Asesorías Parlamentarias
Detalle investigadoras e investigadores
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Investigadora / investigador: Cavada Herrera, Juan Pablo
Comisión(es) que participa
- Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento - Cámara
- Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento - Senado
Boletín N° 17196-17 y su relación con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos humanos
El proyecto de ley contenido en el Boletín N° 17.196-17, mediante sus artículos 10 bis y 10 ter, establece mecanismos relacionados con la responsabilidad empresarial, la gestión de riesgos y la debida diligencia en materia de derechos humanos. Su análisis, a la luz de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, permite identificar coincidencias y diferencias relevantes. En primer lugar, el artículo 10 bis presenta un alcance limitado a entidades participantes del mercado de valores, mientras que el Principio Rector 14 establece responsabilidades aplicables a todas las empresas, independientemente de sus características. Por su parte, el artículo 10 ter contempla obligaciones de información anual sobre riesgos, denuncias y medidas adoptadas. Sin embargo, los estándares internacionales exigen una evaluación continua de los impactos y consideran las relaciones comerciales en sentido amplio, más allá de empresas y proveedores. Asimismo, el proyecto identifica los derechos humanos protegidos mediante tratados suscritos y ratificados por Chile, mientras que los Principios Rectores establecen un estándar mínimo internacional. Finalmente, aunque la iniciativa incorpora exigencias de transparencia, los mecanismos de denuncia deberían garantizar también legitimidad, accesibilidad, previsibilidad, equidad, compatibilidad con los derechos, aprendizaje continuo y participación efectiva de las personas interesadas, conforme a los estándares internacionales de protección de derechos humanos.
Boletín N° 17.446-17 y su relación con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos humanos
El proyecto de ley contenido en el Boletín N° 17.446-17 establece obligaciones de debida diligencia para determinadas grandes empresas en materia de derechos humanos, medio ambiente y cambio climático. Entre sus principales disposiciones contempla la identificación de impactos reales y potenciales, medidas de prevención y mitigación, mecanismos de denuncia y seguimiento, acciones de reparación, planes de transición climática y la publicación de un reporte anual. La iniciativa incorpora diversos elementos de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, especialmente aquellos relacionados con la identificación, prevención, seguimiento y comunicación de impactos negativos. Sin embargo, presenta diferencias respecto de los estándares internacionales. Entre las principales observaciones destacan el énfasis en el reporte anual, en lugar de concebir la debida diligencia como un proceso continuo; la ausencia de exigencias explícitas sobre implementación efectiva de protocolos; y la falta de diferenciación de responsabilidades empresariales según su participación en los impactos negativos. Asimismo, el proyecto privilegia la participación de trabajadores, sin considerar suficientemente a las comunidades afectadas. Los mecanismos de denuncia tampoco incorporan expresamente todos los criterios internacionales de eficacia, mientras que las obligaciones de información no garantizan plenamente su accesibilidad, suficiencia ni comunicación directa a las personas afectadas.
Protección de las víctimas ante el egreso penitenciario del condenado, con énfasis en niños, niñas y adolescentes: Análisis normativo y propuestas de mejora legal y administrativa.
El presente informe analiza el marco normativo e institucional chileno relativo a la protección de las víctimas y su entorno ante el egreso del condenado, considerando la libertad condicional, los beneficios intrapenitenciarios y el egreso por cumplimiento total de la condena, con especial atención al régimen de protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. La Ley N° 21.627 (2023) garantizó la notificación previa a la víctima cuando el condenado postula a libertad condicional o a permisos ordinarios de salida. Asimismo, la Ley N° 21.780 (2025) creó el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas (en funciones desde el 1 de abril de 2026), mientras que las Leyes N°21.057 N° 21.057, 21.430 y 21.302 establecen mecanismos de protección especializada para niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, subsiste un vacío legal cuando el condenado egresa por cumplimiento definitivo de la pena, por ejemplo, no existen alertas automáticas previas a la liberación ni herramientas procesales para prorrogar medidas de protección o monitoreo telemático posteriores a la pena. Finalmente, se identifican posibles reformas legales para ampliar los mecanismos de notificación y protección a las víctimas, distinguiendo aquellas que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Asimismo, se examinan alternativas de medidas reglamentarias que pueden implementarse mediante la potestad administrativa y convenios interinstitucionales.
Patentes municipales de alcohol: Otorgamiento, régimen especial turístico y rol de SERNATUR.
Analizado el marco legal del otorgamiento de patentes de bebidas alcohólicas en Chile, sus categorías turísticas y el alcance de las competencias del SERNATUR, se observa: I. Procedimiento común de otorgamiento de patentes alcohólicas: El otorgamiento es una facultad resolutiva, privativa y discrecional del concejo municipal y del alcalde. El procedimiento administrativo, reglado por la Ley No. 19.880. II. Patentes de Carácter Turístico (Clase I): Las patentes turísticas presentan excepciones respecto del régimen general, como la integración de distintos giros en una misma patente y la exclusión de determinadas restricciones de distancia y densidad poblacional previstas en la Ley No. 19.925. III. Rol y Competencias de SERNATUR: La intervención de este organismo se circunscribe a las funciones de registro y calificación turística de establecimientos, constituyendo esta última un antecedente para solicitar determinadas patentes de alcoholes, sin definir su otorgamiento.
