- Alto contraste
Asia Pacífico | Observatorio Parlamentario
Libertad de expresión y sus limitaciones en Asia Pacífico
18 marzo 2013
Desde occidente, diversas voces critican la falta de reformas democráticas en países del Asia Pacífico. Sin embargo, existen matices en la región respecto al actuar de las autoridades y a las normativas dispuestas para enfrentar la libertad de expresión. Conozca los casos más emblemáticos en la siguientes líneas y la opinión de dos parlamentarios al respecto.
Desde Occidente, diversas voces critican la falta de reformas democráticas en países del Asia Pacífico. Sin embargo, existen matices en la región respecto al actuar de las autoridades y a las normativas dispuestas para enfrentar la libertad de expresión. Conozca los casos más emblemáticos en la siguiente nota y la opinión de dos parlamentarios al respecto.
La libertad de expresión es un derecho fundamental establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 19) que incluye buscar, recibir y difundir información; aspectos que en algunos países son coartados por el firme control de Internet que realizan sus autoridades y por la prohibición de difundir material cuyo contenido exprese críticas a la política oficial del Gobierno correspondiente. Analicemos a la región en detalle.
La libertad de expresión es un derecho fundamental establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 19) que incluye buscar, recibir y difundir información; aspectos que en algunos países son coartados por el firme control de Internet que realizan sus autoridades y por la prohibición de difundir material cuyo contenido exprese críticas a la política oficial del Gobierno correspondiente. Analicemos a la región en detalle.
Censura en el Sudeste Asiático
En Tailandia, la primera mujer en asumir el liderazgo del país, Yingluck Shinawatra (novena descendiente de una poderosa familia), tras dos años en el cargo continúa aplicando la legislación sobre delitos de lesa-majestad (artículo 112 del Código Penal), que prohíbe cualquier crítica hacia la familia real. Los afectados por esta norma -en su mayoría “presos de conciencia” según Amnistía Internacional- son personas que pueden permanecer en prisión entre tres y quince años por difamar, insultar o amenazar al monarca y su núcleo.
Es más, para perfeccionar este mecanismo, a fines del 2011 el gobierno inauguró el Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética, con el fin de suprimir los delitos cibernéticos, especialmente los delitos contra la monarquía. Un año después, este país se convirtió en el primero en aprobar la censura de Twitter, contactándose con la red para delimitar el contenido disponible, algo que ya hacía con Google y Facebook.
Las autoridades de Malasia restringieron en 2011 la libertad de expresión al imponer sanciones penales bajo la Ley contra la Sedición de 1948 a quienes criticaban al gobierno. Sin embargo, a mediados del 2012 el Gobierno malayo anunció que derogará esta ley, para establecer en su reemplazo una propuesta conocida como la Ley Nacional de la Armonía, permitiendo disminuir las restricciones a sus habitantes y a los usuarios de Internet.
Otra normativa cuestionada por organismos de derechos humanos fue la Ley de Seguridad Interna, que permitía la detención de cualquier persona, sin juicio previo, hasta por dos años, si las autoridades consideraban que amenazaba la seguridad, los servicios básicos o la economía nacional. Su derogación dio paso a la Ley de Delitos de Seguridad de 2012, que eliminó el derecho del gobierno a detener a una persona sin juicio y redujo el tiempo de detención máximo a 28 días. Pese a esto, la derogación no ampara a quienes fueron detenidos con anterioridad bajo dicha Ley.
La República Socialista de Vietnam tiene una disposición particular para evitar la disidencia, la que castiga a los condenados con una sentencia que varía entre los tres y los doce años de cárcel. Se trata del artículo 88 del Código Penal de 1999, que impide distorsionar, difamar o hacer propaganda en contra de las autoridades, así como hacer, almacenar y/o distribuir material en contra del Estado.
