La ley que en Nueva Zelandia protege a las víctimas de violencia doméstica en sus espacios de trabajo

La violencia en contra de la mujer es un problema que afecta a todos los países del mundo y muchas veces los casos no son debidamente canalizados por las autoridades, por lo que la ayuda que prestan las redes para compensar esa falta de apoyo puede ser crucial. En ese sentido, los lugares de trabajo y su ambiente pueden ser un soporte importante para que las mujeres se sientan protegidas, logren su independencia y se alejen de los agresores. Más detalles de esta experiencia en Nueva Zelandia, en la siguiente nota.

El flagelo que viven las mujeres víctimas de violencia doméstica en Nueva Zelandia

Pareciera lógico que toda persona tiene el derecho a construir relaciones laborales libres de violencia y sin discriminaciones de ningún tipo, sin embargo, la realidad muestra un panorama distinto, especialmente para muchas mujeres que además sufren de violencia en sus propios núcleos familiares. Hay veces en que las agresiones se detienen cuando con ayuda de la autoridad se consigue alejar al agresor, pero en muchas otras persiste.

En el caso de Nueva Zelandia, la violencia intrafamiliar o de pareja ha sido un problema recurrente en distintos segmentos de la sociedad. Un estudio publicado en 2019 por la organización The Blackbone Collective instruida por el Ministerio de Desarrollo Social de ese país, llevó adelante una encuesta a mujeres que sufrieron violencia o abuso por parte de familiares o convivientes y los resultados fueron concluyentes tras lograr 528 respuestas válidas, compuestas por un 22 por ciento de personas identificadas como maorí y un 76 por ciento de mujeres de origen europeo.

El 86 por ciento señaló que había sufrido violencia familiar por parte de alguien con quien había tenido una relación íntima. Más aún, casi todas manifestaron haber padecido de abuso psicológico, incluyendo el control coercitivo. Asimismo, poco más de la mitad reconoció haber sido víctima de agresión sexual. Más aún, el 51 por ciento mencionó que el abusador -el 95 por ciento de estos hombres- fue violento en contra de sus hijos/as, ya sea a través de acciones psicológicas inclusive.

La conclusión desarrollada en el informe es consecuente con sus datos y con las declaraciones de las propias víctimas: “la lucha ha sido increíblemente larga, peligrosa y difícil para estar a salvo”. Esta realidad se complejiza en la medida en que el acceso a los recursos son limitados, pero también cuando el apoyo recibido no es suficiente. Esto por la dificultad de separarse del abusador.

¿Qué significa esta situación en términos de protección social? Significa que para muchas mujeres el sistema no entregó las respuestas oportunas y adecuadas o que derechamente brindaron la oportunidad al abusador de continuar en contacto con las víctimas. Por ejemplo, a través de órdenes de paternidad emitidas por los tribunales de familia que obligaron a las víctimas o sobrevivientes a estar en contacto con los agresores o con sus hijos.

A esto, se agrega un condicionamiento cultural impuesto por la sociedad, ya que la respuesta por parte de las comunidades tampoco había sido suficiente como para ponerse a salvo y recuperarse de la violencia. “Los sobrevivientes pueden resistirse a pedir ayuda basándose en lo que han observado en su comunidad. Más de la mitad de las mujeres en la encuesta contestaron que estaban demasiado asustadas para hablar con la gente sobre el abuso y un 37 por ciento dijo que no se sentían seguras para comunicarse con los servicios de apoyo”, sostiene el informe.

En consecuencia, las mujeres víctimas de violencia buscaron ayuda en apoyos informales. “Fueron mucho más propensas a utilizar redes de amigos, familiares, whānau, vecinos o compañeros de trabajo, que a servicios de apoyo formales como los servicios especializados en violencia familiar”, señala.

Ley de Protección de Víctimas de Violencia Doméstica en Nueva Zelandia

En consideración de esta realidad y la importancia que reviste el lugar de trabajo, en 2018 el país oceánico aprobó la Ley de Protección de Víctimas de Violencia Doméstica. Orientada a proteger a las mujeres víctimas de agresiones en sus trabajos, hace una definición de violencia doméstica “como aquella que sufre una persona por parte de otra que tenga o haya tenido una relación doméstica”, puntualiza un informe de legislación comparada de Asesoría Técnica Parlamentaria de la BCN.

