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Asia Pacífico | Observatorio Parlamentario
Falsas llamadas de emergencia: la experiencia de Asia Pacífico
03 enero 2013
A raíz de una moción presentada a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, Chile busca aumentar las sanciones para quienes realicen llamadas falsas a los números de emergencia dispuestos para auxiliar a la ciudadanía. En este sentido, revisamos las medidas adoptadas por países del Asia Pacífico para solucionar este problema.
A raíz de una moción presentada a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, Chile busca aumentar las sanciones para quienes realicen llamadas falsas a los números de emergencia dispuestos para auxiliar a la ciudadanía. En este sentido, revisamos las medidas adoptadas por países del Asia Pacífico para solucionar este problema.
Los mayores logros al respecto están en Nueva Zelandia, en donde la Ley de Telecomunicaciones establece que quien realice un mal uso de los teléfonos de emergencia (111) tendrá una multa máxima de 2.000 dólares (más de 950.000 pesos chilenos) o cárcel por hasta tres meses. También fijó la atención de llamadas a través de un sistema operador (Telecom) con mensajes grabados, para luego derivar a las verdaderas emergencias a la institución pertinente. Este filtro redujo en un 20% las llamadas falsas.
Otra medida es el cobro de NZ $6 (unos 2.400 pesos) que puede hacer la empresa a partir de la segunda llamada errónea hecha al 111 por un mismo número en menos de un mes. Pese a todos estos esfuerzos, cabe destacar que en la actualidad el 52% de las llamadas de emergencia hechas en Nueva Zelandia siguen siendo falsas.
Las sanciones más severas se encuentran en Singapur, ya que la multa asciende a 20.000 dólares (unos 9 millones y medio de pesos) y cinco años de cárcel. Para frenar el creciente número de llamadas que no son de emergencia, la Fuerza de Defensa Civil de Singapur busca intensificar la educación pública sobre el uso del Servicio de Ambulancias de Emergencia e insta a la población a llamar al 1777 para servicios no urgentes a cargo de operadores privados de ambulancia.
En Australia, las personas que llaman al sistema de emergencia 000 para hacer bromas pueden enfrentar hasta tres años de prisión. Además, se ha diseñado un sistema de operadores de redes móviles para iniciar el bloqueo de los celulares que hacen constantemente llamadas "no genuinas" al 000. Para evadir a los bromistas, un sistema operador (Telstra) deriva el llamado a la institución adecuada según la naturaleza de la emergencia.
En Malasia, en tanto, el Gobierno implementó en 2012 un mejorado sistema operativo de emergencia (999), que reúne los números del Departamento de Bomberos, del Departamento de Defensa Pública y de la Policía Real de Malasia. Entorpecer este sistema es un delito tipificado en el artículo 233 de la Ley de Comunicaciones y Multimedios. Si la persona es declarada culpable puede ser multada con hasta RM50, 000 (casi 8 millones de pesos), encarcelada máximo un año, o –inclusive- ambas cosas. De todas formas, el 97% de las llamadas que recibe el 999 son falsas.
Dentro del Asia Pacífico, Corea es el país más flexible en esta materia, pese a que el número de llamadas falsas que alertan sobre la presencia de artefactos explosivos va en aumento. En 2007 las autoridades comenzaron a considerar estos actos como culpables de obstrucción a la justicia, acusación que merece hasta cinco años de cárcel. Sin embargo, sólo un 0,5% de los que hicieron llamadas falsas o bromas fue detenido; la mayoría obtuvo menos de 100.000 won (unos 40 mil pesos chilenos) en multas.
Los mayores logros al respecto están en Nueva Zelandia, en donde la Ley de Telecomunicaciones establece que quien realice un mal uso de los teléfonos de emergencia (111) tendrá una multa máxima de 2.000 dólares (más de 950.000 pesos chilenos) o cárcel por hasta tres meses. También fijó la atención de llamadas a través de un sistema operador (Telecom) con mensajes grabados, para luego derivar a las verdaderas emergencias a la institución pertinente. Este filtro redujo en un 20% las llamadas falsas.
Otra medida es el cobro de NZ $6 (unos 2.400 pesos) que puede hacer la empresa a partir de la segunda llamada errónea hecha al 111 por un mismo número en menos de un mes. Pese a todos estos esfuerzos, cabe destacar que en la actualidad el 52% de las llamadas de emergencia hechas en Nueva Zelandia siguen siendo falsas.
