Asesoría Parlamentaria

Reconocimiento de los derechos de las personas intersexuales en la legislación comparada.

• Rojas Castillo, Jaime Luis

¿Qué es la intersexualidad?; ¿Dónde se sitúa la intersexualidad?; Características sexuales; Práctica de intervenciones médicas y quirúrgicas no consentidas; ¿Cuales son las obligaciones del Estado?; Legislación comparada (Alemania, Francia, Malta, Portugal, Uruguay).

¿Qué es la intersexualidad?; ¿Dónde se sitúa la intersexualidad?; Características sexuales; Práctica de intervenciones médicas y quirúrgicas no consentidas; ¿Cuales son las obligaciones del Estado?; Legislación comparada (Alemania, Francia, Malta, Portugal, Uruguay).

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Sanciones administrativas en materia de protección de datos personales.

• Bermúdez Soto, Rodrigo Alejandro
• Harris Moya, Pedro Nicolás
• Williams Obreque, Guido Andrés
• Wilkins Binder, James Alfred

Las sanciones administrativas son aquellas que aplica la Administración del Estado frente a infracciones o incumplimientos normativos por parte de particulares. Estas se caracterizan por ser actos administrativos de gravamen que suponen un afectación al patrimonio jurídico anterior, imponiéndole una obligación o carga nueva, reduciendo, privando o extinguiendo algún derecho o facultad. Para la aplicación de este tipo de sanciones, tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han establecido que ellas deben cumplir con el principio de proporcionalidad, esto es que el ejercicio de la potestad punitiva del Estado por parte de la Administración exige la vigencia de normas que establezcan una relación fundada, estable y predecible entre deberes de acción u omisión impuestos a sujetos de derecho y las consecuencias o efectos negativos derivados de su infracción.

Las sanciones administrativas son aquellas que aplica la Administración del Estado frente a infracciones o incumplimientos normativos por parte de particulares. Estas se caracterizan por ser actos administrativos de gravamen que suponen un afectación al patrimonio jurídico anterior, imponiéndole una obligación o carga nueva, reduciendo, privando o extinguiendo algún derecho o facultad. Para la aplicación de este tipo de sanciones, tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han establecido que ellas deben cumplir con el principio de proporcionalidad, esto es que el ejercicio de la potestad punitiva del Estado por parte de la Administración exige la vigencia de normas que establezcan una relación fundada, estable y predecible entre deberes de acción u omisión impuestos a sujetos de derecho y las consecuencias o efectos negativos derivados de su infracción.

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Reconocimiento de los derechos de las personas intersexuales en la legislación comparada.

• Rojas Castillo, Jaime Luis

Los órganos de protección de los derechos humanos, así como organizaciones civiles, advierten que personas intersexuales son sometidas desde temprana edad a procedimientos médicos y hormonales para “ajustar” sus cuerpos a estándares binarios masculino o femenino, modificando sus características sexuales, prácticas que provocan daños físicos (mutilación genital, esterilidad, dolores, malformaciones, etc.) y psíquicos, a la intimidad, entre otros. En la legislación comparada de países que reconocen derechos a personas intersexuales ( Alemania, Francia, Malta, Portugal y Uruguay) se observa lo siguiente: i) se definen conceptos, por ejemplo, características sexuales (Malta); ii) se prohíbe, según el caso, todo tratamiento, intervenciones quirúrgicas, farmacológicas o de otra índole que importen cambios sus características corporales y sexuales, salvo situaciones excepcionales (Francia, Malta, Portugal, Uruguay) ; iv) los tratamientos médicos deben ser proporcionados previa consulta a un equipo multidisciplinario (Francia); v) se debe asegurar el otorgamiento del consentimiento, libre e informado de menores de edad de acuerdo a su capacidad y madurez. Por ejemplo, Francia y Malta, el consentimiento se otorga a través de quien ejerce la patria potestad o del tutor; vi) obligación de protocolizar las intervenciones médicas en personas intersexuales (Uruguay); vii) Reconocimiento de marcador de género no binario (Alemania, Malta); y, viii) Se fijan de penas de cárcel y multa para en caso de violación de la ley (Malta). Por su parte, en Argentina y España se están tramitando proyectos de ley que abordan la materia, se observa, entre otras características que: i) prohíben los procedimientos de modificación corporal y características sexuales; ii) distinguen en cuanto a la edad de menores para consentir.

