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Documentos presentados a comisiones
19/05/2022
Ideas matrices de los boletines Nº 14.774-07 y 14.818-29: Antecedentes para el ejercicio de la facultad del artículo 17 A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
La ley orgánica del Congreso Nacional reconoce la facultad de la sala de una corporación (Senado o Cámara) de refundir dos o más proyectos de ley radicados en esa cámara. Para ello, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: que todos los proyectos (2 o más) se encuentren en el primer trámite constitucional; que las ideas matrices o fundamentales tengan entre sí relación directa, y que, en cuanto sea posible, se consulte a sus autores. Los boletines Nº 14.774-07 y 14.818-29, referidos a la integridad deportiva en el ámbito profesional, proponen introducir modificaciones a objeto de promover el resguardo y correcto funcionamiento de las competiciones deportivas, tipificando delitos destinados a sancionar aquellas conductas que vulneran la sana competencia deportiva. Si bien varían en las normas destinatarias de dichas modificaciones, ambos boletines proponen tipos penales similares, destinados a sancionar conductas análogas. Con todo, uno de los boletines complementa dicha propuesta con normas referidas a transparencia e información y el establecimiento de inhabilidades.
17/05/2022
Normas para asegurar el pago a contratistas en EE.UU. En relación al Proyecto de ley Boletín N° 14.011-03.
El proyecto de ley que modifica la ley N° 20.416 hace solidariamente responsable a la empresa principal, o dueña de la obra o faena, del pago de los bienes entregados o servicios realizados por las micro, pequeñas o medianas empresas proveedoras. Lo anterior, en el caso que en la ejecución de una obra o proyecto la empresa contratista o subcontratista no acredite oportunamente el pago íntegro por los bienes entregados o por los servicios realizados por dichas empresas. Revisada la legislación extranjera, en países latinoamericanos (México, Colombia, Perú) y en España, no fue posible encontrar mecanismos jurídicos similares al propuesto por el citado proyecto de ley. Sin embargo, en EE.UU. sí se contemplan dos soluciones normativas en el ámbito de la construcción. El contratista principal es responsable de coordinar y supervisar a todos los subcontratistas por los servicios que prestan así como de los proveedores de materiales, y que todos los anteriores reciban el pago respectivo. A falta de pago, el subcontratista o proveedor puede ejercer alguna de las siguientes dos acciones: a) Acción de cobro (llamado “mechanic’s lien”) que se dirige directamente contra el propietario del inmueble que es objeto de la obra. Ello se traduce en la constitución de un gravamen que se inscribe en el título del bien raíz y aparece por tanto en el registro público de propiedad. b) Acción contra el contratista por no pagar al subcontratista en el plazo de 10 días desde que el primero ha recibido cada pago parcial de la obra. Si hay discrepancias frente al monto adeudado, el contratista no podrá retener más del 150% del monto en disputa, pudiendo ser sancionado disciplinariamente y sujeto a una pena del 2% de la cantidad adeudada por cada mes que no se efectúe el pago.
17/05/2022
Minuta: selección de Proyectos con indicaciones sustitutivas.
Conforme a lo solicitado, la presente minuta tiene por objeto dar cuenta de una selección de leyes y proyectos respecto de los cuales el Ejecutivo hubiese presentado una indicación sustitutiva en el curso de su tramitación legislativa. Entendemos por indicación sustitutiva aquellas que reemplazan íntegramente el contenido de un proyecto de ley. A este respecto, algunos autores han planteado que es discutible la legitimidad de este tipo de propuestas cuando se presentan en segundo trámite constitucional, y el problema jurídico “radica en que las indicaciones sustitutivas globales modifican íntegramente la propuesta primitiva remitida por la Cámara de origen, lo cual podría ser entendido como una extra limitación de las atribuciones que tiene la cámara revisora al momento de reexaminar una iniciativa legal en trámite”. No existe limitación normativa para la presentación de indicaciones sustitutivas. Lo que sí se observa es que en la práctica parlamentaria, este tipo de indicaciones han contribuido a lograr acuerdo al interior de la tramitación en el Congreso Nacional. Así, en la presente minuta, se da cuenta de una selección de proyectos y leyes que han sido objeto de indicaciones sustitutivas, presentadas tanto en primer trámite, como en segundo trámite y en trámite de comisión mixta. Los aciertos se ordenan por número de boletín, desde el más antiguo al más nuevo, señalando su título, estado, tipo de iniciativa (vinculada a su texto original), breve comentario sobre la indicación sustitutiva acompañando el vínculo del documento donde figura dicha indicación.
17/05/2022
Nociones sobre obligaciones en materia de DIDH.
Derecho Internacional de Derechos Humanos; Sistema Universal DDHH; Sistema Interamericano DDHH; Las obligaciones en el DIDH; El Derecho Penal Internacional.
