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Asia Pacífico | Observatorio Parlamentario

Avances y dificultades de Australia y Japón para lograr una transición energética justa

18 agosto 2022

Ambos países han impulsado acciones para avanzar en la producción y consumo de energías renovables y reemplazar los combustibles fósiles. Aunque las consecuencias han sido favorables para una gran mayoría de la población, aún existen riesgos de perpetuar una relación marcada por ganadores y perdedores.

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Australia y Japón tienen una larga experiencia en llevar adelante proyectos de energía renovable. Aunque ambos casos difieren en cuanto a su contexto y gradualidad, el país nipón ha logrado efectos notorios en la descentralización del suministro de energía. No obstante, el propósito de estos dos países ha sido avanzar hacia una matriz energética que garantice un ambiente libre de contaminación. Más detalles de estas experiencias, en la siguiente nota.

Los desafíos que deja la descarbonización en Australia

Los procesos de transición energética para dejar atrás los combustibles fósiles y darle la bienvenida a las fuentes limpias, en muchos casos en vez de eliminar un problema crean otros, ya que pueden seguir arrastrando una relación desfavorable entre ganadores y perdedores. Según Carley y Konisky en un artículo sobre las implicaciones de las transiciones energéticas limpias, los ganadores son aquellos que se benefician de la reducción de emisiones o de la eliminación de las energías fósiles.

Estos beneficios no sólo se dan por las nuevas oportunidades de empleo que acompañan la transición, sino también por la creación de un nuevo ecosistema que premia a otros actores. Por el contrario, los perdedores son aquellos que no son capaces de soportar la carga de los cambios o simplemente no tienen el mismo acceso a las nuevas oportunidades que se están generando.

El mismo artículo da cuenta de cómo las consecuencias económicas y sociales al momento de cerrar operaciones de extracción minera o energética son más amplias que la pérdida de fuentes laborales. Para ello, toma como ejemplo lo sucedido en Australia con el cierre de plantas de algunas minas de carbón ubicadas en lugares remotos, donde las comunidades circundantes sufrieron por la disminución de la capacidad de consumo, que impactó fuertemente al comercio minorista y servicios.

Un artículo de Andrew Chapman sobre políticas energéticas y equidad en Australia, dio cuenta también de este hecho y mostró además el caso de inequidad en el acceso a instalaciones de energía eólica y fotovoltaica en algunos territorios del país. El país oceánico es federal y cada estado ha definido sus propios niveles de desarrollo, por lo tanto hay territorios como Nueva Gales del Sur donde se dieron subsidios para la construcción de instalaciones y sólo algunos pudieron acceder.

Esto no sólo ha llevado a una distribución desigual de los proyectos, sino que el costo de quienes accedieron a instalaciones solares o eólicas residenciales, o simplemente tengan las condiciones económicas para hacerlo, paguen menos por la electricidad que quienes no las tienen.

La transición justa llevada en Japón

Entre la década del sesenta y ochenta, Japón impulsó una política energética para equilibrar su demanda creciente producto de la industrialización con un suministro seguro. En consideración de un aumento elevado de la demanda, las crisis del petróleo durante la década del setenta y la falta de recursos naturales, llevaron al país nipón a expandir sus proyectos de energía nuclear, pero también a promover la eficiencia.

Si bien desde un primer momento se erigieron movimientos ciudadanos en contra de la energía nuclear, no fue sino hasta el accidente de Fukushima en 2011 que el gobierno cerró todas las plantas, ya sea de manera temporal o permanentemente. Esto no sólo tuvo consecuencias negativas con un mayor costo de la electricidad, sino también positivas con una mayor promoción de las energías renovables.

Cabe destacar que Japón ha promovido la tecnología fotovoltaica desde la década del setenta, además de apoyar financieramente a otras fuentes alternativas. Esto llevó a que se convirtiera en el líder mundial en energía solar fotovoltaica durante la década de los noventa y a comienzos del presente siglo. Según un artículo de Iris Wieczorek del Instituto Alemán de Estudios Globales (GIGA), este desarrollo permitió la introducción del sistema de tarifas de alimentación eléctrica el año 2012, que entre otras acciones, estableció nuevas instituciones y permitió la liberalización de la venta minorista de electricidad en 2016.

En la descripción hecha por Wieczorek acerca de la realidad energética del país nipón, llama la atención que los cambios en función de la descarbonización y desnuclearización han sido beneficiosos para los japoneses. El sistema de tarifas de alimentación eléctrica ha descentralizado el suministro y el sector energético tradicional “está siendo desafiado” con el surgimiento de más de 400 nuevas empresas minoristas durante 2017.

Esto ha logrado que las tarifas de la electricidad cambien. El artículo comenta que existen varios sitios web que comparan los precios de la electricidad y el objetivo de las empresas ha sido mantener los costos o reducir lo más posible. De tal manera, los grandes clientes han preferido opciones regionales, pero más significativo aún ha sido el desarrollo de iniciativas comunitarias para el desarrollo de energías renovables. Para 2019 existían 50 municipios totalmente autosuficientes con base en energías renovables, pudiendo incluso vender los excedentes.

