, quedan fuera si no han cumplido. Es interesante destacar que es una fecha nacional, por la que todos se rigen por ella. El sistema opera así: luego de matricularse, el estudiante debe llenar un formulario llamado “Payment Options Declaration” donde suscribe su forma de pago. Este formulario es igual para todos los estudiantes y para todas las carreras e instituciones. Aquí se detalla la forma de pago: contado, diferido o una mezcla de ambos.

 

En el caso de que pagará el 100% de la contribución, recibe un descuento del 25%. También puede declarar que  pagará una parte de la misma y por esa parte recibe también un 25% de descuento, más un pago diferido, o declara que difiere el pago total. En estos últimos casos, la Institución de Educación Superior notifica a la ATO, el Servicio de Impuestos Internos de Australia de la deuda contraída por el estudiante. La ATO registra esta deuda en Tax File Number (RUT) del estudiante. Cada junio, la deuda se indexa con el IPC (pero sin intereses). Mientras el profesional no alcance un máximo de ingreso anual (de Au$ 24.365, unos 11 millones de pesos chilenos), no paga. En el momento que los alcanza, es imperativo su pago. Se calcula que pagan entre un 3 y un 6% de sus ingresos. También pueden prepagar, o realizar aportes de prepago, con un

15% de descuento. 

 

En definitiva el modelo de financiamiento australiano combina un subsidio general a las universidades con un pago de los estudiantes, que refleja una parte del costo de su educación, teniendo previsto para quienes no pueden hacer dicha contribución un sistema de pago diferido que se cobra a partir de un determinado nivel de ingresos del profesional egresado, a través del sistema de impuestos.


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