Asesorías Parlamentarias
Detalle investigadoras e investigadores
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Investigadora / investigador: Truffello García, Paola
Comisión(es) que participa
- Familia y Adulto Mayor - Cámara
- Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes. - Senado
Ley 21.882 y Boletin 17.685-35: Análisis comparativo.
Se realiza un análisis comparativo entre la ley y el boletín. Se revisan objetivos, comparación general y estructuras, además de diferencias y semejanzas entre ambos textos. Al final se realizan algunas recomendaciones, a partir de dicho análisis.
Proyectos de ley que podrían vincularse al Boletín N° 17524-25.
El presente documento señala iniciativas legales que pudiesen abordar la misma materia que contiene el boletín 17524-25, que modifica el Código Penal, para incorporar como circunstancia agravante, cometer el delito contra el personal de Gendarmería de Chile, o de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, en el caso que indica.
Mecanismos de preferencia judicial por interés colectivo o de interés público: Casos de Colombia y Costa Rica.
En Colombia, la Constitución reconoce las acciones populares y de grupo para la protección de derechos e intereses colectivos. La Ley 472 de 1998 regula las acciones populares, con finalidad preventiva y restitutoria, y las acciones de grupo orientadas a indemnizar daños sufridos por una pluralidad de personas afectadas por una misma causa. Entre los derechos protegidos se incluyen el medio ambiente, el patrimonio público, la moral administrativa, los derechos de consumidores y usuarios, la libre competencia y la prevención de desastres. Asimismo, se establece un trámite preferencial obligatorio para las acciones populares preventivas. En Costa Rica, la jurisdicción contencioso-administrativa, reconocida constitucionalmente, ejerce el control de legalidad de la actuación estatal y protege los derechos e intereses de los administrados. El Código Procesal Contencioso Administrativo contempla mecanismos de preferencia procesal para asuntos que el tribunal considere urgentes o de gran trascendencia pública, el que incluye reducción de plazos, prioridad en la fijación de audiencias y preferencia en la tramitación del recurso de casación. Por su parte, en materia de tutela de intereses colectivos, Chile cuenta con acciones sectoriales -especialmente en el ámbito de los derechos de los consumidores - y con la acción constitucional de protección, la que, pese a su naturaleza individual, ha sido utilizada en controversias con efectos colectivos, observándose en ambos casos reglas de tramitación preferente.
Modelos regulatorios de la gestación por sustitución: Canadá (Québec), España, Estados Unidos (California), Dinamarca Italia y Uruguay.
Los ordenamientos jurídicos examinados configuran tres modelos regulatorios de la gestación por sustitución: un modelo permisivo restringido (Uruguay, Québec y Dinamarca), uno permisivo amplio (California) y uno prohibitivo (España e Italia). En los modelos permisivos restringidos, la práctica se admite solo con carácter altruista, prohibiéndose la remuneración a la gestante y estableciéndose controles institucionales. Uruguay presenta un régimen especialmente restrictivo, limitado a casos de infertilidad femenina y con exigencia de vínculo genético. Québec adopta un enfoque más abierto, centrado en el consentimiento de la gestante, incluso posterior al nacimiento. Dinamarca, en tanto, configura un sistema intermedio, con control administrativo previo y requisitos estrictos. El modelo californiano se caracteriza por una amplia permisividad basada en la autonomía de la voluntad, admitiendo modalidades altruistas y comerciales. En los modelos que prohíben, los acuerdos son nulos y no constituyen fuente de filiación. España admite mecanismos indirectos, como la paternidad biológica o la adopción, mientras que Italia incorpora sanciones penales, incluso con alcance extraterritorial.
Actividad legislativa de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado: Periodo legislativo 2022–2026.
Durante el periodo legislativo 2022–2026, la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado analizó y debatió al menos diez iniciativas legales. En la Legislatura 373 (marzo 2025 - marzo 2026), cuatro proyectos de ley conocidos por la Comisión fueron promulgados como leyes de la República: la Ley No. 21.805 que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados; la Ley No. 21.760 de adopción; la Ley No. 21.496 que establece el deber de reevaluación de los colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y; la Ley No. 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Entre los proyectos de ley tramitados entre el 11 de marzo de 2025 y el 10 de marzo de 2026 tres concluyeron su tramitación legislativa en la Comisión, mientras que dos se encuentran en la Sala del Senado para su discusión general.
Aspectos principales del derecho de propiedad: Marco constitucional y legal.
El proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales (Boletín No. 16.335-14), en términos generales, configura un conjunto de obligaciones preventivas y cargas económicas para los propietarios, fundadas en la función social de la propiedad y orientadas a la protección de bienes jurídicos colectivos. Desde una perspectiva normativa, el derecho de propiedad en el ámbito constitucional tiene su consagración en el artículo 19 No. 24 de la Constitución Política de la República, y establece la reserva legal en materia de limitaciones y la función social del dominio como criterio delimitador de su ejercicio. El alcance de dicha función social permite imponer restricciones y obligaciones al propietario en atención a intereses generales, como la seguridad, la salubridad pública y la conservación ambiental.
Implementación de apoyos y salvaguardas para el ejercicio de la capacidad jurídica: Experiencias y recomendaciones para Costa Rica, Perú y Chile.
Se examina la implementación del sistema de apoyos y salvaguardas para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, a partir del artículo 12 de la Convención sobre las Personas con Discapacidad, que exige reconocer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones, eliminar los regímenes de sustitución de la voluntad y establecer apoyos con salvaguardas adecuadas, centrados en la voluntad y preferencias de la persona. Para dichos efectos, se presenta las reformas implementadas en Costa Rica y Perú, países señalados por la doctrina como pioneros en la región en el reconocimiento de la capacidad jurídica plena. Para analizar la implementación de dichas reformas, se da cuenta de las observaciones recientes del Comité CDPD (2023 y 2024), que muestran brechas persistentes. Finalmente, el informe contrasta estas experiencias con la situación chilena. Aunque Chile ratificó la Convención en 2008 y ha dictado normas para la protección de derechos en diversas materias, mantiene vigente la figura de la interdicción y carece de un sistema general de apoyos y salvaguardas.
Conceptualización de “notable abandono de deberes” Como causal de acusación constitucional contra de los magistrados de los tribunales superiores de justicia.
El presente documento revisa el alcance que las comisiones de Acusación Constitucional de la Cámara de Diputadas y Diputados, desde 1992 hasta 2025, han dado a la causal de acusación de notable abandono de deberes de los magistrados de los tribunales superiores de justicia, establecida en el actual artículo 52 N° 2 letra c) de la Constitución Política. Para ello, se revisa separadamente cada acusación, dando cuenta en cada caso los hechos relatados en las respectivas acusaciones y que motivan las mismas, para luego desarrollar, de manera resumida, cómo entendió cada comisión, en el caso particular, la causal de notable abandono de deberes. Cabe hacer presente que las comisiones de acusación constitucional, en algunas ocasiones han desarrollado una tesis propia sobre el alcance de la causal, en otras, en cambio, han acogido, directa o indirecta, total o parcialmente, lo alegado por los acusadores o por la defensa. Por ello, para una mejor comprensión de la decisión de cada comisión, en algunos casos se da cuenta del juicio de la Comisión con antecedentes expuestos en la acusación o en la defensa. Esta variable se explicita cuando procede. La información y citas que se utilizan en el presente Informe, tienen como fuente principal y única los informes oficiales de las comisiones de acusación constitucional, y en caso de ser necesario, los líbelos acusatorios de los diputados acusadores y/o los escritos de las defensas de los acusados.
Atención preferente y priorización para prestaciones y beneficios sociales: Marco regulatorio para mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes
- Truffello García, Paola
- Álvarez Droguett, Paola Alejandra
- Poblete Vásquez, Mario Eduardo
- De La Paz Mellado, Verónica Cristina
El proyecto de ley (Boletín No. 17.645-18) establece el derecho a atención preferente en trámites presenciales ante órganos de la Administración del Estado, así como la priorización en la entrega de prestaciones y beneficios sociales para mujeres embarazadas y para niños, niñas y adolescentes bajo la atención del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Ley No. 21.302). La normativa legal vigente revisada no reconoce un derecho general y expreso a atención preferente ni a priorización en todos los beneficios sociales para mujeres embarazadas. Existen protecciones específicas: subsidio y asignación maternal, programa Chile Crece Contigo (40% más vulnerable), controles prenatales prioritarios y derechos laborales reforzados. El proyecto introduce el derecho de atención preferente para mujeres embarazadas y un derecho general para su priorización en beneficios sociales. Para la niñez y adolescencia en protección especializada, gran parte de la priorización ya está contemplada en las Leyes No. 21.430 y 21.302, pero se amplía el alcance, en especial en materia habitacional para jóvenes que egresan de programas de protección especializada del Estado.
Legislación infancia (1989-2025): Tratados internacionales y legislación nacional.
Este documento da cuenta de una selección de los principales Tratados Internacionales vigentes en Chile y legislación nacional dictada desde 1989 a la fecha, relacionada con infancia y adolescencia, destacando especialmente aquellas normas por las materias que regulan.