Asesorías Parlamentarias
Detalle investigadoras e investigadores
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Investigadora / investigador: Álvarez Droguett, Paola Alejandra
Comisión(es) que participa
Regulación del empleo y la seguridad social en centros de llamadas (call centers). Legislación comparada de Colombia, Perú y México
El informe analiza la regulación laboral de los trabajadores de centros de llamadas en México, Colombia y Perú, considerando las características de la actividad y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En los tres países, los teleoperadores están sujetos a las normas laborales generales, pues no existe un contrato o estatuto específico para el sector. Asimismo, cuentan con disposiciones sobre teletrabajo aplicables cuando las funciones se realizan bajo esta modalidad; Colombia también regula de manera diferenciada el trabajo remoto. Las principales diferencias se relacionan con las jornadas máximas, descansos, recargos nocturnos, horas extraordinarias y remuneraciones mínimas. Ninguno de los países establece pausas legales específicas para teleoperadores. Los riesgos ergonómicos, auditivos, vocales y psicosociales se abordan mediante las normas generales de seguridad y salud laboral, sin un régimen preventivo exclusivo. Finalmente, los trabajadores dependientes están incorporados a los sistemas generales de seguridad social.
El secreto bancario en América Latina: Regulación nacional y legislación extranjera.
El presente informe examina la regulación del secreto bancario en Chile y los demás países de América Latina. En el ámbito internacional, los instrumentos examinados reconocen que el secreto bancario no constituye una protección absoluta frente a las autoridades competentes. En Chile, la legislación distingue entre secreto y reserva bancaria, contemplando mecanismos de acceso sujetos a diferentes requisitos y procedimientos. Si bien determinados organismos administrativos cuentan con facultades para requerir información protegida, su ejercicio exige autorización judicial previa. El examen comparado permite identificar un hallazgo central: las legislaciones latinoamericanas reconocen la confidencialidad bancaria, pero difieren en las autoridades habilitadas para acceder a la información y en la exigencia de intervención judicial.
Proyectos de ley que podrían vincularse al Boletín N° 18521-07
El informe identifica 24 proyectos de ley que presentan distintos grados de vinculación con las materias abordadas por el Boletín N° 18.521-07, refundido con los boletines N° 18.562-07 y 18.566-07. Estas iniciativas buscan modificar la Constitución Política para establecer una causal de cesación e incompatibilidad asociada a la detección de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas. Para determinar las iniciativas relacionadas, se aplicó un criterio amplio de vinculación material, revisando los títulos de los proyectos y, cuando fue necesario, sus mensajes, mociones y antecedentes de tramitación legislativa. La búsqueda incorporó proyectos referidos a exámenes y controles de drogas, causales de inhabilidad, incompatibilidad o cesación, requisitos para acceder o postular a determinados cargos públicos y otras disposiciones vinculadas al consumo de sustancias ilícitas por autoridades o funcionarios. De este modo, el informe ofrece un panorama de los antecedentes legislativos que podrían complementar o relacionarse con la regulación actualmente propuesta.
Denuncias de hechos falsos en el ámbito laboral: Ley Karin, régimen sancionatorio y propuesta de reforma.
Se examina el tratamiento de las denuncias falsas en el ámbito laboral, especialmente en el marco de la Ley No. 21.643, conocida como Ley Karin. En primer término, se revisan sus principales modificaciones normativas y algunos antecedentes relativos a su implementación. El análisis se concentra en las consecuencias jurídicas de las denuncias falsas. Al respecto, se distingue entre denuncia inconsistente, denuncia no acreditada y denuncia falsa, categorías que no resultan equivalentes. En particular, la Dirección del Trabajo señala que la falta de antecedentes suficientes para acreditar los hechos denunciados no permite concluir, por sí sola, que una denuncia sea falsa. Finalmente, se examina el proyecto de ley -Boletín No. 18.278-13- que propone establecer sanciones específicas para las acusaciones falsas en materia laboral y las observaciones formuladas por la Corte Suprema, que advierte sobre la necesidad de no equiparar la falta de acreditación de los hechos con la falsedad o mala fe del denunciante.
Proyecto de ley que crea el contrato por horas: Análisis del Boletín N.º 11.929-13 y comparación con la jornada parcial.
El informe analiza el proyecto de ley correspondiente al Boletín No. 11.929- 13, que propone modificar el Código del Trabajo para crear el contrato por horas. La iniciativa incorpora esta modalidad dentro de la regulación de la jornada parcial, permitiendo pactar hasta treinta horas semanales o ciento veinte horas mensuales. El proyecto establece menciones obligatorias para el contrato, reglas sobre turnos, aviso previo, distribución continua o discontinua de la jornada, descansos, colación, remuneración, horas extraordinarias y efectos del incumplimiento. La comparación con la normativa vigente muestra coincidencias con el régimen de jornada parcial, pero también diferencias. Entre las diferencias se encuentran la posibilidad de pactar una base mensual de horas, el aviso mínimo de veinticuatro horas, la jornada discontinua y la presunción de jornada completa ante el incumplimiento de las exigencias legales. Asimismo, se identifican materias que podrían requieren precisión, como la determinación de las horas extraordinarias en contratos mensuales.
Cambios sobrevinientes de circunstancias en contratos de concesión de obras públicas.
