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Asia Pacífico | Observatorio Parlamentario

La ley que estimula la investigación en los científicos australianos

02 diciembre 2015

Para los años 2015 y 2016, la inversión en ciencia y tecnología cuenta con un presupuesto de U$145 billones que permite emplear a 760 mil científicos y producir más de U$300 billones, cifra que representa el 22% del PIB.

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La Ley de Ciencia e Investigación en Australia es el instrumento que guía el trabajo científico del país y su conexión con la industria, principalmente con aquellas áreas productivas que considera prioritarias para el desarrollo económico. El estado actual de la inversión australiana en ciencia y la labor de dicha ley en la formación de una institución ejecutoria, a continuación.

Ciencia aplicada al desarrollo económico

Es un hecho que para alcanzar el desarrollo económico uno de los principales requisitos es la sofisticación del sistema productivo, esto quiere decir que las grandes y pequeñas empresas deben transformar su orientación comercial, de las materias primas a la creación de productos con valor agregado. Para organismos como el Banco Mundial, o la OCDE, este proceso se logra a través de una alta inversión en innovación, ciencia y tecnología.

Tal principio ha sido una guía para Australia, considerando que para el año 2014 fue el décimo quinto país con mayor inversión en ciencia e investigación en el mundo. Según el Departamento de Industria, Innovación y Ciencia de Australia, entre 2015 y 2016 se invertirán U$145 billones, correspondientes al 11% del Producto Interno Bruto (PIB) y con una capacidad de emplear a más de 760 mil personas.

Una de las instituciones que más ha recalcado la importancia de invertir en ciencia es el Centro Internacional de Análisis Económico, para quienes en un reciente estudio determinaron que las iniciativas científicas y tecnológicas en Australia estarían contribuyendo con más de U$300 billones cada año, lo que representa más del 22% del PIB del año 2014.

Para Ian Chubb, comisionado de la Academia Australiana de Ciencias, la actividad científica es muy importante para las economías modernas, aunque muchas veces sus resultados se tornan invisibles. Por tal motivo, recomienda que a la hora de plantear y replantear la política científica, se ajusten las expectativas de los tomadores de decisión, sin que se vea perjudicado el rol de la ciencia.

Así más que una política pública sobre ciencia y tecnología, se necesita de un documento más completo. “Debe proveer un recuerdo permanente de cuan importante son la física y la ciencia matemática para la economía nacional, independientemente de los avances que se logren en el corto plazo”, señaló.

Un marco Legal que define prioridades

La ley australiana de ciencia e investigación es un instrumento que cumple con el requerimiento propuesto por Ian Chubb, de guiar constantemente a un conjunto de disciplinas en vez de regular una actividad mediante estructuras que limiten el rango de acción. “Dependemos de la ciencia y la investigación para incrementar nuestra productividad, lograr nuestros objetivos sustentables, crear nuevos empleos y mejorar el bienestar de la población. Por lo tanto es poco conveniente que impongamos más reglas y procedimientos burocráticos”, sostuvo.

Sin embargo, tal como sucede en otros países del mundo la capacidad financiera para apoyar la investigación es limitada, pese a que el Estado no es el único ente en fomentar el desarrollo científico y tecnológico. De esta manera, la legislación fue creada de una manera tal que asegura la construcción de diversas capacidades para investigar asuntos relacionados con el bien del país y priorizar ciertas áreas significativas.

Estas áreas consideradas relevantes para el progreso de la nación se explican con un lenguaje sencillo en un capítulo llamado “Desafíos Prácticos de Investigación”. En esa sección figuran la  física, ciencias de la vida, ingeniería, tecnologías de la información y comunicación, humanidades y ciencias sociales, todas estas disciplinas se describen como prioritarias y son discutidas cada dos años por actores relevantes pertenecientes a la actividad científica, con el fin de permitir la incorporación de nuevas iniciativas científicas.

Un organismo público que armoniza la industria con la ciencia

Sin una institución que sea capaz de articular las prioridades y darle continuidad a la actividad científica, la ley tendría serias debilidades, es por ello que crea el Departamento de Industria, Innovación y Ciencia, orientado a fomentar la actividad científica. Su vinculación con la industria es una de sus misiones y se realiza a través de todos los programas de investigación y proyectos de desarrollo científico.

Para los años 2015 y 2016, este organismo ejecuta un presupuesto de U$9,7 billones para llevar a cabo cuatro directrices específicas: fortalecer el conocimiento con un 36% del presupuesto, conectar investigación y negocios, con 32%, desarrollar más capacidades, con 19%, y aumentar los resultados científicos, con 13% del total de la partida asignada.

En relación a las áreas prioritarias de este organismo, un 27% se orienta a avances generales en conocimiento, mientras que la industria tecnológica, transporte e infraestructura reciben un 25% del presupuesto, seguido de energía con un 13%, salud con un 12%, artes con un 8%, agricultura con 7%, defensa con un 5% y medioambiente con un 3%. Todas estas áreas son consideradas estratégicas para Australia y su desarrollo a futuro.

Por tal motivo es que a propósito del aumento en la actividad de grupos terroristas y la alta probabilidad de ataques cibernéticos -tanto al gobierno como a las industrias- el área de seguridad ha tenido un incremento considerable durante el período 2015 - 2016 en relación a años anteriores. De esta manera, la investigación en ciberseguridad es la quinta actividad científica con mayor presupuesto y fomenta el desarrollo de tecnologías, redes de movimiento y software aplicados a la inteligencia para alertar sobre riesgos y potenciales amenazas.

Modelo australiano valorado en nuestro país

La existencia de una ley en investigación y ciencia en Australia fue bien evaluada por José Tomás Sabat, matemático consultor en temas de innovación. Su valoración del modelo seguido en el país oceánico se debe al grado de autonomía que goza la actividad científica, tanto en institucionalidad y, por lo tanto, presupuesto. “No es necesario se un ministerio como tal, pero si tener un nivel de independencia tal que permita desarrollarse plenamente, sin perder de vista la estrategia del país. Sin embargo, es la falta de metas claras y concretas sobre la investigación científica y el desarrollo tecnológico lo que impide que tengamos una política adecuada, o la urgencia de crear una ley, instrumento que si existe en Australia”, afirmó.

Sobre la necesidad de una institución de rango ministerial que se encargue de aplicar y actualizar una ley general de ciencia y tecnología, Sabat estimó que es necesaria la creación de una institucionalidad más fuerte y que, por lo tanto, está de acuerdo con la existencia de un de un organismo como el Departamento de Industria, Innovación y Ciencia de Australia. “Es valorable el hecho que a pesar de que forme parte de la institucionalidad del Estado, no pierda de vista el avance de los sectores productivos y las necesidades de los ciudadanos, por eso la propuesta que presentamos para Conicyt es justamente que abandone el Ministerio de Educación donde ya hay bastantes problemas y se conecte con los sectores estratégicos del país”, sentenció.


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