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24/08/2026
Sistemas de cierre y aseguramiento financiero según escala o riesgo de la actividad minera. Experiencia comparada en Chile, Perú, Queensland y Western Australia.
Se examina la existencia de regímenes diferenciados de cierre y aseguramiento financiero según la escala de la actividad minera o los riesgos asociados a la operación. Se consideran Chile, como referencia, Perú, Queensland y Western Australia, estas dos últimas jurisdicciones estatales australianas. Chile utiliza principalmente la capacidad productiva: las faenas de hasta 10.000 toneladas brutas mensuales acceden a un procedimiento simplificado y quedan fuera del régimen general de garantía financiera. Perú contempla reglas específicas para pequeños productores mineros y productores mineros artesanales, pero mantiene el principio de aseguramiento de las obligaciones de cierre, adaptando principalmente procedimientos y modalidades de garantía. Los casos australianos incorporan con mayor intensidad variables asociadas a la perturbación y al riesgo. Queensland diferencia determinadas actividades de pequeña escala según características físicas y ambientales y, separadamente, utiliza una clasificación de riesgo financiero para determinar la modalidad de provisión dentro del Financial Provisioning Scheme. Western Australia combina procedimientos simplificados para pequeñas operaciones, contribuciones al Mining Rehabilitation Fund determinadas por el tipo y superficie perturbada y garantías individuales adicionales cuando aumenta el riesgo de incumplimiento.
24/08/2026
Monitoreo y obligaciones de post cierre de faenas mineras: duración y criterios para su término. Experiencia comparada en Chile, Perú, Queensland y Western Australia
El informe analiza comparativamente la regulación del monitoreo y las obligaciones posteriores al cierre de faenas mineras en Chile, Perú, Queensland y Western Australia, considerando su duración y las condiciones técnicas y administrativas necesarias para determinar su término. El análisis evidencia que, en general, estas obligaciones no concluyen únicamente por el transcurso de un plazo determinado, sino mediante una combinación de períodos establecidos, cumplimiento de criterios técnicos y reconocimiento administrativo. En Chile, no existe un plazo uniforme, ya que la duración se define en cada Programa de Post Cierre y Sernageomin certifica posteriormente el cumplimiento de las medidas. Perú establece un período mínimo de cinco años, junto con la obligación de demostrar estabilidad física, geoquímica e hidrológica para obtener el Certificado de Cierre Final. En Queensland, el término de las obligaciones depende principalmente del cumplimiento de las condiciones de rehabilitación y de la aprobación del surrender de la autorización ambiental, considerando también los riesgos residuales. En Western Australia, el monitoreo debe demostrar el cumplimiento de los resultados y criterios de cierre definidos para cada operación. En síntesis, los sistemas se diferencian principalmente en la forma de combinar plazos, desempeño técnico y certificación administrativa.
24/08/2026
Determinación, revisión, reducción y liberación de garantías financieras asociadas al cierre de faenas mineras: Experiencia comparada en Chile, Perú, Queensland y Western Australia.
El presente informe examina comparadamente los mecanismos utilizados para determinar, revisar, reducir y liberar el aseguramiento financiero asociado al cierre y rehabilitación de faenas mineras. Se consideran los regímenes de Chile, como referencia, Perú, Queensland y Western Australia, estas dos últimas jurisdicciones estatales australianas. La comparación muestra que la existencia de una garantía o mecanismo financiero no determina por sí sola el grado de cobertura de las obligaciones de cierre: éste depende de cómo se valorizan las responsabilidades, cómo se transforma esa estimación en recursos efectivamente asegurados y cómo se ajusta el requerimiento durante la vida de la faena. Chile y Perú utilizan principalmente garantías individualizadas vinculadas a los costos previstos en sus respectivos planes de cierre, con mecanismos de actualización y liberación asociados al cumplimiento efectivo de las medidas comprometidas. Queensland distingue entre el Estimated Rehabilitation Cost (ERC) y la modalidad de provisión financiera, incorporando una clasificación de riesgo que determina la utilización de contribuciones al fondo, surety o combinaciones de ambas. Western Australia utiliza principalmente el Mining Rehabilitation Fund, cuyo gravamen se calcula sobre una estimación estandarizada de las perturbaciones generadas, complementable con garantías individuales en situaciones específicas. En los sistemas examinados, la rehabilitación progresiva y la reducción efectiva de las responsabilidades pendientes constituyen elementos centrales para disminuir las exigencias financieras, aunque mediante mecanismos jurídicos diferentes.