El estricto control sobre la prensa ha convertido a Internet en el medio de expresión preferido por la ciudadanía. En 2010, el régimen afianzó el control de las redes sociales con la creación de su propia versión de Facebook. Quienes quieran abrir una cuenta deben identificarse con sus nombres reales y su cédula, impidiendo así la impunidad del anonimato.
Amnistía Internacional (AI) indicó en su informe 2012 que Vietnam mantuvo un servicio de inteligencia dedicado a intimidar y silenciar a las voces críticas durante los últimos años, siendo su principal objetivo los activistas pro democracia y quienes exigían mejoras en medioambiente, derechos laborales y derechos de minorías étnicas y religiosas.
Es más, para perfeccionar este mecanismo, a fines del 2011 el gobierno inauguró el Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética, con el fin de suprimir los delitos cibernéticos, especialmente los delitos contra la monarquía. Un año después, este país se convirtió en el primero en aprobar la censura de Twitter, contactándose con la red para delimitar el contenido disponible, algo que ya hacía con Google y Facebook.
Las autoridades de Malasia restringieron en 2011 la libertad de expresión al imponer sanciones penales bajo la Ley contra la Sedición de 1948 a quienes criticaban al gobierno. Sin embargo, a mediados del 2012 el Gobierno malayo anunció que derogará esta ley, para establecer en su reemplazo una propuesta conocida como la Ley Nacional de la Armonía, permitiendo disminuir las restricciones a sus habitantes y a los usuarios de Internet.
Otra normativa cuestionada por organismos de derechos humanos fue la Ley de Seguridad Interna, que permitía la detención de cualquier persona, sin juicio previo, hasta por dos años, si las autoridades consideraban que amenazaba la seguridad, los servicios básicos o la economía nacional. Su derogación dio paso a la Ley de Delitos de Seguridad de 2012, que eliminó el derecho del gobierno a detener a una persona sin juicio y redujo el tiempo de detención máximo a 28 días. Pese a esto, la derogación no ampara a quienes fueron detenidos con anterioridad bajo dicha Ley.
La República Socialista de Vietnam tiene una disposición particular para evitar la disidencia, la que castiga a los condenados con una sentencia que varía entre los tres y los doce años de cárcel. Se trata del artículo 88 del Código Penal de 1999, que impide distorsionar, difamar o hacer propaganda en contra de las autoridades, así como hacer, almacenar y/o distribuir material en contra del Estado.
El estricto control sobre la prensa ha convertido a Internet en el medio de expresión preferido por la ciudadanía. En 2010, el régimen afianzó el control de las redes sociales con la creación de su propia versión de Facebook. Quienes quieran abrir una cuenta deben identificarse con sus nombres reales y su cédula, impidiendo así la impunidad del anonimato.
Amnistía Internacional (AI) indicó en su informe 2012 que Vietnam mantuvo un servicio de inteligencia dedicado a intimidar y silenciar a las voces críticas durante los últimos años, siendo su principal objetivo los activistas pro democracia y quienes exigían mejoras en medioambiente, derechos laborales y derechos de minorías étnicas y religiosas.
India, Corea y China
India despliega un mecanismo de vigilancia de internet a través del "IT Rules 2011", establecido por su Departamento de Tecnología e Información, el que prohíbe cualquier contenido que haga peligrar la integridad, la seguridad o la soberanía del país, junto con las buenas relaciones con Estados extranjeros o el orden público. A partir de esto, se han bloqueado sitios web de distinta índole (de noticias, entretención, etc.) en los últimos años.
En 2012, usuarios y opositores políticos criticaron a las autoridades por exigir a compañías de Internet que bloquearan más de 300 páginas web y decenas de cuentas en Twitter, con el argumento de evitar comentarios que aumentaran la alarma social y provocaran una escalada de violencia en el conflicto entre musulmanes e hindúes.
Por estos motivos, la agrupación Reporteros sin Fronteras (RSF) considera que “la política de seguridad nacional de la mayor democracia del globo debilita la libertad de expresión en Internet y la protección de datos personales de los usuarios”.