De igual manera, la ley reconoce que esta violencia en contra de una persona, puede haber sido física o psicológica por parte de un cónyuge, pareja, miembros de la familia o persona con quien comparte un hogar, o con quien comparte una relación estrecha. Sin embargo, el sentido de este cuerpo legal va más allá de una descripción conceptual y al modificar una serie de leyes relativas al ámbito laboral, establece una serie de derechos que pueden verse en la siguiente infografía.

Tal como vimos en la infografía anterior, los tres derechos establecidos son: permiso remunerado, trabajo flexible por dos meses y el derecho a no ser discriminada por ser víctima de violencia doméstica.

Reflexión sobre la realidad de nuestro país

En Chile hay una necesidad real de legislar sobre el tema, lo que se refleja -por ejemplo- en un proyecto de ley orientado a brindar protección laboral a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, iniciado por las senadoras Núñez, Allende, Carvajal, Gatica y Rincón. Para Constanza Montecinos, cientista política feminista, magíster en gobierno y gerencia pública de la Universidad de Chile, es necesario que cada espacio público cuente con los mínimos resguardos para que todas las mujeres se sientan seguras.

Esto también debería acentuarse en los lugares de trabajo. “ Es donde más tiempo se pasa durante el día. Sin duda, las condiciones laborales en términos de apoyo, sobre todo cuando son madres, deben estar establecidas como principios básicos de convivencia, así también como la empatía y el resguardo integral de cada mujer. Es necesario que el espacio laboral de las mujeres pueda darles tranquilidad, seguridad -en cuanto al ambiente y a la remuneración- y que se les permita establecer un espacio de conexión con sus habilidades”, explicó.

Asimismo, comentó que el trabajo es más que un lugar donde se va a producir. “Hablamos de un espacio donde se genera un ambiente de convivencia entre personas con distintos roles y con una diversidad de valores. Es por ello que tener una ley que proteja y entregue facilidades a aquellas mujeres que han sufrido la violencia, o que tienen que atender a sus hijos producto de esos mismos hechos, es una manera de generar una cultura empática, de respeto y de altruismo con aquellas mujeres y madres que han sido violentadas”, agregó.

Pero también por la importancia de generar modalidades de trabajo que beneficien a toda la ciudadanía. “Es fundamental tener una ley que beneficie a las mujeres en cuanto a la flexibilidad laboral, al propio lugar de trabajo que no sea principalmente en las oficinas -ya se comprobó en pandemia que el teletrabajo es una alternativa- y otorgar una cantidad de días que puedan ausentarse del trabajo sin sufrir cambios en la remuneración, donde las mujeres puedan hacer diferentes acciones y trámites -sobre todo cuando son o han sido violentadas- con terapias sicológicas, acciones legales, entre otras”, comentó.

Creación de una cultura empática con las víctimas

En relación a la ley de Nueva Zelandia que prohíbe la discriminación en los lugares de trabajo, Constanza Montecinos valoró esta posibilidad porque en su opinión crea una cultura empática que beneficia a todas y a todos. “La sensación y percepción de estar y sentirse protegidas, aunque sea en un lugar como lo es el trabajo, es un mínimo al que podemos aspirar. Tomar este tipo de medidas es la base para orientar hacia el camino de la empatía, considerando ciertas reglas de convivencia que produzcan cambios sustanciales en cuanto a la discriminación y fortalezcan el ambiente de respeto, seguridad, tolerancia y tranquilidad para quienes se encuentran vulnerables”, opinó.

En la misma línea, este tipo de leyes contribuiría en una mejor calidad de vida. “Al momento de sentirnos bien, seguras, a salvo de cualquier agresión y sin discriminaciones de ningún tipo, no solamente estamos en una posición base para producir, sino que también para realizarnos como trabajadoras independientes, lo que conlleva necesariamente a la realización de la mujer permitiendo particularmente no sufrir violencia económica. Aún tenemos una cultura que castiga y no se hace responsable de los hechos de violencia hacia la mujer y hacia las madres. Por eso, este tipo de iniciativas va en la dirección correcta porque contribuye a la creación de una cultura respetuosa, empática y responsable con aquellas mujeres y madres que han sufrido algún tipo de agresión”, sentenció.

Por equipo Asia Pacífico: asiapacifico@bcn.cl