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Documentos presentados a comisiones
24/04/2024
Institucionalidad frente al crimen organizado
El presente informe busca entregar una aproximación al fenómeno del crimen organizado, tanto a nivel nacional como internacional. El crimen organizado ha sido definido por Naciones Unidas como “todo grupo delictivo organizado, existente durante un período de tiempo, que tiene por fin la comisión de un delito transnacional grave, mediante la acción concertada, utilizando la intimidación, la violencia, la corrupción u otros medios, para así obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o material”
23/04/2024
Infraestructura crítica en la experiencia internacional.
De acuerdo al artículo 2 de la Directiva (UE) 2557 del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2022, se entiende por infraestructura crítica a todo elemento, instalación, equipo, red o sistema, o parte de ellos, que sea necesario para la prestación de un servicio esencial, vale decir, aquel considerado crucial para el mantenimiento de las funciones sociales vitales, las actividades económicas, la salud pública, la seguridad o el medio ambiente. A su vez, el artículo 1 de este texto obliga a los Estados miembros a identificar las entidades críticas y respaldarlas, fijando deberes para que robustezcan su resiliencia y capacidad para cumplir con la prestación de servicios que la ley les encomienda. En el ejemplo colombiano, el Plan Nacional de Protección de Infraestructura Critica Cibernética define un marco de gobierno, roles y responsabilidades, además de un conjunto de niveles de alertas, actuaciones, notificaciones y respuestas frente a eventos de ciberseguridad asociados a sectores críticos. El presente informe busca definir el concepto de infraestructura crítica y sus mecanismos de resguardo, a la luz de la experiencia internacional. El documento recoge la evidencia presente en la Unión Europea, así como en la legislación interna de países como Colombia, Corea del Sur, España, Estonia, Nueva Zelandia, Reino Unido y Singapur.
27/03/2024
Modelo de gobernanza para la protección de infraestructura crítica en el país
El tránsito hacia una arquitectura de resguardo a la infraestructura crítica en Chile debiese considerar algunos elementos ya presentes en otras latitudes, entre los cuales es posible mencionar: Un tratamiento sectorial, como el recogido por el artículo 7 de la Loi relative à la Sécurité et la Protection des Infrastructures Critiques, de 2011, conforme al cual cada autoridad pública en Bélgica debe emitir un listado de infraestructuras críticas potencialmente susceptibles de ser atacadas. Un esquema con una asignación clara de roles y responsabilidades, junto a un sistema de alertas, notificaciones y respuestas ante eventos críticos, con horizontes de corto, mediano y largo plazo. La alianza público-privada, como elemento clave para configurar un modelo sistémico e integrado de resguardo a la infraestructura crítica nacional, que está recogido en el artículo 5 de la Ley Nro. 8, de 2011, que consagra en España la existencia de un Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas. El reforzamiento del trabajo interagencial, tal cual aparece reforzado en el caso de EE.UU., donde los sectores de infraestructura crítica son cautelados por el llamado National Infrastructure Coordinating Center. La concientización de los ciudadanos en cuanto al uso correcto del ciberespacio, un aspecto que aparece desarrollado con nitidez en Nueva Zelandia, donde la Estrategia de Ciberseguridad está acompañada de un programa de trabajo con un reporte anual ministerial.
27/03/2024
Fuerzas Armadas y funciones en Seguridad Interior: Experiencias de Argentina y Ecuador.
A nivel latinoamericano, se da cuenta de experiencias y normativas heterogéneas en relación al involucramiento de las FF.AA. en funciones de seguridad pública, identificándose principalmente dos grupos de países: aquellos en que los efectivos militares participan en misiones de apoyo logístico a las fuerzas policiales, y otros en los que los primeros se involucran directamente en el combate contra el crimen organizado (Prévide, 2017). Entre los factores que explican el mayor o menor involucramiento de los cuerpos armados en labores de esta naturaleza se cuenta la existencia o ausencia de un marco legal restrictivo, que expresamente separe los ámbitos de seguridad externa e interna. Durante el año 2024, Argentina y Ecuador han sido afectados por un incremento de la violencia proveniente de grupos armados y del crimen organizado, viendo superada su capacidad institucional policial para dar respuesta a este fenómeno. En ambos casos, por medio de Decretos Presidenciales, se ha solicitado a sus FF.AA. que colaboren en la restauración de la seguridad, dentro de lo que les permiten sus respectivos marcos normativos.
12/03/2024
Selección de Proyectos de Ley: Iniciativas en materia de seguridad.
La presente minuta da cuenta de los proyectos de ley que hayan tenido por objeto regular ámbitos sobre seguridad. Para realizar la búsqueda, se revisó la base de datos de Tramitación de Proyectos de ley del Congreso Nacional (SIL) y el sitio web Labor Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. Los parámetros de búsqueda fueron los siguientes: “Seguridad, Seguridad Pública, Orden Público”. Se incluyeron las iniciativas de ley en diversas etapas de tramitación legislativa, excluyéndose los proyectos archivados o retirados. El resultado se entrega ordenado en forma cronológica, según la fecha de presentación del proyecto ley, considerando un enlace a su tramitación legislativa, su título y estado de tramitación.
