Las dificultades económicas y los devastadores efectos de la pandemia de la COVID-19 en la región contribuyeron a la desaceleración y el estancamiento entre 2015 y 2021 respecto a las metas del ODS4 de la Agenda de Educación 2030. Dichas metas no se cumplirán si no se modifica el rumbo de las políticas y de la asignación de recursos para la educación.
En 2015 se aprobó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el cuarto Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS4), se definió la importancia de una visión inclusiva, equitativa y de calidad para la educación. El ODS4 es seguido en su implementación analizando sus logros e identificando los desafíos que puedan orientar la toma de decisiones de política educativa y promover el cumplimiento de los objetivos planteados al 2030.
En el marco del Día Internacional de la Alfabetización (8 de Septiembre), fue lanzado “La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe. Informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030”, que muestra un balance de su implementación del ODS4 en América Latina y el Caribe en el periodo 2015-2021. La publicación es un esfuerzo conjunto de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe (UNICEF LACRO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El informe, que cuenta con información complementaria, comparable entre países y disponible para los últimos años, destaca que el cumplimiento de las metas previstas para el 2030 no estaba asegurado antes de la pandemia de la COVID-19 y mucho menos lo está en el presente difícil situación que atraviesa la región y el mundo. Los indicadores muestran una marcada desaceleración o derechamente el estancamiento en el avance de notables logros educativos en el periodo 2000-2015, en especial, con poblaciones vulnerables y excluidas (niñas y los niños con discapacidad, habitantes de zonas rurales remotas, miembros de hogares pobres). A pesar de que en algunos indicadores se observan mejoras y hay logros alentadores, en general se observa el efecto negativo marcado por las dificultades económicas, la discontinuidad política y los devastadores efectos de la pandemia de la COVID-19.
La publicación sintetiza el ciclo de 2015 a 2021 en seis grandes tendencias en la evolución de algunos indicadores relevantes de la educación, siendo las primeras dos destacan aspectos positivos, por ende, las últimas cuatro son llamados de alerta, a saber:
Continuidad en el crecimiento generalizado del nivel educativo de la población: reconoce el incremento de los niveles de alfabetización de los adultos y en el máximo nivel educativo alcanzado por la población, indicadores que llevan décadas de avance sostenido. Por ejemplo, en los últimos diez años la cantidad de analfabetos se redujo en 7,7 millones, aunque en las zonas rurales el 12,8% de la población joven y adulta es aún analfabeta.
Mejora en ciertos indicadores educativos combinada con una reducción de las desigualdades: destaca el incremento del acceso al nivel preprimario, más marcado en los sectores rurales y en el quintil de la población con menores ingresos. También mejoró la finalización de la educación secundaria, en especial en la población más vulnerable. Por otra parte, la proporción de estudiantes con edades mayores a la esperadas en el nivel primario disminuyó del 14,4% al 7,8% entre 2000 y 2020, mientras que en la educación secundaria baja cayó del 18,0% al 13,0% entre 2010 y 2020. Para el 2019, la tasa bruta de matrícula de la educación preprimaria (desde tres años y hasta el inicio de la primaria) era del 77,5%, con un crecimiento constante en los últimos veinte años.
Desaceleración de la mejora de ciertos indicadores que venían progresando en las últimas décadas: Por ejemplo, entre los años 2015 y 2020 la tasa de finalización de la educación secundaria se incrementó en 1,9 puntos porcentuales para el primer ciclo de secundaria y 2,1 para el segundo ciclo, mientras que en el periodo 2010-2015 estos valores eran de 6,1 y 6,0 respectivamente.
Estancamiento en indicadores clave de acceso a la educación primaria y secundaria: El porcentaje de la población fuera de la escuela en educación primaria y secundaria prácticamente no se ha modificado durante el periodo. En 2019, 10,4 millones de niños, niñas y jóvenes se encontraban excluidos del acceso a la educación primaria y secundaria en América Latina y el Caribe, y estas cifras son anteriores a la pandemia, cuyos efectos agregan mayor fragilidad a las trayectorias que garantizan la permanencia en el sistema educativo
Estancamiento en indicadores en las evaluaciones de la calidad de los aprendizajes: Comparando los resultados de las pruebas del estudio ERCE 2019 de la UNESCO con la evaluación anterior (TERCE 2013), la región no logró mejorar en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, lo que sí había ocurrido entre 2006 y 2013. En la educación secundaria, para los diez países de América Latina participantes de la última edición de PISA, en 2018, los resultados también muestran que el promedio de la región no varió entre 2015 y 2018 en las tres áreas.
Aumento de ciertas brechas específicas en el nivel terciario: Pese a que entre 2015 y 2020 continuó el ciclo expansivo de la educación terciaria, que en los últimos veinte años logró incorporar a 17 millones de estudiantes, esta expansión se presenta de forma desigual. Por ejemplo, el acceso a la educación terciaria en el sector rural aumentó muy levemente entre 2015 y 2020. Las diferencias de acceso entre hombres y mujeres se han acrecentado: si en el año 2000 la tasa bruta de matrícula en educación superior para ambos grupos se situaba entre el 21% y 25%, para 2020 la diferencia se amplió, con un 61,7% para las mujeres y un 46,8% para los hombres. También ha aumentado la brecha de acceso por nivel socioeconómico, en años recientes la educación terciaria ha favorecido casi exclusivamente a sectores medios y altos.
Ante las tendencias detectadas, el informe reconoce que el avance hacia el cumplimiento de las metas requiere un incremento de la inversión educativa, con especial foco en aquellas dimensiones donde se identifican los mayores rezagos y en donde se manifiestan las inequidades más profundas. Pero luego de un periodo de crecimiento de la inversión educativa (ciclo de crecimiento económico de 2004-2014), en el periodo monitoreado marca una fuerte caída del esfuerzo financiero por la educación, disminuyendo el gasto educativo como porcentaje del PIB y del gasto público total.
El cumplimiento del ODS4 requiere combinar condiciones de financiamiento público adecuadas con potentes capacidades de gobierno para lograr traducir esos recursos en acciones consistentes y sistémicas. La gobernanza es un eje central que articula los múltiples desafíos presentados en este informe: sin capacidades estatales de un gobierno legítimo y democrático de los sistemas educativos, la mayor parte de las políticas educativas resultan inviables o insostenibles. En las últimas dos décadas ha predominado un mayor rol de los Estados nacionales en la conducción de políticas estratégicas, por ejemplo los grandes programas compensatorios, las reformas curriculares y la creación de agencias nacionales de evaluación de la calidad educativa.
La educación en América Latina y el Caribe atraviesa una encrucijada decisiva. El camino hacia las metas del ODS4 es todavía demasiado largo y se ha vuelto más incierto e impredecible. No solo es imperioso afrontar las deudas históricas y recientes de cumplimiento del derecho a la educación, particularmente en relación con las poblaciones más pobres, de zonas rurales, pertenecientes a pueblos indígenas o afrodescendientes, en situación de movilidad, y con discapacidad. También es necesario encarar los nuevos desafíos que se presentan a escala local y global para formar ciudadanos que puedan hacer sostenible la convivencia en un planeta atravesado por conflictos e incertidumbre y la construcción de sociedades con más equidad y desarrollo económico.
En suma, el informe hace un llamado urgente a la aceleración del avance en las metas educativas establecidas en 2015 con más inversión, participación social, diálogos y capacidades estatales para conducir los procesos de mejora y transformación sistémica de la educación.
Revisa versiones
Texto actualizado y completo de la Constitución Política de Chile de 1980.