Los órganos de protección de los derechos humanos, así como organizaciones civiles, advierten que personas intersexuales son sometidas desde temprana edad a procedimientos médicos y hormonales para “ajustar” sus cuerpos a estándares binarios masculino o femenino, modificando sus características sexuales, prácticas que provocan daños físicos (mutilación genital, esterilidad, dolores, malformaciones, etc.) y psíquicos, a la intimidad, entre otros. En la legislación comparada de países que reconocen derechos a personas intersexuales ( Alemania, Francia, Malta, Portugal y Uruguay) se observa lo siguiente: i) se definen conceptos, por ejemplo, características sexuales (Malta); ii) se prohíbe, según el caso, todo tratamiento, intervenciones quirúrgicas, farmacológicas o de otra índole que importen cambios sus características corporales y sexuales, salvo situaciones excepcionales (Francia, Malta, Portugal, Uruguay) ; iv) los tratamientos médicos deben ser proporcionados previa consulta a un equipo multidisciplinario (Francia); v) se debe asegurar el otorgamiento del consentimiento, libre e informado de menores de edad de acuerdo a su capacidad y madurez. Por ejemplo, Francia y Malta, el consentimiento se otorga a través de quien ejerce la patria potestad o del tutor; vi) obligación de protocolizar las intervenciones médicas en personas intersexuales (Uruguay); vii) Reconocimiento de marcador de género no binario (Alemania, Malta); y, viii) Se fijan de penas de cárcel y multa para en caso de violación de la ley (Malta). Por su parte, en Argentina y España se están tramitando proyectos de ley que abordan la materia, se observa, entre otras características que: i) prohíben los procedimientos de modificación corporal y características sexuales; ii) distinguen en cuanto a la edad de menores para consentir.

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Responsabilidad penal de menores de edad en la legislación extranjera: Antecedentes para su discusión legislativa.

• Cavada Herrera, Juan Pablo

Los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos no fijan una edad mínima para infringir leyes penales. Sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño recomienda a los Estados fijarla entre los 14 y 16 años, instando a no reducirla. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha instado a los Estados a elevar progresivamente la edad mínima bajo la cual los niños pueden ser responsables penalmente, hacia una edad más cercana a los 18 años de edad. El Comité de los Derechos del Niño señala que no es aceptable internacionalmente que menores de 12 años respondan por infracciones penales, y sostiene que las peticiones de medidas más estrictas sobre los menores se basarían en una distorsión y/o deficiente comprensión de las causas de la delincuencia juvenil.

Los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos no fijan una edad mínima para infringir leyes penales. Sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño recomienda a los Estados fijarla entre los 14 y 16 años, instando a no reducirla. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha instado a los Estados a elevar progresivamente la edad mínima bajo la cual los niños pueden ser responsables penalmente, hacia una edad más cercana a los 18 años de edad. El Comité de los Derechos del Niño señala que no es aceptable internacionalmente que menores de 12 años respondan por infracciones penales, y sostiene que las peticiones de medidas más estrictas sobre los menores se basarían en una distorsión y/o deficiente comprensión de las causas de la delincuencia juvenil.

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Legítima defensa privilegiada de policías: Regulación en Chile y en la legislación extranjera.

• Cavada Herrera, Juan Pablo
• Loiseau, Virginie Solange Marie

Analiza la legislación de la UE y la ONU, así como la de España, Francia y Uruguay, sobre la legítima defensa para las fuerzas de orden en general, como eximente de responsabilidad penal por hechos cometidos en el desempeño de sus funciones.

Analiza la legislación de la UE y la ONU, así como la de España, Francia y Uruguay, sobre la legítima defensa para las fuerzas de orden en general, como eximente de responsabilidad penal por hechos cometidos en el desempeño de sus funciones.

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La regulación legal de los bots en la experiencia comparada

• Soto Martínez, Víctor Javier

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Modificaciones recientes al estatuto de alimentos en Chile (Leyes N° 21.389 y 21.484)

• Truffello García, Paola

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Reforma Procesal Penal Evaluaciones, diagnósticos, propuestas.

