Asesoría Parlamentaria

Los servicios públicos sanitarios en Derecho comparado.

• Harris Moya, Pedro Nicolás

Pese a que el concepto de servicio público haya sido utilizado en Chile, Colombia y Francia, para calificar los servicios sanitarios, la noción específica que ha sido objeto de regulación ha variado en cada caso. Así, mientras que la legislación chilena regula las concesiones de servicios públicos, en Colombia se legisla las empresas de servicios públicos y, por último, en Francia, la delegación del mismo. De esta forma, aunque la permanencia del concepto de servicio público exprese que tales prestaciones suponen una intervención de la Administración, la diversidad de instituciones que son reguladas manifiesta que dicha intervención no siempre debe desarrollarse de una misma forma, existiendo variaciones en la participación de personas públicas y privadas, como en la intervención de estas últimas.

Pese a que el concepto de servicio público haya sido utilizado en Chile, Colombia y Francia, para calificar los servicios sanitarios, la noción específica que ha sido objeto de regulación ha variado en cada caso. Así, mientras que la legislación chilena regula las concesiones de servicios públicos, en Colombia se legisla las empresas de servicios públicos y, por último, en Francia, la delegación del mismo. De esta forma, aunque la permanencia del concepto de servicio público exprese que tales prestaciones suponen una intervención de la Administración, la diversidad de instituciones que son reguladas manifiesta que dicha intervención no siempre debe desarrollarse de una misma forma, existiendo variaciones en la participación de personas públicas y privadas, como en la intervención de estas últimas.

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Anatocismo en Chile y en la legislación extranjera: Marco regulatorio e iniciativas de ley.

• Wilkins Binder, James Alfred

Chile y las legislaciones extranjeras analizadas consideran regímenes regulatorios del anatocismo. En efecto, todas las legislaciones estudiadas contemplan tanto casos de anatocismo legal como convencional, sometiéndolos a regulación distinta según se trate del ámbito civil o comercial. Del análisis se concluye: - En cuanto a clases de anatocismos regulados: Todas las legislaciones estudiadas contemplan tanto casos de anatocismo legal como de anatocismo convencional, sometiéndolos a regulación distinta según se trate del ámbito civil o del comercial. Destaca en este punto España, que no considera, a diferencia de las otras legislaciones, una norma que de manera expresa permita el anatocismo convencional. Tal posibilidad ha derivado de interpretaciones doctrinarias de las normas informadoras del anatocismo legal. - En cuanto a las limitaciones al anatocismo: En general, las restricciones que las legislaciones han impuesto al anatocismo con el objeto de proteger los intereses de los deudores dicen relación, fundamentalmente, con dos exigencias: la de encontrarse vencidos los intereses y la de fijar plazos mínimos de vencimiento de los mismos.

Chile y las legislaciones extranjeras analizadas consideran regímenes regulatorios del anatocismo. En efecto, todas las legislaciones estudiadas contemplan tanto casos de anatocismo legal como convencional, sometiéndolos a regulación distinta según se trate del ámbito civil o comercial. Del análisis se concluye: - En cuanto a clases de anatocismos regulados: Todas las legislaciones estudiadas contemplan tanto casos de anatocismo legal como de anatocismo convencional, sometiéndolos a regulación distinta según se trate del ámbito civil o del comercial. Destaca en este punto España, que no considera, a diferencia de las otras legislaciones, una norma que de manera expresa permita el anatocismo convencional. Tal posibilidad ha derivado de interpretaciones doctrinarias de las normas informadoras del anatocismo legal. - En cuanto a las limitaciones al anatocismo: En general, las restricciones que las legislaciones han impuesto al anatocismo con el objeto de proteger los intereses de los deudores dicen relación, fundamentalmente, con dos exigencias: la de encontrarse vencidos los intereses y la de fijar plazos mínimos de vencimiento de los mismos.

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Resumen y análisis del libro "Crítica del Derecho (público) comparado", de Günther Frankenberg y Marie-Claire Ponthoreau

• Soto Martínez, Víctor Javier

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Vacaciones remuneradas en la legislación comparada.

