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Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014

Investigadora / investigador: Rojas Castillo, Jaime Luis
Rojas Castillo, Jaime Luis  

 

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10/11/2026

Boletín N° 17196-17 y su relación con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos humanos

El proyecto de ley contenido en el Boletín N° 17.196-17, mediante sus artículos 10 bis y 10 ter, establece mecanismos relacionados con la responsabilidad empresarial, la gestión de riesgos y la debida diligencia en materia de derechos humanos. Su análisis, a la luz de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, permite identificar coincidencias y diferencias relevantes. En primer lugar, el artículo 10 bis presenta un alcance limitado a entidades participantes del mercado de valores, mientras que el Principio Rector 14 establece responsabilidades aplicables a todas las empresas, independientemente de sus características. Por su parte, el artículo 10 ter contempla obligaciones de información anual sobre riesgos, denuncias y medidas adoptadas. Sin embargo, los estándares internacionales exigen una evaluación continua de los impactos y consideran las relaciones comerciales en sentido amplio, más allá de empresas y proveedores. Asimismo, el proyecto identifica los derechos humanos protegidos mediante tratados suscritos y ratificados por Chile, mientras que los Principios Rectores establecen un estándar mínimo internacional. Finalmente, aunque la iniciativa incorpora exigencias de transparencia, los mecanismos de denuncia deberían garantizar también legitimidad, accesibilidad, previsibilidad, equidad, compatibilidad con los derechos, aprendizaje continuo y participación efectiva de las personas interesadas, conforme a los estándares internacionales de protección de derechos humanos.

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10/11/2026

Boletín N° 17.446-17 y su relación con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos humanos

El proyecto de ley contenido en el Boletín N° 17.446-17 establece obligaciones de debida diligencia para determinadas grandes empresas en materia de derechos humanos, medio ambiente y cambio climático. Entre sus principales disposiciones contempla la identificación de impactos reales y potenciales, medidas de prevención y mitigación, mecanismos de denuncia y seguimiento, acciones de reparación, planes de transición climática y la publicación de un reporte anual. La iniciativa incorpora diversos elementos de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, especialmente aquellos relacionados con la identificación, prevención, seguimiento y comunicación de impactos negativos. Sin embargo, presenta diferencias respecto de los estándares internacionales. Entre las principales observaciones destacan el énfasis en el reporte anual, en lugar de concebir la debida diligencia como un proceso continuo; la ausencia de exigencias explícitas sobre implementación efectiva de protocolos; y la falta de diferenciación de responsabilidades empresariales según su participación en los impactos negativos. Asimismo, el proyecto privilegia la participación de trabajadores, sin considerar suficientemente a las comunidades afectadas. Los mecanismos de denuncia tampoco incorporan expresamente todos los criterios internacionales de eficacia, mientras que las obligaciones de información no garantizan plenamente su accesibilidad, suficiencia ni comunicación directa a las personas afectadas.

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09/11/2026

Pueblos Originarios y Tribal Afrodescendiente en Chile: Marco jurídico, Programas y Financiamiento.

La protección de los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo tribal afrodescendiente chileno se sustenta en el Convenio Nº 169 de la OIT y la Ley Nº 19.253. Este marco normativo establece obligaciones estatales de protección y promoción de derechos, particularmente en materia de tierras, aguas, desarrollo económico, identidad cultural y educación. En Chile, la acción estatal se desarrolla mediante diversos programas públicos, financiados en la Ley de Presupuestos y ejecutados por distintos ministerios, entre ellos Desarrollo Social y Familia, Educación, Salud, Agricultura, Energía, Medio Ambiente y Culturas. Por mandato de la Ley N° 19.253, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), administra el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas y el Fondo de Desarrollo Indígena. El primero financia la adquisición de tierras, la solución de problemas territoriales, la regularización y adquisición de derechos de aguas y obras para su aprovechamiento. El segundo permite financiar créditos, subsidios e iniciativas destinadas al desarrollo económico y productivo de personas y comunidades indígenas, incluida la recuperación de tierras degradadas y actividades vinculadas a la pesca y acuicultura. También, se consideran programas destinados a la recuperación y revitalización de las lenguas indígenas Durante 2026, CONADI abrió convocatorias específicas, entre otras, para la construcción de obras de riego y drenaje; apoyo al turismo indígena; mejoramiento habitacional para personas mayores indígenas y fortalecimiento de espacios costeros marinos de pueblos originarios. Estas iniciativas se complementan con programas de microemprendimiento y turismo indígena, así como intervenciones sectoriales de otros ministerios. Respecto del pueblo tribal afrodescendiente chileno, reconocido por la Ley Nº 21.151, los programas identificados se concentran en la protección y promoción de su identidad cultural. Destaca el Programa de Revitalización Cultural Indígena y Afrodescendiente, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que contempla diálogos participativos, elaboración y ejecución de planes territoriales y actividades de difusión y puesta en valor de sus expresiones culturales. Asimismo, FONDART Regional 2026 considera una línea específica de salvaguardia cultural del pueblo tribal afrodescendiente en Arica y Parinacota, destinada a financiar proyectos individuales y colectivos.