Responsabilidad por fraudes en medios de pago: Boletín Nº18.643-05 y análisis comparado de la regulación en la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos.
Se analizan las implicancias jurídicas y operacionales de la reforma a la Ley Nº 20.009 contenida en el Proyecto de Ley de Reforma al Mercado de Capitales (Boletín Nº18.643-05), que sustituye el régimen de responsabilidad objetiva casi estricta del emisor y el estándar de dolo o culpa grave por un modelo flexible de diligencia compartida basado en la culpa leve. El análisis comparado permite apreciar que el estándar propuesto por el proyecto de ley puede resultar más exigente para el usuario que los modelos revisados: - Unión Europea (PSD2/PSR): Exige probar dolo o negligencia grave (gross negligence) para atribuir la pérdida al usuario. - Reino Unido (PSR): Requiere acreditar negligencia grave para denegar la restitución (salvo personas vulnerables) y distribuye las pérdidas en partes iguales entre las entidades pagadoras involucradas. - Estados Unidos (Regulation E): Se gradúa la responsabilidad máxima del cliente según la oportunidad del reporte (USD 50 a USD 500 o ilimitada) en función de plazos.
Reforma al mercado de capitales y financiamiento de la casa propia: Simplificación de RUT para inversionista extranjero; análisis de proyecto de ley.
El Proyecto de Ley de reforma al mercado de capitales y financiamiento de la casa propia (Boletín N° 18.643-05) busca facilitar la inversión extranjera en Chile al liberar a ciertos inversionistas no residentes de la obligación de inscribirse en el Rol Único Tributario (RUT). Esta exención aplicaría sólo cuando sus ingresos en el país provengan únicamente de valores de oferta pública regulados por los artículos 104 y 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR). En esos casos, el cumplimiento tributario se asegura principalmente mediante la retención, declaración y pago que efectúan emisores, custodios y otros intermediarios locales, lo que en general resguarda la recaudación fiscal. El análisis de derecho comparado indica que Estados Unidos y los principales estándares de la OCDE también reducen la necesidad de que el inversionista extranjero se inscriba directamente ante la autoridad tributaria. Para ello se apoyan en la identificación a través de intermediarios financieros, la retención en la fuente, los procesos de debida diligencia y el intercambio de información tributaria entre países. En cuanto a los riesgos de conductas ilícitas, eliminar el RUT podría restar un punto de identificación directa del inversionista extranjero. Con todo, las conductas analizadas (simulación de residencia, lavado de activos y ciertos delitos del mercado de valores) no nacen necesariamente de esta reforma y también pueden darse con la normativa actual. Por ello, la cuestión clave es si el proyecto afecta la capacidad del Estado para identificar, fiscalizar y perseguir tales conductas, y hasta qué punto esos efectos se ven compensados por las obligaciones de los intermediarios y por los mecanismos de intercambio de información.
Tierras raras en la Región de Ñuble: Antecedentes económicos, régimen jurídico-tributario y concesiones de exploración en curso.
Las tierras raras (ETR) son 17 elementos que, aunque abundan en la corteza terrestre, rara vez se encuentran en depósitos explotables. Esta escasez las hace críticas para la energía, la defensa y la industria. China produce el 70% de las ETR del mundo y procesa cerca del 90%, lo que genera una fuerte dependencia en la Unión Europea y Japón. Se prevé que la demanda seguirá creciendo con los vehículos eléctricos y la energía eólica, y los precios, ya de por sí volátiles, volvieron a subir en 2025 tras las restricciones chinas a sus exportaciones. En este contexto, Chile podría convertirse en una fuente alternativa en el corto y mediano plazo, a partir de las arcillas iónicas de Biobío y Ñuble, y más adelante desde relaves mineros. A diferencia del litio, las ETR se rigen por el régimen común de concesiones: cualquier interesado puede obtener, por resolución judicial, una concesión de exploración o de explotación. Además, la Política Nacional Minera 2050 las considera estratégicas para diversificar la minería. Durante la exploración, la única fuente de ingresos fiscales es la patente, equivalente a 3/50 de UTM por hectárea, cuyo recaudo se destina a gobiernos regionales y municipios. En la etapa de explotación, la patente es de 1/10 de UTM por hectárea cuando hay actividad minera; si no la hay, aumenta con los años hasta 12 UTM. Una vez que exista producción, podrían sumarse el impuesto de primera categoría, el impuesto adicional (que pagan las empresas con capitales extranjeros) y el componente general del royalty minero, cuando las ventas superen cierta escala. Hoy el país tiene un solo proyecto de explotación de ETR: Aclara, en Penco. Surgió de exploraciones apoyadas por Corfo hace más de una década y obtuvo su aprobación ambiental en junio de 2026. Se espera que produzca 1.700 toneladas anuales de concentrado, con una inversión de USD 130 millones y hasta 1.400 empleos en operación, cifras que sirven de referencia para dimensionar la escala económica de estos proyectos. En Ñuble, las concesiones de exploración suman 149.500 hectáreas, pero no especifican qué mineral se busca, y muchas pertenecen a empresas de energía que las usan para resguardar sus proyectos. Solo dos empresas exploran tierras raras: NeoRe y REE UNO, de Aclara, que en conjunto abarcan 18.700 hectáreas en Cobquecura, Quillón, Ninhue y Coelemu. Hasta ahora no hay registro de concesiones de explotación de ETR en la región, por lo que los ingresos fiscales actuales provendrían únicamente de las patentes de exploración.