24/08/2026
Amparo Minero en perspectiva comparada: Experiencias en Perú, Bolivia, Ecuador Australia y Canadá.
El presente informe examina la experiencia internacional en materia de conservación o amparo de derechos mineros en Bolivia, Perú, Ecuador, Northern Territory (Australia) y Ontario (Canadá), considerando las obligaciones económicas y de actividad asociadas a la mantención del derecho, así como las consecuencias de su incumplimiento. En Bolivia, la conservación exige conjuntamente el pago de la patente y el inicio y continuidad de la actividad minera. En Perú, se combina el Derecho de Vigencia anual con una obligación de producción mínima; su incumplimiento da lugar a penalidades progresivas y, si se prolonga, puede culminar en la caducidad de la concesión. En Ecuador, la conservación combina una patente anual progresiva según la etapa de la concesión con obligaciones de actividad e inversión durante la exploración y de información durante la explotación. Además, contempla una patente diferenciada para la pequeña minería y exime de su pago a la minería artesanal. En el Northern Territory (Australia), la mantención de los títulos depende del cumplimiento de sus condiciones, del desarrollo efectivo de las actividades autorizadas y del pago de rentas y otros cargos; en exploración se agregan compromisos de gasto cuyo incumplimiento puede provocar la reducción o cancelación del área. En Ontario (Canadá), el mecanismo se basa principalmente en trabajos anuales de evaluación, sustituibles bajo determinadas condiciones por pagos a la provincia. En términos comparados, los casos revisados muestran que la conservación de los derechos mineros puede vincularse no sólo al pago periódico, sino también a exigencias de actividad efectiva, producción, inversión o trabajos acreditables, acompañadas de mecanismos que pueden conducir a penalidades, reducción de áreas o pérdida del derecho. Algunas jurisdicciones incorporan, además, condiciones diferenciadas para la minería de menor escala.
20/08/2026
La institucionalidad en Áreas Marinas Protegidas: La experiencia de países que han ratificado el Acuerdo BBNJ.
El documento analiza la experiencia de países que han ratificado, aprobado, accedido o avanzado normativamente hacia la implementación del Acuerdo sobre Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), con especial atención a la armonización institucional y normativa necesaria para establecer, gestionar y fiscalizar Áreas Marinas Protegidas (AMP) y otras Herramientas de Gestión Basadas en Áreas (ABMT) en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. El punto de partida del análisis es que el BBNJ se basa en la armonización normativa y el acoplamiento institucional. En consecuencia, los Estados deben revisar sus marcos jurídicos e institucionales existentes para identificar competencias, detectar vacíos normativos y crear normas habilitantes que permitan coordinar a las autoridades nacionales con organismos sectoriales y regionales. Se analizan casos de Europa, Asia, América, África, pequeños Estados insulares y otros países de interés para la comparación. Además de los países ratificantes, se incorporan Australia, Nueva Zelandia, Reino Unido y la República Federal Alemana por su relevancia metodológica, institucional y normativa para la implementación futura del pilar ABMT/AMP del Acuerdo.
12/08/2026
Normativa para el desarrollo, investigación y uso de vacunas en peces: Experiencia de Canadá, Escocia y Noruega.