17/05/2022
Acuerdo de Escazú. Discusión legislativa en torno a su aprobación en Primer Trámite Constitucional
El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo de política ambiental para la región de América Latina y el Caribe, que establece garantías a los derechos de acceso de personas, grupos y organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales. Además, es el primer tratado a nivel mundial que contiene disposiciones específicas para la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Chile inició su proceso de adhesión a Escazú el pasado 18 de marzo de 2022, fecha en que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric suscribió el instrumento. Actualmente, el Acuerdo se encuentra en trámite de aprobación en el Congreso Nacional. Al respecto, la Cámara de Diputadas y Diputados votó favorablemente su aprobación, en conjunto con una Declaración Interpretativa de cuatro puntos, que precisa el contenido y alcance de los compromisos que obligan al Estado de Chile, y que a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, no contradice el espíritu del Acuerdo ni compromete la integridad de la política exterior en esta materia.
17/05/2022
Delito abandono del hogar en la legislación comparada.
A solicitud del usuario esta minuta ilustra cómo los Códigos Penales de Brasil, Colombia, España y México tipifican los delitos relacionados con abandono de la familia, en especial de los hijos menores de edad o en situación de discapacidad o vulnerabilidad. Se observa que, junto a la tipificación de los delitos de abandono físico de personas menores de edad o que requieren especial protección, se incluyen hipótesis de delitos de abandono por incumplimiento del deber de proveer para la subsistencia del cónyuge, hijos menores de edad o con discapacidad, por ejemplo, por dejar de pagar la pensión alimenticia, ponerse en estado de insolvencia para eludir dichas obligaciones, abandonar injustificadamente el empleo o, no proporcionar educación primaria a un niño en edad escolar.
17/05/2022
Estado de avance del proceso constituyente al mes de mayo de 2022
Este informe tiene por objeto dar cuenta del estado de avance del proceso constituyente al mes de mayo del presente año. Para ello se indican someramente los hitos más relevantes de este proceso hasta ahora y se realiza una síntesis de los contenidos aprobados en el borrador de nueva Constitución.
12/05/2022
Desafíos actuales en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. Tres aristas: seguridad y derechos humanos, ciberseguridad y control de armas.
Este trabajo tiene por objeto sistematizar una serie de problemas relacionados con la seguridad en el siglo XXI. Así, en su primera sección se fija el marco del problema, indicándose los diversos desafíos actuales en materia de seguridad nacional e internacional. Asimismo, se busca ponderar esta mirada con la óptica de los derechos humanos. La segunda sección, en tanto, analiza con mayor detalle el problema de la ciberseguridad, por tratarse de una cuestión emergente a la que los últimos gobiernos le han dedicado un gran énfasis. La tercera sección, por otro lado, se interna en el tráfico de armas y, especialmente, en el marco jurídico del control de armas en Chile, y busca identificar –a partir de la literatura existente- los flancos débiles de esta política y sus puntos críticos. Finalmente, la cuarta sección aborda principios generales para enfrentar las tres aristas señaladas: la criminalidad transnacional en general y su penetración en vastos sectores de la población a raíz de los acelerados cambios sociales de los últimos años; la ciberseguridad y el reforzamiento del Estado para enfrentar los delitos informáticos; y eventuales medidas para reforzar el control de armas y evitar su desvío.
11/05/2022
Normas para asegurar el pago a contratistas en EE.UU. Proyecto de ley Boletín N°14.011-03
El proyecto de ley que modifica la ley N° 20.416 hace solidariamente responsable a la empresa principal, o dueña de la obra o faena, del pago de los bienes entregados o servicios realizados por las micro, pequeñas o medianas empresas proveedoras. Lo anterior, en el caso que en la ejecución de una obra o proyecto la empresa contratista o subcontratista no acredite oportunamente el pago íntegro por los bienes entregados o por los servicios realizados por dichas empresas.
11/05/2022
Medidas de reparación por violación de Derechos Humanos: Derecho Internacional y legislación comparada.
La obligación de reparar es un principio de derecho internacional contemporáneo, reconocido tanto en el Sistema Universal como en los Sistemas Regionales de Protección de los derechos humanos. Las medidas de reparación comprenden aquellas destinadas a obtener: i) la restitución integral (restitutio in integrum); ii) una justa indemnización del daño (materia e inmaterial); iii) la rehabilitación; iv) de satisfacción; y v) garantía de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Estas medidas, en atención al impacto diferenciado que sufren las mujeres víctimas de violación de derechos humanos (DDHH), deben contener un enfoque de género. Asimismo, se debe considerar el deber reforzado del Estado en relación con las personas en mayor situación de vulnerabilidad.