07/03/2024
Penalidades asociadas al delito de homicidio, salidas alternativas y libertad condicional: Legislación comparada.
Por encargo de la Comisión de Seguridad Ciudadana, se analizan las penas asociadas al delito de homicidio, salidas alternativas y libertad condicional en nueve países del continente europeo, sudamericano y centroamericano. La selección de países ha buscado comparar distintas realidades, las cuales cuentan con normas suficientemente diferenciadas para que el lector se haga una idea de lo analizado. La normativa de la cual da cuenta el informe se encuentra estipulada en los respectivos códigos penales.
07/03/2024
Evolución del delito en Chile, periodo 2019 - 2023.
Informe sobre estadísticas delictuales en Chile correspondientes a los últimos cinco años. Junto con la totalidad de los delitos, se da cuenta de la evolución de una serie de delitos particulares, poniendo especial énfasis en el homicidio. La información se entrega en frecuencia de casos y en tasas por cada 100.000 habitantes, que es la metodología utilizada internacionalmente para buscar la comparabilidad de los datos en territorios de distinto tamaño. Primeramente, se da cuenta de las estadísticas delictuales generales, para luego considerar la evolución de una serie de delitos en particular.
01/02/2024
Sanciones por el delito de ingreso irregular o pasos fronterizos no autorizados en la experiencia comparada.
e solicita informar sobre la tipificación y sanciones aplicadas a quienes ingresan irregularmente a Estados Unidos, Colombia, México y El Salvador. En la normativa de Estados Unidos (en adelante EE.UU.), la entrada indebida a su territorio está tipificado como un delito federal que conlleva sanciones civiles por violar la ley de inmigración. La entrada irregular también conlleva consecuencias para cualquiera que luego intente solicitar una tarjeta de residencia u otro beneficio de inmigración. En el caso de Colombia, el artículo 2.2.1.11.2.1 del Decreto 10673, de mayo de 2015, relativo al ingreso de extranjeros al país, dispone que la persona que quiera entrar a territorio colombiano, debe comparecer ante la autoridad migratoria con su pasaporte vigente, documento de viaje o cédula de identidad válida, así como con la correspondiente visa, en caso que esta sea exigible, aportando la información pertinente.
15/01/2024
Procesos formativos en las policías nacionales.
En Chile, la institución que gestiona la formación de oficiales de la policía uniformada es la Escuela de Carabineros “Del General Carlos Ibáñez del Campo”, cuyo proceso de instrucción es de ocho semestres académicos, conduciendo al aspirante al título de Oficial de Orden y Seguridad, Administrador de Seguridad Pública; o al de Oficial de Intendencia, Administrador de Contabilidad y Finanzas Públicas. Ahora bien, una vez que los aspirantes ya son oficiales y llevan varios años de servicio en la institución, pueden postular a la Academia de Ciencias Policiales, para profundizar su preparación y estar en condiciones de ser parte del Alto Mando institucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 letra D del Estatuto del Personal. En el caso de la PDI, la formación de los futuros detectives es responsabilidad de la Escuela de Investigaciones Policiales “Presidente Arturo Alessandri Palma”, mientras la Academia Superior de Estudios Policiales entrega el grado complementario de Licenciado en Criminalística. Finalmente, el Centro de Capacitación Profesional, subordinado a la Jefatura de Educación Policial y Doctrina de la PDI, es un plantel de nivel técnico, dirigido a “la formación, capacitación y perfeccionamiento del personal de las plantas de Servicios Generales y de Empleados Civiles, además de proveer especialización a los Oficiales Policiales”. Esta entidad entrega un curso de formación de dos años, el primero presencial en régimen de internado y el segundo mediante el modo b-learning, conducente al título de Asistente Policial.
10/01/2024
Antecedentes sobre la normativa de seguridad privada
La Ley de Seguridad Privada viene a subsanar el problema de que su normativa se encontraba dispersa en una serie de leyes, decretos leyes y decretos supremos, unificando la legislación en una sola norma. El aspecto de mayor relevancia es que se faculta a la Subsecretaría de Prevención del Delito (entidad controladora) a obligar a ciertas empresas o actividades, a contar con medidas de seguridad privada, en virtud del riesgo asociado a su actividad, entendiéndose por medidas de seguridad privada la implementación de recursos humanos, materiales, tecnológicos o los procedimientos destinados a otorgar protección a las personas y sus bienes dentro de un recinto o área determinada. De este modo, las entidades obligadas a contar con medidas de seguridad deberán elaborar un estudio de seguridad, el cual debe ser autorizado por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Respecto a los contenidos de estudio, se deben informar medidas de seguridad precisas y concretas, que serán implementadas en el recinto o área donde se encontrará emplazada la actividad, tales como recursos tecnológicos o la contratación de guardias de seguridad, entre otras.