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Asia Pacífico | Observatorio Parlamentario

Trata de personas en Sudeste Asiático: mirada regional a un flagelo que afecta a millones

26 Julio 2017

El tráfico de humanos con fines de explotación sexual o laboral ha sido identificado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) como un problema a resolver desde una perspectiva multilateral. Mujeres y niños son quienes más han sufrido de esta actividad ilícita.

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La Convención Contra el Tráfico de Personas, Especialmente Mujeres y Niños firmada el año 2015 por Asean sentó las bases para proteger a las personas más vulnerables de ser involucradas en el tráfico de personas. A propósito del Día Internacional Contra la Trata Humana a celebrarse el 30 de julio de 2017, abordaremos la forma cómo dicho organismo asiático enfoca sus políticas para prevenir y sancionar tales prácticas. Más detalles en la siguiente nota.

Asia Pacífico es la región con mayor cantidad de trata de esclavos

La región asiática es la más compleja del mundo en cuanto a la trata de personas con fines de explotación laboral, ya que India y China son los países con mayores tasas de trata humana y esclavitud moderna en el mundo. Si bien esta actividad ilícita se desarrolla principalmente al interior y no entre países, según el Índice de Esclavitud Global (IEG) se estima que solamente en la India hay más de 18 millones de personas viviendo algún tipo de esclavitud.

Con una cifra menor, pero en una condición no menos dramática, China tiene más de 3 millones de personas viviendo en algún tipo de esclavitud moderna, esto representa un 0,25 por ciento de su población. Aunque según el IEG, 44 personas de cada 100 tendrían algún tipo de vulnerabilidad de ser esclavizados. Esto se explicaría por la disparidad en las oportunidades de trabajo entre la población rural y la urbana, lo que está produciendo una gran ola de migración –estimada en 253 millones, cuestión que genera amplias oportunidades para el tráfico humano.

Para el caso del Sudeste Asiático, la tendencia es distinta, ya que el tráfico de personas con fines de esclavitud laboral no se realiza al interior de los países sino hacia otros países y regiones. El principal destino de los traficantes de personas con fines laborales se dirige al Medio Oriente. Un fin distinto corren los niños, ya que la región se caracteriza por la presencia de organizaciones internacionales que trafican menores con propósitos laborales en el servicio doméstico, pero también matrimoniales.

Sobre esta realidad, Catherine Renshaw académica en derecho de la Universidad Católica de Australia en un artículo publicado el 2016 sobre el tráfico de personas en el Sudeste Asiático, señala que la trata es muy difícil de cuantificar. “Muchos Estados tienen fronteras porosas, por lo que el tráfico puede pasar desapercibido. Hay regiones donde los ciudadanos ni siquiera tienen registros de nacimiento, por lo que se hace difícil la identificación de las personas”, señala.

Renshaw agrega que el 2012 se registraron más de 10 mil casos de trata de personas en el Sur de Asia. Pese a que la geografía es compleja para determinar tendencias claras en el tráfico de personas, el flujo se movería desde países como Laos, Cambodia, Vietnam, Indonesia, Filipinas o Myanmar, hacia otros más ricos como Malasia, Singapur o Australia, incluso a otras regiones como Europa o Estados Unidos.

Los más vulnerables son mujeres y niños

Un informe de Unicef el año 2009 reveló ampliamente el problema del tráfico de niños en la región. Al igual que Renshaw expresa lo difícil de medir esta tendencia debido a la complejidad del territorio, pero también porque los países no solamente se dividen entre lugares de origen y destino, sino que muchas veces son puntos de tránsito. A esto se suma que el tráfico de menores no siempre sigue las rutas de migración laboral. El reporte reconoce que las formas de tráfico infantil implica explotación laboral, pero también sexual, matrimonios forzados, actividades criminales, conflicto armado y adopción, aunque la comercialización sexual es la más común de todas las formas.

En este contexto, la académica plantea que el compromiso de los estados de Asean con el Protocolo de Naciones Unidas para sancionar el tráfico de personas fue tardío. “Indonesia y Vietnam lo ratificaron en 2009 y 2012 respectivamente, Tailandia en 2013 y Singapur en 2015. La explicación a esta renuencia se debe a que existió una disyuntiva sobre la concepción del problema de la trata, sus dimensiones y alcance”, explica.

No obstante, una vez suscrito este protocolo y ante la evidencia de que el tráfico de personas es un flagelo que afecta a todos los países, se produjo un hito importante, ya que se incorporó como una prioridad en la agenda regional de Asean, por lo que se involucró no solo a gobiernos, sino también a otros Organismos Multilaterales como Naciones Unidas, Unicef, Acnur, además de grupos importantes en el sector privado.

Por lo tanto la cooperación se empezó a desarrollar a nivel bilateral, multilateral y transnacional, lo que ha producido que emerjan distintas áreas de intervención, principalmente en espacios críticos como en los sistemas de justicia, ayuda social, educación y salud. Asimismo, desde el 2015 los países de Asean han legislado y creado políticas para proteger a las personas del tráfico, aunque con un énfasis especial en la prevención de la trata de niños y niñas.