• Cavada Herrera, Juan Pablo

Aspectos generales de la Reforma Procesal Penal; Objetivos de Reforma Procesal Penal; Evaluaciones de Reforma Procesal Penal; 2001: Informe Comisión de Evaluación de Implementación de Reforma Procesal Penal; 2017: Desafíos de Reforma Procesal Penal en chile: análisis retrospectivo a más de una década (CEJA, MINJU).

Aspectos generales de la Reforma Procesal Penal; Objetivos de Reforma Procesal Penal; Evaluaciones de Reforma Procesal Penal; 2001: Informe Comisión de Evaluación de Implementación de Reforma Procesal Penal; 2017: Desafíos de Reforma Procesal Penal en chile: análisis retrospectivo a más de una década (CEJA, MINJU).

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Leasing habitacional: Antecedentes sobre su regulación en Chile y en la legislación extranjera.

• Wilkins Binder, James Alfred

Financiamiento Habitacional. La Ley 19.281 de 1993 estableció en Chile un sistema de arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa. Su objetivo principal fue la creación de un mecanismo alternativo a los programas imperantes para el acceso a la vivienda. El contrato de leasing habitacional se celebra entre la persona interesada en la adquisición de un inmueble y sociedades inmobiliarias. La ley restringe en las entidades a quienes pueden constituirse como sociedades inmobiliarias y/o participar en las mismas: cooperativas abiertas de vivienda; bancos y sociedades financieras; filiales bancarias y filiales de instituciones financieras; agentes administradores de mutuos hipotecarios, y cajas de compensación de asignación familiar. Por su parte, la ley impone las siguientes condiciones y obligaciones a estas entidades: constituirse como sociedades anónimas; mantener un patrimonio mínimo de diez mil unidades de fomento; respetar montos máximos de endeudamiento; reemplazar la vivienda arrendada por otra similar en el caso que la extinción del derecho se produjera por sentencia judicial no imputable al arrendatario; sanear vicios redhibitorios, y ofrecer alternativas de primas al arrendatario promitente comprador de seguros de incendio y desgravamen, entre otras.

Financiamiento Habitacional. La Ley 19.281 de 1993 estableció en Chile un sistema de arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa. Su objetivo principal fue la creación de un mecanismo alternativo a los programas imperantes para el acceso a la vivienda. El contrato de leasing habitacional se celebra entre la persona interesada en la adquisición de un inmueble y sociedades inmobiliarias. La ley restringe en las entidades a quienes pueden constituirse como sociedades inmobiliarias y/o participar en las mismas: cooperativas abiertas de vivienda; bancos y sociedades financieras; filiales bancarias y filiales de instituciones financieras; agentes administradores de mutuos hipotecarios, y cajas de compensación de asignación familiar. Por su parte, la ley impone las siguientes condiciones y obligaciones a estas entidades: constituirse como sociedades anónimas; mantener un patrimonio mínimo de diez mil unidades de fomento; respetar montos máximos de endeudamiento; reemplazar la vivienda arrendada por otra similar en el caso que la extinción del derecho se produjera por sentencia judicial no imputable al arrendatario; sanear vicios redhibitorios, y ofrecer alternativas de primas al arrendatario promitente comprador de seguros de incendio y desgravamen, entre otras.

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Regulación del pago de cotizaciones previsionales (actualizado): Casos de Colombia, El Salvador y España.

• Williams Obreque, Guido Andrés
• Aguayo Ormeño, Irina Ximena

Se informa sobre forma cómo se realiza la cobranza de cotizaciones previsionales no pagadas en otros países, Se ha considerado las experiencias de El Salvador, Colombia y España por ser aquellos países en los cuales se encontró información respecto de la gestión de cobranza de las cotizaciones previsionales impagas.

Se informa sobre forma cómo se realiza la cobranza de cotizaciones previsionales no pagadas en otros países, Se ha considerado las experiencias de El Salvador, Colombia y España por ser aquellos países en los cuales se encontró información respecto de la gestión de cobranza de las cotizaciones previsionales impagas.

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