Las sanciones más severas se encuentran en Singapur, ya que la multa asciende a 20.000 dólares (unos 9 millones y medio de pesos) y cinco años de cárcel. Para frenar el creciente número de llamadas que no son de emergencia, la Fuerza de Defensa Civil de Singapur busca intensificar la educación pública sobre el uso del Servicio de Ambulancias de Emergencia e insta a la población a llamar al 1777 para servicios no urgentes a cargo de operadores privados de ambulancia.
En Australia, las personas que llaman al sistema de emergencia 000 para hacer bromas pueden enfrentar hasta tres años de prisión. Además, se ha diseñado un sistema de operadores de redes móviles para iniciar el bloqueo de los celulares que hacen constantemente llamadas "no genuinas" al 000. Para evadir a los bromistas, un sistema operador (Telstra) deriva el llamado a la institución adecuada según la naturaleza de la emergencia.
En Malasia, en tanto, el Gobierno implementó en 2012 un mejorado sistema operativo de emergencia (999), que reúne los números del Departamento de Bomberos, del Departamento de Defensa Pública y de la Policía Real de Malasia. Entorpecer este sistema es un delito tipificado en el artículo 233 de la Ley de Comunicaciones y Multimedios. Si la persona es declarada culpable puede ser multada con hasta RM50, 000 (casi 8 millones de pesos), encarcelada máximo un año, o –inclusive- ambas cosas. De todas formas, el 97% de las llamadas que recibe el 999 son falsas.
Dentro del Asia Pacífico, Corea es el país más flexible en esta materia, pese a que el número de llamadas falsas que alertan sobre la presencia de artefactos explosivos va en aumento. En 2007 las autoridades comenzaron a considerar estos actos como culpables de obstrucción a la justicia, acusación que merece hasta cinco años de cárcel. Sin embargo, sólo un 0,5% de los que hicieron llamadas falsas o bromas fue detenido; la mayoría obtuvo menos de 100.000 won (unos 40 mil pesos chilenos) en multas.
Los avances en Chile
Para evitar este tipo de llamadas, los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentaron un Proyecto de Ley que plantea distinguir entre las falsas alarmas y las bromas, pasando estas últimas a considerarse como delito que constituye una falta con pena de multa, razón por la que el responsable deberá solventar los gastos que deriven de esta conducta.
En el caso de las falsas alarmas, la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas acordó conservar la pena actual estipulada en el Código Penal, sumando a la reclusión menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días), mayores multas. Además, concertó añadir como agravante en un grado de la pena, los efectos que esta falsa alarma pueda ocasionar en la población.
El diputado Cristian Letelier, autor de la moción, destacó las iniciativas del Asia Pacífico en torno al tema, especialmente los casos de Nueva Zelandia y Australia. Respecto al primero, el parlamentario aseguró que “hemos puesto en conocimiento de la Subsecretaría en Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la existencia de un aparato similar al que utilizan en Nueva Zelandia, que permite desviar llamadas de este tipo, sean en tono de pitanza, sean falsa alarma, etc.”.
Finalmente, el congresista señaló que de momento no es realista imponer penas carcelarias tan altas como en Asia Pacífico. “Creemos que las penas que estamos planteando, junto al convencimiento de la población a resistirse a realizar este tipo de llamadas, y al hecho de tener un procedimiento para aislar estas llamadas, van a permitir en el mediano plazo una reducción sustancial de las llamadas falsas”, concluyó el parlamentario.
En el caso de las falsas alarmas, la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas acordó conservar la pena actual estipulada en el Código Penal, sumando a la reclusión menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días), mayores multas. Además, concertó añadir como agravante en un grado de la pena, los efectos que esta falsa alarma pueda ocasionar en la población.
El diputado Cristian Letelier, autor de la moción, destacó las iniciativas del Asia Pacífico en torno al tema, especialmente los casos de Nueva Zelandia y Australia. Respecto al primero, el parlamentario aseguró que “hemos puesto en conocimiento de la Subsecretaría en Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la existencia de un aparato similar al que utilizan en Nueva Zelandia, que permite desviar llamadas de este tipo, sean en tono de pitanza, sean falsa alarma, etc.”.
Finalmente, el congresista señaló que de momento no es realista imponer penas carcelarias tan altas como en Asia Pacífico. “Creemos que las penas que estamos planteando, junto al convencimiento de la población a resistirse a realizar este tipo de llamadas, y al hecho de tener un procedimiento para aislar estas llamadas, van a permitir en el mediano plazo una reducción sustancial de las llamadas falsas”, concluyó el parlamentario.
