Asesorías Parlamentarias

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Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014

Investigadora / investigador: Truffello García, Paola

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03/11/2026

Protección de las víctimas ante el egreso penitenciario del condenado, con énfasis en niños, niñas y adolescentes: Análisis normativo y propuestas de mejora legal y administrativa.

El presente informe analiza el marco normativo e institucional chileno relativo a la protección de las víctimas y su entorno ante el egreso del condenado, considerando la libertad condicional, los beneficios intrapenitenciarios y el egreso por cumplimiento total de la condena, con especial atención al régimen de protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. La Ley N° 21.627 (2023) garantizó la notificación previa a la víctima cuando el condenado postula a libertad condicional o a permisos ordinarios de salida. Asimismo, la Ley N° 21.780 (2025) creó el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas (en funciones desde el 1 de abril de 2026), mientras que las Leyes N°21.057 N° 21.057, 21.430 y 21.302 establecen mecanismos de protección especializada para niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, subsiste un vacío legal cuando el condenado egresa por cumplimiento definitivo de la pena, por ejemplo, no existen alertas automáticas previas a la liberación ni herramientas procesales para prorrogar medidas de protección o monitoreo telemático posteriores a la pena. Finalmente, se identifican posibles reformas legales para ampliar los mecanismos de notificación y protección a las víctimas, distinguiendo aquellas que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Asimismo, se examinan alternativas de medidas reglamentarias que pueden implementarse mediante la potestad administrativa y convenios interinstitucionales.

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27/10/2026

Sistema de protección de la niñez y adolescencia en Chile: Síntesis de estudios y evaluaciones recientes (2024-2026).

El informe sistematiza seis publicaciones recientes sobre el sistema de protección de la niñez en Chile. Tres son evaluaciones institucionales: del Servicio Nacional de Protección Especializada (UNICEF, 2026), de la Ley N° 21.302 (Departamento de Evaluación de la Ley, 2026) y de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) (Defensoría de la Niñez, 2025). Dos son diagnósticos generales sobre derechos (UNICEF, 2025; Defensoría de la Niñez, 2026). La sexta es un análisis jurídico (Henríquez, 2024). Los documentos coinciden en que el diseño normativo es formalmente consistente con el enfoque de protección integral, pero su implementación es parcial. En los documentos se repiten cuatro nudos críticos: el financiamiento, pues los aportes del Estado no cubren el costo real de las intervenciones y los equipos operan con alta rotación y contratación a honorarios; la coordinación intersectorial, en especial con salud mental; las listas de espera: con 72.768 medidas pendientes de ingreso a la protección especializada, a marzo de 2025; y los sistemas de monitoreo, que miden acciones ejecutadas y no cambios en las trayectorias de niños, niñas y adolescentes. Los diagnósticos generales sitúan estos hallazgos en un contexto adverso. Chile ocupa el último lugar entre 36 países en la clasificación de bienestar infantil del Innocenti Report Card 19 (2025), y en 2024 más de 229.000 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos en programas de protección especializada (UNICEF, 2025).

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19/10/2026

Límites de la Ley de Presupuestos respecto de leyes permanentes: Jurisprudencia del Tribunal Constitucional según la STC Rol N° 17.159-25.

