Labor Parlamentaria

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, este proyecto de ley, sobre el cual nos pronunciaremos hoy, es una muestra más del trabajo sistemático de la izquierda por reescribir la historia de nuestro país e imponer en nuestra sociedad una visión única y a su conveniencia de los hechos ocurridos en nuestro pasado reciente, acallando compulsivamente cualquier voz disonante con sus ideologías.

Seamos claros: la libertad de expresión es propia de una sociedad moderna y democrática, por lo que plantear sancionar con cárcel a quien manifieste públicamente una determinada opinión, tal como propone esta moción, atenta contra la noción más básica del Estado de derecho.

Este proyecto no cumple con el estándar de libertad de expresión establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es así, por cuanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “bajo la protección de la Convención tienen no solo el derecho y la libertad de expresar sus propios pensamientos, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.”.

Adicionalmente, para que una restricción a este derecho sea legal, debe optarse por aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. Obviamente, la sanción penal propuesta en esta iniciativa no se condice con el criterio recién expresado, al ser la prisión la última sanción en la proporcionalidad y gradación de cualquier delito.

El proyecto de ley viene a plantear que un bando es el bueno y otro el malo, que la violencia política se inició el 11 de septiembre de 1973 y que la izquierda solo ha sido espectadora y víctima de ella durante los últimos cincuenta años; pero eso no es cierto.

Recordemos algunos hitos de nuestra historia que demuestran lo que estoy diciendo:

En su XXI congreso, efectuado en 1965, el Partido Socialista aprobó y optó por la llamada “vía insurreccional”, con lo cual dio inicio a un clima de polarización, ya que hizo un llamado expreso a las armas, que se radicalizó en los años siguientes con la formación de grupos armados y células terroristas que cometieron todo tipo de tropelías y una serie de atentados contra civiles y uniformados.

En ese contexto, recordemos la creación de la brigada Ramona Parra , de la Elmo Catalán, del Movimiento de Izquierda Revolucionario, de la Vanguardia Organizada del Pueblo, del Frente de Estudiantes Revolucionarios, del Frente de Trabajadores Revolucionarios y de tantos otros que evitaban el diálogo y solo llamaban a la violencia.

Recordemos el homicidio del cabo Roberto Lagos, ocurrido en 1965, en plena democracia; el del carabinero Juan Ramón Aravena Salas , en 1967; el del carabinero Héctor Ferrada , en 1970; el del cabo Luis Fuentes, en ese mismo año; el del cabo Armando Cofré , o el del cabo Exequiel Aroca , ocurrido en 1972, quien murió por disparos efectuados desde la sede del Partido Socialista en Concepción.

También debemos recordar los crímenes terroristas que provocaron la muerte del carabinero Tomás Gutiérrez , en 1971; de tres funcionarios de la Policía de Investigaciones, con una carga explosiva en el propio cuartel de la PDI, y el asesinato del exministro del entonces Presidente Eduardo Frei Montalva , señor Edmundo Pérez Zujovic , ocurrido en 1971, entre otros atentados ocurridos por la violencia implementada en Chile por la izquierda, que costaron la vida a más de veinte carabineros antes de 1973.

También hubo varios atentados en contra de la propiedad pública y privada causados por grupos extremistas.

Con la llegada del gobierno de Allende, esta radicalización fue promovida desde el propio gobierno -no nos olvidemos de la imagen de Salvador Allende mientras posaba con una metralleta AK, el símbolo de la revolución comunista, y que hasta hoy aparece en los medios de comunicación-, lo que nos llevó a un caos social, político y económico sin parangón en nuestra historia.

Señor Presidente, sin Allende no hubiera habido un Pinochet; sin embargo, a pesar de mencionar solo algunos ejemplos que dan cuenta de la situación vivida antes de 1973, este proyecto contempla única y exclusivamente los delitos cometidos en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y solo como sujetos activos de esos delitos a funcionarios públicos o particulares relacionados a ellos, como si antes o después no se hubiesen cometido delitos de estas características o solo fueron cometidos por un sector.

En consecuencia, este es, sin lugar a dudas, un traje a la medida para la izquierda, ya que ellos no quieren emplazamientos y desean limpiar su imagen; no obstante, a pesar de sus esfuerzos, debemos ser fuertes para sostener la verdad histórica en nuestro país.

He mencionado algunos casos ocurridos antes de 1973, pero, con posterioridad a ese año, los grupos paramilitares de izquierda continuaron cometiendo crímenes, los que, siguiendo la errada lógica del proyecto, deberían incluirse en las opiniones prohibidas por esta “ley mordaza”. En los años 80, más de 90 carabineros fueron asesinados por actos extremistas.

El 7 de septiembre de 1986 fueron abatidos cinco escoltas del general Pinochet en el atentado del que fue víctima la comitiva presidencial en el Cajón del Maipo. Ese crimen es tipificado como un magnicidio por nuestra legislación; es el único intento de magnicidio cometido en Chile, un delito calificado como de lesa humanidad, ordenado por el jefe militar del Partido Comunista, don Guillermo Teillier , hoy diputado de su partido -quien lamentablemente no se encuentra presente en la Sala-, según confesó y de lo cual se jactó en una entrevista concedida al diario La Tercera, el 31 de marzo de 2013.

Estos delitos, que la Corte Suprema calificó de homicidios calificados de carácter terrorista, no serán sancionados como tales ni tampoco como consecuencia del proyecto de ley, si se llegara a aprobar, porque la izquierda se ha preocupado de que solo afecte a un sector.

Así, el jefe militar del Partido Comunista es autor intelectual de los delitos de magnicidio, de homicidio calificado terrorista, del secuestro del hijo del empresario Manuel Cruzat , un niño de solo once años, y de hechos tan graves como la internación de más de 60 toneladas de armamento por la localidad de Carrizal Bajo, destinado a detonar una guerra civil. Hoy se encuentra en la más absoluta impunidad y hasta puede jactarse públicamente de esos hechos, porque con la dictación de este proyecto de ley no se le va a sancionar.

El 1 de abril de 1991, nuestro senador Jaime Guzmán fue asesinado a sangre fría por el Frente Manuel Rodríguez , un delito terrorista cometido en plena democracia; sin embargo, por el período que contempla el proyecto de ley, tampoco pueden sancionarse las opiniones vertidas para reivindicar ese hecho. Todo el país ha sido testigo de la forma en que integrantes de ese grupo paramilitar del Partido Comunista han justificado públicamente el homicidio del senador Guzmán para calificarlo de “ejecución” o “ajusticiamiento”; no obstante, por el período elegido por los autores del proyecto, tampoco podrían ser sancionados.

Señor Presidente, rechazaré el proyecto, pero si la izquierda logra conseguir los votos y se avanza en su tramitación, debemos asegurarnos de que se respete la igualdad ante la ley.

Por lo anterior, presentamos una indicación que sanciona también a quienes minimicen los delitos cometidos por grupos extremistas de izquierda en contra de civiles, carabineros y militares, antes y durante el gobierno de la Unidad Popular, y en el gobierno militar.

No queremos un proyecto de ley que coarte las opiniones personales o que afecte la libertad de expresión y el derecho a la información, pero si la mayoría circunstancial de esta Cámara quiere retroceder en esa línea, pedimos que se establezca al menos una norma objetiva y justa para todos.

La justicia consiste en equilibrar una balanza; si se inclina hacia un lado, estamos ante una venganza, que es lo que se pretende con el proyecto.

Por lo anterior, espero que quienes dicen buscar justicia, apoyen esta indicación y que sus intenciones no solo se queden en la retórica.

Votaré con contra la iniciativa.

He dicho.