• Álvarez Droguett, Paola Alejandra

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Convenio Número 132, de 1970 otorga un marco para la regulación de vacaciones anuales. Este establece el derecho del trabajador a gozar de al menos tres semanas de vacaciones anuales pagadas por año de servicio. A la fecha ha sido ratificado por 38 países entre los no se encuentra Chile. De los documentos revisados y citados en este informe se puede concluir que la mayor parte de los países contempla un periodo de vacaciones pagadas y que un porcentaje no menor otorga un periodo superior al del Convenio No 132 de la OIT. De las legislaciones revisadas: Alemania, Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Estados Unidos de América, España, Suiza, México, Perú y Uruguay, podemos concluir que todos ellos, con excepción de Estados Unidos de América, tienen una regulación que otorga vacaciones pagadas a sus trabajadores. Los países europeos revisados otorgan más de 20 días: Alemania, 24 días hábiles; España, 30 días naturales; y Suiza 4 semanas. Por su parte, los países latinoamericanos analizados otorgan menos días de vacaciones, con excepción de Perú (30 días calendario), que los europeos, pero los periodos varían entre 15 días, en Colombia y 20 días en Uruguay. La legislación mexicana es la que otorga menos días de vacaciones: 6 días hábiles por cada año de servicio que se incrementa en 2 hasta llegar a 12 días. En tres legislaciones se observó un tratamiento especial, que se traduce en más días de vacaciones a cierta categoría de trabajadores. A los jóvenes en las legislaciones de Alemania y Suiza o a trabajadores de turno como en Australia.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Convenio Número 132, de 1970 otorga un marco para la regulación de vacaciones anuales. Este establece el derecho del trabajador a gozar de al menos tres semanas de vacaciones anuales pagadas por año de servicio. A la fecha ha sido ratificado por 38 países entre los no se encuentra Chile. De los documentos revisados y citados en este informe se puede concluir que la mayor parte de los países contempla un periodo de vacaciones pagadas y que un porcentaje no menor otorga un periodo superior al del Convenio No 132 de la OIT. De las legislaciones revisadas: Alemania, Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Estados Unidos de América, España, Suiza, México, Perú y Uruguay, podemos concluir que todos ellos, con excepción de Estados Unidos de América, tienen una regulación que otorga vacaciones pagadas a sus trabajadores. Los países europeos revisados otorgan más de 20 días: Alemania, 24 días hábiles; España, 30 días naturales; y Suiza 4 semanas. Por su parte, los países latinoamericanos analizados otorgan menos días de vacaciones, con excepción de Perú (30 días calendario), que los europeos, pero los periodos varían entre 15 días, en Colombia y 20 días en Uruguay. La legislación mexicana es la que otorga menos días de vacaciones: 6 días hábiles por cada año de servicio que se incrementa en 2 hasta llegar a 12 días. En tres legislaciones se observó un tratamiento especial, que se traduce en más días de vacaciones a cierta categoría de trabajadores. A los jóvenes en las legislaciones de Alemania y Suiza o a trabajadores de turno como en Australia.

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Informe Corte Suprema al Boletín N° 15.273- 07 de ajustes procesales para las personas mayores de 65 años.

• Truffello García, Paola

El Boletín N° 15.273-07 busca adecuar el procedimiento civil a los estándares de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIDPM). Según ella, es deber del Estado asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, debiendo adoptar ajustes en los procesos judiciales y administrativos y garantizar un trato preferente en la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones judiciales, con especial diligencia en los casos en que se encuentre en riesgo la salud o vida de la persona mayor. Asimismo debe promover los mecanismos alternativos de solución de controversias y capacitar al personal de justicia sobre la protección de los derechos de la persona mayor (art. 31, CIDPM). Los ajustes que la iniciativa propone para las personas mayores de 65 años son: deber genérico de diligencia y trato preferente de los operadores del sistema de justicia; permitir tramitación sumaria de los procedimientos judiciales en los que participen; permitir su comparecencia vía remota; presunción de privilegio de pobreza; rebajar la sanción en el trámite de absolución de posiciones; eliminar la confesión de deuda y reconocimiento de firma en el juicio ejecutivo; disminuir los plazos en el juicio de hacienda y; preferencia para la vista de las causas en los tribunales superiores. Para ello modifica disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Orgánico de Tribunales, impactando en los procedimientos civiles, así como en aquellos a los que dichas normas se aplican de manera supletoria, como son los procedimientos de familia y del trabajo. La Corte Suprema al informar el proyecto de ley lo destacó como una temática cuyo objetivo era atendible y debía ser impostergablemente satisfecho. Asimismo destacó aspectos positivos, propuso modificaciones para mejorarlo, formuló interrogantes y cuestionó la procedencia de algunas de las propuestas.

