Diputados Goic y Sauerbaum: La experiencia de Australia y el vacío legal en la Ley de Bosques en Chile

Los incendios de Torres del Paine y la Octava Región en los últimos días, traen a la palestra varios tópicos: por un lado el emblemático incendio que asoló a Australia el 2009 y el aprendizaje de ese país en la materia, y por otro el vacío legal que existe en Chile frente a los siniestros rurales. El modelo a seguir en el replanteamiento de nuestra política de bosques e incendios forestales está en pleno debate. Revisamos la postura de los diputados Carolina Goic (XII Región) y el diputado Frank Sauerbaum (VIII Región) y el caso de Australia.

El caso australiano

En el 2009 en Australia se produjo el incendio forestal más mortífero en la historia. Unos 400 incendios simultáneos terminaron con la vida de 173 personas en lo que se denominó el Black Saturday Bushfire. Este evento, sumado a la realidad mundial, dejó una lección imborrable: los incendios forestales son una amenaza creciente para las economías del mundo. La incidencia de estos eventos, mayormente causados por mano del hombre es aún mayor en las zonas tropicales en Asia y alrededor del mundo, pero no es menor en las boreales y templadas como el caso de Chile.

La respuesta a este incremento está asociada a fenómenos climáticos como El Niño y al calentamiento global, que generan el contexto ideal para la generación de incendios naturales. A pesar de las excepciones climatológicas, las leyes tienden a retratar situaciones homogéneas. En Australia, sin embargo, se han establecido varios tipos de alerta a la ciudadanía, en las que diversos sistemas de comunicación van entregando la situación diaria del clima y la proclividad de incendios forestales. Romper la ley en un día de alerta alta, como lo puede determinar una temporada extremadamente calurosa, tal como la que antecedió al Black Saturday Bushfire, y generar un incendio forestal por negligencia, puede costarle a una persona la multa de 100 mil dólares australianos o 5 años de cárcel. En un día sin alerta, la pena baja considerablemente. Este sistema hace que la gente deba estar constantemente informándose para saber a qué se atiene cuando decide hacer una fogata en la naturaleza.

Otra forma de hacer participar a la sociedad es el sistema de combate a los incendios. En el oeste de Australia, la Fire & Emergency Services of Western Australia (FESA), cuenta con un contingente de 1076 profesionales, los que se coordinan con un total de 32 mil voluntarios. Se trata de un sistema de rotación de voluntarios de la comunidad que van generando como resultado una capacidad de combate mucho mayor que la que genera el Estado por si sólo, además de una cercanía y educación mayor de parte de la comunidad con los incendios forestales.

En cuanto a la recuperación y ayuda a las víctimas, el incendio del 2009 ha costado casi mil millones de dólares australianos, y las autoridades auguran una cifra mucho mayor para saldar los daños ocurridos. Como bien saben en Australia, cuando se trata de incendios forestales, es mejor anticiparse a los hechos que pagar por ellos.

La deficiencia legal en el caso chileno

El modelo chileno utiliza un marco legal que data de 1931 en que se establecen penas de 61 días como máximo para los casos de incendios forestales, y la posibilidad de remitirla por la paradójica suma de 120 mil pesos, tal como fue el caso contra el ciudadano checo que quemó 15 mil hectáreas en las Torres del Paine en el 2005. La posibilidad de que esto se repita en el caso del ciudadano israelita imputado en el presente incendio del Parque, deja en claro “la fragilidad que tenemos para resguardar atractivos turísticos y zonas que trascienden ese aspecto, como el Parque Nacional Torres del Paine que es parte importante de nuestra imagen internacional y que además se compone de bosques y especies que son irrepetibles”, afirma Goic.

Pero la penalización es un aspecto de este problema. También hay que considerar la implementación con que cuentan las instituciones para hacer frente a tragedias como la presente. Frente a la ineficiencia con que aparentemente se ha enfrentado el incendio del Parque Torres del Paine, la diputada ha resuelto entregar una solicitud de investigación que aclare la efectividad de “las medidas que se tomaron y que tienen que ver con la viabilidad de los recursos de CONAF”. Consultada sobre la viabilidad de un sistema con penas más duras, como el de Australia, en que la pena equivale a 100 mil dólares australianos o 5 años de cárcel, Goic sostuvo que sí “es necesario aumentar las penas. En el caso de Torres del Paine además hay que considerar que no se siguieron las reglas del Parque. No se puede encender fuego en esa zona y 61 días de cárcel con pena remitida equivalente a 6 UTM es muy poco”. Sin embargo, resaltó, “lo importante no es el caso actual. Nadie nos va a devolver el bosque que ya perdimos. Lo importante es que actuemos hacia delante. Si es importante aumentar las multas pero también revisar nuestra política medioambiental en general”.

