Asesoría Parlamentaria

Numerales 5 y 14 del artículo 1° de la ley N° 19.934, que modifica el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, estableciendo normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias

• Palli Cea, Angelo Andrés

Minuta Historia de la Ley por Artículo. Numerales 5 y 14 del artículo 1° de la ley N° 19.934, que modifica el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, estableciendo normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias.

Minuta Historia de la Ley por Artículo. Numerales 5 y 14 del artículo 1° de la ley N° 19.934, que modifica el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, estableciendo normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias.

Descargar

Indemnización por daño moral en el contexto de la violencia intrafamiliar: Casos de Colombia, Canadá y Francia.

• Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice
• Álvarez Droguett, Paola Alejandra
• Loiseau, Virginie Solange Marie

De acuerdo al Derecho internacional de los DDHH, la reparación integral de las víctimas es un imperativo para la protección efectiva de sus derechos. En Chile, la Ley N° 20.066 de violencia intrafamiliar (VIF) solo obliga al condenado a pagar a la víctima los desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial ocasionados por la VIF. Para obtener la reparación de otros daños, como el daño moral, la víctima debe recurrir a la justicia civil (haciendo efectiva la responsabilidad extracontractual del agresor). Si el hecho de VIF constituye un delito, éste es de conocimiento de los Juzgados de Garantía o los Tribunales Orales en lo Penal, siendo en dicha sede donde la víctima debe interponer la acción civil que tenga por objeto la restitución de la cosa y las demás acciones para perseguir otras responsabilidades civiles, derivadas del hecho punible (estas últimas puede deducirla en este mismo proceso penal o en un tribunal civil, a su elección). En el Derecho comparado revisado en materia de reclamaciones indemnizatorias efectuadas ante los jueces de familia, por los perjuicios ocasionados en el contexto de VIF no se encontraron normas que contemplaran esta posibilidad. No obstante, sí se observaron avances de interés en la materia en Colombia, Canadá y Francia.

De acuerdo al Derecho internacional de los DDHH, la reparación integral de las víctimas es un imperativo para la protección efectiva de sus derechos. En Chile, la Ley N° 20.066 de violencia intrafamiliar (VIF) solo obliga al condenado a pagar a la víctima los desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial ocasionados por la VIF. Para obtener la reparación de otros daños, como el daño moral, la víctima debe recurrir a la justicia civil (haciendo efectiva la responsabilidad extracontractual del agresor). Si el hecho de VIF constituye un delito, éste es de conocimiento de los Juzgados de Garantía o los Tribunales Orales en lo Penal, siendo en dicha sede donde la víctima debe interponer la acción civil que tenga por objeto la restitución de la cosa y las demás acciones para perseguir otras responsabilidades civiles, derivadas del hecho punible (estas últimas puede deducirla en este mismo proceso penal o en un tribunal civil, a su elección). En el Derecho comparado revisado en materia de reclamaciones indemnizatorias efectuadas ante los jueces de familia, por los perjuicios ocasionados en el contexto de VIF no se encontraron normas que contemplaran esta posibilidad. No obstante, sí se observaron avances de interés en la materia en Colombia, Canadá y Francia.

Descargar

La actividad empresarial estatal general: régimen y fiscalización.

• Harris Moya, Pedro Nicolás

La actividad empresarial del Estado puede sujetarse a distintos regímenes, según se desarrolle de manera directa, a través de empresas públicas creadas por ley, o de forma indirecta, mediante la participación estatal en organizaciones que no forman parte de su administración. Ante ambas formas de actividad empresarial, existen funciones de fiscalización ejercidas por la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional. Frente a actividades desarrolladas por empresas del Estado, es posible también observar controles de tutela o supervigilancia, desarrollados en general por el Ministerio a través del cual se relacionan con el Gobierno.

La actividad empresarial del Estado puede sujetarse a distintos regímenes, según se desarrolle de manera directa, a través de empresas públicas creadas por ley, o de forma indirecta, mediante la participación estatal en organizaciones que no forman parte de su administración. Ante ambas formas de actividad empresarial, existen funciones de fiscalización ejercidas por la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional. Frente a actividades desarrolladas por empresas del Estado, es posible también observar controles de tutela o supervigilancia, desarrollados en general por el Ministerio a través del cual se relacionan con el Gobierno.

Descargar

Corporaciones municipales y regionales: Régimen jurídico y fiscalización.

• Williams Obreque, Guido Andrés

Las corporaciones municipales son corporaciones o asociaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo. Por su parte las corporaciones regionales son corporaciones o fundaciones de derecho privado destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro, que contribuyan al desarrollo regional en los ámbitos social, económico y cultural de la región. La principal norma que regula a las corporaciones municipales es la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En el caso de las corporaciones regionales es la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Las corporaciones municipales son corporaciones o asociaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo. Por su parte las corporaciones regionales son corporaciones o fundaciones de derecho privado destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro, que contribuyan al desarrollo regional en los ámbitos social, económico y cultural de la región. La principal norma que regula a las corporaciones municipales es la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En el caso de las corporaciones regionales es la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Descargar

Cautelar precautoria de suspensión de acto administrativo: En el proceso Chile Rural A.G. con Fisco de Chile: 7° Civil de Santiago.