El Boletín N° 15.273-07 busca adecuar el procedimiento civil a los estándares de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIDPM). Según ella, es deber del Estado asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, debiendo adoptar ajustes en los procesos judiciales y administrativos y garantizar un trato preferente en la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones judiciales, con especial diligencia en los casos en que se encuentre en riesgo la salud o vida de la persona mayor. Asimismo debe promover los mecanismos alternativos de solución de controversias y capacitar al personal de justicia sobre la protección de los derechos de la persona mayor (art. 31, CIDPM). Los ajustes que la iniciativa propone para las personas mayores de 65 años son: deber genérico de diligencia y trato preferente de los operadores del sistema de justicia; permitir tramitación sumaria de los procedimientos judiciales en los que participen; permitir su comparecencia vía remota; presunción de privilegio de pobreza; rebajar la sanción en el trámite de absolución de posiciones; eliminar la confesión de deuda y reconocimiento de firma en el juicio ejecutivo; disminuir los plazos en el juicio de hacienda y; preferencia para la vista de las causas en los tribunales superiores. Para ello modifica disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Orgánico de Tribunales, impactando en los procedimientos civiles, así como en aquellos a los que dichas normas se aplican de manera supletoria, como son los procedimientos de familia y del trabajo. La Corte Suprema al informar el proyecto de ley lo destacó como una temática cuyo objetivo era atendible y debía ser impostergablemente satisfecho. Asimismo destacó aspectos positivos, propuso modificaciones para mejorarlo, formuló interrogantes y cuestionó la procedencia de algunas de las propuestas.

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Selección de Proyectos de Ley que incorporen la perspectiva de género

• Orrego Olmedo, Karem Andrea

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Agente encubierto en la legislación extranjera.

• Cavada Herrera, Juan Pablo

Del análisis de legislación comparada en relación a la técnica policial del agente encubierto, puede concluirse lo siguiente: En Alemania el agente encubierto se utiliza en casos graves de narcotráfico y crimen organizado. Es autorizado por la Fiscalía, salvo en casos de urgencia en que el agente puede comenzar a actuar, debiendo cesar tal actuación si en 3 días no consigue tal autorización. Se requiere autorización judicial cuando la investigación se dirija contra determinado acusado o se vaya a ingresar a una vivienda particular. En Argentina el agente encubierto puede actuar en la generalidad de los delitos, tratándose de delitos complejos, por orden del Juez, de oficio o a pedido del Ministerio Público Fiscal; es designado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, quien además es responsable de la instrumentación necesaria para la protección del agente, todo ello con control judicial. En España también actúa en la generalidad de los delitos, para investigar la delincuencia organizada y de difícil averiguación; se prevé exclusivamente para actuaciones judiciales o diligencias de investigación del Ministerio Fiscal. SE requiere autorización del Juez de Instrucción o del Ministerio Fiscal, dando cuenta inmediata al Juez, mediante una resolución fundada y siempre que sea precisa para los fines de la investigación. También existe el Agente Encubierto Informático, que sólo puede autorizarlo un órgano jurisdiccional, no el Fiscal. En EEUUU el agente encubierto es ejecutado por el FBI, y es autorizado por un Agente Especial a cargo de las investigaciones, existiendo operaciones encubiertas que por sus diversos factores requieren de aprobación del Cuartel General del FBI. Los agentes a nivel estatal, del condado y municipales también pueden participar como agentes encubiertos; todos se encuentras regulados por las normas de su respectiva jurisdicción, incluyendo la autoridad que puede autorizar la operación encubierta respectiva. En Perú el agente encubierto puede actuar contra organizaciones criminales, pudiendo ejecutarse por personal policial y también por ciudadanos que por su rol o situación pueden eficazmente estar inmersos dentro de una organización criminal. La medida es autorizada por el Fiscal Provincial, a solicitud de la Policía. No existe procedimiento distinto para casos de flagrancia ni tratándose de delitos distintos de la delincuencia organizada.

