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Medidas de protección frente a la violencia digital. Regulación y mecanismos en la legislación comparada
El informe analiza comparativamente las medidas jurídicas para detener o reducir la circulación de contenidos digitales nocivos, especialmente la difusión no consentida de imágenes íntimas, el ciberacoso y el ciberabuso contra las mujeres. Examina la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres basada en Género (MESECVI, 2025) y las legislaciones de Australia, México y Reino Unido. Todos los sistemas contemplan mecanismos para retirar o eliminar contenidos, aunque varían las autoridades responsables. En México intervienen el Ministerio Público o el juez; en Australia, el eSafety Commissioner; y en Reino Unido, las propias plataformas bajo supervisión de Ofcom. La Ley Modelo combina mecanismos administrativos y judiciales. Los plazos también difieren: Australia establece 24 horas y Reino Unido un máximo de 48 horas desde la denuncia, mientras México y la Ley Modelo exigen actuación inmediata sin determinar un plazo específico. El modelo británico incorpora además exclusión de resultados de búsqueda y tecnologías de hash matching para prevenir la recirculación. Finalmente, respecto de la preservación de evidencia digital, solo México y la Ley Modelo establecen expresamente la obligación de conservar el contenido retirado con fines probatorios; Australia y Reino Unido contemplan facultades generales de investigación y registro.
Prevención del Acoso Laboral y/o Político hacia las Mujeres, Protección y Atención a las Víctimas.
La violencia contra las mujeres es un problema social mundialmente extendido, de características complejas y gravísimas consecuencias que impactan de forma negativa en el bienestar general de las mujeres e impiden que participen plenamente en la sociedad, pero además, afectan a sus familias y a las comunidades en las que viven. En el campo laboral la violencia contra las mujeres también en un problema global. Está presente en todos los empleos, ocupaciones y sectores de la economía en todos los países del mundo. Según una encuesta de la OIT del 20215, casi el 23% de las personas empleadas en todo el mundo ha experimentado violencia y acoso en el trabajo, ya sea física, psicológica o sexual. En particular, América Latina y el Caribe muestran la mayor prevalencia regional, con un promedio del 34,3%, y mayor propensión de las mujeres a sufrir violencia y acoso laboral respecto de los hombres (39% frente a 31%). En materia laboral, en América Latina, 9 países han ratificado el Convenio 190 de la OIT. El primero en hacerlo fue Uruguay en 2020 y posteriormente Argentina, Ecuador, México, Perú, Panamá, El Salvador, Chile y Costa Rica. En el informe, se detallan sus marcos normativos referidos a esta temática.
Violencia digital: respuestas normativas. Legislación comparada y desafíos de la respuesta penal.
Le presentación aborda temáticas asociadas a la violencia digital. Se tratan aspectos asociados a regulaciones, legislación comparada, la situación en Chile y proyectos de ley asociados.
Cuota de género y financiamiento electoral en elecciones parlamentarias en Chile: Seguimiento a la implementación de cuotas y aportes de campaña de la ley N° 20.840 (2021-2025).
La Ley 20.840 que Sustituye el Sistema Electoral Binominal por uno de Carácter Proporcional Inclusivo y Fortalece la Representatividad del Congreso Nacional, transformó el sistema electoral y, con el fin de aumentar la participación y representación de la mujer en política, estableció dos mecanismos de acción afirmativa: una cuota de género en las listas de candidaturas parlamentarias que habilita hasta 60% de participación de cualquier género, y un incentivo económico especial, exclusivamente para las elecciones parlamentarias a realizar entre los años 2017 y 2029. En el primer año de aplicación de la cuota en 2017 el número de candidatas a senadoras se multiplicó por 4,5 y el de candidatas a diputadas por 4,4. En materia de financiamiento electoral, se revisaron los aportes públicos y privados entre los años 2021 y 2025. En general, las mujeres candidatas reciben menos aportes que los hombres. En la elección de diputadas y diputados, se puede apreciar que, si bien el valor promedio de los aportes privados aumentó, la brecha de género no se redujo. Respecto de los aportes de campaña en el Senado, se observó que en promedio los hombres reciben más aportes privados que las mujeres, pero la brecha disminuyó en la elección de 2025.
Audiencias con participación remota de víctimas de violencia intrafamiliar. Legislación comparada: Inglaterra, España y Colombia.
Este informe analiza cómo regulan Inglaterra, España y Colombia la participación remota de víctimas de violencia ejercida por su pareja o expareja en los procedimientos de violencia intrafamiliar. En Inglaterra, las víctimas de violencia doméstica se presumen vulnerables para efectos de su participación en los procedimientos de familia. Esta presunción obliga al tribunal a examinar, desde las primeras etapas del proceso, si corresponde adoptar medidas que faciliten su intervención o declaración. España regula ampliamente las actuaciones telemáticas, aunque las reglas varían según se trate de un procedimiento civil o penal. En los asuntos civiles y de familia, la comparecencia a distancia depende de las circunstancias del caso y de lo que resuelva el tribunal. En materia penal, las víctimas de violencia de género, violencia sexual y trata de seres humanos cuentan con una protección reforzada, pues la ley ordena garantizar especialmente que sus declaraciones se realicen por medios telemáticos. En Colombia, la protección se articula en torno al derecho de la mujer a decidir si acepta ser confrontada con el agresor, tanto en los espacios de atención como en los procedimientos administrativos, civiles y penales. La ley no establece una forma única de hacer efectivo este derecho ni permite exigir, por ese solo motivo, una comparecencia por videoconferencia.
Comparecencia remota ante los Tribunales de Familia.
