La regulación del lobby, el caso de Australia

Australia es una de las pocas naciones en el mundo que cuenta con un Código de conducta del lobby. Su caso es una referencia válida cuando el Ejecutivo en Chile le ha puesto urgencia al proyecto de ley sobre el lobby que descansa en la Cámara de Diputados. Conozcamos algunos detalles de la Ley australiana y la teoría que apoya la regulación del lobby en esa y otras naciones.

La idea de regular el lobby en Australia comenzó en 1980, no obstante fue abandonada en 1996 y retomada en 2008. Se trata de uno de los pocos ejemplos de legislación en esta materia en el mundo. El resto de los casos se concentran en Occidente, con naciones fuertemente desarrolladas, tales como Estados Unidos (desde 1946), Alemania (1951), Canadá (1989) y el Parlamento Europeo (1996, aunque sin reglas formales pero con un esquema de acción voluntaria vigente desde el 2008). Otras naciones, como Polonia, Hungría y Lituania, establecieron regulaciones en la primera década del siglo XXI.

En América del Sur aún no hay países que cuenten con una legislación ad-hoc, y Chile es uno de los candidatos más fuertes, con un trabajo legislativo y civil sobre la regulación del lobby que data del año 2003.

Antecedentes del lobby

A lo largo de la historia, la palabra lobby ha estado anclada a la idea de corrupción a nivel político por intereses corporativos. Su regulación legal, tiende a confundirse con la lucha contra la corrupción, un delito para el que la mayoría de los países ya cuenta con una batería de leyes. Esta cercanía entre la idea de lobby y la de corrupción, hace necesario recalcar que, para las naciones que han adoptado una regulación del lobby, se hace una clara diferencia entre el acto legítimo de los ciudadanos a influir o presionar a favor o en contra de una política pública, versus la compra ilegítima o el tráfico de influencias.

El lobby, para la legislación australiana, es una práctica legítima en que representantes de distintas áreas e intereses de la comunidad se acercan y hacen presentes sus demandas, con la idea de influir en una acción legislativa. Se valora esta actividad como un nexo de carácter democrático, necesario para la comunicación entre la sociedad común y los cuerpos legislativos. En ese contexto, la acción de lobby no estaría supeditada sólo a la presencia de profesionales que representan a grandes corporaciones en busca de beneficios en el Parlamento. También incluiría a la gestión que realizan organismos gremiales, juntas vecinales, comunidades religiosas, sindicatos, etc.

Puntos centrales de la regulación del lobby

En la mayoría de los países que la poseen, la regulación del lobby se reduce a ordenar a los lobbistas en un registro público de libre acceso. El código de conducta de estos profesionales, los obliga a hacer pública la identidad de aquellos a quienes representan con su gestión. El lobbista profesional, además debe indicar claramente qué ministerios o actores públicos intenta influenciar, y debe proveer una lista de gastos individuales o de su empleador, en caso de ser representante de otra entidad. Esta lista pública de lobbistas, también intenta asegurar que legisladores no puedan convertirse en lobbistas inmediatamente después de haber cesado sus actividades como representantes políticos en el Parlamento.

Argumentación a favor de la regulación del lobby

Con estas medidas, el gobierno de Australia busca hacer más transparente el oscuro proceso que a menudo ronda a la generación de leyes. Según la teoría pro lobby, la regulación permite poner en conocimiento público los intereses que priman tras los proyectos de ley, a la vez que quedan expuestos los nexos entre los lobbistas y los legisladores u oficiales públicos.

Crítica al código australiano

La legislación del lobby en Australia, vigente desde el 2008, tiene algunos detractores en la ciudadanía. Una de las críticas al Código de conducta del lobby es que, aunque regula eficientemente el contacto entre ministros y administradores públicos con los lobbistas, los sindicatos, las asociaciones industriales y las iglesias, quedan exentas de esta legislación, por lo que pueden acercarse libremente a los representantes públicos sin tener que dar cuenta de sus fondos ni su ética.

Otros detractores de la idea de regulación del lobby

La idea de una democracia con un lobby regulado es popular entre algunos sectores occidentales. Otros, sin embargo, creen que esta ley genera la errónea percepción en la ciudadanía de que el acceso a la política es sólo posible a través de la contratación de lobbistas profesionales o legitimados en el sistema. Otro de los argumentos históricos en contra de la regulación del lobby, pasa por la idea de que la buena política o una gobernanza eficiente, requiere de un grado de confidencialidad en las negociaciones.