En Corea del Sur, durante el mandato del ex presidente Lee Myun-bak, aumentaron las prohibiciones de malas palabras y otras actividades en línea. De hecho, depurar el lenguaje usado en contra de este político fue una disposición del Consejo, la que fue vista por sus opositores como una excusa para silenciar a las voces críticas.
La vigilancia sobre Internet y las redes sociales persiste, sobre todo en sitios como Twitter y Facebook. Según AI, sus autoridades acudieron cada vez más a la Ley de Seguridad Nacional para controlar a los opositores a la política oficial sobre Corea del Norte, de modo que al finalizar el 2012, unas 135 personas estaban detenidas por infringir esta Ley.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU estudió en 2012 los casos de 100 objetores de conciencia surcoreanos y concluyó que Corea había violado el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, protegido por el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por último, el Gobierno de China destaca por su firme control sobre el acceso a Internet, pese a ser el país con más gente conectada a la Red. Luego de bloquear distintas páginas de uso frecuente en el resto del mundo, como Facebook y YouTube, a fines del 2012 las autoridades anunciaron una nueva ley que obligará a los usuarios a registrarse consus nombres verdaderos en los servicios de telecomunicaciones.
Según un Informe de RSF, China utiliza como estrategia la suspensión de las comunicaciones en las localidades (Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior) cuando se ha perdido el control de la situación, mientras que la ley prohíbe la difusión de “rumores”; ambas prácticas permiten al Gobierno silenciar las voces disidentes. Por otra parte, AI indicó en su Informe Anual que en China siguen siendo frecuentes los arrestos y las desapariciones forzosas.
En este sentido, el senador Hernán Larraín –quien ha visitado el país en varias oportunidades- señaló que “en China está asumiendo una nueva generación de dirigentes que tiene más juventud y aproximación a la realidad actual, tanto a nivel interno como internacional. Estoy seguro que esto debería acarrear cambios que espero que los chinos puedan resolver con autonomía y soberanía, avanzando en la dirección que todos queremos”, afirmó el parlamentario.
En 2012, usuarios y opositores políticos criticaron a las autoridades por exigir a compañías de Internet que bloquearan más de 300 páginas web y decenas de cuentas en Twitter, con el argumento de evitar comentarios que aumentaran la alarma social y provocaran una escalada de violencia en el conflicto entre musulmanes e hindúes.
Por estos motivos, la agrupación Reporteros sin Fronteras (RSF) considera que “la política de seguridad nacional de la mayor democracia del globo debilita la libertad de expresión en Internet y la protección de datos personales de los usuarios”.
En Corea del Sur, durante el mandato del ex presidente Lee Myun-bak, aumentaron las prohibiciones de malas palabras y otras actividades en línea. De hecho, depurar el lenguaje usado en contra de este político fue una disposición del Consejo, la que fue vista por sus opositores como una excusa para silenciar a las voces críticas.
La vigilancia sobre Internet y las redes sociales persiste, sobre todo en sitios como Twitter y Facebook. Según AI, sus autoridades acudieron cada vez más a la Ley de Seguridad Nacional para controlar a los opositores a la política oficial sobre Corea del Norte, de modo que al finalizar el 2012, unas 135 personas estaban detenidas por infringir esta Ley.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU estudió en 2012 los casos de 100 objetores de conciencia surcoreanos y concluyó que Corea había violado el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, protegido por el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por último, el Gobierno de China destaca por su firme control sobre el acceso a Internet, pese a ser el país con más gente conectada a la Red. Luego de bloquear distintas páginas de uso frecuente en el resto del mundo, como Facebook y YouTube, a fines del 2012 las autoridades anunciaron una nueva ley que obligará a los usuarios a registrarse consus nombres verdaderos en los servicios de telecomunicaciones.