Medidas en contra del tráfico de personas desde la cooperación internacional

Tomando en consideración que combatir el tráfico de personas en el Sudeste Asiático es una necesidad, la comunidad Asean reconoce que la mejor manera de combatir este problema es en conjunto y desde una política multilateral. De tal manera, el 22 de noviembre de 2015 todos los Estados miembros firmaron la Convención Contra el Tráfico de Personas, Especialmente Mujeres y Niños donde reconocen que esta práctica es ilícita, una violación a los derechos humanos y una ofensa a la dignidad de las personas.

El documento plantea que el desafío principal es prevenir el tráfico, pero también establecer criterios claros para el castigo según los protocolos firmados con Naciones Unidas –Convención de Naciones Unidas Contra el Crimen Organizado Internacional y el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de Personas. Asimismo la Convención firmada por Asean, reconoce tres tipos de tráfico en mujeres y niños: por explotación sexual, laboral y tráfico de órganos. Antes del acuerdo algunos países no criminalizaban estas actividades, sin embargo, desde la firma del documento leyes específicas en la materia han sido adoptadas.

De esta manera, tener una legislación apropiada, actualizada y efectiva para combatir el tráfico de personas ha sido una prioridad. Simultáneamente, los países han fortalecido sus capacidades institucionales en las fronteras con el fin de detectar de forma temprana los movimientos realizados por las víctimas. Para ello es necesario que los cuerpos de seguridad identifiquen a las víctimas y les brinden protección, sean capacitados en esta tarea, pero también investiguen y persigan a los traficantes.

Asimismo, una de las medidas más importantes para establecer un marco de cooperación regional ha sido el principio de responsabilidad compartida, esto no solo significa que asumen el problema de una manera común, sino que campañas de concientización y educación, forman parte de una medida común de prevención. Así, todos los países coinciden en vincular el tráfico de personas con un acto de violación a los derechos humanos que debe ser atacado efectivamente.

Por último, la capacitación y formación de habilidades a los cuerpos de seguridad en relación a la Convención, pero también en temas de inmigración, educación y leyes laborales, pero también el respeto a los derechos humanos, el derecho de los niños y niñas, y la sensibilidad de género son parte de las medidas de prevención que realizan los estados de Asean de manera conjunta para fomentar un tratamiento apropiado de las víctimas.

Situación de la trata en Chile

La trata de personas es un flagelo que afecta a todos las regiones, y en América Latina, Chile es uno de los países donde más se ha incrementado este problema en la última década. Tal como sucede en el Sudeste Asiático, la trata se realiza con fines de explotación sexual y laboral. Si bien no se percibe la dura realidad de la trata de niños y niñas como en el Asia, existen estudios que miden algunas tendencias en este ámbito. El primero es el informe Trata de niños/as y adolescentes: Una realidad oculta de la ONG Raíces que fue publicado el 2007.

Para ese período se cuantificaron 52 niños, siendo las mujeres las principales víctimas. Según dicho trabajo, se trata de niños y niñas pobres que viven situaciones de abandono y desprotección, lo que es aprovechado por los comerciantes quienes se valen de técnicas de manipulación emocional para explotarlos sexualmente.

El segundo estudio que ha entregado cifras de tráfico en niños es el Informe Estadístico Trata de Personas, de la Subsecretaría del Interior. Entre los años 2011 y 2016 ha ingresado un total de 15 niños, niñas y adolescentes, de los cuales un 73 por ciento corresponde a motivos de explotación laboral, mientras que el 27 por ciento restantes por explotación sexual.

No obstante el tráfico humano ha sido ampliamente analizado en nuestro país. Según Cristián Doña, doctor en Sociología, director del Observatorio de Desigualdades de la UDP y experto en temas de migración, Chile ha sido bastante proactivo en términos legales en relación a la trata. “Es de los primeros que firmó el Protocolo de Palermo y hay una ley de tráfico de personas que tiene más de cinco años, sin embargo esta ley nació desactualizada, entonces aún no se trabaja muy bien el tema de la trata. Hemos visto muchos casos en la prensa de trata y explotación laboral, pero aún queda mucho por definir en cuanto a los derechos y roles de las personas que son traficadas. En Chile legalmente las personas que son traficadas pueden ser protegidas, pero esto aún no se aplica muy bien, no se ha llevado a la práctica por ejemplo en las policías”, comentó.

Asimismo, en relación a los desafíos que tenemos que enfrentar a futuro, el sociólogo agregó que es necesario identificar prácticas legales de las que son ilícitas. “Considerar que en el caso eventual de controlar el tráfico se podría caer en controlar la migración, porque se cerraría el paso a los migrantes y en esa suerte de muro que impida ingresar a personas que quieran migrar a Chile legalmente en condición de trabajador, podrían quedar afuera, lo que podría contribuir al tráfico. El tema de la migración en su espectro más amplio podría ser una cátedra en la formación de las policías, sobre todo para aquellos que trabajan en las fronteras. Cómo se respetan los derechos humanos de esas personas, no tanto en la parte legal sino cómo se debe enfrentar un funcionario policial cuando abre un vehículo con personas traficadas. Ellos son el primer contacto, por lo que deberían estar capacitados”, sentenció.


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