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Por otra parte, en el ámbito económico los gobiernos democráticos plantearon la política de “crecimiento con equidad”, es decir, la continuidad del modelo de economía de mercado, pero sumado a la preocupación por saldar la “deuda social” heredada del régimen militar.
Durante esta etapa se promulgaron distintas leyes con sentido progresista, entre las que se cuentan la ley de filiación (1998), la de igualdad jurídica entre hombres y mujeres (1999) y la ley de divorcio (2004), por ejemplo. Las demandas de las mujeres fueron canalizadas institucionalmente a través del Servicio Nacional de la Mujer, fundado en 1991, y mucho más tarde con la creación del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, en 2016. Sin duda, la creación de esta nueva institucionalidad fue una conquista del movimiento de mujeres organizado desde el régimen militar de Pinochet.
Más tarde, desde las masivas movilizaciones sociales de 2011, la reforma electoral que puso fin al sistema binominal, sumado a la aparición de nuevos referentes políticos y su expresión en las elecciones parlamentarias de 2017 –en las cuales la representación femenina se incrementó ampliamente- algunos han diagnosticado un “cambio de ciclo político”, pero lo cierto es que el proceso todavía está en curso, por lo que sería aventurado formular un juicio tan rotundo.
En síntesis, se puede afirmar que la trayectoria histórica y política chilena desde 1949 a la actualidad ha sido el espacio y tiempo donde se han expresado las demandas de las mujeres y del movimiento femenino en general. Esto, por cierto, está vinculado a los avances y retrocesos de la democracia y de la participación política en nuestro país, dentro del cual el Congreso Nacional juega un lugar protagónico.
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