Se requiere conocer cómo ha operado la comparecencia remota por videoconferencia en los procedimientos ante los Tribunales de Familia, en especial por actos de violencia intrafamiliar, así como las condiciones jurídicas y tecnológicas necesarias para su autorización y desarrollo. La Ley Nº 21.394 tuvo su origen en las dificultades que enfrentó el sistema de justicia durante la pandemia y en la necesidad de asegurar la continuidad del servicio judicial. Sin embargo, no todas sus disposiciones tuvieron carácter transitorio. Junto con las medidas excepcionales vinculadas a la emergencia sanitaria, la ley introdujo reformas permanentes destinadas a modernizar el funcionamiento de los tribunales. Entre estas modificaciones se encuentra la incorporación del artículo 60 bis a la Ley Nº 19.968, que crea los Tribunales de Familia, mediante el cual se reguló la comparecencia voluntaria de las partes a las audiencias judiciales por videoconferencia.
Antecedentes para el análisis de la propuesta de actualización del Marco Normativo para la Generación de Mecanismos de Empoderamiento de la Mujer en condiciones de Equidad.
Estos marcos jurídicos presentan propuestas de política pública y procedimientos de gestión en temáticas relevantes para toda la población de la región andina y son desarrollados a través de un proceso metodológico que incluye el análisis de derecho comparado y de políticas públicas, la participación de expertos en las sesiones plenarias y de las comisiones temáticas, además de revisión anti plagio, para garantizar la propiedad intelectual y los derechos de autor. A la fecha existe una serie de 74 propuestas en las más diversas materias de interés regional. La primera en el área de igualdad de género y derechos de las mujeres es la No. 6 del año 2016, llamada Marco Normativo Andino para la Erradicación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer. En agosto del año 2020, el Parlamento Andino aprobó el Marco Normativo para la Generación de Mecanismos de Empoderamiento de las Mujeres en condiciones de Equidad, en donde establece un conjunto de normas, principios y buenas prácticas que deberán ser consideradas para su aplicación preferente por parte de los Estados miembros. El texto se enmarca en las prioridades que establece la Agenda 2030, respecto al establecimiento de nuevos cuerpos legales que logren garantizar el empoderamiento de la mujer y contribuir al cumplimiento del ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Campañas de violencia contra la mujer mediante letreros informativos en servicios higiénicos: Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Chile y México.
Presentación que trata sobre los antecedentes e instrumentos internacionales referidos a la prevención de la violencia contra las mujeres; las campañas de prevención de la misma en los servicios higiénicos, donde se realiza un análisis comparado entre diversos países que realizan este tipo de campañas; por último, se señalan algunas normativas en Chile que abordan la prevención de este tipo de violencia.
Campañas de violencia contra la mujer mediante letreros informativos en servicios higiénicos: Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Chile y México.
La violencia contra la mujer es uno de los principales obstáculos para el logro de la igualdad sustantiva, a la vez, de un grave problema de salud pública que puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres. Según datos de la región, 1 de cada 3 mujeres de 15 años o más ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida, mientras que 1 de cada 4 mujeres de entre 15 y 49 años ha sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja íntima al menos una vez en su vida, de hecho, la violencia de pareja es la forma más común de violencia contra la mujer. El desafío de erradicar la violencia contra las mujeres responde a una transformación cultural integral, por lo que, en los últimos 40 años, se ha intentado abordar este problema desde una serie de estrategias, entre las que se encuentran las campañas de comunicación social en todo el mundo, las que pueden ser muy efectivas en ayudar a promover cambios en conocimientos, actitudes, normas, creencias y comportamientos. En particular, la evidencia específica de campañas basadas en letreros en servicios higiénicos es limitada, ya que, si bien existen muchos casos implementados, hay pocas evaluaciones rigurosas y públicas. Sin embargo, al analizar la evidencia disponible respecto a las campañas de sensibilización en violencia intrafamiliar basada en letreros, estas muestran que son efectivas en aumentar llamados y búsqueda de ayuda. De la experiencia internacional revisada se reportan campañas sobre violencia intrafamiliar basadas en letreros en Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Chile y México, las que presentan diversos modelos de organización y financiamiento. El primero es un modelo público obligatorio, donde mediante una ley u ordenanza municipal se exige instalar señalética en servicios higiénicos y es un organismo público quien entrega materiales estandarizados y hace la fiscalización. Un segundo modelo es público-privado, de carácter voluntario donde organizaciones no gubernamentales, universidades u organización de comerciantes se unen en una campaña y piden el apoyo estatal para llevarla a cabo.
Democracia, Tecnología y Nuevas Narrativas para la Paridad en Tiempos de Transformación Global
El documento revisa la evolución histórica de la democracia paritaria, destacando hitos internacionales y regionales como la Plataforma de Acción de Beijing (1995), los consensos de Quito, Brasilia y Santo Domingo, y el reciente Compromiso de Tlatelolco (2025). Estos instrumentos han impulsado medidas para garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones. Asimismo, se aborda el concepto de democracia paritaria como un modelo que trasciende las cuotas electorales y busca transformar las estructuras políticas y sociales para asegurar la igualdad sustantiva. Aunque América Latina presenta avances significativos en representación femenina, persisten barreras que dificultan la participación plena de las mujeres. Finalmente, la minuta examina los desafíos de la transformación digital desde una perspectiva de género. Destaca la persistencia de la brecha digital, el aumento de la violencia política de género en entornos digitales y los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial. Concluye que es necesario fortalecer la regulación democrática de las tecnologías, promover la inclusión de mujeres en espacios de decisión tecnológica y proteger su participación política frente a nuevas formas de violencia digital.