El Tribunal Constitucional ha sostenido, en una línea jurisprudencial iniciada en 1972, que la Ley de Presupuestos no puede modificar disposiciones contenidas en leyes permanentes, pues "no es constitucionalmente admisible legislar de forma permanente con ocasión del presupuesto anual de la Nación" (STC Rol N° 17.159-25, c. 14° y 17°). Así, en su pronunciamiento más reciente sobre la Ley de Presupuestos, la STC Rol N° 17.159-25, de 18 de diciembre de 2025, reitera lo resuelto, entre otras, en las STC Roles N° 1005, N° 4118, N° 5735, N° 7896, N° 9869 y N° 15.981. Entre los criterios establecidos por el Tribunal se encuentran los siguientes: no es admisible introducir legislación de alcance permanente en la Ley de Presupuestos (STC Rol N° 17.159-25, c. 17°; STC Rol N°15.981-24, c. 34°); esta puede adaptar una regla permanente al año presupuestario, pero no crear reglas nuevas para el sector que regula (STC Rol N° 17.159-25, c. 17°; STC Rol N° 15.981-24, c. 34°); una modificación de una ley permanente, aunque solo rija durante el año, requiere reformar la ley respectiva (STC Rol N° 17.159-25, c. 25°; STC Rol N° 15.981-24, c.106°); y las glosas, por su naturaleza normativa, deben guardar estricta relación con las ideas matrices de esta ley y son susceptibles de control constitucional (STC Rol N° 17.159-25, c. 12°; STC Rol N° 15.981-24, c.21°). El informe se organiza en tres apartados: el primero describe brevemente el marco constitucional y legal; el segundo analiza la STC Rol N° 17.159-25; y el tercero sistematiza los precedentes invocados en ella. El análisis se circunscribe a este fallo por ser el pronunciamiento más reciente del TC sobre la materia y por recoger su jurisprudencia anterior, sin perjuicio de otros pronunciamientos que puedan existir.

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05/10/2026

Denuncias falsas en conflictos familiares: Chile y legislación comparada.

El presente informe examina la regulación aplicable a las denuncias, acusaciones o querellas falsas en Chile y en legislación comparada, con especial atención a aquellas formuladas en contextos de familia y a sus posibles efectos sobre la relación entre progenitores e hijos. En Chile, las denuncias falsas no cuentan actualmente con una regulación autónoma en el derecho de familia. Su tratamiento se encuentra principalmente en el derecho penal común y, de manera complementaria, en normas civiles y procesales. A ello se agregan las reglas de familia relativas al cuidado personal, la relación directa y regular, las medidas cautelares y la protección frente a la violencia intrafamiliar y de género. La experiencia comparada muestra que la respuesta predominante frente a las denuncias deliberadamente falsas se encuentra en normas penales y, de manera complementaria, civiles o procesales. Así ocurre en Argentina, España y Francia. Algunas jurisdicciones contemplan además mecanismos específicos en el ámbito de familia. En California y Texas se prevén consecuencias frente a denuncias formuladas con conocimiento de su falsedad o intención de engañar, mientras que Brasil vincula determinadas denuncias falsas con la afectación del vínculo entre el niño, niña o adolescente y uno de sus progenitores o familiares. Algunas de estas regulaciones contemplan también medidas para preservar o restablecer las relaciones familiares, cuando ello resulta compatible con la seguridad y el interés superior del niño. Asimismo, algunas legislaciones protegen expresamente las denuncias formuladas de buena fe. Australia constituye un antecedente distinto: entre 2006 y 2012 contempló una regla específica frente a alegaciones formuladas a sabiendas como falsas en procedimientos de familia, posteriormente derogada por preocupación sobre su posible efecto disuasorio. La evaluación posterior no identificó una asociación clara entre la derogación y un aumento de alegaciones falsas, y actualmente no existe una regla equivalente. En el plano internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho del niño que está separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés superior (artículo 9.3). Por su parte, MESECVI ha advertido sobre el posible efecto disuasivo de determinadas respuestas sancionatorias y ha señalado la falta de datos suficientes que sustenten una alta prevalencia de denuncias falsas. ONU Mujeres, en tanto, recomienda que las leyes específicas sobre violencia contra las mujeres no incorporen delitos especiales de “acusaciones falsas”, cuando estas conductas pueden abordarse mediante las figuras penales generales.

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24/09/2026

Exclusión sucesoria del cónyuge sobreviviente. Estudio comparado de Chile, España y Argentina

El análisis comparado de la exclusión sucesoria del cónyuge sobreviviente en Chile, España y Argentina evidencia diferencias relevantes respecto de los efectos de la separación de hecho. En Chile, el cese de la convivencia no implica por sí mismo la pérdida de los derechos hereditarios. Para que opere la exclusión, debe existir una separación decretada judicialmente y una declaración de que el cónyuge sobreviviente dio lugar a ella por su culpa. En España y Argentina, en cambio, la separación de hecho existente al momento del fallecimiento constituye una causal de exclusión sucesoria, sin necesidad de acreditar culpabilidad. En Argentina, además, la doctrina exige que dicha separación tenga carácter definitivo. Ninguno de los tres ordenamientos establece un período mínimo de separación o abandono previo al fallecimiento. La comparación permite distinguir entre la ruptura efectiva de la convivencia y determinadas conductas sancionadas por el derecho sucesorio. En Chile, el abandono del cónyuge no constituye específicamente una causal de indignidad o desheredamiento, aunque ciertas situaciones de falta de auxilio podrían tener relevancia jurídica. En conclusión, los sistemas analizados otorgan efectos sucesorios diferentes al término de la convivencia y a la existencia de culpa conyugal.

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03/09/2026

Notificación de medidas cautelares en casos de violencia familiar y de género: Chile y legislación comparada.

En Chile, las medidas cautelares dictadas en procedimientos de violencia intrafamiliar o en causas relativas a hechos de violencia de género deben notificarse de manera expedita y con especial resguardo de la seguridad de la víctima. Practicada la diligencia, debe informarse al tribunal y a los organismos competentes. Por otra parte, La legislación comparada muestra, en primer lugar, que la notificación formal y el conocimiento efectivo no siempre son tratados como cuestiones equivalentes. En algunos ordenamientos, como Inglaterra y Brasil, la atribución de responsabilidad por el incumplimiento puede depender de que se acredite que la persona conocía efectivamente la existencia o contenido de la orden. En segundo término, Dinamarca y Finlandia muestran que la utilización de medios electrónicos no necesariamente supone una reducción de las garantías asociadas a la notificación. Ambos sistemas incorporan mecanismos destinados a dejar constancia verificable de la recepción o acceso a la comunicación. Finalmente, los ordenamientos examinados contemplan respuestas específicas frente al fracaso o evasión de la notificación. Suecia ha reforzado las facultades de las autoridades para localizar a quienes intentan evitarla; Nueva Zelanda permite al tribunal autorizar formas sustitutivas de notificación cuando los mecanismos ordinarios han resultado infructuosos; y Finlandia contempla modalidades subsidiarias cuando existen antecedentes de que el destinatario se está ocultando.

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23/07/2026

Comisiones investigadoras y otras instancias de seguimiento (2014-2025): Sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo el sistema de protección del Estado.

La Cámara de Diputadas y Diputados ha constituido sucesivas Comisiones Especiales Investigadoras (CEI) en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, a partir de las irregularidades detectadas especialmente en el sistema residencial del entonces Servicio Nacional de Menores. La CEI del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores (2013-2014) concluyó que los incumplimientos de directores, cuidadores y funcionarios de las residencias generaban una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los NNA bajo cuidado alternativo del Estado, situación que tampoco podía ser ignorada por las autoridades fiscalizadoras del propio Sename ni por el Ministerio de Justicia. Luego, la CEI de seguimiento de las propuestas de la CEI de 2014 (2016-2017), se encargó de evaluar el cumplimiento de esas recomendaciones, pero su informe fue rechazado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en 2017. Comisiones Investigadoras posteriores (2018-2023) han profundizado en materias específicas, tales como, irregularidades en adopciones, búsqueda de niños, niñas y adolescentes extraviados, abuso y explotación sexual bajo protección del Estado, y licitaciones del actual Servicio de Protección Especializada. Junto a esta labor de fiscalización, y conforme a lo solicitado, se incorporan a este informe antecedentes sobre la instancia de trabajo desarrollada por el Poder Judicial mediante la “Comisión de Familia e Infancia” de la Corte Suprema, organizada en subcomisiones temáticas relacionadas con medidas propuestas por las CEI. Finalmente, como referencia adicional, se destaca la "Mesa por la Niñez" (2025), instancia de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados que, mediante audiencias con autoridades, organismos colaboradores y sociedad civil, compiló antecedentes que evidencian la continuidad de importantes desafíos en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, particularmente en: fortalecimiento del cuidado alternativo; egreso acompañado y autonomía juvenil; prevención y trabajo territorial; modernización institucional y coordinación intersectorial y; financiamiento sostenible y control parlamentario.