Esta perspectiva optimista de la transición energética del país nipón es complementada por otro artículo de Andrew Chapman sobre equidad social y energías renovables a nivel municipal en Japón. En consideración de los resultados de una encuesta aplicada a funcionarios locales de 47 municipios del país, pertenecientes a oficinas que gestionan energías renovables, departamentos de planificación urbana, o divisiones de política energética.

Entre los resultados, se muestra que un 73 por ciento responde con puntuación más alta, estar mejor después de la introducción de energías renovables. Solo en 13 de los 47 se experimentaron contratiempos, aunque en promedio se producen mejoras en equidad. Sin embargo, al igual que en Australia existen desventajas en algunos municipios frente al alza de los precios de la electricidad, pues mientras los sectores con mayor ingreso pueden soportar las variaciones, los hogares más pobres lo hacen con un costo mayor.

No obstante lo anterior, el artículo afirma que los resultados en términos de equidad para todos los municipios en general son positivos, pues “la carga financiera de albergar proyectos de energías renovables recae principalmente sobre los residentes más ricos, no sobre los pobres. Además, independientemente de la cantidad de energía renovable introducida, el potencial de la gran mayoría de las ciudades para mejorar la equidad social es positivo o neutral, pues son pocas ciudades que están predispuestas a salir perdiendo con la introducción de nuevas fuentes”, sostiene el artículo.

Un análisis desde la mirada chilena

Una explicación sobre la forma cómo entender la transición justa en nuestra realidad nacional fue dada por Javiera Lecourt, coordinadora de incidencias del proyecto Transición Justa en Latinoamérica y directora de la ONG Ceus Chile. Para ella, el término de transición justa no nace en América Latina sino en el hemisferio norte, donde se vincula a reivindicaciones laborales.

De tal manera, el mundo sindical fue el primero en poner en relieve este tipo de reivindicaciones. “Las empresas extractivas que cerraban debían ver qué se hacía con los trabajadores, pero también el trabajo que generaban producía problemas a la salud en las poblaciones de los lugares donde estaban emplazadas. Es con el paso del tiempo que se empieza a vincular con los movimientos ambientalistas y llega a Latinoamérica asociado a un punto de vista de la justicia climática”, explicó.

En relación a la realidad de nuestro país, comentó que Chile es una economía eminentemente extractivista. “Nuestra base es la minería y en general trabajamos nuestra matriz energética en fósiles en su mayoría, dependemos mucho de la extracción y de la importación de combustibles para poder mantenernos, entonces es una situación distinta. En este contexto, cuando surge el tema de la transición justa en Chile en particular -que toma harta fuerza con el nuevo gobierno- se instala como un eje de trabajo y podemos ver que es una oportunidad para desarrollar este tema”, agregó.

En la misma línea, afirmó que a nivel nacional, las iniciativas que se están llevando adelante por parte del gobierno y el Parlamento son innovadoras. “Me atrevería decir que no hay ningún proceso de transición justa al nivel de lo que está haciendo Chile. Si bien es incipiente aún, no hay ningún planteamiento como el que se está dando aquí, por lo tanto, es interesante que desde otros países se está viendo de manera bien cercana para ver cómo resulta”, señaló.

De igual manera, planteó que para trabajar en una transición se necesita entender que no es un objetivo. “Este es el primer error con el que se aborda esto. La transición justa es un marco de acción que debe tener elementos para que -como dice su nombre- sea justa la transición energética, no es un objetivo llegar a ella, porque esta transición ya está sucediendo, es decir que sin hacer nada estamos impulsando la desfosilización, estamos haciendo menos inversiones en combustibles fósiles, entonces ya estamos viviendo esta transición”, sostuvo.

”Es importante no cometer los mismos errores”

Entre las reflexiones de Javiera Lecourt, afirmó que es necesario que esta transición no vuelva a cometer los mismos errores que las transiciones anteriores. “No puede afectar a los sectores de la población más vulnerable. Por eso, elementos como la democracia, la participación vinculante, la distribución del poder y la descentralización son muy relevantes porque cuando hablamos de procesos de transición justa podemos ubicar los discursos en distintos aspectos”, comentó.

También, se pueden emprender acciones desde el mundo privado. “Podemos ver políticas mucho más conservadoras que hablan de cambios tecnológicos, por ejemplo, o de cerrar una central a carbón y transformarla en eólica o solar, pero también podemos tener políticas más transformadoras que vayan a la descentralización de los sistemas energéticos donde no solamente sean pocas industrias o empresas transnacionales las que están encargadas de administrar la generación energética, sino que también se pueda distribuir en las comunidades y ellas puedan ser partícipes de la transición energética”, planteó.

Por último, señaló que también se puede avanzar en políticas innovadoras para la gobernanza de la transición energética. “Que los organismos centrales no sean los que decidan sino las propias comunidades las que tengan el poder de decisión respecto de cómo se administra energéticamente. Es bien amplio el abanico de políticas que se pueden hacer. Aquí desde la OIT hasta otros organismos internacionales coinciden en que necesitamos tener un abanico de políticas con énfasis en el empoderamiento, con políticas que mantienen el status quo, pero que inician el proceso de transición”, sentenció.

 

Por equipo Asia Pacífico: asiapacifico@bcn.cl


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