La ley neozelandesa que convirtió a un río en persona

En las mitologías que recogen el origen y sabiduría de los pueblos del mundo, es común encontrar referencias a ríos, bosques y montañas con cualidades humanas. Es parte de nuestra historia y también del presente de Nueva Zelandia, donde la ley le acaba de otorgar al río Whanganui los derechos de persona jurídica. Conozcamos algunos detalles de esta nueva manera de proteger a la naturaleza.

El nuevo estatus legal del río Whanganui marca un nuevo paradigma en la lucha por la protección de recursos naturales y sus lazos culturales con los pueblos que los veneran. En este caso se trata nada menos que del tercer río más largo de Nueva Zelandia, que hoy goza de los mismos derechos que una compañía. Según la nueva ley, los Whanganui River iwi, la etnia que inició el proceso legal para garantizar la protección del río, compartirán la custodia legal del río con representantes del gobierno nacional.

En el cuerpo de la Ley, el río es considerado como un “entero viviente e integrado” (Te Awa Tupua en el lenguaje de los Whanganui). Este estatus, es comparable al que Ecuador le dio el 2008 a sus bosques y lagos para cubrirlos de prácticas dañinas.

El acuerdo fue firmado entre los Whanganui River Maori Trust, que representa a este grupo étnico a lo largo del río, y los representantes de la Corona en el Parlamento. Aunque aún no se especifica los valores bajo los que se realizará la defensa bipartita del río, si está claro que se pretende dar representación a todos los interesados, incluidos los que abogan por su uso recreacional y comercial.

Para Ricardo Bustamante, editor de Acuerdos.cl, sitio dedicado a la divulgación de noticias en defensa de la ecología que es parte de la Fundación Casa de La Paz, la nueva Ley neozelandesa “es un ejemplo a nivel mundial en cuanto a la protección de ríos y recursos naturales. Bolivia hizo algo parecido cuando le dio categoría legal a la naturaleza misma, lo que ofrece más trabas y protección de la naturaleza hacia la intervención de ríos”.

La necesidad de avanzar en la identificación de dimensiones culturales que portan algunos sitios, ríos y lagos, queda en evidencia para Bustamante con casos como “lo que fue la Central Ralco en el alto Bío Bío, donde se inundó un cementerio Pehuenche. Hubiera servido bastante alguna protección legal. Ni siquiera se vio suscrito al convenio 169 de la OIT. Hay muchas áreas afectadas en este momento, desde Puchuncaví hasta las grandes minas en el Norte, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión con las comunidades”.

Para el diputado Fuad Chahin el ejemplo de Nueva Zelandia “parece digno de analizar como país. Lo importante es que seamos capaces de generar un nuevo estatus de protección de nuestros recursos naturales, sobre todo los que están vinculados a las comunidades indígenas. Tenemos bastante por avanzar en eso. Necesitamos tener una nueva institucionalidad, con un Consejo de pueblos, tener un nuevo procedimiento de consulta que hoy está absolutamente cuestionado”.

Fuad Chahin es parte de la Comisión de Agricultura que discute en el Congreso la extensión del DL 701 sobre fomento de la forestación. De acuerdo al diputado, tal como está “el proyecto no hace mención ni del medioambiente ni de las comunidades que se ven afectadas por la forestación en nuestro país, sobre todo con especies exógenas y con monocultivos que generan efectos bastantes complejos en el medioambiente, como en las napas de agua y muy fundamentalmente en las comunidades que están cerca de donde se realizan estas plantaciones. Aquí hay un proceso de consulta más bien formal donde no se cumple con los estándares del convenio 169 de la OIT y tampoco el proyecto de ley recoge ninguna de las observaciones que hicieron las comunidades en su momento. De hecho, no se le cambió una sola coma. No existe ningún tipo de voluntad de parte del gobierno por recoger la visión de los pueblos originarios en relación al DL 701. Lo que se pretende hacer es una participación simbólica (de las comunidades y pueblos originarios) y eso no resiste más. Hoy es indispensable regular ese tipo de actividades y evaluar el impacto medioambiental y cultural, la forma de vida de las comunidades que se ven afectadas con este tipo de plantaciones”.