• Wilkins Binder, James Alfred

El 7º Juzgado Civil de Santiago conoce de la demanda de nulidad de derecho público presentada por Chile Rural Asociación Gremial en contra del Fisco de Chile y en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, mediante la cual el primero solicita se declare que son nulos el Ordinario N°637, de 12 de julio de 2022, suscrito por el Ministro de Agricultura, el Subsecretario de Agricultura y el Director Nacional (S) del Servicio Agrícola y Ganadero, y el Ordinario Circular N°475, de 18 de julio de 2022, emitido por la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, por ser éstos – a juicio de los demandantes- contrarios a Derecho, debiendo ser apartados del ordenamiento jurídico “toda vez que ha sido dictados sin tener las facultades y atribuciones para ello, invadiendo materias reservadas al legislador y a los tribunales de justicia.

El 7º Juzgado Civil de Santiago conoce de la demanda de nulidad de derecho público presentada por Chile Rural Asociación Gremial en contra del Fisco de Chile y en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, mediante la cual el primero solicita se declare que son nulos el Ordinario N°637, de 12 de julio de 2022, suscrito por el Ministro de Agricultura, el Subsecretario de Agricultura y el Director Nacional (S) del Servicio Agrícola y Ganadero, y el Ordinario Circular N°475, de 18 de julio de 2022, emitido por la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, por ser éstos – a juicio de los demandantes- contrarios a Derecho, debiendo ser apartados del ordenamiento jurídico “toda vez que ha sido dictados sin tener las facultades y atribuciones para ello, invadiendo materias reservadas al legislador y a los tribunales de justicia.

Descargar

Síntesis de consecuencias jurídicas del fallo de la Corte Suprema en materia de Isapre.

• Cavada Herrera, Juan Pablo

Las siguientes son las consecuencias jurídicas de los fallos de la Corte Suprema, que acogen recursos de protección en materia de Isapre (Rol 16.630-2022; 25.570-2022; 14.513-2022 y 13.979-2022), sobre plan base, tabla de factores, incorporación de nonatos y niños y niñas hasta los dos años.

Las siguientes son las consecuencias jurídicas de los fallos de la Corte Suprema, que acogen recursos de protección en materia de Isapre (Rol 16.630-2022; 25.570-2022; 14.513-2022 y 13.979-2022), sobre plan base, tabla de factores, incorporación de nonatos y niños y niñas hasta los dos años.

Descargar

Nuevo delito sobre recursos hidrobiológicos contaminados: Proyecto de ley, proporcionalidad de la pena.

• Cavada Herrera, Juan Pablo

El Proyecto de Ley que “Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, para sancionar a quien apoce, extraiga, transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados”, introduce nuevos delitos y cuasidelitos en un nuevo artículo 139 quáter. Al interior de dicho artículo, se observa una proporcionalidad de las penas propuestas, pues éstas se gravan en función de la gravedad de las conductas proscritas. Además, la pena de presidio menor en su grado medio (inciso primero de la norma propuesta), parece proporcional a otras conductas tipificadas en el Código Penal, y que tienen similares penas. Respecto de la pena de multa propuesta, de 20 a 50 UTM, sin ser de las más altas del Código Penal, no tiene mucha comparación en este último, pues el Código Penal no contempla delitos sancionados con pena de multa de 20 a 50 UTM, siendo el rango más cercano, el de 20 a 30 UTM. En el caso del inciso tercero, se observa que las hipótesis propuestas imitan el delito solo a hipótesis de presencia de Veneno Paralizante de los Mariscos o productos con toxinas, excluyendo toda otra hipótesis que igualmente pudiere ser debidamente publicada por la autoridad. En el caso de la pena propuesta para el cuasi delito de homicidio, se observa que ésta es desproporcionada en comparación a la regulación actual del cuasi homicidio: en caso de muerte de una persona, en los incisos primero y segundo, la pena corporal será de presidio menor en su grado máximo (3 años y 1 día a 5 años), y en el inciso tercero, de presidio mayor en su grado mínimo (5 años y 1 día a 10 años).