Tipificación del delito de phishing en Chile: Aspectos legales, legislación internacional, y advertencias de la CMF.
En Chile, el phishing no posee una tipificación penal autónoma, sancionándose mediante un conjunto de normas penales, administrativas y civiles. Su persecución penal se articula a través de la Ley N° 21.459 (Arts. 2°, 3°, 5°, 7°, 8° y 10°), la Ley N° 20.009 (Arts. 5° y 7°) y las figuras de estafa del Código Penal (Arts. 467 y 468). Asimismo, tras las reformas de las Leyes N° 20.393 y N° 21.595, los delitos informáticos generan responsabilidad penal de las personas jurídicas al ser catalogados como delitos económicos de segunda categoría. Fuera del ámbito estrictamente penal, la Ley N° 21.719 (que actualiza la Ley N° 19.628) crea la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP), exige notificar brechas, e impone multas de hasta 20.000 UTM o el 4% de las ventas anuales; en tanto, la Ley N° 21.663 crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y fija el reporte obligatorio de incidentes al CSIRT Nacional en máximo 3 horas. Finalmente, la normativa se adecua al Convenio de Budapest (Art. 218 bis CPP), mientras que la CMF mantiene un rol preventivo. Existen Proyectos en tramitación (Boletines N° 11.975-03 y N° 15.975- 25), concluyéndose que no existe un vacío normativo de fondo, sino un desafío probatorio y operativo bajo la Ley N° 20.009 ante fraudes por ingeniería social.
Síntesis de la normativa minera – medioambiental.
El presente informe contiene un listado que sintetiza el marco regulatorio aplicable a la minería en Chile, particularmente en sus aspectos medioambientales, e incorpora asimismo materias atingentes a la seguridad y a la dimensión comunitaria. Para facilitar su revisión, las normas se presentan ordenadas de acuerdo con su jerarquía jurídica: Leyes: La Ley N° 19.300 regula el marco ambiental e ingreso al SEIA; la Ley N° 20.417 otorga facultades fiscalizadoras y sancionatorias a la Servicio Médico Ambiental; y la Ley N° 20.600 crea los Tribunales Ambientales. La Ley N° 21.595 penaliza los delitos ambientales, mientras que las Leyes N° 20.551, N° 20.819 y N° 21.169 norman los planes de cierre y sus garantías financieras. Complementariamente, la Ley N° 19.253 protege derechos indígenas, la Ley N° 21.364 (SENAPRED) integra relaves en la gestión de emergencias y la Ley N° 21.455 aborda la transparencia ambiental. Códigos: El Código Penal (arts. 291 y 305-310) sanciona penalmente vertimientos, elusión del SEIA y daño a ecosistemas. El Código de Aguas (art. 294) regula depósitos de relaves mayores como obras hidráulicas. Decretos Supremos y Resoluciones Exentas: Los DD.SS. N° 90/2000, N° 46/2002, N° 28/2013, N° 105/2018 y N° 12/2011 fijan límites de emisión y calidad. Los DD.SS. N° 248/2007, N° 50/2015 y N° 41/2012 regulan seguridad en relaves, obras hidráulicas y cierre. El DS N° 40/2012 y el DS N° 66/2013 norman la Consulta Indígena en el SEIA. Las Resoluciones Exentas N° 1.135/2014 (SMA), N° 31/2022 (SMA) y N° 747/2022 (Sernageomin) establecen el cálculo de multas, monitoreo en línea y paralización de faenas. Instrumentos Internacionales: El Convenio N° 169 de la OIT consagra la Consulta Indígena previa y el Acuerdo de Escazú garantiza el acceso a la información, participación y justicia ambiental.
Notificaciones rojas de INTERPOL y mecanismos de detención provisoria: Chile y legislaciones de la OCDE. Posible modificación legal o constitucional.
El informe analiza la ejecución en Chile, de las Notificaciones Rojas de la Organización International de Policía Criminal, en adelante INTERPOL, para efectos de la detención provisoria de personas requeridas internacionalmente con fines de extradición. Se contrasta el régimen procesal y constitucional chileno con la legislación de países de la OCDE y la región.