El Sudeste Asiático frente a la crisis humanitaria del desplazamiento forzado

Asia no solo es el lugar con más migrantes en el mundo, sino también la cuarta región con mayor cantidad de desplazados. Persecuciones religiosas en Myanmar y Afganistán, dejan miles de personas a merced del contrabando humano, lo que trae como consecuencia que países como Tailandia o Malasia, luego de superar una crisis humanitaria, hayan adoptado acciones conjuntas para evitar nuevas emergencias. Estas medidas implementadas a nivel regional y lo que debemos aprender de esta experiencia en nuestro país, a continuación.

El pueblo más oprimido según la ONU son desplazados en el Sudeste Asiático

Al finalizar el año 2015, la Acnur determinó en su último informe que en toda la región del Asia y el Pacífico existen 9,8 millones de refugiados, entre los que se encuentran 3,8 millones en solicitud de asilo, 2,9 desplazados internos y más de un millón y medio de personas apátridas. La mayoría de estos refugiados son provenientes de Afganistán o Myanmar. Debido a creencias religiosas distintas a la oficial, han sido perseguidos, o simplemente no tienen las condiciones de vida adecuadas para vivir dignamente el país que nacieron.

Según el Reporte Global de 2015 enfocado en la Región Asia Pacífico, solo un tercio de toda esa población ha sido asentada en áreas urbanas o semi urbanas. En el Sudeste Asiático, lugar donde se concentra la mayor cantidad de desplazados en el Asia, la precariedad en los mecanismos de protección y la ausencia de políticas humanitarias que promuevan la recepción y formalización de estas personas en calidad de refugiados, ha sido un dolor de cabeza para la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

La ausencia de una acción común se vio evidenciada en mayo de 2015 cuando se descubrieron en la frontera entre Tailandia y Malasia 26 cuerpos de personas pertenecientes a la religión rohingya, provenientes de Myanmar. Esta situación llevó a que las autoridades de Tailandia emprendieran una persecución a los contrabandistas, situación que trajo como consecuencia que el número de campamentos y cadáveres descubiertos en distintas zonas de la región aumente. Myanmar es un país predominantemente budista que reconoce las minorías musulmanas rohingya como “inmigrantes ilegales de Bangladesh”.

Si bien las acciones del gobierno tailandés en contra de los traficantes logró poner fin al lucrativo negocio del contrabando humano, se produjo una crisis humanitaria en toda la región, ya que con el fin de evadir a las patrullas, los grupos ilícitos se han negado a desembarcar en las costas. Esto ha llevado a que se mantengan en alta mar con miles de rehenes. Luego de empujar a los barcos a Malasia, el gobierno de dicho país los empujó a Indonesia, quienes también le negaron el ingreso. Este hecho fue descrito por un editorial de CNN como el “ping pong humano”.

Sin embargo, a pocas semanas de este hecho, los líderes de Asean en una reunión especial en Bangkok, donde además asistieron observadores de Acnur, Estados Unidos, Japón y Suiza, acordaron responder a la crisis mediante la ayuda humanitaria a siete mil desplazados que se encontraban en el mar, a quienes les otorgaron el estatus de refugiados temporales, bajo la condición de que la comunidad internacional les ayude a reasentarlos en el transcurso de un año.

Si bien esta reunión se realizó bajo el alero de Asean sirvió para salvar la vida a miles de desplazados, el organismo se niega sancionar a Myanmar, ya que uno de sus principios fundacionales es la no intervención en asuntos internos. No obstante lo anterior, se acordaron dos puntos importantes. En primer lugar que la crisis de los rohingya más que un tema que deba resolver Asean, es un problema de toda la comunidad internacional. En segundo, se acordó la firma de convenciones y tratados internacionales relacionados con la protección de personas apátridas.

Los cambios producidos para reducir los desplazados y desafíos a futuro

Como una manera de darle solución temporal a los miles de desplazados que se encontraban deambulando en el mar, a finales de 2015 los países más desarrollados de Asean comenzaron a brindarles asilo. A través de una asignación de cuotas, por ejemplo Filipinas recibió a siete mil personas y Malasia a 11 mil. A esto se suma que ambos países se encuentran otorgando nacionalidades a cientos de niños apátridas.