El Proyecto de Ley que “Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, para sancionar a quien apoce, extraiga, transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados”, introduce nuevos delitos y cuasidelitos en un nuevo artículo 139 quáter. Al interior de dicho artículo, se observa una proporcionalidad de las penas propuestas, pues éstas se gravan en función de la gravedad de las conductas proscritas. Además, la pena de presidio menor en su grado medio (inciso primero de la norma propuesta), parece proporcional a otras conductas tipificadas en el Código Penal, y que tienen similares penas. Respecto de la pena de multa propuesta, de 20 a 50 UTM, sin ser de las más altas del Código Penal, no tiene mucha comparación en este último, pues el Código Penal no contempla delitos sancionados con pena de multa de 20 a 50 UTM, siendo el rango más cercano, el de 20 a 30 UTM. En el caso del inciso tercero, se observa que las hipótesis propuestas imitan el delito solo a hipótesis de presencia de Veneno Paralizante de los Mariscos o productos con toxinas, excluyendo toda otra hipótesis que igualmente pudiere ser debidamente publicada por la autoridad. En el caso de la pena propuesta para el cuasi delito de homicidio, se observa que ésta es desproporcionada en comparación a la regulación actual del cuasi homicidio: en caso de muerte de una persona, en los incisos primero y segundo, la pena corporal será de presidio menor en su grado máximo (3 años y 1 día a 5 años), y en el inciso tercero, de presidio mayor en su grado mínimo (5 años y 1 día a 10 años).

Descargar

Análisis de la legislación, las políticas y las prácticas nacionales sobre ciberseguridad, con enfoque de género

• Soto Martínez, Víctor Javier

La presente minuta se refiere al tratamiento de la ciberseguridad en nuestro país, para lo cual se divide en cuatro partes: i) marco normativo del cibercrimen en Chile; ii) mociones parlamentarias que se están tramitando en el Congreso para mejorar la legislación; iii) revisión general del proyecto de Ley Marco sobre la Ciberseguridad; y iv) revisión general de la política nacional en la materia. En este último caso se analiza también qué se ha aseverado sobre ella desde un enfoque de género.

La presente minuta se refiere al tratamiento de la ciberseguridad en nuestro país, para lo cual se divide en cuatro partes: i) marco normativo del cibercrimen en Chile; ii) mociones parlamentarias que se están tramitando en el Congreso para mejorar la legislación; iii) revisión general del proyecto de Ley Marco sobre la Ciberseguridad; y iv) revisión general de la política nacional en la materia. En este último caso se analiza también qué se ha aseverado sobre ella desde un enfoque de género.

Descargar

Protección del derecho a la imagen de niños, niñas y adolescentes. Legislación nacional y comparada

• Truffello García, Paola

Descargar

Los gastos reservados en derecho comparado. Su aplicación y control

• Wilkins Binder, James Alfred
• Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice
• Harris Moya, Pedro Nicolás

Ya sea bajo la forma de gastos reservados (Chile, Colombia, España), fondos especiales o secretos (Francia) o gastos no respaldados (EE.UU.), las administraciones suelen financiar determinados planes y programas, mediante sumas específicas sujetas a un control que exceptúa la aplicación de ciertas reglas generales. Tal es el caso de todos los países analizados. En el derecho chileno, dichas sumas se destinan, ya sea para “funciones inherentes a la Jefatura de Estado, y que por su naturaleza requieran de reserva o secreto”, ya para tareas relativas a la seguridad del Estado, modelo que si bien es seguido por determinados países (EE.UU.), ha sido limitado por otros, que solo incorporan estas últimas funciones (Colombia, España, Francia) En relación con el control, los países siguen también orientaciones diversas. Así, mientras que en algunos casos ́ este se realiza por parte de organismos contralores pertenecientes al ejecutivo (Chile, Colombia), en otros casos consiste en un control externo, llevado a cabo por un poder independiente, como lo es el control parlamentario, aplicado por comisiones especiales (Francia, España). En último término, es posible considerar que determinados países combinan un control y otro, el cual si bien es realizado prioritariamente por un Poder del Estado, permite que otro poder intervenga, para efectos de conocer el alcance del mismo. Es lo que sucede en Estados Unidos, que articula las diferentes competencias concurrentes.

Ya sea bajo la forma de gastos reservados (Chile, Colombia, España), fondos especiales o secretos (Francia) o gastos no respaldados (EE.UU.), las administraciones suelen financiar determinados planes y programas, mediante sumas específicas sujetas a un control que exceptúa la aplicación de ciertas reglas generales. Tal es el caso de todos los países analizados. En el derecho chileno, dichas sumas se destinan, ya sea para “funciones inherentes a la Jefatura de Estado, y que por su naturaleza requieran de reserva o secreto”, ya para tareas relativas a la seguridad del Estado, modelo que si bien es seguido por determinados países (EE.UU.), ha sido limitado por otros, que solo incorporan estas últimas funciones (Colombia, España, Francia) En relación con el control, los países siguen también orientaciones diversas. Así, mientras que en algunos casos ́ este se realiza por parte de organismos contralores pertenecientes al ejecutivo (Chile, Colombia), en otros casos consiste en un control externo, llevado a cabo por un poder independiente, como lo es el control parlamentario, aplicado por comisiones especiales (Francia, España). En último término, es posible considerar que determinados países combinan un control y otro, el cual si bien es realizado prioritariamente por un Poder del Estado, permite que otro poder intervenga, para efectos de conocer el alcance del mismo. Es lo que sucede en Estados Unidos, que articula las diferentes competencias concurrentes.

Descargar