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Documentos presentados a comisiones
Regulación y funcionamiento de la pena de trabajo comunitario en legislaciones extranjeras: Alemania, España, México y Perú.
Este documento se basa en un informe BCN anterior (2026, julio) titulado “Regulación y funcionamiento de la pena de trabajo comunitario en legislaciones extranjeras: Alemania, España, México y Perú.” En el presente texto, se suma el análisis del caso uruguayo. El documento da cuenta de la aplicación de la pena de trabajo o servicios en beneficio de la comunidad. La consolidación de esta sanción penal se ha ido consolidando en los ordenamientos criminales y penitenciarios de los países revisados al presentarse como una forma de cumplimiento para infracción o penas menores. En el documento se exponen las faltas o delitos menores que pueden ser sancionados con esta pena, los organismos encargados de su ejecución, conversión para el cumplimiento de la sanción y tipos de trabajos comunitarios a efectuar. Cabe señalar que entre las faltas sancionadas con el trabajo en beneficio a comunidad están, entre otros, el daño a espacio público como monumentos u obras de arte.
Implicancias de la pérdida de derechos sociales en la criminalidad: Estudios disponibles.
El presente estudio se basa en la posible relación entre las prestaciones sociales y la criminalidad. Luego de una revisión bibliográfica, se han encontrado y analizado tres investigaciones que buscan explorar dicha relación, todas de origen norteamericano, concluyendo que las prestaciones otorgadas por los denominados “estados de bienestar” tienen una relación inversa respecto a la criminalidad. El estudio también muestra que la reincidencia denomina “delitos de subsistencia” o “reinserción motivada financieramente” (básicamente robo y venta de drogas, ya que dejan dividendos económicos) da como resultado que la pérdida de la subvención impactó en la reincidencia por este tipo de delitos en 10 puntos porcentuales. Considerando que el informe asevera que debido a que los derechos sociales hacen que disminuya el delito, el autor señala que producen lo que llama “dividendo de prevención del delito”: un retorno en seguridad pública que llega como desborde del gasto social.
Reformas a la libertad condicional y evidencia sobre reincidencia: Análisis comparado de Chile, España y Argentina.
Se analiza la relación entre la tasa de reincidencia y ciertas reformas legales que afectaron a la libertad condicional y la progresividad penitenciaria, utilizando la evidencia disponible para Chile, España y Argentina. Este informe complementa un estudio BCN previo sobre el régimen jurídico de la libertad condicional, por lo que no profundiza en aspectos legales, sino que se focaliza en la evidencia empírica disponible antes y después de las reformas recientes. En Chile, la Ley No. 21.124 de 2019 se asocia a una contracción sostenida de la libertad condicional. Mientras en 2018 las concesiones llegaron aproximadamente al 75%, los otorgamientos totales se ubicaron en torno al 11% entre 2023 y 2025. En España, la LO 1/2015 transformó la libertad condicional en suspensión del resto de la pena y fue seguida por una fuerte disminución de su uso: las altas en libertad condicional en la Administración General del Estado pasaron de 8.076 en 2015 a 1.749 en 2024, una caída aproximada de 78%. En Argentina, la Ley No. 27.375 restringió la progresividad mediante exclusiones legales; aunque no permite medir reincidencia post egreso comparable, muestra un modelo restrictivo distinto, basado en limitar ex ante el acceso de ciertos condenados a salidas transitorias, semilibertad, libertad asistida o libertad condicional.
Registros delictuales y pérdida de beneficios sociales. Legislación comparada
Informe que busca indagar en la relación entre registros delictuales y la sanción de pérdida de beneficios sociales por parte de quienes cometen delitos o infracciones en España, Estados Unidos y el Reino Unido.
Regulación y funcionamiento de la pena de trabajo comunitario en legislaciones extranjeras: Alemania, España, México y Perú.
El documento da cuenta de la aplicación de la pena de trabajo o servicios en beneficio de la comunidad. La consolidación de esta sanción penal se ha ido consolidando en los ordenamientos criminales y penitenciarios de los países revisados al presentarse como una forma de cumplimiento para infracción o penas menores pues: Resocializa y desciende la opción de reincidencia. Disminuye el hacinamiento carcelario y evita el contacto con delincuentes habituales. Significa menor costo del Estado en alimentación y seguridad de un interno penitenciario. En el documento se exponen las faltas o delitos menores que pueden ser sancionados con esta pena, los organismos encargados de su ejecución, conversión para el cumplimiento de la sanción y tipos de trabajos comunitarios a efectuar. Cabe señalar que entre las faltas sancionadas con el trabajo en beneficio a comunidad están, entre otros, el daño a espacio público como monumentos u obras de arte. Un aspecto que destacan todas las normativas analizadas es que para el cumplimiento de esta sentencia se debe contar con el consentimiento de la persona condenada a cumplir la pena de trabajo o servicio en beneficio de la comunidad.
Pena de Prestación de Servicio en Beneficio de la Comunidad en Chile: Criterios judiciales para otorgarla y mecanismos de implementación.