El informe analiza la regulación y el desarrollo de vacunas para la salmonicultura en Canadá, Escocia y Noruega, destacando la transición histórica desde el uso intensivo de antimicrobianos hacia la inmunoprofilaxis como pilar de sostenibilidad sanitaria en la industria acuícola. La regulación de estos productos biológicos veterinarios se distingue de la normativa acuícola general y de los fármacos químicos de síntesis, caracterizándose por exigencias particulares de bioseguridad, evaluación ambiental y trazabilidad en su investigación, licenciamiento y aplicación. A nivel comparado, las tres jurisdicciones muestran una convergencia estructural basada en la fragmentación funcional de competencias en tres niveles: la autoridad pesquera o de gestión acuícola, la agencia reguladora de productos farmacéuticos o biológicos veterinarios y el organismo especializado en sanidad animal. En Canadá, a falta de una ley unificada de acuicultura, las funciones se distribuyen entre la DFO (por mandato de la Ley de Pesca), la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) y Health Canada, destacando un esquema de permisos de liberación para la fase experimental fuera de contención. En Escocia, las competencias se articulan mediante las Leyes de Acuicultura y Pesca, el Fish Health Inspectorate, la Dirección de Medicamentos Veterinarios (VMD) y la Agencia Escocesa de Protección Ambiental (SEPA). Noruega opera mediante un sistema dual que exige tanto la autorización de comercialización otorgada por la Agencia Noruega de Medicamentos como un permiso de uso zoosanitario individual emitido por la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria (Mattilsynet), entidad que mantiene la potestad de restringir vacunaciones para no interferir con la vigilancia epidemiológica de enfermedades de declaración obligatoria. Asimismo, Noruega aplica la Directiva 2001/18/CE para la evaluación de riesgo ambiental de vacunas biotecnológicas de ADN y dispone del Registro Veterinario de Prescripciones (VetReg) para el seguimiento cuantitativo del uso de vacunas inyectables.
12/08/2026
Análisis de los informes sobre el estado del recurso jurel: Análisis período 2012-2025 y primer semestre de 2026.
El informe da cuenta de la evolución del jurel entre 2012 y 2025, utilizando los informes anuales de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la Ley General de Pesca y Acuicultura y antecedentes de la FAO e IFOP. Su marco técnico son los Puntos Biológicos de Referencia, expresados principalmente mediante biomasa, mortalidad por pesca y tasa de explotación. Estos indicadores permiten clasificar una pesquería como subexplotada, en plena explotación, sobreexplotada o agotada, y orientan las medidas administrativas destinadas a alcanzar o mantener el Rendimiento Máximo Sostenible, entendido como la mayor remoción promedio que puede sostenerse en el tiempo bajo las condiciones ecológicas predominantes. El Comité Científico Técnico determina el estado del recurso y los rangos de Captura Biológicamente Aceptable, mientras los regímenes de acceso limitan nuevas autorizaciones pesqueras. La pesquería del jurel mantuvo cerrado el acceso a nuevos operadores durante todo el período. Entre 2012 y 2016, el recurso permaneció sobreexplotado y presentó una biomasa desovante crítica, equivalente en 2012 a solo 8%–16% de su nivel original. En 2017 comenzó la recuperación hacia el entorno del rendimiento máximo sostenible, acompañada por una reducción de la mortalidad pesquera. Tras un retroceso en 2018, el jurel se mantuvo en plena explotación desde 2019. Entre 2022 y 2025, la aplicación de puntos de referencia dinámicos mostró alta biomasa y baja mortalidad. La biomasa desovante en el área de evaluación llegó a 17,7 millones de toneladas en 2024 y a 17,9 millones en 2025, favorecida por un repunte del reclutamiento. Este fortalecimiento biológico contrasta con los desembarques del primer semestre de 2026. Las capturas acumuladas alcanzaron 394,2 mil toneladas, 47,4% menos que en igual período de 2025. El sector industrial concentró entre 74% y 79% del total desembarcado. La mayor parte de la caída se originó en la macrozona Valparaíso–Los Lagos, que explicó cerca de 84% de la disminución nacional, mientras Atacama–Coquimbo registró la contracción relativa más intensa. Los antecedentes de IFOP y Subpesca sugieren que la caída en los desembarques de jurel se relaciona con cambios en la distribución y disponibilidad espacial del recurso, particularmente con una menor disponibilidad relativa para la flota centro-sur, en un contexto de cambios en las condiciones oceanográficas. También se observó una mayor extensión espacial de las agregaciones, pero con menor densidad media, configuración compatible con una menor capturabilidad. La elevada presencia de juveniles explica que una gran abundancia numérica no se traduzca proporcionalmente en biomasa total. A ello se suman la variabilidad ambiental, las aguas más cálidas, la surgencia, los nutrientes y factores operacionales. Representantes sectoriales anticiparon efectos sobre empleo, plantas procesadoras, proveedores y abastecimiento, aunque hacia julio aparecieron señales de una mejor disponibilidad del recurso.
05/08/2026
Fundición Hernán Videla Lira: estado actual de operación y avance del proyecto de modernización.