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29/10/2026

Reconocimiento y protección del pueblo Romaní o Gitano: Derecho internacional y legislación comparada.

El presente informe estudia el reconocimiento y protección del pueblo Romaní o Gitano en el Derecho Internacional y en la legislación de Brasil, Colombia y España. El documento se divide en dos partes. La primera, aborda las disposiciones contenidas en el Derecho Internacional sobre las cuales se articula el reconocimiento de pueblo Romaní o Gitano, mientras que, en la segunda, se estudian diversas disposiciones de la legislación de Colombia, Brasil y España. La elección de estos países se realiza en atención al grado de reconocimiento de diversos ámbitos que permiten configurar sus características definitorias y los órganos destinados a la protección de sus derechos. En la elaboración del presente informe se han utilizado como fuentes de información instrumentos internacionales de derechos humanos, la legislación extranjera y los sitios web oficiales de los países que comprende este documento, así como jurisprudencia constitucional, doctrina académica e informes de instituciones pertinentes.

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16/10/2026

Chile ante la adopción del Convenio N° 169 de la OIT: Observaciones del Gobierno.

El Convenio N° 169 de la OIT se adoptó a la partir de la revisión del Convenio Nº 107 de la OIT, desarrollada entre 1987 y 1989, respondiendo al cuestionamiento de su orientación integracionista. El Consejo de Administración de la OIT de 1985, convocó a una Reunión de Expertos en 1986, que recomendó revisar el instrumento sobre la base de dos principios: el respeto de las culturas, formas de vida e instituciones de los pueblos indígenas y tribales, y su participación efectiva en las decisiones que les afectaran. La revisión comprendió también materias especialmente relevantes, como los derechos sobre las tierras y las condiciones de empleo. Luego de una primera discusión en la Conferencia Internacional del Trabajo de 1988 y una segunda en 1989, el proceso culminó con la adopción del Convenio N.º 169, el 27 de junio de 1989, por 328 votos a favor, uno en contra y 49 abstenciones. Uno de los cambios relevantes fue la sustitución del término “poblaciones” por “pueblos”. Los representantes indígenas sostuvieron que esta última expresión reflejaba adecuadamente su identidad propia, mientras algunos participantes manifestaron preocupación por sus posibles implicancias en materia de autonomía política. Asimismo, Chile formuló observaciones sobre tierras y recursos naturales, proponiendo impulsar la propiedad familiar y manifestando reparos frente a determinadas exigencias de consentimiento indígena, por considerar que podían limitar el poder de decisión estatal. Asimismo, respecto de trabajo, formación profesional, salud y educación, enfatizó que las medidas destinadas a los pueblos indígenas debían articularse con las normas, autoridades y políticas generales del Estado.

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16/10/2026

El Convenio N° 169 de la OIT en Chile. Derechos y obligaciones

El Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado en 1989, constituye el principal instrumento internacional de protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Su aprobación representó un cambio de paradigma, al sustituir el enfoque integracionista por el reconocimiento de la identidad cultural, la autonomía y los derechos colectivos. Chile lo ratificó en 2008, entrando en vigor en septiembre de 2009, estableciendo obligaciones para el Estado en materia de respeto y protección de estos derechos. El Convenio reconoce como titulares de derechos a los pueblos indígenas, considerando su continuidad histórica, vinculación territorial, instituciones propias y conciencia de identidad. Entre sus principales garantías destacan la igualdad y no discriminación, la preservación cultural, la participación en decisiones públicas y la protección de tierras, territorios y recursos naturales. Especial relevancia adquiere el derecho a la consulta previa indígena frente a medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, así como su participación en la definición de prioridades de desarrollo. Asimismo, establece obligaciones estatales de protección de sus instituciones, costumbres y derechos territoriales, reconociendo la relación colectiva, cultural y espiritual que mantienen con sus tierras. De este modo, promueve el respeto a su identidad y participación efectiva.

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16/10/2026

Los tratados internacionales y la doctrina sobre su jerarquía en el Derecho Interno

Los tratados internacionales son instrumentos jurídicos que generan obligaciones para los Estados que consienten en suscribirlos, requieren su incorporación al ordenamiento nacional y deben cumplirse de buena fe. En materia de derechos humanos, buscan proteger la dignidad humana mediante garantías para las personas y deberes estatales. En América Latina, su aplicación efectiva plantea desafíos relacionados con su jerarquía normativa. En Chile, la Constitución regula su incorporación al derecho interno y existe consenso sobre su carácter supralegal, aunque persiste el debate acerca de su eventual rango constitucional o supraconstitucional. El constitucionalismo latinoamericano tiende a reconocerles un estatus especial, cercano al constitucional. En este contexto surge el bloque de constitucionalidad, entendido como un conjunto de normas y principios nacionales e internacionales que orientan la interpretación y aplicación del derecho, estableciendo estándares mínimos de protección de los derechos fundamentales favorables a las personas. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolla el control de convencionalidad, que exige examinar e interpretar las normas conforme a la Convención Americana y la jurisprudencia interamericana. Esta doctrina genera controversias: algunos autores advierten una supremacía internacional sobre el derecho interno, mientras otros destacan sus efectos sobre las competencias judiciales, las relaciones institucionales y la jerarquía del Poder Judicial.