Para Sauerbaum, en cambio, si bien “la legislación actual es demasiado benévola con quienes hacen desastres como este, hay que generar también la educación de la población al respecto. Si bien en el caso de la VIII Región estamos hablando de propiedades privadas que han sido dañadas en este incendio, hay que considerar el tremendo daño social que esto conlleva”. Frente a una nueva penalidad asignada para los incendios forestales por negligencia o intencionales, el diputado sostiene que “la pena debe ir en proporción al daño que se ha causado y a la magnitud. No es lo mismo quemar una hectárea que quemar 20. Aquí se han quemado 20 mil hectáreas, hay una víctima fatal y se ha dañado la fuente de trabajo de 1200 personas. Eso es un daño profundo a la sociedad”.

Ambos parlamentarios están de acuerdo en la modernización de los sistemas de emergencia. En el caso de Torres del Paine, “se ha hablado muchas veces de la necesidad de establecer un sistema de clase mundial que implique la dotación de un helicóptero permanente y otros equipos que permitan actuar con rapidez en la zona. Hay que considerar que en el presente incendio en el Parque, por las condiciones del tiempo, el fuego avanzaba de 5 a 10 kilómetros por minuto. Entonces, existe una evaluación que no se hace: ¿cuánto cuesta cuidar el Parque realmente?”.

Para el experto Rodrigo Herrera, Secretario Ejecutivo de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), sostiene que la penalidad chilena actual y la de Australia no son suficientes. “Es necesario que estas acciones sean vistas como un delito y no una simple falta, lo que requiere que la reforma vaya acompañada de educación. Sin embargo, hay que analizar bien la nueva normativa. En este caso yo propongo una pena altísima en caso de daño al medioambiente”. Herrera reconoce que el sistema australiano “es mucho mejor que el chileno, que establece penas mínimas cuando está probado que el 100 por ciento de los incendios es generado por causas antrópicas”. Sin embargo, sostiene, lo primero que hay que cambiar es la “política reactiva que tiene Chile. Al no ser proactiva, nos deja un paso atrás en generación de política pública para el medioambiente. Países como Costa Rica ya han avanzado en esta materia”. La pregunta de fondo para este experto es “si es que el presupuesto de la ONEMI y la CONAF son razonables para anticiparse a un incendio y combatirlo. De momento CONAF tiene que pedir ayuda a santos y moros para combatir un incendio. Hay que hacer que el Estado se haga responsable de cuidar el patrimonio nacional”.

Incendios en Chile

Desde 1984 en adelante 1500 millones de hectáreas se han quemado en Chile. Unas 400 mil de esas son de bosque nativo y otras tantas de praderas que, según Herrera, “deberían ser considerados como parte del sistema de bosques nativos en la ley”.

Nuestro promedio anual de hectáreas incendiadas es de 50mil, repartidas en unos 5900 incendios. El caso del 2010 -11 resulta levemente menor, aunque no esperanzador para el secretario ejecutivo de la AIFBN: han ocurrido 4952 incendios con 47 mil hectáreas quemadas como promedio, 20 mil de ellas correspondientes a bosques nativos y matorrales”.

Según el documento emitido por el especialista del laboratorio de Incendios Forestales de la Universidad de Chile, Miguel Castillo Soto, nuestro país posee cerca de 35 millones de hectáreas de vegetación vulnerable a los incendios, considerando praderas y matorrales (20 millones), bosque nativo (13 millones), y plantaciones (2.1 millones). La mayoría de los incendios están mayormente repartidos entre la Octava Región (38%), la Quinta región (28.5%) y la Novena Región (18,2 %). Estas cifras que parecen tan predecibles, sin embargo, se alteran en ocasiones como la que nuevamente afecta al Parque Nacional Torres del Paine, en que se han quemado casi 30 mil hectáreas en menos de 10 años, o la del incendio que afectó a la Octava Región en 1999, en que un solo foco cubría 40 mil de las 101 mil hectáreas que se quemaron en esa temporada.

El caso chileno en cuanto a incendios forestales no escapa a la media mundial. Se estima que anualmente se pierden de 30 y 55 millones de hectáreas por incendios forestales en el orbe, principalmente en las zonas tropicales. Esto representa 22 hectáreas por minuto. Sólo en el sureste de Asia se estima que los daños ocasionados por incendios forestales superan los 4 mil millones de dólares anuales.