Se informa sobre la pena alternativa de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, pena sustitutiva de penas privativas o restrictivas de libertad contempladas en la Ley No. 18.216, siendo definida como “la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad”. Características del trabajo: Los servicios comunitarios deben generar un beneficio para la comunidad o para personas vulnerables. Cómputo: La duración se calcula en razón de 40 horas de trabajo por cada 30 días de privación de libertad, con un máximo de 8 horas diarias. Criterios jurisdiccionales para otorgarla: Para conceder esta pena, el condenado debe aceptarla expresamente, no debe haber cumplido antes esta misma pena y que la sanción original no superare los 300 días de prisión. Especialistas cuestionan estos requisitos ya que la norma parte de la base que esta pena posee un valor restaurativo y rehabilitador. Entidades beneficiarias: Las entidades beneficiarias son organismos públicos o privados sin fines de lucro que mantienen convenios con Gendarmería para recibir condenados. Centros de cumplimiento: Los centros de cumplimiento son los lugares donde se ejecutan los servicios comunitarios y cuentan con responsables encargados de supervisar al penado. Revocación: esta pena es esencialmente revocable y será dejada sin efecto cuando existen incumplimientos graves o reiterado del penado.
Fortalecimiento del control fronterizo en la Macrozona Norte: Sistema Integrado de Fronteras (SIFRON) y Plan Escudo Fronterizo.
En los últimos cinco años el país ha enfrentado crecientes exigencias en materia de control fronterizo. En este sentido, el año 2021 es sindicado como el más crítico en materia de ingresos por pasos no habilitados, con 56.586 denuncias y autodenuncias, Frente a ello, el Estado de Chile ha venido impulsando diversas iniciativas para el fortalecimiento del control fronterizo. El año 2022, la administración del presidente Gabriel Boric lanzó la Estrategia de Seguridad y Control de Fronteras, que sirvió como orientación política superior para la elaboración del Plan Nacional de Complejos Fronterizos (2023); la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME, 2023); la constitución del Comité de Coordinación Nacional de Fronteras (2025). desde el Congreso Nacional se han aprobado diversas iniciativas legales, tales como la Ley No. 21.542 (2023), que reforma la Constitución Política para permitir al Presidente de la República desplegar a las FF.AA. en el resguardo de zonas fronterizas; así como la Ley No. 21.730 (2025), que crea el Ministerio de Seguridad Pública, otorgándole la misión de “Diseñar políticas, planes y programas tendientes a resguardar las fronteras (…)”, por mencionar algunas. Por su parte, a partir de marzo de 2026, el Presidente José Antonio Kast ha dado continuidad a los referidos planes operativos, en el marco del “Plan Escudo Fronterizo”, con sus propios énfasis y matices, destacando en este sentido el impulso que se ha dado a la construcción de barreras físicas; a la búsqueda de una mayor coordinación interinstitucional a través de la creación de la figura del Comisionado Presidencial.
Control telemático de medidas cautelares y penas de alejamiento: España e Italia.
El uso del monitoreo electrónico se ha implementado en distintas jurisdicciones, como España e Italia, como una manera de controlar a los infractores, principalmente en los casos de libertad condicional y penas sustitutivas, entre otros. Además, ha cobrado relevancia en materia de violencia de género. Las legislaciones de las que da cuenta este documento cuentan con normas específicas, tanto para los ámbitos penitenciario, como de protección de víctimas de violencia de género y acoso. Esta medida puede ser decretada por un tribunal o un juez, requiriendo que el mecanismo de vigilancia electrónica deba contar con el consentimiento del acusado. En el caso de la vigilancia remota en el ámbito de la violencia de género/doméstica y acoso, tanto el acusado como la víctima cuentan con dispositivos con monitoreo en tiempo real y alertas automáticas.
El tráfico de armas y las medidas jurídicas para enfrentarlo. Panorama internacional, latinoamericano y nacional.
Documento sobre el tráfico ilegal de armas como una amenaza para la estabilidad y la paz. Para analizar este fenómeno adecuadamente, se revisa a grandes rasgos cómo se ha dado el problema a nivel global y las respuestas jurídicas para enfrentarlo (1), cuál es la situación en América Latina (2), y, por último, cuáles son los datos y qué se ha hecho en nuestro país al respecto (3). Al final, se esbozan algunas conclusiones. Según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en adelante UNODC, por sus siglas en inglés), el año 2021 murieron 458.000 personas por homicidios (81% hombres y 19% mujeres). La tasa de homicidio más alta se encuentra en América (15 cada 100.000 habitantes). De esos homicidios, el 40% se realizó con armas de fuego.
IA y herramientas digitales en la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales: oportunidades para la cooperación
La Inteligencia Artificial (IA) está transformando el crimen organizado transnacional y el blanqueo de capitales en América Latina y la Unión Europea (UE). Organismos como Europol, UNODC, GAFI y PAcCTO 2.0 documentan cómo las redes criminales explotan estas tecnologías con una sofisticación creciente, mientras las instituciones encargadas de combatirlas enfrentan brechas significativas de capacidad, regulación y coordinación. Sin embargo, la evidencia también demuestra que hay herramientas, experiencias de cooperación y marcos normativos que permiten revertir esa ventaja si existe la voluntad política para hacerlo. Este documento fue elaborado para la participación en el grupo de Trabajo sobre Seguridad, Terrorismo, Amenazas Híbridas y Lucha contra la Delincuencia Organizada de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT).