Labor Parlamentaria

El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-

Proyecto de acuerdo Nº 383, de los señores Navarro, Jaramillo, Meza, Quintana, Sánchez, Escalona, Letelier, don Felipe, y Espinoza.

“Considerando:

Que, mediante el oficio N° 17.072, de 15 de noviembre de 2000, las Senadoras señoras Carmen Frei y Evelyn Matthei y los Senadores señores Marcos Aburto, Carlos Bombal, Julio Canessa, Carlos Cantero, Marco Cariola, Fernando Cordero, Andrés Chadwick, Sergio Fernández, Antonio Horvath, Hernán Larraín, Jorge Lavandero, Jorge Martínez, Rafael Moreno, Ricardo Núñez, Sergio Páez, Augusto Parra, Jorge Pizarro, Mario Ríos, Sergio Romero, José Ruiz de Giorgio, Mariano Ruiz-Esquide, Hosain Sabag, Enrique Silva, Rodolfo Stange, Gabriel Valdés, Ramón Vega, Adolfo Zaldívar, Andrés Zaldívar, Enrique Zurita, y los ex Senadores señores Sergio Bitar, Sergio Díez, Manuel Antonio Matta, Ignacio Pérez, Francisco Prat y Beltrán Urenda, se dirigieron a S.E. el Presidente de la República para manifestarle su rechazo y sus aprensiones frente a la intervención encubierta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos de América en Chile, en el pasado y en el presente.

Que, en los considerandos del oficio se señala que: ‘La entrega de antecedentes referidos a las actuaciones de la CIA en Chile hace veinte y menos años atrás ha dejado en evidencia la magnitud y sistematicidad de la acción de ese organismo oficial de Estados Unidos, la cual ha sido borrada de la documentación entregada, no obstante lo cual resulta posible acceder a documentos auténticos que comprueban su interferencia en procesos políticos, económicos e institucionales en Chile’.

Que el oficio agrega que ‘durante todo el período cubierto, Chile mantuvo relaciones diplomáticas normales con Estados Unidos. Por ello, dada la naturaleza de estas actuaciones, resulta incuestionable que ellas constituyen una violación de nuestra soberanía y dignidad, inaceptables de parte de una nación que mantiene vínculos estables con nuestro país’.

Que, en razón de lo anterior, el Senado dice: ‘Por ese motivo, creemos indispensable expresar formalmente nuestra protesta al Gobierno de Estados Unidos. Para ello, estimamos necesario que el Gobierno de Chile -a través de una nota diplomática en forma- haga presente el profundo malestar del pueblo chileno por este atropello a nuestra independencia, al haberse inmiscuido indebida e ilegítimamente, y sin causa, en nuestros asuntos internos, propios de nuestra autodeterminación y soberanía".

Que, en consecuencia, el Senado expresa: ‘Queremos que el Gobierno de Chile solicite formalmente al Gobierno de Estados Unidos de América, por los conductos que correspondan, una declaración pública respecto de si, en la actualidad, la CIA continúa operando de alguna forma en nuestro territorio o donde Chile tiene presencia dentro del ámbito jurídico internacional’.

Que, hasta el momento, no ha habido semejante nota al Gobierno de los Estados Unidos de América ni una declaración pública de parte del Gobierno estadounidense en los términos que pidió el Senado. A pesar de la nota enviada por la Cancillería el 27 de septiembre del año 2000, en que se señala que ‘nuestro pueblo no puede ni quiere permanecer indiferente y requeriría una explicación’, la respuesta emitida por la embajada estadounidense el 21 de noviembre no da ninguna explicación satisfactoria respecto de sus actuaciones pasadas, así como tampoco la opinión pública y el Congreso Nacional han conocido los resultados de un análisis global de la documentación y la entrega de documentos a los tribunales, si correspondiere, ambos asuntos a los que se comprometió la Cancillería mediante declaración pública emitida el 14 de noviembre del año 2000.

A más de tres décadas de los hechos del 11 de septiembre de 1973, Chile ha conocido dos informes oficiales del Senado de Estados Unidos de América:

1. El denominado informe Church, presentado con fecha 18 de diciembre de 1975, cuyo objetivo fue investigar y estudiar las operaciones gubernamentales concernientes a actividades de inteligencia de la CIA en Chile entre los años 1963 y 1973. El capítulo titulado Schneider forma parte de la investigación encabezada por el Senador Church, titulada ‘Supuestas Conjuras para Asesinar Autoridades Extranjeras’, en la que se analiza en detalle la injerencia de agencias y personal estadounidense en el secuestro frustrado y asesinato de quien fue Comandante en Jefe del Ejercito de Chile, y

2. El llamado informe Hinchey, presentado el 18 de septiembre del año 2000, cuyo fin fue conocer y analizar las actividades de la CIA en Chile, en las décadas de los '70 y '80, en el marco de la discusión de la ley sobre Autorización en Materia de Inteligencia para el Año Fiscal 2000.

Que, en los últimos años, se han publicado libros exhaustivos sobre el tema, entre ellos ‘Frei, Allende y la mano de la CIA’, compilado y traducido por el periodista chileno Cristian Opaso; ‘La Intervención Norteamericana en Chile’, que incluye ‘El Libro Negro de la Intervención Norteamericana en Chile’, de Armando Uribe, y una traducción revisada del informe Church; ‘Los Estados Unidos y el Derrocamiento de Allende’, de Peter Kornbluh, Director del Proyecto de Documentación sobre Chile en el Nacional Security Archive de los Estados Unidos, y ‘Allende, cómo la Casa Blanca provocó su muerte’, de la periodista chilena Patricia Verdugo, que revelan, a partir de la traducción de documentos oficiales y del estudio y análisis de los denominados documentos desclasificados', los informes del Senado y los documentos de la diplomacia chilena, una importante y decisiva actividad de la CIA y otras agencias estadounidenses en el país, especialmente en lo que a la intervención, desestabilización política y económica contra el gobierno de Salvador Allende se refiere.

Que, a pesar de haberse escrito estos textos, la opinión pública chilena y sus autoridades aún no tienen acceso adecuado a la documentación como para analizar y sacar lecciones de los alrededor de veinticuatro mil documentos desclasificados entre los años 1999 y 2000, del informe Hinchey, de septiembre del año 2000, ni de los análisis incluidos en el informe Church respecto a la Intervención de la CIA entre 1963 y 1973. Esto se debe a la obvia limitación del lenguaje, así como a la falta de organización y carencia de los índices apropiados para su estudio. Han de añadirse, además, la imposibilidad de acceder a un soporte digital (CD) para su revisión y estudio, y la inexistencia de facilidades e infraestructura que hacen inaccesible al público las copias donadas a la Biblioteca Nacional.

Que las tachaduras en los documentos desclasificados, las contradicciones entre el informe Church, de 1975, y el informe Hinchey, de 2000, así como la existencia de una desconocida cantidad de documentos que permanecen secretos, dificultan el pleno acceso a las modalidades de la intervención estadounidense en Chile.

Si, a propósito de otros temas bilaterales, tales como las declaraciones del Presidente de Venezuela , Hugo Chávez; del ex Presidente de los Estados Unidos de América , Jimmy Carter; del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, y del Presidente de Bolivia , Carlos Mesa, en relación con la demanda de terminar con la mediterraneidad de este último país, distintos sectores políticos y de la opinión pública han manifestado su rechazo a lo que se considera una intromisión en las decisiones soberanas de Chile, con mayor razón debería suscitar una condena la eventual actuación encubierta, a lo largo del tiempo, de órganos de inteligencia de un país en territorio nacional.

Que, mientras el Gobierno y el Senado estadounidense han desarrollado, en distintos momentos, investigaciones internas que han dejado en evidencia el accionar de organismos como la CIA en Chile, a través de muchos años, no parece razonable que el Congreso Nacional, en especial la Cámara de Diputados, nunca haya dedicado el tiempo suficiente para conocer y evaluar los alcances de estos hechos en el devenir de la vida y de la historia nacionales.

La Cámara de Diputados acuerda:

Constituir una Comisión investigadora que, en el plazo de ciento ochenta días, conozca los antecedentes que le permitan configurar una opinión política e histórica respecto de lo que ha significado en la historia y el devenir republicano de Chile la intervención encubierta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos de América, establezca si su actuación ha sobrepasado los límites de la soberanía, la autodeterminación nacional y el respeto a las relaciones bilaterales, proponga las medidas diplomáticas, políticas y/o judiciales que correspondan, y determine los procedimientos para que esta documentación sea completada y se encuentre accesible de forma adecuada al público chileno y sus autoridades.”