No obstante lo anterior, debido a que la cantidad de desplazados provenientes de Myanmar y Afganistán seguirá en aumento, los países Asean en conjunto con Acnur tomaron la decisión de actuar con base en dos criterios. El primero dice relación con la identificación de aquellos sujetos con necesidad de protección internacional, ya sea por ser víctimas del tráfico humano, como por ser niños, o familias en condición de vulnerabilidad.

Un segundo criterio se sustenta en la posibilidad de retornar a aquellos desplazados que pueden hacerlo de una manera digna y voluntaria. En estos casos se les otorga un asilo temporal con acceso a instalaciones sanitarias, educativas y laborales. Estas medidas fueron valoradas por el alto comisionado de Acnur, Volker Türk en su discurso en Asamblea General de Naciones Unidas en junio de 2016, sin embargo afirmó que aún queda mucho por implementar.

En su mensaje, Türk señaló que la misión de los países asiáticos debe ser contar con medios efectivos para seguir identificando a las personas con necesidad, mientras que la Oficina Internacional sobre Inmigración (IOM y la Oficina de Naciones Unidos contra la Droga y el Delito (Undoc) tendrán que coordinarse para los rescates y búsquedas de contrabandistas, así como también gestionar los desembarcos.

La realidad de los desplazados en nuestro país

Si bien la realidad chilena es distinta a la que ha tenido que vivir la comunidad de naciones del Sudeste Asiático, no somos un país ajeno a este tipo de fenómenos, ya que diariamente llegan a nuestras fronteras personas en calidad de refugiados, principalmente provenientes de otros países de América Latina como Colombia o Perú, no obstante, en menor medida igual existen refugiados provenientes de África y Asia.

Para Raymond Álvarez, experto en temas de migración perteneciente al programa de Desarrollo Humano de la Universidad Alberto Hurtado, nuestro país ha avanzado en esta materia. “Pese a que se diga que Chile no ha sido proactivo en materia de proteger a los refugiados que llegan al norte del país, sí está actuando. Al igual que todos los países latinoamericanos es parte de la convención del 67 sobre el protocolo de protección a los refugiados, pero además existe una comisión de reconocimiento al interior del Departamento de Extranjería que trabaja revisando las solicitudes para que les den la condición de refugiado”, señaló.

En relación a la reciente experiencia en el Sudeste Asiático, Álvarez afirmó que pese a la efectividad de las instituciones en Chile, al igual que como sucedió con Tailandia o Malasia, no estaríamos preparados para recibir a grandes olas de desplazados. “Es importante que veamos en esa experiencia la posibilidad de trabajar coordinadamente con nuestros vecinos, pero también con Acnur y otros organismos internacionales. En este caso, así como en el caso europeo, deja en evidencia que este tipo de problemas no son de un solo país sino que afectan a regiones enteras. Es cosa de ver cómo la Unión Europea ha tenido que dejar temas importantes de lado para enfrentar esta situación, lo mismo sucedió con los países asiáticos, por eso veo como una necesidad que multipliquemos los intercambios con nuestros países vecinos”, recalcó.

En cuanto al desarrollo de otras medidas que contribuyan a tener una buena política de migración y refugiados, el experto aludió al rol que cumplen los actores no estatales. “Pienso que es clave que no se les cargue la mano a Acnur, incluso al Estado en este tema, porque el trabajo de las ONG puede ser de bastante ayuda. Hoy existen distintas organizaciones con recursos y vocación para trabajar en las fronteras asistiendo a los desplazados. Más aún, el trabajo con los apátridas es especial y no puede gestionarse de la misma manera que con un burrero, o un sospechoso de quedarse ilegal, son circunstancias distintas, por lo que la asistencia deja de ser netamente policial y pasa a ser humanitaria, es ante estos casos la coordinación entre organismos debe estar bien afinada”, opinó.