El informe analiza el tratamiento jurídico de los cambios sobrevinientes de circunstancias en contratos de concesión de obras públicas celebrados con el Fisco. La materia se encuentra regulada principalmente en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, contenida en el Decreto Supremo No. 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, especialmente en sus artículos 19, 20, 20 bis, 28 ter, 36 y 36 bis. La principal conclusión es que la legislación chilena no contempla una cláusula general de imprevisión aplicable a todo cambio posterior al contrato. En cambio, regula hipótesis específicas en que, hechos, actos o decisiones posteriores pueden modificar el contrato, generar compensaciones económicas o, excepcionalmente, justificar su término anticipado. Las consecuencias jurídicas y económicas se traducen principalmente en compensaciones al concesionario, mediante subsidios, pagos, ajustes tarifarios, modificación de plazos u otros factores del régimen económico pactado. Las controversias se resuelven a través del Panel Técnico, la Comisión Arbitral o la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme a los artículos 36 y 36 bis.
Cambios sobrevinientes de circunstancias en contratos de concesión de obras públicas.
El informe analiza el tratamiento jurídico de los cambios sobrevinientes de circunstancias en contratos de concesión de obras públicas celebrados con el Fisco. La materia se encuentra regulada principalmente en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, contenida en el Decreto Supremo No. 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, especialmente en sus artículos 19, 20, 20 bis, 28 ter, 36 y 36 bis. La principal conclusión es que la legislación chilena no contempla una cláusula general de imprevisión aplicable a todo cambio posterior al contrato. En cambio, regula hipótesis específicas en que, hechos, actos o decisiones posteriores pueden modificar el contrato, generar compensaciones económicas o, excepcionalmente, justificar su término anticipado. Las consecuencias jurídicas y económicas se traducen principalmente en compensaciones al concesionario, mediante subsidios, pagos, ajustes tarifarios, modificación de plazos u otros factores del régimen económico pactado. Las controversias se resuelven a través del Panel Técnico, la Comisión Arbitral o la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme a los artículos 36 y 36 bis.
Incentivo a la contratación de jóvenes: Casos de Alemania, España, Francia.
El documento expone los incentivos a la contratación de jóvenes en la legislación comparada, con especial atención a las personas jóvenes sin experiencia laboral. El análisis muestra que persisten vulnerabilidades relevantes, especialmente entre jóvenes que no estudian, no trabajan ni reciben formación, mujeres jóvenes y personas con baja cualificación. En el ámbito europeo, la Garantía Juvenil reforzada constituye el principal marco común de referencia, al comprometer a los Estados miembros a procurar que las personas menores de 30 años reciban una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o prácticas dentro de un plazo razonable. Respecto a la legislación, en Alemania, el énfasis se encuentra en la formación profesional dual, la cualificación inicial y la formación asistida. España combina el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y el Plan de Garantía Juvenil Plus con bonificaciones asociadas a contratos formativos y a su transformación en contratos indefinidos. Francia articula contratos de aprendizaje y profesionalización con dispositivos de acompañamiento, como el Contrato de Compromiso Joven y el plan “1 joven, 1 solución”. El documento se estructura en dos secciones. La primera presenta, de manera sucinta, algunos antecedentes del informe de la Organización Internacional del Trabajo Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2024 —OIT, 2024; La segunda sección describe los principales incentivos contemplados en Alemania, España y Francia para la contratación de jóvenes.
Pensiones de invalidez en Chile: Ámbito civil y personal de FF.AA. y Orden y Seguridad.
El análisis muestra que los regímenes examinados protegen contingencias similares, vinculadas a la pérdida permanente de capacidad laboral o de aptitud para continuar en el servicio, derivada de accidentes o enfermedades relacionadas con la actividad desempeñada. Sin embargo, dichas contingencias se insertan en sistemas jurídicos distintos: la Ley No. 16.744 opera como un seguro social frente a riesgos laborales del ámbito civil, mientras que las pensiones de invalidez (inutilidad) de las FF.AA. y de invalidez de las Fuerzas de Orden y Seguridad forman parte de regímenes previsionales especiales asociados al servicio militar, policial o penitenciario. Una diferencia se encuentra en la forma de calificar la incapacidad. La Ley No. 16.744 utiliza porcentajes de pérdida de capacidad de ganancia, distinguiendo entre incapacidad permanente parcial, invalidez parcial, invalidez total y gran invalidez. En cambio, los regímenes previsionales especiales clasifican la inutilidad o invalidez en primera, segunda y tercera clase. Las prestaciones económicas difieren en su base de cálculo. Mientras la Ley No. 16.744 determina las prestaciones sobre la base del sueldo base y porcentajes legales, los regímenes de Capredena y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) consideran principalmente el grado, los años de servicio y las remuneraciones de referencia de personal similar en actividad. El informe se estructura en dos secciones. La primera examina la normativa aplicable a la pensión de invalidez de los trabajadores del ámbito civil regulada por la Ley No. 16.744, considerando especialmente su ámbito de aplicación, los tipos de invalidez y las prestaciones asociadas. La segunda revisa la normativa aplicable a la pensión de invalidez —o inutilidad— del personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, conforme a su régimen previsional especial.
Protección de las remuneraciones en el Código del Trabajo.
Documento que examina el régimen jurídico de protección de las remuneraciones regulado en el Código del Trabajo, específicamente en lo relativo a su inembargabilidad.