La Fundición Hernán Videla Lira, también conocida como Fundición Paipote, constituye un activo histórico de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) y de la política de fomento a la pequeña y mediana minería en Chile. Fue inaugurada el 26 de enero de 1952 como la primera fundición estatal del país, y desde 1983 lleva el nombre de Hernán Videla Lira. La fundición permanece paralizada desde febrero de 2024. En 2025 no registró producción ni ventas de ácido sulfúrico. Al primer semestre de 2026, ENAMI mantuvo resultados positivos, con utilidades por US$13,8 millones, aunque 18,3% inferiores a las de igual período de 2025. El proyecto “Nueva Paipote” fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental el 29 de octubre de 2025 y obtuvo RCA el 11 de noviembre. Considera procesar 850.000 toneladas anuales de concentrado y producir cerca de 240.000 toneladas de cátodos. En abril de 2026, ENAMI consultó ajustes por US$65 millones y propuso iniciar la operación en marzo de 2031.
14/07/2026
El sistema “Caja Verde” de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía.
El Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras Andaluzas (SLSEPA), desarrollado desde 2004 por la Junta de Andalucía, emplea el dispositivo denominado Caja Verde para monitorear la flota que opera en aguas interiores. Este mecanismo coexiste directamente con la caja azul de exclusiva competencia estatal —la cual opera mediante redes satelitales—, cubriendo segmentos de la flota artesanal históricamente excluidos de dichas obligaciones en la Unión Europea. A diferencia del sistema estatal, la Caja Verde se basa en una infraestructura de comunicación terrestre celular (GSM/GPRS), lo que permite optimizar los costos operativos en pesquerías de pequeña escala próximas a la costa. Técnicamente, cada dispositivo Caja Verde posee un posicionamiento global y un módulo de comunicaciones inalámbricas GSM/GPRS. Envía periódicamente al Centro de Recepción datos de identificación, posición geográfica, rumbo y velocidad cada tres minutos. En caso de pérdida de cobertura, almacena las localizaciones para volcarlas al recuperar la comunicación, utilizando la vía GSM como respaldo secundario. El sistema persigue tres objetivos fundamentales: la investigación científica del estado y explotación de los recursos biológicos, el control administrativo del esfuerzo pesquero en zonas protegidas y la protección de la vida en el mar mediante un botón de auxilio coordinado con el servicio de emergencias 112.
13/07/2026
Concesiones mineras de explotación según monto de patente anual por hectárea: Caracterización nacional y regional.
El presente informe analiza las concesiones mineras de explotación registradas al mes de febrero de 2026, con el objeto de caracterizar su distribución nacional y regional, así como su composición según los montos de patente minera anual aplicables por hectárea. El análisis se enmarca en la discusión del proyecto de ley que modifica el Código de Minería y las leyes N° 21.420 y N° 21.649, en materia de amparo minero y otras materias que indica, correspondiente al Boletín N° 18.259-08. A partir de datos del Servicio Nacional de Geología y Minería, se identifican 74.347 concesiones mineras de explotación registradas, equivalentes a 13.647.442 hectáreas. La mayor parte corresponde a concesiones constituidas, que representan el 88,2% de los registros y el 90,5% de la superficie. En términos territoriales, se observa una alta concentración en el norte del país: Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo explican en conjunto el 85,6% de las concesiones registradas y el 86,8% de la superficie total. El informe también muestra que la superficie concesionada se concentra principalmente en dos montos de patente anual por hectárea: 0,4 UTM/ha y 0,1 UTM/ha. El primer grupo reúne el 53,7% de la superficie considerada y explica el 82,3% de la carga teórica estimada, mientras que el segundo concentra el 46,2% de la superficie y el 17,7% de dicha carga. Esta diferencia se explica porque el monto de 0,4 UTM/ha cuadruplica el valor de la patente rebajada de 0,1 UTM/ha. Los resultados permiten advertir que los efectos del régimen de patentes no dependen únicamente de la superficie concesionada, sino también de su composición según monto aplicable y de su distribución territorial. Con todo, las estimaciones presentadas corresponden a ejercicios de carga teórica y no representan recaudación efectiva, pues no consideran pagos realizados, morosidad, remates, exenciones, rebajas efectivamente acreditadas ni otras variables administrativas asociadas al cumplimiento del régimen de patentes.