Del análisis de legislación comparada en relación a la técnica policial del agente encubierto, puede concluirse lo siguiente: En Alemania el agente encubierto se utiliza en casos graves de narcotráfico y crimen organizado. Es autorizado por la Fiscalía, salvo en casos de urgencia en que el agente puede comenzar a actuar, debiendo cesar tal actuación si en 3 días no consigue tal autorización. Se requiere autorización judicial cuando la investigación se dirija contra determinado acusado o se vaya a ingresar a una vivienda particular. En Argentina el agente encubierto puede actuar en la generalidad de los delitos, tratándose de delitos complejos, por orden del Juez, de oficio o a pedido del Ministerio Público Fiscal; es designado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, quien además es responsable de la instrumentación necesaria para la protección del agente, todo ello con control judicial. En España también actúa en la generalidad de los delitos, para investigar la delincuencia organizada y de difícil averiguación; se prevé exclusivamente para actuaciones judiciales o diligencias de investigación del Ministerio Fiscal. SE requiere autorización del Juez de Instrucción o del Ministerio Fiscal, dando cuenta inmediata al Juez, mediante una resolución fundada y siempre que sea precisa para los fines de la investigación. También existe el Agente Encubierto Informático, que sólo puede autorizarlo un órgano jurisdiccional, no el Fiscal. En EEUUU el agente encubierto es ejecutado por el FBI, y es autorizado por un Agente Especial a cargo de las investigaciones, existiendo operaciones encubiertas que por sus diversos factores requieren de aprobación del Cuartel General del FBI. Los agentes a nivel estatal, del condado y municipales también pueden participar como agentes encubiertos; todos se encuentras regulados por las normas de su respectiva jurisdicción, incluyendo la autoridad que puede autorizar la operación encubierta respectiva. En Perú el agente encubierto puede actuar contra organizaciones criminales, pudiendo ejecutarse por personal policial y también por ciudadanos que por su rol o situación pueden eficazmente estar inmersos dentro de una organización criminal. La medida es autorizada por el Fiscal Provincial, a solicitud de la Policía. No existe procedimiento distinto para casos de flagrancia ni tratándose de delitos distintos de la delincuencia organizada.

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La prescripción de la acción penal en el derecho comparado.

• Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice

Tanto en los sistemas procesales penales del Common Law (llamado “statute of limitations”, como en el sistema continental, se aplica la institución de la prescripción de la acción penal para perseguir la responsabilidad penal por hechos que revisten el carácter de delitos, ya sean de acción penal pública o privada. En todas las legislaciones estudiadas (Estados Unidos, México, España, Francia, Alemania, Nueva Zelanda y Japón) existen plazos generales y especiales, vinculados a la mayor o menor gravedad de los hechos, a la capacidad de la víctima para denunciar o ejercer sus derechos, o a otros hechos relevantes que impidan notoriamente el ejercicio de la acción penal.

Tanto en los sistemas procesales penales del Common Law (llamado “statute of limitations”, como en el sistema continental, se aplica la institución de la prescripción de la acción penal para perseguir la responsabilidad penal por hechos que revisten el carácter de delitos, ya sean de acción penal pública o privada. En todas las legislaciones estudiadas (Estados Unidos, México, España, Francia, Alemania, Nueva Zelanda y Japón) existen plazos generales y especiales, vinculados a la mayor o menor gravedad de los hechos, a la capacidad de la víctima para denunciar o ejercer sus derechos, o a otros hechos relevantes que impidan notoriamente el ejercicio de la acción penal.

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Fiscalización de licencias médicas en el derecho comparado.

• Loiseau, Virginie Solange Marie
• Cifuentes Vidal, Pamela Alejandra
• Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice

Los subsidios por enfermedad son pagos realizados a los trabajadores por causa de encontrarse afectados temporalmente por una enfermedad que les impide asistir a sus labores. Cuando estas prestaciones son obtenidas a través de certificados médicos fraudulentos, los médicos que las emiten pueden ser sancionados. Del análisis de casos sobre fiscalización y sanciones en el otorgamiento y uso de licencias médicas en Ecuador, Francia y Suecia se concluye lo siguiente - Tanto en Suecia como en Francia, el control de la cantidad de licencias médicas se encuentra, no en los certificados médicos, sino en los procesos de fiscalización realizados en varias etapas y por diferentes actores (caso francés) o en la “cadena de rehabilitación” en el caso sueco ¿, que constituye el proceso evaluación de la capacidad laboral en fechas fijas, introducido en 2008, y que determina el derecho a recibir el subsidio de enfermedad. - En particular, en Francia los actuales controles y posibles sanciones para prevenir, evitar y castigar el abuso o la mala utilización de las licencias médicas (obra de una minoría) están dirigidos a los trabajadores que gozan de las licencias médicas, a los médicos que las emiten y a algunas empresas que concentran un gran número de trabajadores enfermos. En su mayoría son controles solicitados por la Caja Medica de la Seguridad Social. Sin embargo, las empresas, dado que aportan al trabajador con un complemento obligatorio a las prestaciones diarias de la seguridad social, pueden también solicitar una contra visita médica para el control de sus trabajadores con licencias médicas, para chequear el diagnóstico médico y la justificación o no de la duración de la ausencia laboral. - En todos los países analizados (Ecuador, Francia y Suecia) se encuentra sancionado emitir certificados médicos falsos o con datos falsos, pero las sanciones varían. Mientras en Ecuador y Francia se castiga al médico infractor con multa, también existen delitos específicos asociados, con altísimas penas pecuniarias y de prisión (es especial en casos de conformarse una asociación ilícita para defraudar al sistema de seguridad social) en el caso francés. En Suecia, las normas de seguridad social sancionan al médico que no informa de la emisión de un certificado médico, pero no por emitir uno falso. Esto queda sujeto a las normas penales generales sobre fraude y falsificación.

Los subsidios por enfermedad son pagos realizados a los trabajadores por causa de encontrarse afectados temporalmente por una enfermedad que les impide asistir a sus labores. Cuando estas prestaciones son obtenidas a través de certificados médicos fraudulentos, los médicos que las emiten pueden ser sancionados. Del análisis de casos sobre fiscalización y sanciones en el otorgamiento y uso de licencias médicas en Ecuador, Francia y Suecia se concluye lo siguiente - Tanto en Suecia como en Francia, el control de la cantidad de licencias médicas se encuentra, no en los certificados médicos, sino en los procesos de fiscalización realizados en varias etapas y por diferentes actores (caso francés) o en la “cadena de rehabilitación” en el caso sueco ¿, que constituye el proceso evaluación de la capacidad laboral en fechas fijas, introducido en 2008, y que determina el derecho a recibir el subsidio de enfermedad. - En particular, en Francia los actuales controles y posibles sanciones para prevenir, evitar y castigar el abuso o la mala utilización de las licencias médicas (obra de una minoría) están dirigidos a los trabajadores que gozan de las licencias médicas, a los médicos que las emiten y a algunas empresas que concentran un gran número de trabajadores enfermos. En su mayoría son controles solicitados por la Caja Medica de la Seguridad Social. Sin embargo, las empresas, dado que aportan al trabajador con un complemento obligatorio a las prestaciones diarias de la seguridad social, pueden también solicitar una contra visita médica para el control de sus trabajadores con licencias médicas, para chequear el diagnóstico médico y la justificación o no de la duración de la ausencia laboral. - En todos los países analizados (Ecuador, Francia y Suecia) se encuentra sancionado emitir certificados médicos falsos o con datos falsos, pero las sanciones varían. Mientras en Ecuador y Francia se castiga al médico infractor con multa, también existen delitos específicos asociados, con altísimas penas pecuniarias y de prisión (es especial en casos de conformarse una asociación ilícita para defraudar al sistema de seguridad social) en el caso francés. En Suecia, las normas de seguridad social sancionan al médico que no informa de la emisión de un certificado médico, pero no por emitir uno falso. Esto queda sujeto a las normas penales generales sobre fraude y falsificación.

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Marcador no binario de género en documentos oficiales de identidad: experiencia comparada

• Rojas Castillo, Jaime Luis

Esta minuta contiene aspectos generales y legislación comparada y administrativa sobre marcador de género no binario en los documentos de identidad, tales como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte. El documento analiza de forma breve, en primer lugar, qué se entiende por género no binario en el marco de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el Experto Independiente para las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. En segundo lugar se analizan disposiciones legislativas y administrativas sobre la materia en Alemania, Australia, Argentina, Islandia, Nueva Zelanda y California (EE.UU).

Esta minuta contiene aspectos generales y legislación comparada y administrativa sobre marcador de género no binario en los documentos de identidad, tales como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte. El documento analiza de forma breve, en primer lugar, qué se entiende por género no binario en el marco de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el Experto Independiente para las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. En segundo lugar se analizan disposiciones legislativas y administrativas sobre la materia en Alemania, Australia, Argentina, Islandia, Nueva Zelanda y California (EE.UU).

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