La controversial política de sala cuna de Nueva Zelandia y su aplicabilidad en Chile

El controversial sistema de sala cuna de Nueva Zelandia (NZ) se ha convertido en un paradigma para los países que, como Chile, buscan equilibrar los efectos que las políticas públicas sobre este tópico imprimen en la mano de obra femenina y la empresa privada. La diputada María Angélica Cristi habla sobre las necesidades chilenas y la gratuidad a la que apunta el modelo de NZ.

Tras años de discusión, Nueva Zelandia ha logrado consolidar su programa de sala cuna denominado "20 hours free", en que el gobierno paga hasta 20 horas de cuidado semanal por cada niño de 3 a 5 años, para todas las familias del país, sin exclusión. Originalmente se trataba de parte de la propuesta política del Partido Laborista para su campaña del 2005, que fue luego implementado durante el 2007. En la actualidad, y pese a su alto costo para el Estado, este sistema se ha ganado una aceptación mayoritaria y alcanza ya una cobertura superior al 90 % de los potenciales beneficiarios.

Para dimensionar el impacto que “20 hours free” tuvo en NZ, hay que considerar que este programa llegó a ocupar el 70 por ciento de los 807 millones de dólares destinados toda la educación preescolar del 2008. El Partido Nacional, tras ganar las elecciones del 2008, aumentó la convocatoria del programa y se comprometió a ampliar los servicios anexos y a permitir que niños de cinco años también fueran beneficiados.

En la actualidad el debate se ha centrado en si el gobierno debería continuar ahondando en el paradigma de la prestación universal o bien volver a un programa de subvenciones. Sin embargo, el Ministro de Educación de NZ, Trevor Mallard, reconfirmó a “20 hours free” como la política del gobierno en este terreno a mediados del 2011.

Para la diputada María Angélica Cristi, la propuesta neozelandesa no sería aplicable en Chile. Una de las promotoras del aprobado proyecto de acuerdo Nº506 en la Cámara de Diputados, documento que busca reformar las obligaciones actuales impuestas en el Código del Trabajo y el impacto negativo que estas imprimen en la contratación de mano de obra femenina. Cristi considera que hay varios pasos previos que sortear en Chile en materia de salas cuna. “Me parece interesante la postura de NZ, pero en Chile lo primero que habría que hacer es unificar los dos sistemas existentes, que son INTEGRA y la JUNJI. Es complicado que tengamos un área que se dedique a las salas cuna y otro a los Jardines infantiles. El de las sala cuna tiene una mayor connotación con temas de salud por temas de infecciones, resfríos y cuidados. Además hay estudios hechos que revelan el temor de los padres a dejar sus hijos en estas instalaciones. Entonces lo primero que hay que hacer es unificar el sistema y luego mejorar y aumentar la cobertura”.

Respecto de la gratuidad que infiere el programa de NZ, Cristi especificó que “no lo haría” en el caso chileno. “Se busca disminuir las brechas entre ricos y pobres y no es justo entregarle estos beneficios a los que si pueden pagar. Apuntaría más a un subsidio en el que los padres de los sectores más pobres y parte de la clase media, pensando en jornadas laborales de ocho horas diarias, pagaran 20 horas y el Estado otras 20 semanales”.

También agregó que “en Chile, y me imagino que en NZ no tienen este sistema, las empresas con más de 20 mujeres empleadas deben contar con sala cuna. Hoy se busca lo mismo en el caso de los hombres. Con el sistema de NZ tal vez se perdería este beneficio”. Cristi acotó que una de las ideas que le parecen atractivas es que “el Estado construya más instalaciones y que sean los padres o la comunidad la que se encargue de administrarlos”.

El proyecto de acuerdo aprobado en Chile

En Chile, el proyecto de acuerdo Nº 506, presentado por diez diputadas y aprobado en la Cámara el 06 de marzo del 2012, establece que “es cuestionable que en el Código del Trabajo se siga hablando de la protección de la maternidad y se vincule la obligación de otorgar sala cuna a las empresas que tengan contratada una cierta cantidad de mujeres”.

La necesidad de una reforma en este ámbito se justifica en la desventaja que implica el costo promedio de $150 mil mensuales por trabajadora, de acuerdo a las exigencias de la normativa actual en el Código del Trabajo. Este costo asociado a la mano de obra femenina desincentiva su contratación, principalmente en el estrato de menores ingresos. También se señala que es necesario abordar tanto el aumento de la cobertura como la calidad de las salas cuna.

Más que proponer un paquete de soluciones, el proyecto de acuerdo pide específicamente que “se estudie y acoja una nueva regulación para el derecho a sala cuna, teniéndose a la vista la necesidad de que esta medida apoye una mayor participación laboral femenina”. El modelo a instalar está por conocerse, pero sin duda la experiencia neozelandesa marca un paradigma en las políticas públicas que se estudiarán para el caso chileno.