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29/09/2026

Concesión de la nacionalidad a deportistas en la legislación extranjera. México, Perú, Bélgica, Bulgaria, Francia, Malta, Rumania y Turquía.

La legislación comparada contempla diversas vías para facilitar la adquisición de la nacionalidad por deportistas de élite, aunque con diferencias entre países. En América Latina, generalmente no existe un procedimiento autónomo. México permite reducir de cinco a dos años la residencia exigida a quienes hayan prestado servicios deportivos destacados, pudiendo excepcionalmente eximirse este requisito. Perú, en cambio, reconoce una modalidad específica para el “deportista calificado”, que requiere dos años de residencia continua y el compromiso de representar al país. En Europa existen mecanismos más amplios. Bélgica exige méritos deportivos excepcionales; Bulgaria permite excepciones por interés estatal o contribuciones deportivas especiales; Francia reduce o puede eximir el período de residencia por trayectoria excepcional o interés nacional. Malta contempla servicios excepcionales, mientras Rumania regula específicamente la ciudadanía de deportistas destacados que integrarán selecciones nacionales. Turquía permite la naturalización por decisión presidencial ante servicios deportivos sobresalientes. Sin embargo, obtener la nacionalidad no garantiza automáticamente la representación deportiva internacional. El COI y Panam Sports establecen requisitos adicionales, incluidos períodos de espera. Asimismo, federaciones como FIFA, FIBA, IHF, World Rugby, FIH y World Aquatics aplican condiciones específicas sobre residencia, vínculos efectivos, cambios de selección y participación de deportistas naturalizados.

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03/09/2026

Contenido y límites de libertad religiosa y de culto. Derecho Internacional y Legislación Nacional

La libertad religiosa y de culto está reconocida en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y comprende el derecho a elegir, conservar, cambiar, profesar y divulgar una religión o creencia, individual o colectivamente, en público o privado. En Chile, el artículo 19 N°6 de la Constitución garantiza la libertad de conciencia, creencias y cultos, mientras la Ley N°19.638 regula su ejercicio y reconoce la autonomía de las entidades religiosas. La doctrina distingue una dimensión subjetiva, vinculada con creer, no creer y practicar una religión, y una objetiva, referida a pertenecer o no a una comunidad religiosa. Estas libertades constituyen manifestaciones externas de la libertad de conciencia. Sus limitaciones deben establecerse por ley y ser necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral, la salud pública o los derechos de terceros. Asimismo, los tratados internacionales establecen que la libertad de conciencia y religión no puede suspenderse incluso durante situaciones excepcionales.

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28/08/2026

Reconocimiento, garantías y límites de la libertad religiosa y de culto: Legislación extranjera.

Los países analizados reconocen la libertad religiosa y de culto, con diferencias en la forma y profundidad con que establecen sus límites y garantizan su ejercicio. En la muestra latinoamericana, integrada por Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, Argentina reconoce principalmente estas libertades a nivel constitucional, sujetándolas a los límites generales establecidos por la legislación. Brasil, por su parte, complementa este reconocimiento constitucional, con una protección penal específica frente al impedimento o perturbación de actos de culto. Colombia y Perú ofrecen una regulación más amplia, pues desarrollan legalmente el contenido del derecho, establecen expresamente sus límites y contemplan mecanismos frente a la coacción o impedimento de su ejercicio. México también cuenta con una legislación especial que desarrolla detalladamente la libertad religiosa, pero establece mayores requisitos y controles administrativos. En la muestra de países europeos continentales, conformada por España, Francia, Italia y Portugal, España y Portugal, presentan una regulación particularmente desarrollada, al reconocer derechos de dimensión individual y colectiva, establecer mecanismos destinados a facilitar su ejercicio y contemplar protección penal frente a su impedimento o perturbación. España y Portugal poseen una regulación particularmente desarrollada, al reconocer derechos individuales y colectivos, establecer mecanismos para facilitar su ejercicio y contemplar protección penal frente a su impedimento o perturbación. Francia adopta un modelo más marcado por la laicidad, garantizando el libre ejercicio de los cultos, pero subordinándolo expresamente al orden público y sancionando conductas que coaccionen o interrumpan su ejercicio. Italia, por su parte, combina el reconocimiento constitucional del culto público y privado con la igualdad de las confesiones y una regulación diferenciada de sus relaciones con el Estado.

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