Según un Informe de RSF, China utiliza como estrategia la suspensión de las comunicaciones en las localidades (Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior) cuando se ha perdido el control de la situación, mientras que la ley prohíbe la difusión de “rumores”; ambas prácticas permiten al Gobierno silenciar las voces disidentes. Por otra parte, AI indicó en su Informe Anual que en China siguen siendo frecuentes los arrestos y las desapariciones forzosas.
En este sentido, el senador Hernán Larraín –quien ha visitado el país en varias oportunidades- señaló que “en China está asumiendo una nueva generación de dirigentes que tiene más juventud y aproximación a la realidad actual, tanto a nivel interno como internacional. Estoy seguro que esto debería acarrear cambios que espero que los chinos puedan resolver con autonomía y soberanía, avanzando en la dirección que todos queremos”, afirmó el parlamentario.
Censura a la chilena
Las libertades son un derecho fundamental en la Constitución Política de Chile (artículo 19 Nº 12). Sin embargo, el Estado ha sido cuestionado por su actuar en cuanto al derecho a la protesta social, el que está íntimamente ligado al ejercicio de la libertad de expresión. Esto, porque durante los últimos años la represión ejercida por la Fuerza Pública de control –principalmente por efectivos de Carabineros- ha despertado la alarma tanto de la opinión pública como de organismos internacionales de Derechos Humanos (como Amnistía Internacional).
Al respecto, el diputado Sergio Aguiló declaró que “en Chile existe la protesta social, basta recordar lo que ocurrió en 2011 y 2012 con protestas de distinta naturaleza; pero hay, al mismotiempo, un Estado que es muy reactivo a esa situación y usa la represión. Cada vez hay más críticas de los organismos de derechos humanos hacia las Fuerzas Especiales de Carabineros, pues ejercen una represión desproporcionada en contra de los manifestantes”, enfatizó.
Otra arista surgió a fines de 2012, cuando se conoció el robo de computadores y discos duros de los periodistas Cristóbal Peña, Javier Rebolledo y Mauricio Weibel, autores de investigaciones sobre los crímenes de la Dictadura. Debido a la similitud de los casos, el fiscal a cargo de la causa penal iniciada, estimó que constituirían amedrentamiento y atentado contra la libertad de expresión.
Otro ejemplo ocurrió en febrero de este año, con el caso de un abogado que fue procesado por parodiar –vía Twitter- a uno de los empresarios del clan más millonario del país: Andrónico Luksic. El profesional fue formalizado bajo los cargos de usurpación de identidad, arriesgando entre 61 a 541 días de cárcel, lo que fue visto por la ONG Derechos Digitales como una amenaza a la libertad de expresión de los usuarios en Internet.
Al respecto, el diputado Sergio Aguiló declaró que “en Chile existe la protesta social, basta recordar lo que ocurrió en 2011 y 2012 con protestas de distinta naturaleza; pero hay, al mismotiempo, un Estado que es muy reactivo a esa situación y usa la represión. Cada vez hay más críticas de los organismos de derechos humanos hacia las Fuerzas Especiales de Carabineros, pues ejercen una represión desproporcionada en contra de los manifestantes”, enfatizó.
Otra arista surgió a fines de 2012, cuando se conoció el robo de computadores y discos duros de los periodistas Cristóbal Peña, Javier Rebolledo y Mauricio Weibel, autores de investigaciones sobre los crímenes de la Dictadura. Debido a la similitud de los casos, el fiscal a cargo de la causa penal iniciada, estimó que constituirían amedrentamiento y atentado contra la libertad de expresión.
Otro ejemplo ocurrió en febrero de este año, con el caso de un abogado que fue procesado por parodiar –vía Twitter- a uno de los empresarios del clan más millonario del país: Andrónico Luksic. El profesional fue formalizado bajo los cargos de usurpación de identidad, arriesgando entre 61 a 541 días de cárcel, lo que fue visto por la ONG Derechos Digitales como una amenaza a la libertad de expresión de los usuarios en Internet.
