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Asia Pacífico | Observatorio Parlamentario

El rol de los ciudadanos en la transparencia parlamentaria en India

13 septiembre 2013

Es la democracia más grande del mundo con un congreso bicameral de 773 miembros. A partir de 1999 el parlamento comenzó a realizar reformas con el fin de transparentar las actividades legislativas e involucrar a los ciudadanos en la fiscalización pública y privada. Debido esta trayectoria, India podría ser un aporte a nuestro país en relación al proyecto de ley de probidad que está discutiéndose en el Parlamento.

Es la democracia más grande del mundo con un congreso bicameral de 773 miembros. A partir de 1999 el parlamento comenzó a realizar reformas con el fin de transparentar las actividades legislativas e involucrar a los ciudadanos en la fiscalización pública y privada. Debido esta trayectoria, India podría ser un aporte a nuestro país en relación al proyecto de ley de probidad que está discutiéndose en el Parlamento.

 

Coordinación entre el sector público y privado

 

El caso de India destaca por la ley de probidad y contratación pública que garantiza la transparencia y la rendición de cuentas, estableciendo la forma de hacer declaraciones de patrimonio e intereses a miembros del Parlamento, funcionarios públicos, incluso a empresas privadas que quieran hacer negocios con el Estado.

 

El Parlamento indio establece que la forma de publicar la información de patrimonio por parte de sus miembros sigue un procedimiento de declaración voluntaria que queda consignada en la agencia parlamentaria, sin embargo en caso de sancionar a algún miembro, cada una de las cámaras determinará los tipos de castigos mediante una comisión extraordinaria.

 

La ley pone a su vez la atención en el intercambio de información entre el Estado y el sector privado, estableciendo una normativa que privilegia la contratación de empresas que tengan políticas internas para la rendición de cuentas hacia el sector público, o que al menos se encuentren en un proceso de disponerlas.

 

De esta manera, la declaración de patrimonio e intereses presentada por los parlamentarios a la hora de asumir sus cargos puede ser corroborada por el resto de los poderes del Estado y la ciudadanía, además de ser cotejada con la información publicada por las compañías.

 

Prerrogativas de control ciudadano para la probidad

 

Si bien las normas para la declaración de intereses y patrimonio no son obligatorias para los legisladores, por lo tanto su violación no lleva a penas altas, existe la figura del llamado a los parlamentarios. Considerado constitucionalmente como un mecanismo democrático, busca hacer cumplir la probidad al interior del poder legislativo.

 

Esta figura legal consiste en que todos los ciudadanos tienen la capacidad de remover a algún miembro del Poder Legislativo antes de que termine su período, en caso de que ciertos códigos de probidad y eficiencia parlamentaria no sean cumplidos durante la gestión. Este llamado a los parlamentarios se enfoca también a asegurar buenas prácticas legislativas, tales como la cobertura de los servicios legislativos y correspondencia entre las expectativas generadas durante en períodos de campaña y la gestión.

 

Comparación con la legislación chilena

 

Respecto a la figura legal del llamado a los parlamentarios utilizada en India, para el senador Hernán Larraín, presidente de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado “hay que tener cuidado con que la representación parlamentaria pueda ser revocada por situaciones de esta naturaleza porque se distorsiona la representatividad democrática”.

 

En cuanto a la ley de probidad que se está tramitando en el congreso, el Senador Larraín manifestó que “el camino que nuestro país está siguiendo es el correcto, es decir establecer por ley las obligaciones de todos los parlamentarios y otras autoridades para hacer una declaración fidedigna y completa de su patrimonio y sus intereses, eso supone sanciones más duras”.

 

Por último, en relación a las sanciones, el parlamentario afirmó que “por el camino de las fuertes sanciones se asegura la transparencia, permite evitar los conflictos de intereses, además de evitar el enriquecimiento indebido y asegurar la función legislativa”

 

La eventual aprobación de ley de probidad en la función pública implicaría el perfeccionamiento del formato para hacer la declaración de intereses, con el fin de conocer mayores detalles sobre el patrimonio real del declarante, para ello deberá especificar valores, acciones directas e indirectas que faciliten la fiscalización de conflictos de interés.

 

Para marzo de 2014, todos los parlamentarios que no hagan su declaración oportuna de patrimonio e intereses serán individualizados en la plataforma web de la cámara. El sitio en Internet tendrá la capacidad de saber cuando el parlamentario no se beneficia directamente de sus negocios, sino mediante negocios familiares.


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