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13/07/2026

Gobierno judicial y nombramiento de jueces. Estándares internacionales: ONU y Comisión de Venecia.

El presente informe examina los principales estándares internacionales sobre gobierno judicial y nombramiento de jueces. En él, se sistematizan los principios para el nombramiento de jueces, elaborados por la Relatora Especial de Naciones Unidas (2026), los que establecen garantías mínimas aplicables a distintos modelos institucionales. Asimismo, se sintetizan las recomendaciones formuladas por la Relatora a Chile en 2025 en materias relacionadas con el gobierno judicial y el sistema de nombramientos. En segundo lugar, se analiza la opinión emitida por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre el proyecto de reforma constitucional relativo al Poder Judicial (2025), exponiendo sus principales observaciones sobre el diseño institucional del Consejo de Nombramientos Judiciales, el procedimiento de nombramiento de jueces, el sistema disciplinario, la administración del Poder Judicial y la eliminación de la figura del abogado integrante. Finalmente, el informe identifica las principales convergencias entre ambas organizaciones internacionales, constatando que tanto la Relatora Especial de Naciones Unidas como la Comisión de Venecia promueven procedimientos similares.

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06/07/2026

Responsabilidad parental y consecuencias jurídicas de su incumplimiento: Argentina, Francia y Reino Unido: Análisis en el marco del Boletín N° 18.378-18.

En la legislación extranjera se observan aproximaciones distintas frente al incumplimiento de la responsabilidad parental. El Reino Unido contempla mecanismos preventivos específicos, como las parenting orders, destinadas a fortalecer las competencias parentales cuando un niño, niña o adolescente ha incurrido en determinadas conductas infraccionales. Argentina no establece un procedimiento preventivo equivalente, sino que estructura la responsabilidad parental a partir de los deberes generales de crianza, protección y formación de los hijos, manteniendo además la responsabilidad de los progenitores aun cuando no convivan con el hijo menor de edad, en los casos previstos por la ley. Francia, por su parte, reforzó recientemente la autoridad parental mediante la Ley N.° 2025-568, que incrementó la participación de los padres en los procedimientos seguidos respecto de sus hijos menores de edad infractores de ley y agravó las consecuencias penales cuando el incumplimiento de sus deberes contribuye directamente a la comisión de delitos por parte de sus hijos. En el derecho chileno, los derechos y deberes de los progenitores respecto de sus hijos menores de edad se distribuyen en distintas figuras del derecho de familia —principalmente el cuidado personal y la patria potestad así como el principio de corresponsabilidad parental—, sin que el ordenamiento jurídico haya agrupado estas instituciones bajo una categoría unificada denominada "responsabilidad parental", pese a que dicha expresión ha sido recogida en el encabezado de leyes recientes, como la Ley N° 21.484. Estos deberes deben distinguirse de la responsabilidad civil extracontractual por los hechos de los hijos menores de edad, regulada en los artículos 2.319, 2.320 y 2.321 del Código Civil, que responde a una finalidad indemnizatoria diversa. El Boletín N.° 18.378-18, denominado “proyecto de ley que fortalece el ejercicio de la responsabilidad parental", no incorpora esta expresión como institución unificadora en el Código Civil. De acuerdo con su Mensaje. el proyecto, tiene por objeto fortalecer el deber de guía y orientación de los progenitores respecto de sus hijos, establecer un procedimiento especial de carácter preventivo y tutelar ante los tribunales de familia, y actualizar el régimen de responsabilidad civil extracontractual de los padres por los hechos de sus hijos menores de edad.

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03/06/2026

Ley 21.882 y Boletin 17.685-35: Análisis comparativo.

Se realiza un análisis comparativo entre la ley y el boletín. Se revisan objetivos, comparación general y estructuras, además de diferencias y semejanzas entre ambos textos. Al final se realizan algunas recomendaciones, a partir de dicho análisis.

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